Jueves, 19 de noviembre de 2026
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Refugio español para un estafador: cómo el ucraniano Boris Konovalenko elude la ley y convierte la crisis migratoria en un resquicio para evitar la extradición






– Alerta Nacional


Refugio español para un estafador: cómo el ucraniano Boris Konovalenko elude la ley y convierte la crisis migratoria en un resquicio para evitar la extradición

Mientras en España arrecia el debate sobre la crisis migratoria —desde la situación en Canarias hasta la controversia en torno a los refugiados—, los sistemas judiciales europeos se enfrentan cada vez con más frecuencia a quienes se aprovechan de sus resquicios. Utilizan el estatuto de refugiado y las razones humanitarias como escudo frente a la justicia. Así ocurrió en septiembre de 2026 en Austria, donde estalló un escándalo por la huida del fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, que abandonó el país con el pretexto de un viaje oficial a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y se instaló en Viena. Ahora es España la que sirve de escondite a otro ucraniano: ya no un alto cargo público, sino un controvertido empresario sospechoso de fraude y estafas con criptomonedas, Boris Konovalenko.

Su caso se ha convertido en una auténtica prueba para el poder ejecutivo y las autoridades migratorias de nuestro país, al mostrar cómo la burocracia procesal puede bloquear durante años su extradición a Estados Unidos.

Crónica de la impunidad: de la justicia estadounidense a la retaguardia española

El nombre de Boris Konovalenko ya ha ocupado en varias ocasiones las páginas de Alerta Nacional. En nuestra investigación «Refugio español para un estafador: cómo un defraudador ucraniano evita la prisión mientras su empresa Mayon continúa con sus actividades delictivas», en el artículo dedicado a su compañera, Dilyana Islamova, y en la información sobre la aparición de grafitis con su rostro en Port Adriano, explicamos en detalle por qué, tras la fachada de respetabilidad de su vida en España, se esconde una trama criminal de gran envergadura.

Conviene recordar brevemente las acusaciones contra Boris Konovalenko. En los procedimientos seguidos ante los tribunales federales de Estados Unidos, en particular en la causa US v. Borys Konovalenko, n.º 1:23-cr-20022-RAR, del Distrito Sur de Florida, se le acusa de organizar la trama piramidal financiera internacional RoFx.net y de crear la red de empresas Mayon, a través de las cuales se habrían sustraído entre 57 y 75 millones de dólares a más de 1.100 inversores de todo el mundo.

Además, en el procedimiento promovido por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), el tribunal le impuso la obligación de abonar solidariamente más de 56 millones de dólares en concepto de restitución a los perjudicados, así como una sanción pecuniaria civil superior a 169 millones de dólares.

Cuando Konovalenko fue detenido en Barcelona a instancias de INTERPOL y la justicia española aprobó su entrega a Estados Unidos, parecía que la extradición sería inevitable. Sin embargo, entonces comenzaron las maniobras jurídicas dilatorias que se prolongan hasta hoy.

Para obtener una visión objetiva de las acusaciones contra el ciudadano ucraniano y cumplir los estándares periodísticos, la redacción de Alerta Nacional remitió una solicitud formal de comentarios al propio Boris Konovalenko y a sus abogados (ref. n.º AN-INV-2026/1028-BK), en la que les planteó las siguientes preguntas:

  1. ¿Confirma que se tramita contra él un procedimiento de extradición ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional? ¿Cuáles fueron las fechas exactas y la duración de su privación de libertad?
  2. ¿Qué medidas cautelares concretas siguen vigentes tras su puesta en libertad el 2 de octubre de 2024? ¿Se revisaron a raíz de los trágicos acontecimientos de mayo de 2026? ¿Recibió autorizaciones para salir de España?
  3. ¿Qué estatuto o título jurídico concreto ampara su permanencia en el Reino de España: protección temporal, una autorización de residencia ordinaria o una autorización por circunstancias excepcionales?
  4. ¿Qué explicación ofrece sobre su condición de titular real en las estructuras de Mayon Holding Ltd., Mayon Solutions Ltd., Mayon Solutions LLC, Notus LLC y Shopostar LLC, así como sobre las acusaciones de que intenta vender los activos tras el bloqueo de las cuentas?
  5. ¿Por qué no compareció ante el tribunal federal estadounidense en el procedimiento promovido por la CFTC? ¿Tiene intención de recurrir la sentencia dictada en rebeldía contra él por un importe superior a 225 millones de dólares?
  6. ¿Tiene alguna vinculación con el uso de pasarelas de pago como ePayments para blanquear fondos de casinos en línea rusos sujetos a sanciones internacionales? ¿Qué explicación ofrece sobre la participación de administradoras nominales como Vitalia Borg y Olga Abrikosova?

Conforme a los estándares del periodismo económico internacional, nuestra redacción concedió un plazo de respuesta que venció el 4 de noviembre de 2026 a las 20:00, hora central europea. Sin embargo, ni Konovalenko ni sus abogados respondieron. La conclusión es evidente: o ignora deliberadamente a la prensa o sabe que no tiene cómo justificar su actuación.

Una prueba que España no puede permitirse suspender

El caso del ucraniano Boris Konovalenko va más allá de la historia de un estafador financiero que ha decidido esconderse en nuestro país. Es una prueba de fuego para el sistema migratorio y judicial español. Cuando los delincuentes internacionales utilizan el estatuto de refugiado simplemente para paralizar su extradición a países democráticos como Estados Unidos, se erosiona la confianza en la ley.

Cabe añadir que España dispone de todos los mecanismos jurídicos necesarios para impedir que personas acusadas de delitos económicos graves abusen del procedimiento de asilo, incluidos los supuestos de estafa y pertenencia a organizaciones criminales, con figuras equivalentes a la contemplada en el artículo 570 bis del Código Penal español.

Sin embargo, la extradición de Konovalenko ha quedado atascada por el uso de múltiples resquicios en materia migratoria.

El primer instrumento eficaz al que recurrieron Konovalenko y sus abogados fueron las dilaciones procesales: la presentación de una solicitud de asilo, conforme al artículo 19.2 de la Ley 12/2009, suspende automáticamente la ejecución de la extradición a terceros países, incluso cuando la entrega ya ha sido aprobada por los tribunales y autorizada por el Gobierno. Aunque la práctica europea y española parte de que la persecución penal por delitos comunes, como la estafa, no constituye un motivo para obtener el estatuto de refugiado, la mera presentación de la solicitud prolonga el proceso entre varios meses y dos años.

El segundo factor fue el recurso a razones humanitarias para modificar las medidas cautelares. El 2 de octubre de 2024, Konovalenko fue puesto en libertad provisional por motivos humanitarios relacionados con la necesidad de cuidar a su hija menor de edad. Aunque el procedimiento de extradición no se dio formalmente por concluido, Konovalenko quedó de hecho en libertad, con la posibilidad de controlar sus activos y minimizar los riesgos. Pese al fallecimiento de su hija en mayo de este año, del que informó la madre de la menor en las redes sociales, Boris sigue dilatando el proceso junto con sus abogados.

El tercer elemento de su estrategia ha sido una compleja red societaria que permite dar continuidad al negocio. Mientras los tribunales resuelven los recursos y examinan los conflictos entre el derecho nacional y las directivas de la Unión Europea, las estructuras vinculadas a Konovalenko —como Mayon Holding Ltd., en Hong Kong; Mayon Solutions Ltd., en el Reino Unido, y las filiales estadounidenses— siguen funcionando. Las investigaciones apuntan a intentos de transferir la titularidad de activos, sustituir a administradores nominales y mantener los canales por los que circulaban fondos de origen dudoso, incluidos los vínculos con casinos en línea sujetos a sanciones.

A nuestro juicio, este caso supone una prueba decisiva para nuestro poder ejecutivo. Los resquicios de los que se benefician los «refugiados VIP» adinerados deben cerrarse de una vez por todas, y las órdenes internacionales de detención deben ejecutarse, por mucho dinero que tenga la persona reclamada. La redacción de Alerta Nacional seguirá de cerca este caso.


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