El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el próximo 6 de febrero en Barcelona.

Así lo ha adelantado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La reunión tendrá lugar en Barcelona, según Montero, quien ha dicho que el presidente seguirá después la ronda de reuniones con el resto de presidentes de las Comunidades Autónomas.

El Gobierno mantiene de esta manera en pie la reunión entre ambos a pesar de que el Supremo ha acordado retirar al líder independentista su acta de diputado, algo que ratificó ayer la Mesa del Parlament. Y precisamente según el Estatuto catalán, para ser presidente de la Generalitat es indispensable contar con este acta.

Este lunes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya dejaba claro que a pesar de que Torra ha perdido su escaño sigue siendo presidente de la Generalitat y sigue siendo el interlocutor del Gobierno.

«El president no es parlamentario pero es president, esa es la ley», subrayó Calvo, que adelantó que el Ejecutivo seguiría dialogando con los cargos «legales y legítimos» para resolver los problemas del país.

Por su parte, Montero ha reconocido que si antes del 6 de febrero se presentan novedades que se desaconsejan la reunión, «se pospondría».

En el caso de que no haya retrasos se convocará inmediatamente la reunión entre gobiernos prevista en el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC.

La portavoz se ha mostrado convencida de que el diálogo es la «clave» para resolver un problema «que lleva demasiado tiempo»

Montero ha explicado que tras la primera reunión con Torra en Barcelona, Sánchez proseguirá en los próximos meses con una ronda con el resto de presidentes autonómicos con visitas a cada una de las comunidades.

Asimismo, es intención de Sánchez reabrir el diálogo con las fuerzas políticas para afrontar la renovación de órganos constitucionales pendientes como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como abrir el debate en el Pacto de Toledo sobre el futuro de las pensiones.