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Noticias que no aparecen en TVE: Tres años de cárcel para el ex líder de las Juventudes Socialistas por distribuir vídeos de adultos violando a recién nacidos

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La Audiencia de Alicante ha condenado al que fuera líder de las Juventudes Socialistas de Elche, Alejandro Díaz, a tres años de prisión por un delito de tenencia de material pornográfico en cuya elaboración se utilizaron menores de edad, entre ellos bebés que eran sometidos a agresiones sexuales.

El fallo se dictó este miércoles tras una acuerdo de conformidad por el que Alejandro Díaz aceptaba la pena por posesión de material pedófilo. La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de tres años de cárcel para el exdirigente socialista.

Díaz fue detenido en julio del año 2017 y suspendido de militancia por parte del PSPV-PSOE. Más de tres años después ha admitido que almacenaba vídeos de contenido sexuales en los que aparecían niños de meses y hasta de doce años. Según reza el acuerdo de conformidad, algunos de los «archivos eran carácter especialmente vejatorio al estar atados los bebés de solo meses de edad».

Además de la pena de cárcel, el fallo impone a Díaz la libertad vigilada por un periodo de tres años en el momento en el que salga de prisión y le prohibe desempeñar «cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior al de la duración de la pena de privación de libertad».

Esta es la primera condena contra el antiguo líder de las Juventudes Socialistas de Elche, quien ya ha había sido investigado en otras dos causas anteriores. Una de ellas, por presuntos abusos a una menor de dos años su círculo íntimo, llegó a juicio, pero Díaz resultó absuelto. El otro caso, relacionado con unos presuntos abusos a niños saharahuis que eran acogidos en la localidad ilicitana se archivó.

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El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano

Redacción

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El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.

Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.

Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.

Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.

Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.

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