El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado al exministro del Interior de la era Rajoy, Jorge Fernandez Díaz, por la trama de espionaje parapolicial que se llevó a cabo en 2013 para robar la documentación sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas, conocida como Operación Kitchen.

El exministro tendrá que declarar el próximo 30 de octubre, tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción. Aunque este organismo también pidió que tanto la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal, como su marido, Ignacio López del Hierro, declararan como investigados, el juez ha decidido no citarlos, al menos de momento. El motivo que alegó el Ministerio Fiscal fueron presuntos delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.

El magistrado ha explicado que resulta necesaria, útil y pertinente la comparecencia de Fernández Díaz como investigado, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, «desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad».

El juez convoca de nuevo a Francisco Martínez

Por lo tanto, el juez ha convocado de nuevo a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, quien en su primera citación no quiso declarar y que ha manifestado su voluntad de comparecer de nuevo en presencia judicial. Declarará un día antes que Fernández Díaz, el 29 de octubre.

El magistrado cita además como testigos al exdirector de Comunicación de Interior Juan José Esteban y a otras tres personas, el sacerdote Silverio Nieto, el exdirector de Gabinete de Francisco Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, y a Icíar Castro Álvarez.

Tras conocerse esta noticia, el PP ha abierto un expediente informativo al ex ministro del Interior, según han informado a Efe fuentes de la dirección del partido.

Esta operación policial comenzó entre 2013 y 2014 por parte del ex comisario Villarejo, por aquel entonces adjunto a la DAO de la Policía. Según las investigaciones, se trataba de un plan para captar como confidente al el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para acceder a documentación que el tesorero tuviera en su poder.

La petición de Anticorrupción se apoyó en un informe de los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano tras tener acceso a documentos, mensajes personales de Martínez al exministro y los recibos de los pagos del ex chófer, que habría recibido más de 53.000 euros por su colaboración en esta operación.