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Internacional

Timo climático: seis marineros vuelan a EE.UU para posibilitar el viaje de Greta Thunberg a la Cumbre sobre el clima de la ONU

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El velero en el que viaja Greta Thunberg, el Malizia II, debe regresar a Europa después de que haya llegado a Nueva York. Para poder hacerlo, cuatro nuevos marineros profesionales vuelan a los Estados Unidos. Su misión es liberar a la tripulación y navegar de regreso a Europa. En total, seis marineros deben hacer al menos un viaje en avión cada uno.

Tras una invitación a la Cumbre sobre el clima de la ONU en Nueva York en septiembre, Greta Thunberg se negó a viajar en avión ya que quería una forma de viaje neutral en dióxido de carbono. Afortunadamente para ella, el equipo del Malizia II acudió en su ayuda, ofreciéndole navegar a ella y su padre a través del Atlántico para llegar a EE.UU.

Pero ir en velero puede no ser una idea tan inteligente después de todo si el objetivo es evitar el dañar el clima. Resulta que el viaje de Greta Thunberg lanza muchas veces más dióxido de carbono a la atmósfera que si ella y su padre viajaran en avión. Su viaje tiene como resultado múltiples vuelos a través del Atlántico ya que todos los marineros deben volar, informa taz.de.

Cuando Malizza II llegue a Nueva York, el capitán Boris Hermann y Pierre Casiraghi deben descansar y un nuevo equipo de marineros profesionales se hará cargo del barco. Un equipo de cuatro personas volará a Nueva York para recibir el barco allí y luego navegará de regreso a Europa. El equipo operativo volará también de regreso a Europa.

(La Gaceta Europea)


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Asia

La esfera china

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Puerta de Tiananmen en la Ciudad Prohibida de Pekín
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Augusto Manzanal Ciancaglini*. China está envuelta por tres capas superpuestas que limitan su poder: la primera cuenta con cuatro puntos; en el oeste continúa la tensión étnica de Sinkiang y el Tíbet, mientras que en el este se reafirma el desafío político de Hong Kong y Taiwán. La segunda capa es la que forman los países rivales circundantes como Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam o India. Por último, la superpotencia estadounidense representa la tercera membrana que parece más bien una cáscara.

La capa inicial es básica, pues, China, además de jugarse la imagen ahí, solo puede encontrar la posibilidad de volverse una talasocracia a través de Taiwán, y sin Hong Kong perdería su principal centro financiero. Entretanto, en la siguiente capa debe fortalecer la cooperación con contrapesos como Pakistán.

Estados Unidos, la parte más maciza que restringe la vaga voluntad imperialista del gigante asiático, continúa siendo obstáculo y oportunidad en el ámbito económico. En la guerra comercial la respuesta china es moderada. Sin embargo, Washington presiona cada vez más, olvidándose que no está tratando con un país dependiente como México; aunque los aranceles sean nocivos, Pekín está en posición de contrarrestarlos.

En un plano geoestratégico, China espera obligar a las fuerzas estadounidenses a operar lo más lejos posible de sus propias costas, actitud defensiva que, junto a la avidez mercantil, puede terminar siendo un impulso.

El esquema de las tres capas sobre China se complica cuando aparece en escena Rusia. Ante la guerra comercial y las sanciones, es lógico que se consolide el acercamiento entre Moscú, que espera las amenazas desde el oeste, y Pekín, que las observa en el este.

Frente a la conexión sino-rusa en tecnología, energía, defensa y seguridad, resurge el ejemplo de Kissinger: esta vez el oso es más fácil de amaestrar que el dragón. Para fracturar la aproximación de ambos colosos, Washington debe potenciar los inveterados temores de muchos rusos, los cuales se intensifican por el avasallamiento económico de China sobre las áreas de influencia de Moscú. Muchos analistas rusos piensan que China, por su necesidad de energía y territorio, es la principal amenaza para su país; las antiguas disputas fronterizas son un recordatorio.

Las contradicciones se manifiestan por medio de los entrecruzamientos con rivales y aliados: Pekín compra tecnología de defensa en Ucrania, al tiempo que Rusia suministra armas a Vietnam o India.

Asimismo, la creciente búsqueda de influencia de Moscú en África se toparía con la omnipresencia de China en ese continente, o sea, los roces se propagan por toda la Isla-Mundial conceptualizada en la teoría del Heartland.

Por todo esto, la asociación estratégica de China y Rusia no parece dirigirse hacia una sólida alianza, sino a una colaboración pragmática en determinados sectores.

Por su parte, al asimilar su papel de única superpotencia, Estados Unidos se despoja del ánimo imperialista para adoptar un carácter imperial más maduro que reconoce la necesidad de dosificar sus fuerzas ante el desgaste del poder exclusivo. No obstante, seguirá haciendo lo de siempre: superar tecnológicamente irradiando su cultura, dividir con la diplomacia y desgastar militarmente desde el mar controlando el comercio, es decir, fortalecer cada una de las capas.

*Politólogo


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USA

La instrumentalización del ‘impeachment’ contra la oposición política

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Escena en la firma de la Constitución de Estados Unidos, óleo sobre lienzo, de Howard Chandler Christy, 1940. (Fuente de la imagen: The Indian Reporter/Wikimedia Commons)
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Por Alan M. Dershowitz.- El poder constitucional para iniciar un proceso de impeachment contra un presidente debidamente electo fue concebido por los redactores de la Constitución como una herramienta neutral y no partidista para ser utilizado como último recurso contra casos extremos de delincuentes en cargos públicos. En la imagen: Escena en la firma de la Constitución de Estados Unidos, óleo sobre lienzo, de Howard Chandler Christy, 1940. (Fuente de la imagen: The Indian Reporter/Wikimedia Commons)

El poder constitucional para iniciar un proceso de impeachment contra un presidente debidamente electo fue concebido por los redactores de la Constitución como una herramienta neutral y no partidista para ser utilizado como último recurso contra casos extremos de delincuentes en cargos públicos. Se está implementando ahora como arma partidista utilizable por rutina contra presidentes de un partido diferente al que controla la Cámara de Representantes.

Según el punto de vista de algunos miembros del Congreso, cada vez que la Cámara esté controlada por un partido, una mayoría simple puede votar correctamente a favor del impeachment. Como dijo la congresista Maxine Waters: “El impeachment es lo que diga el Congreso que es. No hay una ley”. Se equivoca. La Constitución es la ley y ella no está por encima.

El reciente mal uso partidista de este poder de emergencia empezó con el impeachment al expresidente William Jefferson Clinton por la Cámara —controlada por los republicanos— en 1998. Clinton no cometió ningún delito susceptible de un proceso de impeachment, a pesar de haber mentido gravemente bajo juramento sobre su vida sexual. Dicho perjurio, si se produjo, cumpliría con la definición de “delito”, pero no los criterios requeridos por la Constitución de “delitos y faltas graves”. Si el presidente Clinton cometió un delito, sería un delito menor relacionado con su vida sexual, comparable a los cometidos por Alexander Hamilton —adulterio y pago a un extorsionista— cuando era secretario del Tesoro. Si Hamilton hubiese pagado al extorsionista con dinero público, como fue falsamente acusado de hacer, habría sido culpable de un grave delito susceptible de impeachment.

Para ser acusado, un presidente tiene que cometer un delito (la falta es una especie de delito) y la comisión de ese delito también debe constituir un abuso de cargo público. Un abuso de cargo público, sin un delito subyacente, es un pecado político, pero no un delito susceptible de impeachment.

Esta misma cuestión se debatió en la Convención Constitucional, donde un delegado propuso la “mala administración” como criterio para el impeachment y la destitución de un presidente. James Madison, padre de la Constitución, se opuso enérgicamente argumentando que con un criterio tan vago y ambiguo poco concluyente el presidente estaría ejerciendo según la voluntad del Congreso y que dejaríamos de ser una república con un presidente fuerte para ser una democracia parlamentaria donde el jefe del ejecutivo puede ser destituido por una moción de confianza. En su lugar, la Convención adoptó unos estrictos prerrequisitos para el impeachment: traición, soborno u otros delitos y faltas graves. La Cámara no está más facultada para sustituir sus propios criterios por los enumerados en la Constitución de lo que estaría el Senado para cambiar el requisito de votación de dos tercios para la destitución a una mayoría simple o a una mayoría cualificada de tres quintos. El Congreso no está por encima de la ley. Está sujeto a lo que los redactores aceptaron y no pueden ahora aplicar los criterios que los redactores rechazaron explícitamente.

Aquellos que caracterizan el proceso de impeachment y destitución como completamente políticos se equivocan por una simple cuestión de derecho constitucional, aunque tengan razón al describir la realidad del mal uso que se le está dando actualmente. Los defensores de este punto de vista citan incorrectamente a Hamilton en El Federalista n.º 65.

Hamilton no caracterizó los criterios para el impeachment como “políticos”, lo hizo sólo en el sentido en que se relacionan con “los perjuicios inmediatos causados a la propia sociedad”. Inmediatamente después rechazaba la opinión de que el proceso debía ser partidista, basado en la “fuerza comparativa de los partidos”, en vez de en las “verdaderas demostraciones de inocencia o culpa”. Dijo que eso era “el mayor peligro” y pidió “neutralidad hacia aquellos cuya conducta pueda ser objeto de escrutinio”. Los que citan, o interpretan, mal a Hamilton mezclan erróneamente las palabras “político”, que él utilizaba en sentido gubernamental, y “partidista”, con lo que se refería a la fuerza comparativa de los partidos y facciones.

Es difícil imaginar una mayor vulneración de los principios de Hamilton que la reciente votación en la Cámara siguiendo líneas de partido (con dos excepciones, ambas contra el impeachment) para abrir una investigación oficial para el posible impeachment del presidente Trump. La votación estuvo exclusivamente determinada por la “fuerza comparativa de los partidos”, como lo fue la votación para destituir al presidente Clinton hace dos décadas.

Una Cámara partidista que votara para destituir al presidente Trump, seguido de una votación partidista en el Senado para absolverlo, no sólo perjudicaría al Partido Demócrata —como los votos en el caso de Clinton perjudicaron al Partido Republicano—: perjudicaría a nuestra Constitución y polarizaría aún más nuestra ya dividida nación.

Y, lo que es más importante, el mal uso del poder del impeachment de manera partidista representaría, en palabras de Hamilton, “el mayor peligro” para nuestra Constitución.


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Hispanoamérica

Sigue la violencia en Bolivia desatada por el narcodictador Evo Morales: 23 muertos y 715 heridos

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó a 23 el número de muertos y a 715 el de heridos en incidentes durante la crisis en Bolivia tras las elecciones fraudulentas del pasado 20 de octubre.

«Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política», informó esta entidad en Twitter.

La CIDH explicó en la red social que actualiza las cifras de víctimas en Bolivia después de que «desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde los disturbios alentados por el ex narcodictador Evo Morales».

Estos datos actualizados se refieren a víctimas en choques entre cocaleros afines al narcodictador y fuerzas del orden el pasado viernes cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en la jornada más trágica desde el comienzo de la crisis.

Evo Morales, que está asilado en México, escribió en Twitter que las víctimas mortales en estos disturbios son doce, sin citar fuentes.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, expresó en la misma red social que «duele tanta violencia, duele la muerte, Bolivia merece vivir en paz».

Áñez y Morales se cruzan reproches por la violencia en Bolivia, donde policías y militares mantienen desde el pasado lunes operativos conjuntos para mantener el orden.

La CIDH denunció en esta jornada un decreto del Gobierno provisional de Bolivia que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan «en legítima defensa o en estado de necesidad» y bajo criterios de «legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad».

El Ejecutivo de Áñez respondió que no supone una «licencia para matar» y se enmarca en la Constitución y las leyes del país.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió de que recibe denuncias «sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos» por parte de la Policía.

«Es importante que la Dirección General de Investigaciones Internas (DIGIPI) en una señal de transparencia pueda investigar estos hechos y establecer sanciones», añadió en Twitter.

Bolivia atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia reciente, desde que el día siguiente de las elecciones comenzaron las denuncias de fraude en los comicios tras los que Morales fue luego proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

El que fuera presidente del país durante casi catorce años anunció el pasado domingo su renuncia tras un informe de la Organización de Estados Americanos sobre graves irregularidades en los comicios, lo que sumió al país en el caos.

Morales salió al día siguiente hacía México y el martes pasado Áñez, una senadora hasta entonces opositora, asumió el poder de forma provisional hasta unas nuevas elecciones.


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