Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan García-Gallardo, tras la puesta en conocimiento de estas medidas en la reunión del Consejo de Gobierno.
García-Gallardo ha subrayado que se trata de un acuerdo «negociado y consensuado» con la Consejería de Sanidad y que supone el desarrollo del acuerdo de Gobierno entre PP y VOX firmado el 10 de marzo del año pasado, concretamente en lo relativo a los puntos 12 y 13 para el apoyo a las familias y la promoción de la natalidad.
Así, las nuevas medidas que se han aprobado por instrucción del consejero, Alejandro Vázquez, y que este jueves se ha comunicado al Consejo, serán de oferta obligada para el profesional, el cual «deberá decirle a la mujer que tiene esas tres posibilidades» –atención psicosocial, latido fetal y ecografía 4D–, mientras que su uso o no será una decisión voluntaria de la mujer. «No se la va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere», ha recalcado García-Gallardo.
En concreto, se garantizará la atención psicosocial a todas las madres «que así lo requieran» a través de un psicólogo de Sacyl, una atención que será voluntaria para las mujeres pero «imperativa para los profesionales», que deberán ofrecer tanto esta como el resto de medidas adoptadas por la Administración autonómica, y que busca que «tengan todo el apoyo para afrontar el embarazo en las mejores circunstancias y se sientan acompañadas», a fin de que puedan escoger entre la decisión «natural y propia» de seguir con el embarazo y la «tragedia social» del aborto, la cual deja «una huella en las mujeres» e implica «un drama».
La Administración autonómica brindará la asistencia psicológica que precise la embarazada en la esfera emocional, mediante el acceso a la atención por un psicólogo clínico, para lo que se establecerá un procedimiento de derivación desde Atención Primaria a los equipos de salud mental para la atención preferente de las personas que lo requieran.
Estas medidas, como ha subrayado el vicepresidente de Castilla y León, buscan que «todas las mujeres que quieran continuar con su embarazo» puedan contar «con todo el apoyo de la Junta» y tratar así de prevenir los abortos, que en 2021 se incrementaron en más de un 7% en la región, según ha afirmado, respecto a 2020, año marcado por las medidas de confinamiento y limitación de la movilidad derivadas de la pandemia.
García-Gallardo ha destacado que 70 de esos abortos practicados fueron a madres que ya habían abortado «hasta en tres ocasiones», tras lo que ha sentenciado que si estas medidas «son útiles para que un sólo niño afectado no sea abortado», compensará cualquier contrapartida «negativa» de «estar en un Gobierno».
