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La Fiscalía del Supremo: “Lo que ocurrió en Cataluña en otoño del 2017 fue un golpe de Estado con medios violentos”

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El fiscal Javier Zaragoza, durante el interrogatorio al expresidente de la ANC Jordi Sànchez
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La Fiscalía ha acusado a los 12 líderes independentistas de «haber intentado liquidar la Constitución» y de «haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, utilizando la violencia en aquellos momentos en que ha sido necesario», durante la lectura de sus conclusiones tras el juicio por el I-O . «Lo que ocurrió en Cataluña en otoño del 2017 fue un golpe de Estado»,, ha afirmado.

«Eso pretendían los acusados. Eso es el procés», ha añadido. Fue «un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público», por lo que no puede ser considerado una sedición sino rebelión.

El fiscal Javier Zaragoza ha abierto el turno del informe del ministerio público en el juicio por el desafío independentista dejando claro que «la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que están defendiendo la Constitución». Y ha querido dejar bien claro que el juicio que se ha celebrado los últimos cuatro meses en el Tribunal Supremo «nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política».

«No se persiguen ideas políticas ni tiene que ver con la represión de proyectos políticos. Los acusados, y todas sus terminales políticas y mediáticas, son conscientes de ello. La razón de este juicio es haber intentado liquidar la Constitución, atacado gravemente el orden constitucional mediante métodos ilegales, usando la violencia y métodos coactivos», ha resumido el fiscal.

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En su opinión, todo el desafío independentista fue «un ataque al orden constitucional» en el que «la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia mediante la presentación de España como un Estado represor a nivel internacional». «Por eso fue una rebelión y no puede ser una sedición», ha explicado.

«Junqueras rompió la legalidad»

Y ha cargado contra el «monólogo» que hizo el exvicepresidente Oriol Junqueras en su declaración ante el tribunal que ha calificado de «ejercicio de cinismo sin precedentes». Junqueras fue, dijo, quien «rompió y quebró gravemente la legalidad democrática, se colocó al margen de la ley y responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas». «Es un ejercicio de cinismo sin precedentes», ha subrayado.

Lo acusa de ser el «motor principal de la rebelión» dado que es quien ejercía el «liderazgo» del «procés» y «quien ha venido empujando desde hace muchísimo tiempo para que eso se produjera». De hecho era el vicepresidente de la Generalitat, intervino en el decreto de convocatoria del referendo declarado ilegal, e hizo numerosos llamamientos a la movilización. Además, ha recordado que, junto con el expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Forn, fueron advertidos por la cúpula de los Mossos de la «altísima probabilidad de accidentes violentos» y se les pidió desconvocar el 1-O. Sin olvidar, ha proseguido Zaragoza, que dos de sus principales cargos políticos, Lluis Salvadó y Josep María Jové, fueron «los encargados de toda la infraestructura y desarrollo de las estructuras de Estado», detalla Efe.

En este sentido, Zaragoza ha negado tajantemente que los acusados en este juicio sean «presos políticos», como «tampoco hay detenciones arbitrarias», en referencia a las conclusiones del informe de un grupo de trabajo de la ONU publicado la semana pasada en la que se pedía la puesta en libertad de Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, recoge Europa Press. El fiscal ha censurado que dicho grupo de trabajo de la ONU admitiera «todas las alegaciones de parte» y rechazara las presentadas por el Gobierno español.

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Los Jordis, «los reyes y señores del orden cívico»El fiscal también ha expuesto el papel que han representado los Jordis en todo el desafío. Para ellos pide 17 años de cárcel por rebelión. Ha definido al expresidente de la ANC y al líder de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, como «los reyes y señores del orden cívico de Barcelona» que «impartían órdenes a los Mossos».

Y es que el ministerio público considera que Sànchez y Cuixart «se convirtieron en los dueños del orden público» hasta el punto que los Mossos d’Esquadra dependían de sus decisiones y llegaron a condicionar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado que fueron desplegados en Cataluña. Para Zaragoza, en el otoño del 2017 hubo un «estado de excepción de facto» donde las funciones de orden público fueron asumidas «por unos civiles». Según la Fiscalía, la «movilización popular» aparece en todos los documentos como «una de las armas imprescindibles para empujar el desarrollo de todo este proceso» y en ella tuvieron una «participación importante» los Jordis.

En su intervención, Zaragoza no ha querido pasar la oportunidad de mencionar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlamento catalán en la que el expresidente Carles Puigdemont iba a valorar los resultados del referendo ilegal del 1-O y, por tanto, proclamar la independencia de Cataluña.

Vox: no hubo juicio político

A continuación fue el turno para la acusación popular representada por Vox. El diputado, Javier Ortega Smith ha señalado en su informe final que trasladará «la constancia» de todas aquellas pruebas que dejan «bien claro» que no ha existido un «juicio político».

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En su opinión, lo que ha habido es «una serie de políticos presos por haber cometido graves delitos». A las puertas del tribunal, Ortega Smith ha señalado que la acusación popular espera que lo que hoy traslade al tribunal «sea el reflejo» de la próxima sentencia condenatoria para que España y «el resto del mundo» vean que en este país hay una «democracia consolidada y un Estado serio» donde sus instituciones saben «defender» los valores «del ordenamiento de la Constitución, de la democracia» y «sobre todo saben defender la unidad como nación».

Tras dos años «de dura instrucción», el abogado ha querido «agradecer el trabajo, esfuerzo y profesionalidad» de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y especialmente al juez de instrucción, Pablo Llarena.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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