David Lozano.- El caso de los exabogados de Podemos, despedidos por orden directa de Pablo Iglesias, no está cerrado por mucho que así lo deseen en la formación morada y en la mismísima Moncloa.

Tal y como han confirmado a Periodista Digital fuentes conocedoras del caso y próximas a los exletrados de Iglesias, José Manuel Calvente y Mónica Carmona están dispuestos a continuar la batalla que en su día comenzaron al ser despedidos de la formación a finales del pasado año.

Los exempleados del partido Pablo Iglesias se habrían opuesto a unas determinadas prácticas no solo del funcionamiento de la organización sino del comportamiento de sus dirigentes que presuntamente se corresponden con comportamientos irregulares y prácticas corruptas para conseguir ‘sobresueldos’.

Tal y como aseguran las mismas fuentes, tanto Calvente como Carmona tendrían ahora en sus manos –y listas para entregar en sede judicial- nuevas pruebas que acreditarían las supuestas corruptelas de la cúpula de Podemos, prácticas habituales encaminadas a engordar sus salarios.

Los exabogados, en su día, descubrieron que este pago de sobresueldos habría sido algo habitual dentro de la formación morada, en el que algunos cargos habrían presentado justificantes de desplazamiento inflados e, incluso, falsos, para cobrar más.

Decenas de cargos de la formación de Pablo Iglesias habrían empleado esta fórmula a través de recibos de taxis que no correspondían con los viajes reales. Mediante esta fórmula, en la que supuestamente se falseaban los trayectos, se aumentaba artificialmente el recorrido o se colaban recibos de taxis que no correspondían con viajes reglamentarios, se abonaban cientos de euros extra a decenas de trabajadores.

Ahora, los exletrados de Podemos, tendrían las pruebas definitivas sobre estas graves irregularidades, sabidas y permitidas por la dirección de Pablo Iglesias. Los letrados advirtieron al Departamento de Finanzas de Podemos, pero no recibieron contestación alguna.

Al poco de conocerse el despido, José Manuel Calvente aseguró que los verdaderos motivos de su destitución radicaban en que habían descubierto el pago de sobresueldos irregulares en la formación morada. Concretamente señaló dos casos, el del tesorero y el de la gerente, que, siempre según su versión, percibían 900 euros extra de manera ilegal y fiscalmente opaca. Pero esas prácticas se extendían también, presuntamente, a muchos de los diputados del partido de Iglesias.

En su día también prometía que pondría las pruebas que obran en su poder a disposición judicial para que se investiguen a fondo y ahora, cuando la Justicia poco a poco recobra la normalidad tras el estado de alarma, ha llegado el momento de presentar esos papeles no solo para que se determine ilegal el despido sino también para que se puedan derivar las consecuencias legales de estas prácticas de muchos dirigentes de Podemos.

Las mismas fuentes consultadas aseguran que este caso ha «encendido todas las alarmas» en la presidencia del Gobierno, especialmente en el ‘socio’ de Iglesias, Pedro Sánchez.