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Cartas del Director

Sin gobierno frente al separatismo

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Pedro Sánchez tiene que explicar qué trató con Quim Torra durante la reunión que celebraron en Barcelona el pasado día 20 y, sobre todo, tiene que explicar por qué no dio por terminado el encuentro en cuanto el presidente catalán le entregó el documento con sus reivindicaciones. El mero acto de escuchar a Torra pedir una mediación internacional entre Cataluña y España constituyó, en sí mismo, una cesión a la estrategia de crispación diseñada por el separatismo. Lo peor, sin embargo, fue la explicación del Gobierno central, que calificó de «anecdótico» que Sánchez no informara de esa oferta de internacionalización. Sánchez es un presidente opaco y poco amigo de la verdad.

Desde que accedió a la Presidencia, su mandato se ha caracterizado por perseverar en el plan suicida de pactar con los separatistas solo con el objetivo de reeditar el Pacto del Tinell contra el PP. Por eso no es anecdótico que callara, y siga callando, sobre las peticiones de Torra, sino sintomático del nivel de alienación en el que se encuentra el Ejecutivo ante los separatistas catalanes. Esta vez, el presidente del Gobierno no necesitó intermediarios ni columnas de opinión para saber que Torra está aprovechando su indigencia política para dar pábulo a la estrategia secesionista con un encuentro que fue indigno en su apariencia y ahora también se sabe que en su contenido. Cuando al Estado se le plantea una ofensiva que persigue su destrucción, el presidente del Gobierno tiene que saber muy bien en qué lado debe situarse.

Sánchez parece no saberlo, porque sus actos y sus decisiones no son las propias de quien ostenta la máxima responsabilidad política del Estado, sino de un político en precario que sobrevive con los préstamos de voto que le hacen los enemigos del Estado. Torra ganó la baza política de su encuentro con Sánchez, primero, porque logró una apariencia de encuentro bilateral; y, segundo, porque hizo que Sánchez recibiera una propuesta de destrucción del orden constitucional sin inmutarse. Sólo una anécdota, según el Gobierno.

Bloqueado tras el desastre electoral en Andalucía, el Gobierno de Sánchez es una pieza fácil para el separatismo, que tiene los votos que necesita para alargar el mandato. El drama de España es que no es Sánchez quien decide lo que dura esta legislatura, sino Torra, Puigdemont y Junqueras. Un neofascista, un fugado y un preso. Esta situación no es fruto de acontecimientos inevitables, sino de la voluntad expresa del PSOE y de Sánchez, que, a cambio de no ser devorados por el separatismo, son capaces de emitir un comunicado conjunto con Torra en el que se que refleja el ideario separatista: un conflicto político que sólo se solucionará con una propuesta política apoyada por los catalanes en el marco no de la Constitución, sino de una etérea «seguridad jurídica» creada a la medida. Es dramático, pero cierto: España no tiene un Gobierno que actúe contra el separatismo.

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España no puede perder más tiempo

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(R) Convocadas a la medida de las expectivas y los cálculos particulares de Pedro Sánchez y su equipo de asesores, con los que ayer no tuvo pudor en ignorar la jornada de reflexión para posar en una burda imagen de propaganda partidista tomada en La Moncloa, las elecciones generales de hoy sitúan a los votantes ante la alternativa del desbloqueo parlamentario o de la ingobernabilidad a la que como consecuencia de la fragmentación del voto se ha abonado España.

Las cuartas elecciones celebradas en los últimos cuatro años corren el riesgo de convertirse en la enésima semifinal que disputan la izquierda y la derecha, cada una por su lado, para hacerse con la hegemonía del voto de sus respectivas parroquias de seguidores, unas primarias encubiertas en las que los verdaderos problemas y retos a los que se enfrenta España, crecientes según pasa el tiempo y se retrasan las reformas y las decisiones políticas, resultan secundarios para los partidos. El frenazo del crecimiento económico o el desafío del separatismo no pueden esperar a que Pedro Sánchez logre -en la jornada de hoy o dentro de unos meses, en una próxima convocatoria electoral- la representación parlamentaria que considere necesaria para gobernar en solitario. España no puede permitirse perder más tiempo, ni una nueva prórroga de los presupuestos que Mariano Rajoy dejó en herencia y que, paradójicamente, han servido hasta ahora de muro de contención para el irresponsable populismo económico que anuncia Sánchez.

El pulso que el PSOE libra con Podemos está en la raíz de las segundas elecciones generales de este 2019, una batalla sectorial y cainita cuyo traslado a un centro-derecha también fragmentado ha contribuido a perpetuar la provisionalidad que condiciona y lastra el futuro inmediato de España. Con la opción de Ciudadanos muy debilitada como bisagra -primero dejó caer a Rajoy y más tarde jugó la baza, también puramente táctica, de no apoyar a Sánchez-, el centro-derecha reaparece hoy como la única alternativa para impedir que el PSOE tome las riendas de la nación en un momento de especial gravedad, definido por amenazas internas y externas. El extremismo que sembró Rodríguez Zapatero, ahora cultivado por Sánchez, no solo ha dado pie a la fractura y la radicalización de una izquierda descentrada y partida, sino a la división política de la derecha, que de la mano de Aznar y Rajoy y desde la unidad proporcionó a España los mejores años de su reciente historia legislativa. Por acción u omisión, también se acumularon errores, expuestos y denunciados en estas mismas páginas, pero no en el grado caricaturesco que algunos insisten en presentar a los votantes para priorizar su guerra particular y sacrificar los intereses de Españas. Son estos, y no otros, los que hoy nos llevan a las urnas.

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Las consecuencias del 10-N

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En las elecciones que se celebran mañana, los españoles van a decidir más que la composición de un Parlamento. Incluso más que las opciones de gobierno en las que pueden moverse el PSOE y el PP. Son unas elecciones en las que los votantes deben sentirse concernidos por la inflexión histórica que pueden suponer para el desarrollo del sistema democrático español. En primer lugar, España decide mañana su configuración ideológica, no tanto por los resultados adversos o insuficientes que vayan a obtener la socialdemocracia y el conservadurismo liberal, sino por la probable consagración de opciones que se presentan y que reclaman el voto para una impugnación populista de la democracia parlamentaria y del Estado constitucional de 1978. A esta situación se ha llegado, sin duda, porque la izquierda se liberó, de la mano del PSOE de Zapatero, de cualquier compromiso con los consensos constituyentes y abrió de la caja de Pandora del revisionismo histórico y la deslegitimación del régimen constitucional. A partir de entonces los sentimientos políticos extremos, a derecha e izquierda, han cuajado en dos formaciones que mañana pueden alcanzar un centenar de escaños, en el mejor de los escenarios contemplados por algunas encuestas. Ha sido el PSOE el que ha nutrido esa radicalización, alimentando su margen izquierda con discursos de los años treinta del siglo pasado, que también han exacerbado a una parte de la derecha instalada desde el comienzo de la transición en las coordenadas del orden constitucional.

Por otro lado, el votante decide mañana si de nuevo opta por la fragmentación desestabilizadora o recupera el sentido pragmático del voto para reforzar la capacidad del sistema parlamentario para formar gobiernos. El decaimiento del bipartidismo fue recibido como una muestra de pluralismo político, lo cual, aun aceptando que sea así, ha supuesto la mayor etapa de inestabilidad política desde 1978. Con cuatro elecciones en cuatro años, el experimento de la representatividad absoluta ha fallado.

Ya saben los españoles a lo que conduce la dispersión del voto. Si las encuestas se confirman y los candidatos se mantienen a partir del lunes en los vetos recíprocos, habrá nuevas elecciones en el primer trimestre de 2020. El voto es libre, pero también responsable. España se adentra en una crisis económica, mientras subsiste, y se agrava, el desafío separatista en Cataluña. La Unión Europea se acerca al Brexit, mientras sufre tensiones centrífugas eurófobas. Iberoamérica está convulsa y el Mediterráneo, entre la presión migratoria, el polvorín de Siria e Irak y las revueltas populares, sigue siendo un foco de preocupación. La alternativa es clara para mañana: o dar a España la opción de un gobierno serio y bien dirigido para afrontar estas situaciones o sacar a nuestro país del circuito de las democracias europeas estables.

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Así no, señor candidato socialista

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La afirmación gratuita de Pedro Sánchez sobre la inverosímil supeditación de la Fiscalía a las decisiones del Gobierno no ha podido venir en peor momento para el prestigio exterior de la Justicia española –que, ayer, volvió a sufrir un revés a cuenta de la euroorden cursada por el juez Pablo Llarena a las autoridades británica para la entrega de la ex consejera Clara Ponsatí– y, sin duda, será utilizada por el separatismo catalán y sus apoyos internacionales en su campaña de debilitación de las instituciones del Estado. Ni hecho a posta, el candidato socialista podía haber dado una baza mejor al fugado ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuya línea de defensa viene basándose en una supuesta colusión de poderes que invalidaría el principio de seguridad jurídica aplicado en España. No en vano, las dos principales asociaciones que agrupan a los fiscales salieron rápidamente al paso de la especie, en vivo contraste con el clamoroso silencio de nuestro Ministerio de Justicia, más sorprendente por la pertenencia de su titular, Dolores Delgado, a la carrera Fiscal, lo que le supone perfectamente consciente de la gravedad del desliz de su jefe político y de la penosa imagen que se traslada a una opinión pública que se muestra proclive, pese a las evidencias en contra, a dudar de la independencia de nuestro sistema judicial. No queremos ocultar que, más tarde, el propio Sánchez trató de rectificar el yerro, pero la banalidad de su excusa no ha hecho más que empeorar las cosas.

Que el Gobierno apoya a la Fiscalía, como explica el candidato socialista en su tuit, no es más que una perogrullada que, en sensu contrario, nos deslizaría por un camino lleno de charcos dialécticos. Si bien no es la primera vez que el presidente del Gobierno en funciones parece instalarse por encima de los usos institucionales, –como ocurrió con el cambio de criterio acusatorio en la Abogacía del Estado en el caso del «procés», con el relevo forzoso del jefe de la sección penal, Edmundo Bal, o con la manipulación grosera del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), puesto en manos de un dirigente de su partido y miembro de su círculo más próximo–, en este caso confluye un factor preocupante: el uso en campaña electoral, como si de cobrarse una pieza de caza se tratara, del procedimiento judicial abierto contra Carles Puigdemont, cuestión que, como todo el mundo sabe, está sometida, falazmente, al mayor de los escrutinios legales.

Por supuesto, no creemos necesario glosar la independencia de la Fiscalía, tal y como está garantizada en la legislación española –que, entre otras disposiciones, establece que la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del ministro de Justicia a través del fiscal general del Estado y que será este último, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, quien resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas por el Gobierno–, pero sí debemos trasladar a la sociedad española la convicción de que, en nuestra experiencia, los fiscales se desenvuelven conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero sujetos la legalidad e imparcialidad que les dicta su Estatuto.

Finalmente, podemos comprender los nervios que embargan al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista ante unos sondeos preelectorales que no le auguran, ni mucho menos, una victoria suficiente y, también, la preocupación por las consecuencias que para sus perspectivas pueda tener la evolución de la crisis en Cataluña estos próximos días, pero de un político serio se espera que sepa medir sus palabras, especialmente, cuando estas se refieren a unas instituciones del Estado que, como la Fiscalía, deberían estar por encima de la pugna partidista y los cálculos electoralistas.

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