Catorce meses después de profanar un altar católico en Francia, la justicia española abre juicio oral por escarnio. Análisis de una cobardía de feria con cámara encendida.

El 29 de junio de 2025, ante unas 200 personas congregadas en la iglesia francesa de Saint-Laurent, en Arbérats-Sillègue, durante el festival Euskal Herria Zuzenean, la actriz y monologuista Ane Miren Hernández Unda —que firma como «Ane Lindane»— se subió al altar mayor de un templo católico no desacralizado, tomó un crucifijo, simuló masturbarse con él y gritó en euskera «¡Dios ha muerto!»^[1]. Luego, porque la indecencia sin público es un desperdicio, difundió ella misma las imágenes por sus redes sociales, presumiendo de haber actuado «en una iglesia sin desacralizar»^[1]. Catorce meses después, el Tribunal de Instancia de Bilbao ha acordado abrir juicio oral contra ella por un delito de escarnio, a instancias de la Fundación Española de Abogados Cristianos, que pide una multa penal de ocho meses^[1]. Y conviene decirlo sin rodeos: pocas noticias judiciales de este año resultan tan satisfactorias para quien todavía cree que la ley no puede ser un espectáculo más. Porque esto no fue arte, ni denuncia, ni transgresión: fue un acto de vandalismo sacramental ejecutado con premeditación, nocturnidad y alevosía propagandística contra el único colectivo religioso del planeta que, se sabe de sobra, no va a responder con nada más peligroso que una misa. A eso llaman valentía algunos. Nosotros lo llamamos cobardía de feria con cámara encendida.

El numerito: crónica de una profanación premeditada

Repasemos la coreografía, porque los detalles importan y porque la propia interesada se encargó de documentarlos con entusiasmo de estreno. Festival cultural vasco en suelo francés, templo católico con toda su condición de lugar sagrado intacta —no desacralizado por la autoridad eclesiástica, punto que ella conocía perfectamente y que convirtió en titular promocional—, altar mayor, crucifijo, y una simulación sexual con el símbolo central del cristianismo mientras proclamaba la muerte de Dios^[1]. Después, la difusión deliberada del vídeo para «multiplicar su alcance», como ha denunciado con precisión la acusación particular: «No estamos ante una crítica ni ante una opinión, sino ante una actuación deliberadamente ofensiva que posteriormente se difundió para multiplicar su alcance»^[1].

Nótese la estructura del negocio: primero el sacrilegio en directo ante público asegurado, luego la viralización calculada, y después —cuando la justicia llama a la puerta— el papel de mártir de la libertad de expresión. No se trata de una artista que se excedió; se trata de una estratega del escándalo que ejecutó un plan completo cuyo último eslabón era, precisamente, el proceso judicial: sin denuncia no hay víctima mediática, y sin víctima mediática no hay crowdfunding. Todo el circuito estaba diseñado. Lo único que no estaba en el guion es que un juzgado de Bilbao, la Audiencia Provincial de Vizcaya y la ley penal española tomaran en serio a los católicos.

Las víctimas de abusos como utilería

El argumento de defensa ya lo conocemos porque lo ha repetido hasta el desgaste: su performance era una «denuncia de los abusos de la Iglesia»^[1]. Detengámonos en esta coartada, porque es la parte más sórdida de todo el asunto —más incluso que el acto mismo—. Las víctimas reales de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, esas personas rotas cuya dignidad exige justicia seria y rigurosa, son aquí reducidas a decorado: un escudo humano detrás del cual esconder un striptease blasfemo. Ninguna víctima ha quedado consolada, reparada ni reconocida por ver a una cómica agitando un crucifijo en un altar. Ningún proceso contra ningún pederasta se ha acelerado por ello. Lo único que la performance ha producido para las víctimas es un daño adicional: el de ver su dolor convertido en excusa de variedades.

Y hay una regla no escrita que esta señora y su sector aplican con devota constancia: la denuncia de los abusos solo les interesa si el abusador es católico. Es la misma izquierda cultural que celebra estas profanaciones la que silencia los abusos en otros ámbitos intocables, la que jamás organizaría un festival con una «performance» equivalente sobre otros símbolos religiosos. La piedad selectiva del progresismo es, en realidad, su confesión: no combaten el abuso, combaten a la Iglesia, y el abuso les resulta una munición útil. A las víctimas, en el fondo, las desprecian dos veces: la primera el delincuente, la segunda quien las instrumentaliza.

Valientes solo donde no hay peligro

Aquí está el corazón moral del asunto, y conviene decirlo con todas las letras. Se nos presenta esta actuación como un gesto de valentía transgresora, un acto de rebeldía frente al poder. Vamos a ver: ¿dónde están las performances equivalentes en otros contextos religiosos? ¿En qué festival multicultural se ha simulado semejante cosa con otros símbolos sagrados? La respuesta la conocen todos, incluida ella, y por eso eligió su objetivo con el cálculo frío del que sabe exactamente a quién puede escupir sin consecuencias: al Dios que manda poner la otra mejilla. La «audacia» de estos nihilistas de salón consiste íntegramente en agredir a los únicos que, por mandato de su propia fe, no van a devolver el golpe. Eso no es valentía: es el matonismo escolar elevado a proyecto artístico.

Un valiente de verdad habría desafiado algo que le costara algo. Profanar un altar católico en la Europa de 2025 es el acto más seguro, más subvencionable y más aplaudido que puede concebir un espíritu adolescente con ansia de notoriedad. La transgresión que ellos creen encarnar murió hace décadas de éxito: hoy lo transgresor, lo escandaloso, lo verdaderamente peligroso para su carrera sería defender el cristianismo en un festival cultural. Ese día hablaremos de valor.

El victimismo final: crowdfunding y «represión económica»

Y llegó la justicia, y llegó el momento más cómico —en el sentido triste de la palabra— de esta función: la metamorfosis. La fiera transgresora que se masturbaba simbólicamente con un crucifijo ante cámaras se convirtió, al recibir la citación, en una pobre cómica perseguida. Compareció como investigada en diciembre de 2025 confiando en el archivo^[1], y al no producirse este abrió un crowdfunding para pagar su defensa, con esta declaración de victimología pura: «He tenido que contratar un abogado y yo soy una cómica que vive de su trabajo. Estos integristas católicos saben que el tribunal no les va a dar la razón, pero juegan al desgaste, al señalamiento, al acoso y a la represión económica»^[2].

Leámosla despacio, porque es una joya del género. Los católicos que ejercen su derecho constitucional a la acusación particular son «integristas» que «acosan»; la ley que ella misma infringió deliberadamente es «represión»; y pedir donativos online tras viralizar una profanación es, al parecer, la dignidad misma. Resulta fascinante la concepción de la libertad que maneja este sector: libertad es que ellos agredan, difundan y moneticen, y tiranía es que los agredidos denuncien. El derecho de los católicos a la tutela judicial efectiva —el mismo que tiene ella— les resulta, en su universo moral, una agresión intolerable. Eso, que en cualquier psicología elemental se llama inmadurez, en la cultura progresista se llama activismo.

La doble vara: Estrasburgo y los tribunales que indemnizan profanadores

El precedente debería inquietarnos, y mucho. En 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Bouton contra Francia, condenó al Estado francés a indemnizar con 9.800 euros a la activista de Femen que había profanado la iglesia de la Madeleine de París, lamentando que la condena quedara en sus antecedentes penales y reprochando a los tribunales franceses no haber examinado si su acción era «gratuitamente ofensiva» para los creyentes^[3][4]. Es decir: la maquinaria judicial europea ya ha establecido que profanar un altar católico es, en el peor de los casos, una excentricidad indemnizable. Mientras tanto, en España, Elisa Mandillo fue condenada a pagar 2.700 euros por pasear una vagina de plástico ataviada como virgen en una manifestación, por «la evidente intención de ridiculizar y burlarse de forma gratuita de una tradición católica fuertemente enraizada»^[2]. Y la jurisprudencia interna sobre profanación en templo —el artículo 524, primo penal del 525 que aquí se imputa— define con solvencia lo ocurrido: profanar es «tratar una cosa sagrada sin el debido respeto», en lugar destinado al culto y con ofensa a los sentimientos religiosos^[5][6].

El interrogante que este juicio debe responder es si España aplica su ley o sigue a Estrasburgo por el camino de la impunidad blasfema selectiva. Porque ya sabemos cómo funciona el mecanismo: cuando el ofendido es la Iglesia, los tribunales europeos descubren de pronto mil matices protectores de la libertad de expresión —hasta citan a las Pussy Riot para relativizarlo todo^[7]—, y cuando el ofendido es cualquier otra cosa, la libertad de expresión adelgaza hasta desaparecer. La sentencia que dicte Bilbao será, por tanto, algo más que una multa de ocho meses: será un termómetro de la igualdad de los católicos ante la ley.

La Misa de reparación: la respuesta que ella no entiende

Frente al esperpento, la respuesta de la Iglesia fue exactamente la que ella no esperaba ni puede comprender. El obispo de Bayona, monseñor Marc Aillet, en cuya diócesis se encuentra el templo, calificó los hechos de «sacrilegio y profanación» y no organizó represalias, ni campañas, ni boicots: celebró una Misa de reparación para restaurar la dignidad del lugar sagrado^[1][8]. Ese contraste es la lección final de esta historia: de un lado, un altar profanado para aplauso de doscientas personas; del otro, un altar reparado ante Dios por quienes nada hicieron. De un lado, la civilización; del otro, el albañal.

Ocho meses de multa son, siendo honestos, un precio de saldo para tanto desprecio acumulado. Pero el principio importa más que la pena: los sentimientos religiosos de millones de católicos no son un patio de recreo para adolescentes eternas con presupuesto de marketing, y la ley española —por ahora— lo dice en su artículo 525. Ella gritó «¡Dios ha muerto!», convencida de pronunciar la última palabra. Nietzsche lo gritó antes, mejor y en alemán, y tampoco le fue bien; Dios, entre tanto, lleva dos mil años enterrando a sus enterradores. Cuando el estrado de Bilbao escuche su defensa de la «libertad creativa», convendrá recordarle una cosa: la creatividad que necesita humillar lo sagrado de los demás para existir no es creatividad. Es pobreza. Y se paga, entre otras cosas, con multas.