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Sociedad

Se dispara el número de personas que duermen en la calle

Redacción

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La llegada del frío volverá a encontrar en las calles de Madrid a 650, de las 2.200 personas sin hogar, durmiendo a cielo raso, expuestas a las inclemencias climatológicas, como factor sobrevenido al que sufren habitualmente, que es el de la inseguridad. La Campaña Municipal Contra el Frío 2019-2020 será presentada en breve por el Ayuntamiento, con escasas novedades sobre la anterior, aunque se incorporará a la red asistencial un centro para mujeres. También, desde algunos sectores, se reclama que la estación de Metro de Atocha, que hasta 2004 se abría por las noches a los sin techo, vuelva a hacerlo, ya que un amplio porcentaje de estas personas no quieren ir a ningún albergue. El fenómeno de la mendicidad, en toda su extensión, crece en Madrid, donde hay auténticas mafias que extorsionan a los mendigos y hacen que ejerzan el limosneo acompañados de perros drogados.

La Campaña Municipal Contra el Frío 2019-2020 va a tener pocas novedades respecto a la anterior, porque continúa el contrato en vigor para la prestación del servicio y al nuevo equipo del Ayuntamiento no le ha dado tiempo a introducir cambios y modificaciones, que se dejarán para la campaña de 2021.

Eso sí, en la que se va a presentar en los próximos días, se incluirá, dentro de la red asistencial a los sin techo, un centro específico para mujeres.

La campaña ha cumplido ya 30 años y su objetivo principal es que las personas que pernoctan en la calle puedan acudir a un albergue, ya sea centro municipal o concertado, para que el frío no sea su peor enemigo, y algunos, como ha ocurrido en varias ocasiones, amanezcan sin vida por culpa de las bajas temperaturas. Además, el Samur Social seguirá prestando, in situ, ayuda con ropa de abrigo, mantas y comidas calientes a los que no quieran pasar la noche en un centro asistencial.

La Campaña se desarrolla entre los meses de noviembre y abril, que es el periodo de mayor riesgo de bajas temperaturas nocturnas.

Durante la pasada Campaña, 2.020 personas pernoctaron en alojamientos municipales y 150 en centros de día; el 75 por ciento de ellas fueron hombres, con una edad media de 47 años; el 30,3 por ciento, de nacionalidad española, y el 69,7 por ciento extranjeras. El Ayuntamiento dispone de una red de establecimientos con 2053 plazas en lugares de acogida, centros de día y de emergencia. El nivel de ocupación fue del 95 por ciento. Si las circunstancias lo requieren, porque haya una gran demanda y se saturen los recursos disponibles, el Ayuntamiento concierta plazas en albergues privados, pensiones y hostales. Además, se ofrecen autobuses gratuitos de la EMT para trasladar a los sin techo hasta los centros de acogida, traslados que también efectúa el Samur Social.

A finales de los años noventa, y visto que los recursos no podían atender la totalidad de la demanda durante los meses más duros del invierno, se decidió que una de las bocas del Metro de la estación de Atocha permaneciera abierta por la noche para que los sin techo pudieran refugiarse en el subterráneo, en horario que iba de 10 de la noche a 8 de la mañana. Fueron muchas las personas que utilizaron este recurso, hasta que en 2004, siendo delegada de Servicios Sociales, Ana Botella, se decidió poner fin a esta experiencia, argumentando que la red municipal de prestaciones cubría todas las demandas.

El 40 por ciento de las personas que pernoctan en la calle en Madrid, lo hacen en el distrito Centro. La Plaza Mayor sigue siendo el espacio monumental más frecuentado por las personas que durante el día viven en él y, por la noche, duermen en sus soportales, dejando un rastro de residuos de todo tipo, un fenómeno creciente, que necesita de soluciones sociales, pero que el nuevo equipo de gobierno municipal no ha sido capaz de resolver todavía.

En el gobierno municipal de los años setenta, hubo un delegado de Servicios que dijo: «Madrid es la universidad a la que vienen a “doctorarse” todos los mendigos de España». La frase no fue muy afortunada, pero sí que Madrid era la ciudad con más indigentes del país. Ha habido épocas de estabilización de este fenómeno, pero en los últimos años, y especialmente durante la crisis económica, el número de mendigos ha aumentado, concretamente en un 24 por ciento durante el mandato de Manuela Carmena. Una parte importante sobrevive de la recogida de cartones y residuos de los contenedores, pero la gran mayoría lo hace de la limosna. Paro y desarraigo familiar, son las causas principales que llevan a mendigar por las calles.

El «rey» de los mendigos

A Serafín Fernández Lozano, de 59 años de edad, se le llevó, en 1992, una cirrosis asesina, cuando acababa de abandonar su «puesto de trabajo», en un semáforo de Gran Vía, donde ejercía la mendicidad desde hacía 13 años. Era conocido como el «rey» de los mendigos. Hacía 30 años que había abandonado su hogar familiar, dejando a una esposa y a cinco hijos.

Dicen que el fracaso como empresario de hostelería le abocó a una salida desesperada. Desde La Coruña se vino a Madrid para trabajar en un garaje como vigilante. No consiguió su propósito y tuvo que echarse al proceloso mundo de la mendicidad, instalando su puesto en un semáforo, donde se hizo fuerte para que nadie se lo arrebatase porque, según él, era el semáforo más rentable de Madrid. Aprovechaba la parada de los vehículos para extender la mano implorando una limosna a los conductores. «No necesito decir nada; pongo la mano y me dan unas pesetas, porque ya todos me conocen, saben que soy el “rey” de los mendigos y sólo me falta agradecerles su generosidad firmándole un autógrafo». Permanecía en el semáforo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Pronto se convirtió en un líder entre los menesterosos. Él administraba los semáforos a otros compañeros y les procuraba un espacio a los que llegaban de fuera. Era, en aquellos momentos, el decano de los mendigos. Cuando la enfermedad le postraba por unos días en la cama del albergue para pobres de San Juan de Dios, alquilaba su semáforo particular, el más rentable de la ciudad, a razón de 500 pesetas la hora. Otras veces, pernoctaba en pensiones de la calle Desengaño, Barco o Ballesta, y si la cosa estaba mal, dormía en los portales.

Corto de estatura, melena blanca, lacia y larga, flaco y algo encorvado, el alcohol le iba matando lentamente. Él decía que bebía para combatir el frío de la calle. Con una copa de «sol y sombra», que apuraba en el bar «Eli-Mar», se despidió de la vida. En este establecimiento abrieron una suscripción pública para costear su entierro.

Multas por mendigar acompañado de animales

Para algunos la mendicidad es un auténtico negocio, concretamente para esas mafias organizadas que controlan a los indigentes, especialmente rumanos de etnia gitana, que les exigen una cantidad por el «puesto de trabajo» asignado y, también, parte de la limosna recogida a lo largo de la jornada día. En algunos casos, les hacen acompañarse de animales para «enternecer» el retablo de la miseria, incluso llegan a drogarles, a pesar de que la ley de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, prevé multas de hasta 5.000 euros a quienes mendigaran con perros, gatos u otros animales, si bien es cierta la dificultad de cobrar esa cantidad a estas personas infractoras sin recursos.

Durante el mandato de Tierno Galván, este pidió que no se diera limosna a las personas que se acompañaran de menores, sobre todo de niños, en el ejercicio de la mendicidad, incluso se prohibió la utilización de los pequeños en esta actividad.

Fuente: La Razón

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España

Los hombres de Pedro, formalmente declarados CRIMINALES: 24 añitos a Ábalos (la edad de su sobrina), 19 a Koldo y 4 a Aldama que no entrará en prisión

Redacción

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El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, 19 a Koldo y 4 a Aldama

El Tribunal Supremo ha condenado al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su asesor Koldo García Izaguirre a 19 años de cárcel por haber formado una organización criminal que se valió del poder institucional para cometer «graves delitos de corrupción» durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

El tribunal también ha condenado al empresario Víctor de Aldama, el hombre que tejió la trama, a cuatro años y medio de prisión, aunque ha suspendido la ejecución de la pena por su colaboración con la justicia. La sentencia, adoptada por unanimidad, supone la condena más severa conocida en España contra un ex ministro del Gobierno en el poder.

El fallo concluye que los tres acusados «constituyeron una organización en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones». Ábalos aportaba el poder institucional; Koldo García, la intermediación; y Aldama, el dinero y el acceso a las empresas.

Mascarillas y corrupción

El episodio más grave acreditado por el tribunal es la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.

La compra se articuló en dos contratos, uno con Puertos del Estado a través de una Orden Ministerial y otro con ADIF con otra. Ábalos firmó la primera orden como ministro el mismo día que fue publicada.

La sentencia precisa que la adjudicataria ya sabía, antes incluso de que los responsables del órgano de contratación tuvieran conocimiento de la operación, que «se publicaría una orden ministerial, que la compra sería centralizada a través de Puertos, que el volumen sería de ocho millones de mascarillas y que sería la adjudicataria». Aldama canalizó las comisiones percibidas, por un total de 6,6 millones, a través de sus sociedades Deluxe Fortune, S.L. y MTM 180 Capital, S.L.

A cambio, Ábalos y Koldo habían acordado recibir, respectivamente, 2.000.000 y 500.000 euros con cargo a esas comisiones.

El núcleo de la trama descrita por el tribunal es el acuerdo de enriquecimiento mutuo al que llegaron los tres acusados aprovechando «el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el PSOE».

La documentación aportada al juicio —correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, una hoja Excel elaborada por el propio Aldama y declaraciones de más de una decena de testigos— acredita que Aldama se comprometió a entregar mensualmente 10.000 euros a los otros dos acusados para atender los que consideraban «gastos fijos» de Ábalos. Esa cantidad se entregó de manera continuada desde octubre de 2019 hasta junio de 2022.

Junto a esa transferencia mensual, Aldama abonó desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021 el alquiler del piso que ocupaba en Madrid la entonces amante del ministro, Jessica Rodríguez: 2.700 euros al mes en el edificio Torre de Madrid, situado en la Plaza de España, hasta alcanzar un total de 82.298 euros.

Para blindar la percepción de comisiones futuras, el 24 de abril de 2019 Aldama y Ábalos suscribieron un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso propiedad de Aldama en el Paseo de la Castellana de Madrid, fijando una renta anual de 30.000 euros y un precio de adquisición de 750.000 euros.

La pericial encargada por el tribunal cifró el valor real del inmueble al tiempo del contrato en 1.442.914 euros, un precio de compra «muy inferior al real del mercado». Ábalos nunca ocupó el inmueble ni abonó renta alguna, «pues nunca fue esa la pretensión de los contratantes».

Contratos sin trabajo

La sentencia considera probado que Ábalos utilizó su influencia ministerial para que dos mujeres de su entorno personal fueran contratadas en empresas públicas sin desempeñar ninguna función real.

El 8 de octubre de 2019, Ábalos envió un mensaje a Koldo García sugiriéndole la contratación de Claudia Montes —conocida suya desde un mitin del PSOE celebrado en Gijón en mayo de ese año— «en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas». Su asesor contestó: «Sí. Lo arreglo».

El 16 de diciembre de 2019, Montes fue contratada por Logirail, sociedad del Grupo RENFE, con un salario neto de 1.384,99 euros mensuales. Cuando en algún momento intentaron abrirle un expediente disciplinario por absentismo, Ábalos y Koldo lograron paralizarlo, y el gerente de Logirail en Asturias fue cesado de su puesto directivo sin explicación.

El caso de Jessica Rodríguez, amante del ministro, es todavía más explícito en la sentencia. El tribunal acredita que Ábalos «concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que Jessica Rodríguez fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio», con la finalidad de «que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral».

Así ocurrió: Jessica fue contratada por INECO el 1 de marzo de 2019 y más tarde por TRAGSATEC desde el 2 de marzo de 2021, sin presentarse a trabajar en prácticamente ninguna ocasión. De INECO cobró 34.450 euros netos en concepto de salario; de TRAGSATEC, 9.500,54 euros.

Koldo García, señala el fallo, «ha mantenido un papel principal en la trama delictiva», participando «en el reparto de papeles de manera activa», influyendo «decisivamente, con gestiones personales, en la adjudicación de contratos públicos» y encargándose de «arreglar» —el término es literal en la sentencia, entre comillas— «la contratación de personas en entidades del sector público».

Atenuante «muy cualificada»

El tribunal ha apreciado en Aldama la atenuante analógica de colaboración «como muy cualificada» y ha rebajado su pena en dos grados respecto al delito de organización criminal y al cohecho continuado, y en un grado respecto al resto. La suspensión de la condena queda condicionada a que no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y cumpla un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

La sentencia cierra la primera pieza de un proceso judicial que arrancó con las primeras detenciones en febrero de 2024 y que sacudió los cimientos del partido que sustenta al Gobierno.

Ábalos había dejado el ministerio en julio de 2021 y abandonado el grupo parlamentario socialista en diciembre de 2023. El Supremo señala en su fallo que la corrupción provoca «el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político» y «socava la arquitectura democrática del Estado».

Como desveló este periódico, el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, ha trabajado durante semanas para alcanzar un consenso entre los magistrados que evitara votos particulares. Especial atención ha suscitado durante las deliberaciones la posición de la magistrada Susana Polo, cuya eventual discrepancia podría haber quebrado la unanimidad del tribunal.

La sentencia de no cierra, sin embargo, todos los flecos jurídicos del caso. La pieza principal —la que ha culminado hoy con el fallo— convive con otras ramificaciones investigadas en distintos juzgados –sobre todo en la Audiencia Nacional–, lo que significa que el caso Koldo seguirá siendo un factor de inestabilidad política durante meses. Además, los condenados tratarán presumiblemente de recurrir al Tribunal Constitucional, dominado por la mayoría del afín al PSOE Cándido Cónde-Pumpido.

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ALERTA NACIONAL