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Tres activistas de Femen declaran por su protesta en un acto de Falange Española

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Tres activistas del grupo Femen declararán este lunes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid después de que éste haya admitido a trámite la querella interpuesta por Falange Española por posibles delitos de coacciones, desórdenes públicos y en contra de los derechos fundamentales.

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En concreto, las tres activistas deberán personarse en los juzgados por la protesta que realizaron el pasado 18 de noviembre en la madrileña Plaza de Oriente, en la que se celebraba un acto de Falange Española.

En el mismo, el partido pedía “la derogación de la Ley de Memoria Histórica”, a lo que las activistas respondieron con lo que consideran como una “acción pacífica y simbólica”. Con sus torsos desnudos, gritaron “fascismo legal, vergüenza nacional”.

Las activistas denuncian que sufrieron agresiones y que fueron insultadas por diversas personas, teniendo que ser protegidas por agentes de la Policía Nacional.

El abogado de las activistas, Endika Zulueta, ha asegurado este domingo que “la acción no es constitutiva de delito alguno”, por lo que, tras su declaración, solicitará el archivo de las actuaciones. “Por su parte, el Juzgado, de oficio, podrá abrir diligencias contra los presuntos autores de las agresiones sufridas por las activistas”, ha recordado.


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Tribunales

Un senador del partido de Evo Morales cobró 800.000 dólares para hacer obras en un pueblo que no existe

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Por Tuffí Aré Vásquez.- El escándalo fue visibilizado por la propia Presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, en su mensaje a la nación. El senador del MAS, Jorge Choque Salomé, ha sido acusado por el director del Fondo Indígena, Rafael Quispe, de inventarse un pueblo fantasma llamado Curuxa, en la provincia Aroma de La Paz, y de recibir en 2010 alrededor de bs 6 millones (más de USD 800.000) en su cuenta bancaria personal para proyectos destinados a esa comunidad que no existe y a otras poblaciones.

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Pese a que el propio Quispe ha pedido desde hace por lo menos dos años que Choque sea licenciado del Senado para evitar la protección del partido de Evo Morales, el legislador ocupa aún su curul en el Parlamento boliviano y tiene sólo detención domiciliaria. En horas recientes, el director del Fondo Indígena insistió en que pedirá a la justicia que le revoquen las medidas sustitutivas y que sea enviado preso al penal de San Pedro. Al mismo tiempo, solicitará que se amplíe la investigación por este caso al actual candidato a la Presidencia por el MAS, el ex ministro de Economía Luis Arce, y al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por haber avalado los desembolsos irregulares de recursos como miembros del directorio del exFondioc.

“En mi condición de director del Fondo Indígena, tengo en custodia toda la documentación de este caso. El senador Choque se inventó un pueblo fantasma y se hizo desembolsar más de Bs 6 millones en su cuenta bancaria particular. No hay nada de obras para las comunidades. El tiene ya una imputación formal y hemos pedido al juez la revocatoria de las medidas sustitutivas. Ojalá la justicia se ponga de lado del derecho. Debemos recuperar el dinero. No existe esa comunidad en la zona de Collana y los fiscales han protegido a Choque. Supuestamente los recursos se debían destinar a forraje de cebada y de semilla que no llegaron nunca”, explicó Quispe.

El director del Fondo Indígena, creado por el gobierno de Evo Morales y de donde salieron millonarios recursos para comunidades, muchos de ellos desviados irregularmente, dijo que en las anormalidades están involucrados ex ministros como Luis Arce, Juan Ramón Quintana, Nemesia Achacollo (detenida), y ex directivos como Melva Hurtado y Gabriel Mamani. También indicó que hay fiscales como Edwin Blanco, que no han actuado bien en el caso. ”Los miembros del directorio debieron haber fiscalizado el uso de los recursos. Es tiempo que el Fiscal del Estado, Juan Lanchipa, se ponga las pilas y haya justicia”, apuntó Quispe.

Aunque la alcaldesa del municipio de Collana, Bertha E. Quispe, ratificó que en su zona no existe el pueblo de Curuxa y que sólo se vio una vez en un taller al senador acusado, Jorge Choque Salomé ha negado ante los medios haber inventado un pueblo fantasma para desviar recursos del Fondo Indígena. Su abogado Luis Velasco advirtió con iniciar un proceso penal por delitos contra el honor de las personas a quienes acusan al senador del MAS de inventar un pueblo fantasma.

El senador fue detenido en 2015

Las denuncias contra el senador del partido de Evo Morales se remontan a septiembre de 2015. Fue precisamente Rafael Quispe quien las hizo en su condición de diputado opositor. A fines de noviembre de ese año se ordenó su detención por los presuntos delitos cometidos en 2010, cuando el legislador masista era dirigente campesino.

De acuerdo a la acusación, Choque Salomé recibió en su cuenta personal Bs 2,9 millones ($us 400.000) del Fondo Indígena en cuatro desembolsos hechos en un solo día (14 de septiembre), según el registro de ejecución de gastos (Sigma) del ministerio de Economía.

El dinero era para la ejecución de cuatro proyectos de producción de forraje con semilla certificada en los municipios de Sisa Sica, Calamarca, Colquencha y Collana.

El Fondo Indígena transfirió para el proyecto de producción de forraje en Collana 739 mil bolivianos y un monto similar para el proyecto en Sica Sica. Ambos figuran en la lista de proyectos irregulares y “fantasmas” que reveló la Contraloría General.

“Me sorprende la actitud canalla de un senador del MAS que se ha inventado el nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con dinero del Fondo Indígena”, dijo la presidente interina Jeanine Añez durante su mensaje a la Nación.

La entidad indígena también desembolsó para la producción de forraje en Colquencha 712.500 bolivianos y un monto similar para el proyecto en Calamarca. Estos dos proyectos fueron observados por la Interventora.

Como descargo, el senador del MAS reconoció haber gastado los Bs 6 millones del Fondo Indígena, pero aclaró que los proyectos no fueron cerrados. “Tenemos todos los descargos. Si hay observaciones se mostrarán las aclaraciones”, dijo.

Choque se presentó a declarar de manera voluntaria en 2015 ante una comisión de fiscales, integrada por Ángelo Saravia y Edwin Blanco. Al concluir la citación el legislador fue arrestado, en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, en espera de la audiencia de medidas cautelares. Luego le dieron arresto domiciliario. Ante esa situación, Rafael Quispe dijo que se ha pedido al juez segundo cautelar anticorrupción de La Paz la revocatoria de las medidas. De su parte, la fiscal Heidy Gil informó de la ampliación de la investigación al ex ministro Juan Ramón Quintana y a la exdirectiva Felipa Huanca.

Una “actitud canalla”, dice la presidente

En su mensaje del 22 de enero pasado a los bolivianos, la presidenta transitoria Jeanine Añez expresó su sorpresa por este caso de presunta corrupción. “Me sorprende la actitud canalla de un senador del MAS que se ha inventado el nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con dinero del Fondo Indígena ¿Quién controla esos recursos? ¿A quién rendía cuentas ese senador?”, afirmó la primera mandataria de Bolivia.

También la alcaldesa de Collana, Bertha Quispe, se mostró contrariada por la denuncia. “No existe (la población de Curuxa) con ese nombre en el municipio de Collana. No conozco ninguna comunidad que lleve ese nombre, porque nosotros componemos siete comunidades, tres cantones y ninguno de ellos lleva ese nombre”, relató. Otros comunarios del lugar, consultados por un canal de televisión, también negaron la existencia del pueblo de Curuxa.

De acuerdo a datos que figuran en la página web de la Cámara de Senadores de Bolivia, Jorge Choque Salomé, es uno de los cuatro senadores del MAS elegidos por el departamento de La Paz. Nació el 3 de abril de 1978 en la comunidad Amachuma, de la provincia Aroma. Ha sido miembro de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de esa cámara y sus cargos sindicales más destacados los ha tenido en la Federación Sindical Única de Trabajadores Agrarios de la Provincia Aroma y en la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”.


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Tribunales

Los juristas consideran un «error» tipificar como delito la exaltación del franquismo

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Concentración a las puertas del cementerio de Mingorrubio durante la exhumación de Franco.
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El anuncio el pasado lunes de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en el que aseguró que el Gobierno tiene la intención de tipificar la exaltación del franquismo como delito en el Código Penal fue recibido con recelo por parte de los diferentes grupos políticos de la Cámara baja, también entre la propia izquierda. El líder de Más País, Íñigo Errejón, lo rechaza como una «restricción del derecho a la libertad», mientras que desde el PNV, el diputado Aitor Esteban afeó a los socialistas que propongan «modificaciones legislativas por capítulos». Para los expertos penalistas supone, además, entrar en un terreno «resbaladizo» o, directamente, un «error» que sigue «la tendencia de la invasión del derecho penal en todos los aspectos de la vida».

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El acuerdo programático del 30 de diciembre entre PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición ya señalaba medidas de este tipo, relacionadas con la memoria histórica, a las que Lastra añadió que «en democracia no se homenajea a dictadores ni a tiranos».

Aunque aún se desconocen los detalles del futuro texto o si se terminará aprobando, lo cierto es que su sola mención ya genera dudas. «Es preocupante desde una concepción liberal y democrática del derecho porque es una intervención excesiva por parte del derecho penal. Me parece muy lamentable que haya gente que haga apología del franquismo, pero también que la forma de responder sea esta. Es un gesto que tiene mucho de búsqueda de la espectacularidad», opina el catedrático de Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Maria Tamarit.

El principal límite con el que se toparía este nuevo delito sería concretamente la libertad de expresión, un derecho especialmente protegido en la Constitución. «El derecho penal ha de ser el último recurso salvo en los supuestos extremadamente intolerantes. Para sacrificar la libertad de expresión ha de existir una justificación», defiende Alfonso Reclusa, abogado penalista y Profesor de Derecho Penal de la Universidad Internacional de la Rioja, que insiste en que «esta argumentación no pretende defender el franquismo, está defendiendo que los ciudadanos puedan pensar lo que les de la gana».

Enaltecimiento del terrorismo

Otra cuestión que entra en debate es la tolerancia hacia las ideas que van en contra de la propia Constitución. En los supuestos de enaltecimiento del terrorismo, una figura en la que podría basarse el delito de exaltación del franquismo, existe una amplia jurisprudencia en el Tribunal Constitucional que tiende hacia la defensa de la libertad de expresión «excepto cuando se incita a la violencia, elemento pque sí se criminaliza», señala Guillermo Aguillaume, especialista en Derecho Público. «Y no veo que haya una conexión con la incitación a la violencia en muchos casos que podrían ser considerados apología del franquismo», añade.

Entre los absueltos de este delito se encuentra, por ejemplo, el exconcejal de Madrid Guillermo Zapata, que fue llevado a juicio en 2015 por un chiste sobre Irene Villa, víctima de un atentado de ETA en 1991. La Audiencia Nacional determinó que sus comentarios no eran «reprobables a nivel penal». Precisamente Zapata ha sido uno de los críticos con la medida anunciada por Lastra esta semana. «Menos meter nuevos delitos de opinión en el código penal y más apoyar que se acabe con la impunidad de los franquistas», escribió en Twitter.

En Europa habría que viajar hasta Alemania para encontrar un tipo penal similar al que el PSOE quiere implantar en España, en este caso relacionado con el recuerdo al régimen Nazi. Un caso «excepcional» como los definen los juristas consultados.


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Tribunales

El juez reabre el caso de Marta del Castillo y ordena investigar los documentos aportados por los padres

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Antonio del Castillo atiende a los medios en la puerta de su casa hace unos días
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El caso de Marta del Castillo vuelve a vivir un nuevo episodio. El juez de Instrucción número cuatro de Sevilla ha acordado la reapertura de la causa abierta en su día para investigar la posible implicación en la muerte de la joven sevillana en enero de 2009 de Francisco Javier Delgado, hermano del único acusado del asesinato, Miguel Carcaño, y que fue absuelto por la Audiencia de Sevilla de encubrimiento y amenazas. Esta decisión del instructor llega después de que los padres de Marta hayan aportado al juzgado nuevos documentos que para éstos respaldan la última versión, la séptima, ofrecida por el asesino, en la que acusa a su hermanos.

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El instructor, en base a dichos documentos, ha ordenado la reapertura de estas diligencias y encomienda a la Policía Nacional la realización de la investigación de los mismos para, entre otras cuestiones, “determinar la comprobación de los mismos, la veracidad que pudieran tener y si de ellos resultan hechos que pudieran ser conducentes a esclarecer el lugar en el que se encuentre el cuerpo de Marta o la posible participación en su muerte de terceras personas, que hasta la fecha no estuviesen enjuiciadas por tales hechos”.

La documentación aportada por los padres de la joven asesinada probaría que Carcaño obtuvo un préstamo hipotecaria por el piso donde murió Marta con documentación falsa.

Por la desaparición y muerte de Marta fueron juzgados Carcaño, sus amigos Samuel Benítez y Javier García «El Cuco», su hermano Francisco Javier Delgado y la novia de éste, María García, pero sólo Carcaño y El Cuco, que entonces era menor, fueron condenados.

Carcaño fue juzgado junto a su hermano, la novia de este y Samuel Benítez, pero mientras a él se le acusó de asesinato, dos delitos de agresión sexual (uno de ellos como cooperador necesario), un delito contra la integridad moral y profanación de cadáveres, Samuel Benítez y María García fueron juzgados por encubrimiento, delito contra la integridad moral y profanación de cadáveres, y Francisco Javier Delgado también por amenazas.

Según el fiscal que actuó entonces en el caso, Luis Martín, un hipotético nuevo juicio solo podría tener como acusados a Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y María García y requeriría hallar «pruebas objetivas de su participación directa» en la muerte de la joven.

La última versión de Carcaño, la séptima, señala a su hermano como autor material del crimen, al interponerse Marta en una pelea entre ambos, aunque una investigación judicial contra Francisco Javier Delgado se archivó provisionalmente.


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