El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa ha sido condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 24.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida con fondos del sindicato minero.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo condena además al exdirigente sindical y político a indemnizar al SOMA-UGT, que dirigió durante más de tres décadas, con 431.330 euros en concepto de daños y perjuicios.

El juicio contra Fernández Villa quedó visto para sentencia el pasado 25 de julio y la Fiscalía mantuvo su petición de cinco años de cárcel, mientras que la acusación particular ejercida por el sindicato elevó su solicitud de condena a seis años y la defensa interesó la libre absolución del acusado.

El fallo relata que Fernández Villa, de 75 años, dirigió el sindicato minero con una «posición jerárquica sobre el resto de miembros y trabajadores», que «no ponían en duda ni discutían sus decisiones o simples deseos, aprobando incluso su gestión, algunos, tal vez, por desconocimiento».

Con esa posición, logró apropiarse a lo largo de los años, entre 1989 y 2012, de diferentes cantidades por un total de 434.158 euros en perjuicio del sindicato.

Así, «hizo suyo y destinó el dinero del sindicato para sus propios gastos, utilizando los recursos ajenos en su provecho y beneficio exclusivo, extendiéndose esa conducta durante años y llevándose a cabo de diversas maneras y formas y por diferentes cantidades cada vez», motivos por lo que su conducta ha sido calificada de delito continuado.

El fallo considera probado que Fernández Villa logró apropiarse entre 1989 y 2001 de más de 234.000 euros procedentes de las dietas que la empresa Hunosa pagaba mediante cheques a los miembros del sindicato por la asistencia al comité intercentros, y que el exlíder sindical cobraba para quedarse con los importes.

Además, entre 2001 y 2012, Fernández Villa cobró de las cuentas del sindicato distintas cantidades al margen del kilometraje y de las dietas que le correspondían por el desarrollo de sus funciones de secretario general, por un importe total de 417.394 euros.

Entre los gastos abonados desde las cuentas del sindicato, la sentencia detalla comidas en restaurantes, puros, sombreros, productos dietéticos y farmacéuticos, maletas, delicatesen, perfumes, ropa, libros o discos de música y películas.

Además, tras haber terminado de pagar un coche Mitsubishi, siguió percibiendo las cuotas que le eran transferidas por el sindicato, por un importe total de 16.764 euros, «con el fin de compensarse de la disminución de sus ingresos» al cesar en los cargos que había ejercido en el Parlamento asturiano y en el Senado.

Durante la vista oral, que tuvo que ser suspendida por el ingreso hospitalario de Fernández Villa, la defensa insistió en la vulneración de derechos porque su delicado estado de salud y su deterioro cognitivo le impedían afrontar un proceso con garantías.

No obstante, la sentencia recuerda que el informe médico-forense concluyó que «no padece un notable deterioro mental, de sus funciones cognitivas, volitivas e intelictivas», algo que, según el tribunal, quedó evidenciado durante el juicio, donde respondió «convenientemente y conforme a sus intereses y línea de defensa».

En esta misma causa, también fue condenado el ex secretario general del Infide, dependiente del SOMA-UGT, Pedro Castillejo, a dos años de prisión y al pago de una indemnización a la Fundación de 114.954 euros por haber desviado esa cantidad de dinero a su patrimonio personal.

Fernández Villa, que entre otros cargos políticos también fue senador del PSOE y diputado en el Parlamento asturiano, también está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el origen de los 1,4 millones que regularizó en la última amnistía fiscal.

El ex líder sindical es uno de los investigados en la Operación Hulla, que ha puesto el foco en el supuesto desvío de fondos en la construcción de un geriátrico del Montepío de la Minería en la localidad asturiana de Felechosa.