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Cartas del Director

Torra, moralmente inhabilitado

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El presidente de la Generalitat de Cataluña ha dado un paso más en su defensa de los CDR, después de que la Guardia Civil detuviera a nueve de sus miembros con material explosivo preparado para cometer atentados terroristas. Si ayer Quim Torra envió una carta al presidente Sánchez acusando al Estado de crear un “montaje jurídico-político-mediático”, hoy se ha atrevido, sin el mínimo atisbo de rubor, a decir que “estamos hartos de amenazas y de que se entre en las casas de los catalanes de madrugada”. Para el presidente del desgobierno catalán, los detenidos que preparaban un atentado contra un cuartel de la Guardia Civil son “ciudadanos comprometidos con su sociedad”.

Si las declaraciones de Torra en el pasado ya nos alertaban sobre su perturbado juicio a la hora de analizar la realidad política y social, estamos en un momento crítico en el que parece que vale todo. Su insistencia en que acatará solo lo que viene del “pueblo catalán” es una prueba más de su nula voluntad de aceptar el Estado de Derecho y dibuja un personaje que se ha convertido en caricatura de sí mismo.

Su discurso incendiario y legitimador, en la práctica, de quienes pretenden utilizar la vía de la violencia, es un acto de grave irresponsabilidad que le inhabilita como autoridad. Los propios partidos independentistas saben que Torra sólo consume, afortunadamente, los minutos de la basura de un periodo político estéril y frustrante para Cataluña.

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Apoyo a la Guardia Civil

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Algunas actuaciones recientes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, están produciendo sorpresa y perplejidad. El ministro ha calificado como “inoportunas y poco idóneas” las palabras del general Pedro Garrido durante la conmemoración de la patrona de la Guardia Civil en Cataluña. También la Delegada del Gobierno en dicha Comunidad acudió prontamente a disculparse ante los Mossos de Escuadra, en su nombre “y en el del Ministerio del Interior”, por el discurso del Jefe de la Guardia Civil en Cataluña.

El general Garrido no hizo más que lo propio de un alto mando, agradecer a los agentes la defensa del orden constitucional y el trabajo de “desenmascarar a personas relevantes de las instituciones autonómicas” que pretenden llevar adelante un proceso que es contrario a la ley. Que el ministro del Interior se muestre receloso por el hecho de que un mando de la Guardia Civil apueste públicamente por el cumplimiento de la ley y la seguridad de los ciudadanos en Cataluña resulta bochornoso.

Intervenciones como la del Ministro pueden provocar desafección y desaliento en un cuerpo que debe afrontar cada día un contexto de hostilidad alimentado desde las propias instituciones catalanas. En todo caso reflejan la actitud de un Gobierno más preocupado por la estrategia electoral que por apoyar a quienes se juegan el tipo para preservar el orden y la pacífica convivencia en un momento decisivo para Cataluña.

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Otro giro de Rivera

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Entre las crisis internas de su partido y la preocupación por lo que en cada momento le pronostican las encuestas (en este momento, nada bueno para Ciudadanos), Albert Rivera discurre por la política española improvisando propuestas y confundiendo a sus electores. Sólo en este año, Rivera ha transitado por el espacio político ofreciéndose a unos y a otros, vetando a unos para La Moncloa y bendiciendo a otros como socios preferentes. Del «no es no» a Sánchez, Rivera pasó, en los últimos minutos de la legislatura anterior, a ofrecer su apoyo a la investidura del candidato socialista si aceptaba unas condiciones que, en una hábil y previsible réplica, el PSOE afirmó que ya cumplía. Y ahí quedó el líder de Ciudadanos, con el efímero protagonismo de una oferta que, en vez de trasladar la carga de la culpa sobre Sánchez, acentuó el sentido oportunista con el que se conduce Rivera. Tampoco asumió la negativa socialista con todas sus consecuencias, porque a continuación rechazó el «España suma» que le ofreció Pablo Casado, al que compensó ungiéndolo como socio preferente de Cs para formar gobierno si entre ambos tienen un escaño más que la izquierda.

Pero este alineamiento con el PP para un gobierno de coalición tampoco ha debido tranquilizarle, porque ayer, sin renunciar al pacto con los populares, lo compensó levantando el veto a Sánchez para la próxima legislatura, siempre que se pacten diez reformas sociales y políticas, que no las planteó como condiciones innegociables ni parecen inasumibles para el PSOE. Los críticos de Rivera que abandonaron el partido o sus cargos directivos se sorprenderán con este nuevo volantazo, aunque suponga darles la razón sobre la conveniencia de que Cs sea un partido disponible a pactos diversos.

La pregunta inevitable es si Rivera ha encontrado ya su sitio con esta propuesta de desbloqueo para la próxima legislatura o si tras ella se esconden más saltos tácticos que, en vez de dar claridad a su nueva oferta, la convertirán en una fuente de mayor incertidumbre sobre el papel de Cs en el presente y futuro de España. En este momento, el votante de Cs ya sabe que su líder está dispuesto a formar gobierno con el PP, pero también a apoyar la investidura de Sánchez, en ambos casos con condiciones, como es lógico. Esta opción puede ser tan rentable electoralmente como desastrosa para recuperar votantes perdidos si es percibida como una incongruencia. Todo dependerá de que Rivera haga una campaña que no transforme a su partido en un comodín del que resulte ganador, porque, para ese viaje, sus votantes pueden preferir directamente al ganador. Corre el riego, en fin, de que con tanta pirueta táctica termine de marear a los españoles.

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Cartas del Director

Ignorar las crisis solo las agrava

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Al aluvión de datos macroecónomicos publicados ayer, todos indiciarios de la ralentización del crecimiento económico, ABC añade hoy la cifra que documenta el ritmo de la destrucción de empleo en España: las grandes empresas han activado una nueva oleada de despidos y ajustes laborales en un momento en el que la salida de los ERE vuelve a aparecer en el horizonte empresarial.

El primer semestre del año se cerró el pasado junio con un incremento del 40 por ciento de los expedientes de regulación de empleo, herramienta de ajuste laboral cuya aplicación durante el ciclo de la crisis que arrancó hace una década dejó sin empleo a decenas de miles de trabajadores. Ignorar estas señales e insistir en las políticas de gasto no productivo quizás aporte apoyos electorales a la izquierda, pero representa un acto de grave irresponsabilidad, más aún tras la experiencia -y las cuentas- que hace ahora ocho años dejó el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero al equipo de Mariano Rajoy y, más aún, al conjunto de la sociedad española.

El frenazo del PIB, que en el segundo trimestre se quedó en el 0,4 por ciento, el más bajo de los últimos tres años; la baja inflación registrada en septiembre, con un 0,1 por ciento que también es la nota más baja desde 2016, o el aumento de la deuda pública, que en junio marcó un nuevo récord, con 1,21 billones de euros (99 por ciento del PIB) invitan a poner en marcha un programa urgente de reformas, no una política basada en el gasto social y la «reversión» de los ajustes, como anuncia el Gobierno socialista. España está aún lejos de caer en la recesión a la que se dirigen economías como la alemana, la italiana o la británica, pero confiar en la inercia es el camino más fácil para repetir una crisis cuya factura aún no hemos terminado de pagar.

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