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Un Ayuntamiento de Madrid rinde homenaje a un dirigente comunista del Frente Popular, con el apoyo del PP y C’s

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Por Laureano Benítez Grande-Caballero.- El pasado martes 21 de enero, el grupo municipal de VOX en Torrelodones (provincia de Madrid) presentó al Pleno del Ayuntamiento una moción con una propuesta para que se retiraran de la localidad todos los homenajes que el Consistorio ―con mayoría absoluta de Vecinos por Torrelodones (VxT)― tiene actualmente a la memoria de Mariano Cuadrado Fuentes, quien fuera alcalde socialista de Torrelodones desde marzo de 1936 hasta mayo de 1937. La propuesta fue rechazada por todos los grupos municipales, incluso por el PP, partido que alegó que no había que «reabrir heridas», mientras llamaba a la necesidad de «concordia».

Los homenajes a Cuadrado se hicieron a iniciativa del PSOE de Torrelodones, recogiendo a su vez este grupo municipal una propuesta de la Sociedad Caminera del Real de Manzanares de Torrelodones, la cual pretendía incorporar a Mariano Cuadrado al «martirologio» de la «memoria histórica», adornando su figura con toda clase de méritos, valores y cualidades.

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La iniciativa fue aprobada por unanimidad por todos los grupos de la corporación municipal ―incluido el PP―, y se desarrolló el 17 de septiembre de 2016, fecha en la que la figura del alcalde socialista fue objeto de un homenaje público por parte del Ayuntamiento torrensano.

Dichos homenajes ―sufragados con fondos municipales, claro está―consistieron, básicamente, en designar con su nombre una pequeña plazoleta en el lateral de la casa consistorial, en cuyo centro se plantó un gran olivo «de la paz», protagonizando su inauguración el socialista Ángel Gabilondo. Además, se adosó una placa elogiosa que reza «Maestro y Alcalde de Torrelodones. Socialista, católico y republicano. Fusilado en Madrid el 15 de Septiembre de 1939, dejando mujer y ocho hijos. Su dignidad, honestidad y defensa de la legalidad representan un ejemplo de vida para su familia y amigos, sus vecinos y los más de 5.000 refugiados acogidos en Torrelodones durante la Guerra Civil. Para todo el pueblo de Torrelodones una herencia de la que nos sentimos orgullosos».

Por si todo esto fuera poco, también se colgó un gran panel compuesto con azulejos con dibujos elaborados por niños del pueblo y con frases alegóricas; se realizó un gran acto en el auditorio de la Casa de la Cultura protagonizado por la socialista Francisca Sauquillo, responsable de la Comisión de Memoria Histórica de la Comunidad de Madrid; se llevaron a cabo actos divulgativos sobre la «ejemplar» trayectoria de Cuadrado entre los niños y jóvenes de los colegios e instituto del pueblo; se editó un video y se publicaron numerosos artículos.

La moción del PSOE que dio origen al homenaje se basó en un simple folio facilitado por la Sociedad Caminera lleno de afirmaciones categóricas sin el debido respaldo documental, las más de ellas manifiestamente falsas, y las otras las peores mentiras que son las verdades a medias, o tergiversadas, o sacadas de contexto.

Y es que el caso de Mariano Cuadrado Fuentes es paradigmático, porque son los documentos ―la mayoría de ellos avalados por él mismo―, son los libros de actas de Torrelodones que se conservan todos –Monarquía, II República y etapa de gobierno del Gral. Franco―, los que le acusan de ser lo contrario de lo que reza la placa y, por ende, inmerecido titular de una plaza o calle en Torrelodones.

Esa abundante documentación ha sido estudiada por el torrensano Francisco Bendala Ayuso, quien en su investigación ―que seguimos en el presente artículo― aporta argumentos incontestables que esclarecen la verdad sobre ese presunto «mártir» de la memoria histórica, desmontando implacablemente el Himalaya de mentiras de la placa laudatoria.

El socialismo de Mariano Cuadrado no fue el moderado del socialdemócrata Julián Besteiro, sino el revolucionario de Indalecio Prieto y Largo Caballero, consumados golpistas que llamaban a la revolución marxista y a la Guerra Civil, para instaurar en España la dictadura del proletariado.

En cuanto a su republicanismo, era el frentepopulista, el único que se consideraba legítimo, por lo cual en Torrelodones se reprimió al Partido Republicano Independiente, de «derechas», muy consolidado en la localidad, a cuyos dirigentes se detuvo y encarceló –siendo varios de ellos asesinados, falleciendo otros en la cárcel–, por el solo hecho de no ser afectos a la única «república» que contemplaban Cuadrado y los suyos, es decir, a la frentepopulista.

En la placa se afirma con un descaro impresionante que Cuadrado era católico, cuando la realidad es que fue radicalmente laicista: junto a varias diatribas manifiestamente anticlericales escritas por Cuadrado que se conservan, uno de sus primeros actos nada más hacerse con la alcaldía fue sustraer el cementerio a la parroquia, cerrar la escuela de ideario católico del pueblo precisamente por ello y, nada más estallar la guerra, la incautación del edificio en construcción de las Escuelas de los Cruzados de la Enseñanza también sólo por su ideario católico, edificio que fue ocupado por la UGT; asimismo, entre los detenidos figuró el cura-párroco, sin que Cuadrado lo impidiera, el cual, además, moriría en prisión.

Otra mentira himalayesca es afirmar que destacó por su «defensa de la legalidad», cuando su acceso a la alcaldía de Torrelodones no emanó de unas elecciones locales, ya que Cuadrado y sus correligionarios frentepopulistas protagonizaron el 16 de Marzo de 1936 un «golpe municipal» expulsando al Consistorio de entonces ―mayoritario del Partido Republicano Independiente y emanado de las elecciones locales de 193―3, mediante una manifiesta actuación ilegal en complicidad con el nuevo Gobernador Civil frentepopulista, cuando ni siquiera había estallado la guerra, por lo que la legalidad republicana que vulneraban estaba intacta.

Una vez conseguida la alcaldía mediante el «golpe municipal», amparó la represión y los desmanes frentepopulistas en el pueblo tras el estallido de la guerra, manifiestamente ilegales e ilegítimos.

Desde su puesto de máxima autoridad civil del pueblo amparó –y protagonizó en muchos casos– las múltiples «incautaciones» de propiedades privadas, registros y requisas de todo tipo de bienes, en comandita con el Comité del Frente Popular, las «organizaciones obreras» (¿?) y las milicias frentepopulistas, pretendiendo una apariencia legal a lo que fue en realidad un criminal expolio.

Como máxima autoridad civil del pueblo fue responsable, por acción y/o inhibición, de la detención ilegal e ilegítima de todos los desafectos al Frente Popular ―por medio de las milicias frentepopulistas y «organizaciones obreras» del pueblo―, varios de los cuales acabaron siendo asesinados o fallecieron en la cárcel, mientras que otros fueron privados de su libertad durante toda la guerra.

La pretensión de Cuadrado de que se limitaba a enviarlos a la Dirección General de Seguridad, no puede ocultar que sabía, en primer lugar, que no había motivos para su detención ni él podía ordenarla ni consentirla; y, segundo, el fin que les esperaba en tal organismo, si es que llegaban a él, claro, como sucedió en varios casos. El hecho de que en la zona frentepopulista no se hubiera declarado el «estado de guerra» incide aún más en que tales detenciones fueron siempre ilegales.

Requisó las armas existentes en el pueblo con la excusa de evitar presuntos «complots contra la República», cuando en realidad lo que Cuadrado hizo fue desarmar a los desafectos al Frente Popular, dejándolos indefensos ante los afectos, a muchos de los cuales, además, dotó de armas, vulnerando de nuevo la legislación republicana pues la competencia para expedir dichas licencias era exclusiva del Ministerio de la Gobernación (Interior), no de los ayuntamientos.

Es importante el pasaje que consta en acta de pleno municipal en el que cuando pregunta el 1er Teniente de Alcalde «si habían sido detenidos todos los que figuraban en la lista del Partido Republicano Independiente», Cuadrado contesta que «no depende de él, pues él se ha limitado a entregar la lista a la Brigada de Investigación (organismo frentepopulista que amparaba el funcionamiento de las checas) con lo cual queda terminada su misión y que lo que procede es recurrir al Frente Popular para tomar un acuerdo fulminante y así se acuerda». Y es importante porque lo dicho se produce el 15-10-1936, es decir, dos semanas antes de que sean asesinados los primeros de los detenidos, de forma que es Cuadrado quien propone algo tan significativo como «recurrir al Frente Popular para tomar un acuerdo fulminante» y así se acuerda y debió hacerse.

La investigación, con nombres, apellidos, circunstancias, datos fidedignos ―despreciando los que no lo son así― arroja un balance estremecedor: ocho torrensanos (8) asesinados, uno de ellos el cuarto hijo del marqués de Urquijo en el propio pueblo, y cuarenta y cuatro torrensanos más (44) encarcelados durante los tres años de guerra, de ellos cinco (5) no vieron la libertad al morir en la cárcel durante aquel período, como tampoco el único hijo del Conde de las Almenas, que fue asesinado.

En lo que se refiere a la acogida de 5.000 desplazados de la Sierra Norte, la cifra está sobredimensionada, y esa labor se hizo también en otros pueblos de la zona, con la salvedad de que Cuadrado procuró su traslado a Majadahonda o Valencia.
Enfrentado a sus correligionarios de la «comisión gestora» ―cuya corrupción intentó perseguir―, fue encarcelado y juzgado en mayo de 1937, y cesado en septiembre de ese mismo año.

Tras la victoria nacional, Cuadrado fue sometido ―según la legalidad vigente en la República para «estados de guerra», que fue la que imperaba en el bando nacional― a un consejo de guerra que contó con todas las garantías jurídicas exigibles para tal procedimiento, incluidos defensor, testigos de cargo y de descargo; por desgracia para Cuadrado, no se presentó ninguno de esta última clase, lo que resulta muy significativo, no pudiéndose achacar a un pretendido miedo hacia las nuevas autoridades, ya que en multitud de otros procesos idénticos los hubo, como así consta.

Lo que llevó a Cuadrado a la muerte fueron, sobre todo, los cinco asesinados tras ser detenidos en Torrelodones, cuyos familiares coincidieron en señalarle directamente como responsable de sus detenciones.

Ésta es ―a grandes rasgos― la «ejemplar» trayectoria de Mariano Cuadrado, de quien los torrensanos al parecer tienen la obligación de «sentirse orgullosos», así como también los votantes del PP y C’s se tendrán que sentir orgullosos de que sus grupos municipales hayan apoyado el rendir pleitesía a un personaje tan impresentable, nada extraño en el socialdemócrata y liberalísimo C’s, y tampoco en el PP, que no abolió la ignominiosa Ley de Memoria Histórica ni aun teniendo mayoría absoluta en El Congreso, que nunca ha acometido ninguna acción en contra de los desmanes de esa funesta Ley, que mira para otro lado cuando se mancilla la memoria de héroes y patriotas…

No pueden alegar ignorancia de los desmanes de Cuadrado, porque la documentación del caso ―aportada por Francisco Bendala― estaba en poder del Ayuntamiento de Torrelodones, y porque en el transcurso de la moción el portavoz de VOX expuso pormenorizadamente todos los delitos de mariano Cuadrado.

Pero parece ser que el asunto no terminará aquí, porque, amparándose en la normativa europea de septiembre de 2019 que prohíbe la pervivencia en los espacios públicos de vestigios del comunismo, es muy posible que se convoquen nuevas acciones, a través de las cuales se buscará la completa erradicación de cualquier homenaje laudatorio a la figura de Mariano Cuadrado, lucha que debería extenderse a todas las localidades españolas donde haya pervivencia de vestigios comunistas en espacios públicos, entre los cuales habrá seguramente más «Marianos Cuadrados».

Sobre esa lucha hablaremos en el próximo artículo.


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Comunidad de Madrid

Otra bofetada de la Justicia al Gobierno y sus manifiestas violaciones de la ley: El TSJM se carga la orden de confinar Madrid del Gobierno bolivariano de Pedro Sánchez

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LR.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no avala las nuevas restricciones impuestas en Madrid desde el pasado sábado para intentar frenar el avance de la pandemia al entender que limitan derechos y libertades fundamentales sin habilitación legal suficiente. Así lo ha acordado -en contra del criterio de la Fiscalía- la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del citado tribunal en una resolución en la que se niega a ratificar las medidas acordadas a regañadientes por la Comunidad de Madrid -que recurrió las medidas judicialmente- en el apartado tercero de la orden de la Consejería de Sanidad , que establece limitaciones en Madrid capital y otros nueve municipios de la región -Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz- en ejecución de la orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Con independencia de que “las medidas restrictivas de tal derecho fundamental fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”, los magistrados concluyen en su resolución que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud «no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales”.

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Los magistrados afirman ser conscientes “de la gravedad de la crisis sanitaria sin precedentes ante la que se enfrentan los poderes públicos y que padece nuestra sociedad”, así como de la necesidad de adoptar “medidas inmediatas y eficaces de diversa índole para proteger la salud de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud”. Entre éstas, admite, “cabría incluir medidas limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance”. Pero para implantarlas, concluye, “nuestro sistema constitucional articula instrumentos jurídicos de diversa naturaleza que ofrecen cauces jurídicos diferentes para delimitar, modular, restringir, e incluso suspender los derechos fundamentales de las personas, respetuosos con las garantías constitucionales”.

Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos, hace hincapié el tribunal, “no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas”. Este es un presupuesto “de necesario cumplimiento”, añade, para que “esta Sala, cuya función es administrar justicia, sometida únicamente al imperio de la ley, interpretando y aplicando nuestro ordenamiento jurídico, pueda autorizar o ratificar medidas adoptadas por las autoridades sanitarias por razones de salud pública que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales”.

Por lo tanto, sostiene la Sala, las medidas limitativas de derechos fundamentales que establece la orden de la Comunidad de Madrid del pasado día 1 -que se adoptaron, recuerda, “meramente en ejecución” de la orden de Illa- “constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

Reproche a los políticos



Para el Tribunal Superior resulta “llamativo” que ante la situación de emergencia sanitaria y teniendo en cuenta el marco legal existente “no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país». Sobre todo teniendo en cuenta, recalcan los magistrados, que la actual regulación de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales para proteger la integridad física y la salud «resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación”.

Los magistrados precisan en su resolución que en estos momentos el marco legal existente “difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis» al ratificar las medidas en determinadas áreas de la capital el 24 de septiembre y, posteriormente, el pasado día 1. En esta ocasión, subraya, «como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita es la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas” por la Covid-19.

Esa orden ministerial -que plasmó las restricciones aprobadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, “obligando con ello a las comunidades autónomas”-, recuerda la Sala, se dictó al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud Se trata por tanto, según admiten ambas resoluciones, del “único título legal habilitante de la potestad administrativa ejercitada” para implantar las medidas cuya ejecución llevó a cabo la Comunidad de Madrid.

De ahí que, continúe el tribunal, la clave resida en determinar si esa normativa “autoriza la restricción de derechos fundamentales y libertades públicas”, con independencia de que las medidas restrictivas implantadas «fueran necesarias e idóneas para evitar la extensión de la enfermedad en una situación de pandemia como la actual”. Algo que, concluye, no se produce.

Estado de alarma



La Sala recuerda que “se ha venido admitiendo la posibilidad de que por ley orgánica, e incluso mediante ley ordinaria, se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales” sin necesidad de decretar el estado de alarma. Siempre y cuando, matiza, que esa limitación se encuentre “suficientemente acotada en la correspondiente disposición legal de habilitación en cuanto a los supuestos y fines que persigue, de manera que resulte cierta y previsible, y este justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales”.

En esa línea, apunta, la exposición de motivos del Real Decreto Ley-ley 21/2020, de 9 de junio busca “garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud” ante situaciones de crisis sanitarias, aunque «quedando al margen de su finalidad la de autorizar medidas limitativas de la libertad de circulación, como muestra el hecho de que asocie de forma reiterada las mismas a la declaración de estado de alarma”, precisa el TSJ madrileño.

Para el tribunal no hay duda de que en nuestro sistema constitucional corresponde a “los representantes de los ciudadanos en las Cortes Generales” la “delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial”.


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Comunidad de Madrid

El recurso de Ayuso contra la orden de Illa tiene «serias opciones» de ser estimado

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 Ayuso tiene ‘opciones’ en su particular partida contra el Gobierno. La Comunidad presentará mañana recurso contra la orden de Sanidad que obliga a Madrid a aplicar más restricciones para hacer frente al Covid. «Legalmente lo estamos estudiando (el recurso) con el Abogado de la Comunidad y viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente, porque no hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuelapluma» dijo Ayuso este jueves en Esradio. Poco después, en el pleno de la Asamblea de Madrid, volvió a repetirlo: «Iremos a los tribunales nuevamente como lo hicimos con el cambio de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, y que sean objetivas y justas.»

 

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Si hace dos semanas Sánchez y Ayuso escenificaron la imagen del acuerdo y la cogobernanza en la Puerta del Sol, este jueves la Comunidad de Madrid anunció que recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden de Sanidad que impone el cierre de la capital y otras diez localidades de alrededor. Han sido días tensos entre el gobierno autonómico y el Ministerio de Sanidad que no han terminado en acuerdo, porque la negativa de Ayuso a tomar más medidas ha obligado a Salvador Illa a coger las riendas e imponer las restricciones a través de una orden que entrará en vigor en menos de 48 horas.

La presidenta regional aseguró que acatará la orden «de manera estricta», aunque advirtió que tratará que sea la Justicia quien obligue a Sanidad a rectificar. Una advertencia que se hará efectiva este viernes: «Recurriremos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid», aseguró la líder popular este miércoles en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Pedro Sánchez e ISabel Díaz Ayuso en el ya lejano pacto de la Puerta del Sol.

Pedro Sánchez e ISabel Díaz Ayuso en el ya lejano pacto de la Puerta del Sol.

Una jugada que podría salirle bien a Díaz Ayuso. Según Antonio Benítez Ostos, abogado experto en la jurisdición de lo contencioso administrativo, habría «serias opciones de estimación» del recurso. Ostos señala que la disposición de Sanidad nace en virtud del artículo 14.1 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, que señala que los acuerdos en relación a las materias de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud «se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso».

No hubo consenso

«Debiendo haber consenso en la adopción de las medidas restrictivas y habiéndose limitado a la mayoría», con el rechazo expreso -además de Madrid- de Cataluña, Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, que también se opusieron a la orden de Sanidad, «no puede afirmarse que se siguiese el procedimiento legalmente previsto para su aprobación», apunta Benítez Ostos. Por lo que, de formalizarse el recurso que ha anunciado Ayuso, el tribunal de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional podría estimarlo.

¿Dejarían en ese momento de ser obligatorias las nuevas restricciones?. No, explica Antonio Benítez Ostos: habría que seguir cumpliendo con la orden de Illa , salvo que se solicitase, junto a la interposición del recurso, la adopción de la medida cautelar de suspensión urgente, conocida como una medida «cautelarísima». Aún así, «su mera interposición no impide que la orden del gobierno sea aplicada de forma inmediata a los ciudadanos», sino que habría que solicitar la cautelarísima y que los Tribunales de Justicia la resolvieran de forma urgente.

Por el momento, y sin más movimientos por parte del Gobierno autonómico que el de apuntar a los tribunales como solución al conflicto con Sanidad, Madrid tendrá que cumplir con las nuevas restricciones y acatar las medidas de Illa.


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Comunidad de Madrid

Pedro Sánchez, dispuesto a destrozar a Ayuso destrozando Madrid: un coste de 600 millones de euros semanales y un desplome del PIB de un 15%

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ISABEL DÍAZ AYUSO ACATA LA ORDEN PERO ACUDIRÁ A LOS TRIBUNALES

“Las restricciones de movilidad en Madrid pueden tener un peligroso efecto en una economía ya muy castigada”

El Gobierno no ha parado hasta que lo ha conseguido imponiendo en Madrid las restricciones de movilidad previstas en su plan a pesar de la oposición de la Comunidad de Madrid.

Cristina L. Mantas.- El mecanismo para llevarlo a cabo es a través de una orden ministerial, algo que se trata de una «decisión colegiada» según informó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud.

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No obstante, minutos después, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, indicaba que la orden «jurídicamente, no es válida» al no haber sido decidida por consenso. «El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus«, comunicaba en rueda de prensa el consejero de Sanidad madrileño.

Por su parte, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso -después de la publicación en el BOE de la orden que restringe la movilidad en diez municipios madrileños- ha advertido que las órdenes impuestas las recurrirá a los tribunales ya que, a su juicio, son «injustas».

«Iremos a los tribunales nuevamente como lo hicimos con el cambio de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas. Recurriremos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid», ha señalado en el pleno de la Asamblea.

Esta decisión de Sanidad afecta, además de Madrid capital, a otros municipios madrileños Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y Madrid.

La decisión del Gobierno acabará con miles de empleos

Con esta situación, lo que muchos madrileños se preguntan es cómo afectarán estas restricciones a la economía. De momento, los empresarios de la Comunidad de Madrid advierten que las restricciones pueden llevar a la pérdida de miles de empleos.

«Las restricciones de movilidad en Madrid pueden tener un peligroso efecto en una economía ya muy castigada«, señaló Miguel Garrido, presidente de CEIM.

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) prevé que las nuevas restricciones frente a la pandemia aprobadas por Pedro Sánchez supondrán para la capital de España un coste de 600 millones de euros semanales y una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de un 15 por ciento. Unas cifras catastróficas a la ya delicada situación que teníamos en España.

CEIM ya advirtió de que se «dinamitarán miles de empleos» con la aplicación de estas restricciones. Así, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, solicitó que se aplicasen «medidas distintas» para obtener «resultados distintos»; al aplicar medidas semejantes en marzo se ha obtenido como resultado «rebrotes, ruina económica y empobrecimiento social».


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Comunidad de Madrid

Otra batalla que pierde «La Derechita Cobarde» de Ayuso&Almeida: Un juez anula la orden de la Comunidad de Madrid de prohibir fumar en la calle, el cierre de discotecas y otras medidas contra el COVID

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La orden de la Comunidad de Madrid que prohibía fumar en espacios públicos sin distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno, entre otras medidas contra el coronavirus, ha sido anulada este viernes por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid al no haber sido recogida previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entender que limita los derechos fundamentales si no se ha declarado un estado de alarma.

El magistrado sustituto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Madrid, Alfonso Villagómez Cebrián, deja así sin efecto las medidas que la Comunidad de Madrid puso este jueves en marcha para frenar el repunte de casos en la región como el cierre de los locales de ocio nocturno, la prohibición de comer en el transporte público y la de fumar en la calle y en las terrazas si no se cumple una distancia interpersonal de dos metros, entre otras.

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Según el juez, la normativa regional no se puede aplicar al hacer referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada previamente en el BOE, lo cual la convierte en “nula de pleno derecho”. Al no haberse llevado a cabo este hecho, la orden ministerial “no ha ganado eficacia”, lo que impide que todas las que han surgido a raíz de ella carezcan de validez, en referencia al resto de disposiciones autonómicas.

«Por consiguiente, esta Orden ‘comunicada’ del ministro de Sanidad no ha ganado eficacia y vigencia por no haberse publicado, con la consecuencia trascendental de ser nula de pleno derecho y que, además, no podría ser convalidada», señala el auto al que ha tenido acceso RTVE, el cual puede ser recurrido en un plazo máximo de 15 días.

 

«Estos instrumentos legales ya existen en nuestro ordenamiento»

Villagómez asegura que es «consciente de las dificultades ante las que nos encontramos» y que la pandemia «ha dejado al descubierto muchos problemas normativos y jurídicos que deberán resolverse de la manera adecuada por los órganos constitucionalmente competentes», pero que muchas de estas prohibiciones se pueden perseguir con otras leyes ya vigentes.

«Desde las Comunidades Autónomas se están reclamando instrumentos jurídicos para luchar eficazmente contra el coronavirus, cuando estos instrumentos legales ya existen en nuestro ordenamiento, y solo hace falta ponerlos en marcha», explica.

Villagómez asegura en el auto que “desde una Comunidad Autónoma no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma” ya que «a partir de un cierto umbral de intensidad en la afectación de los derechos fundamentales», a pesar de que no ocurre en este caso, «la única excepción […] es una declaración de estado de alarma singularizada a su territorio».

«De esta manera se podría limitar en el territorio de la Comunidad de Madrid la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Además, el Gobierno puede delegar en la autoridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid (art. 7 LO 1/1981) la ejecución de las medidas restrictivas de derechos, y, en fin, que el gobierno autonómico puede alertar de la situación en la Comunidad de Madrid y solicitar al Gobierno esta declaración de alarma”, subraya.

Así, sostiene que los derechos fundamentales “no son ilimitados”, por lo que pueden “modularse cumpliendo los requisitos legales para ello”, y «aunque puedan justificarse determinadas decisiones desde el prisma de criterios no jurídicos», el magistrado cree que «no adquieren la categoría de limitación y afectación de los derechos fundamentales, y, en el caso hipotético de que lo fueran, no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la Orden de la Consejería de Sanidad», concluye.


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