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El juez envía a prisión a los siete CDR detenidos por delitos de terrorismo

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha encarcelado este jueves sin condiciones a los siete CDR arrestados el pasado lunes, acusados por la Fiscalía de formar un grupo terrorista para subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública. Ante tales acusaciones, y para evitar que pongan en marcha sus planes, el Ministerio Público ha solicitado este jueves prisión incondicional para los siete y el juez ha aceptado la solicitud.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez aprecia indicios de que los encarcelados formaban parte de ERT (los equipos de respuesta táctica de los CDR), una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violencia. El magistrado les imputa los delitos atribuidos a los encarcelados por la Fiscalía y considera que concurren los motivos que exige la ley para enviarles a prisión sin fianza: la gravedad de las penas de los delitos que les imputan, la capacidad de destruir pruebas, la posible sustracción de la acción de la Justicia y la posible reiteración de los delitos en juego.

En su petición, el Ministerio Público considera necesario encarcelar de forma preventiva a los detenidos, a los que acusa de preparar atentados terroristas con explosivos ante la proximidad de la sentencia del «procés», que se espera en la primera quince de octubre. La Fiscalía les atribuye a los siete los delitos de tenencia de explosivos, conspiración para el delito de estragos y pertenencia a organización terrorista. El juez debe resolver ahora si acuerda o no las prisiones, que según la acusación pública también busca evitar que los miembros de los CDR destruyan pruebas de los hechos.

Dos de los siete arrestados se han desmarcado del grupo y confesaron ante la Guardia Civil la compra de las sustancias explosivas y haber realizado pruebas para fabricar artefactos. Ambos, que han sido defendidos por abogados de oficio, admitieron su participación en la adquisición de ese material tras serles exhibidos vídeos y documentos gráficos en los que aparecían con otros arrestados, en uno de los cuales aparecen realizando pruebas físicas con los explosivos en una cantera.

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El grupo central de los arrestados, los que se han negado a declarar a la Fiscalía, son representados por el mismo abogado, de la organización Alerta Solidària, próxima a la entidad independentista radical Arran. Ellos han negado su vinculación con la actividad terrorista, y alegan que tienen arraigo familiar y social para no fugarse.

En la nota difundida el pasado lunes, el día de la operación, la Fiscalía no dudó en calificar a los arrestados como un «grupo terrorista de índole secesionista catalán» cuyas acciones se habrían neutralizado con la operación policial. El Ministerio Público justificó la intervención por la «certeza» de que las supuestas acciones terroristas se iban a producir entre el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y la publicación de la sentencia del «procés», que se prevé en la primera quincena de octubre. La causa, dirigida por el juzgado central de instrucción número 6, se encuentra bajo secreto de sumario.

Según fuentes de la investigación, los arrestados preparaban un ataque al Parlamento catalán el día de la notificación de la sentencia y contaban con fotos y mapas de situación del cuartel de la Guardia Civil de Canovellas, una localidad de la provincia de Barcelona. Las intervenciones telefónicas, en una investigación que comenzó hace más de un año, han resultado decisivas para destapar los movimientos del grupo, que hablaban «constantemente» de acciones violentas, según estas fuentes.

Además de los explosivos, los arrestados (de entre 33 y 55 años) tenían en su poder guías explicativas para la confección y el empleo de los explosivos, así como numerosa documentación y diversos aparatos electrónicos, más de un centenar entre ordenadores, discos duros y memorias USB. En los registros apareció también un arma corta de nueve milímetros, así como munición real y de fogueo. También se encontraron material para confeccionar explosivo Goma 2 y de plástico, así como termita, un artefacto incendiario fruto de una mezcla de polvo de óxido de hierro y polvo de aluminio lista para usar.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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