El PP, como la izquierda, ha abogado por incentivar la llegada de inmigrantes para «contribuir a las pensiones» y sostener el sistema. Así lo manifestó el pasado fin de semana el vicesecretario de Economía de la formación, Juan Bravo, en una entrevista en la que mantuvo que hay que contar el problema del sistema de pensiones a los españoles «para que sepan que tenemos que asumir cambios importantes».

Es el mantra de las élites globalistas: favorecer el aborto y alentar el antinatalismo por un lado, y apoyar la inmigración ilegal por el otro. No obstante, hoy se sigue dicha línea. A los casi 100.000 abortos al año hay que sumar el informe que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado año en el que sostenía que España ganará más de cuatro millones de habitantes en 2037 –llegará a 51,67 millones– y más de cinco en 2072 –llegará a 52,9– si se mantiene el salto migratorio actual. El texto recogió que la población nacida en España irá disminuyendo poco a poco y pasará del 84,5% de hoy a poco más del 60% en medio siglo.

No es la primera vez que el PP se muestra a favor de estas tesis que alientan el «efecto llamada». Han sido recurrentes estos mensajes con los menas, por ejemplo. Loles López, hoy consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, manifestó –como secretaria general del PP-A– ante la avalancha de ilegales en Ceuta en mayo de 2021 que su partido tenía la obligación «legal y moral» de acoger a los «menas». Jesús Aguirre, consejero entonces de Salud y presidente hoy del Parlamento andaluz, defendió la «solidaridad» que debían tener las comunidades autónomas y dijo no comprender «en absoluto» la postura de VOX, que pidió su identificación y el regreso con sus padres y con sus familias.

Precisamente en la ciudad autónoma el Gobierno de Juan Jesús Vivas consignó más de nueve millones de euros en las cuentas de 2023 –casi el 40% del presupuesto de Sanidad– para atender a menas. En concreto, 100.000 euros para la conservación y reparación de centros de menores; 2,7 millones para gastos de menas; 230.000 para el centro de realojo temporal; 265.000 euros para los tres centros de menores que gestiona la ciudad, incluido el de internamiento; 1,3 millones para la vigilancia de los centros; 200.000 euros para estancia de menores en centros auxiliares de la península, etc.

En febrero del pasado año, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que la delincuencia «no está relacionada» con el origen. «Muchas de esas personas, en el caso de bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación», dijo ante la denuncia de VOX de los «efectos» de la inmigración ilegal y de las bandas violentas juveniles para la seguridad en las calles.

Es el mismo PP que votó en contra el pasado mes de febrero de una Proposición No de Ley presentada por VOX en la comisión de Interior en el Congreso en la que llamaba a proteger a los españoles frente a las políticas que favorecen la «creciente islamización» de España.

El partido liderado por Santiago Abascal es el único que denuncia que las élites «han rendido las fronteras» y riegan de dinero público «a los traficantes de personas que hacen un negocio con el drama de la inmigración». Sus consecuencias, añade el partido, «las sufren los españoles, que ven la degradación de sus barrios». Así, recuerda que los populares –al igual que el PSOE– apoyan la Agenda 2030, que impone como única alternativa a la emergencia demográfica «la inmigración ilegal, masiva y descontrolada«.

«No necesitamos a millones de inmigrantes para pagar las pensiones, sino políticas públicas de impulso a la natalidad y a la familia, necesitamos crear puestos de capacidad, reconstruir nuestra capacidad industrial, necesitamos sueldos más altos y empleos más estables, necesitamos apoyar la capacidad de nuestras pymes, es sumamente irresponsable lo que ha dicho el PP y contribuye al efecto llamada a la inmigración ilegal que azuza el PSOE desde hace décadas», manifestó Jorge Buxadé en la rueda de prensa de este lunes.