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Hispanoamérica

Un coche bomba deja 21 muertos y 68 heridos en la Escuela de Policía de Bogotá

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La camioneta entró en la Escuela de Cadetes y segundos después voló por los aires.
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Un atentado terrorista en la capital colombiana con una camioneta cargada con 80 kilos de explosivos, dejó 21 muertos y 68 heridos en la Escuela de Policías de Bogotá.

Aunque las primeras informaciones apuntaban a un saldo de 10 fallecidos, las autoridades informaron este viernes de el aumento de esta cifra. “Lamentablemente, el saldo preliminar es de 21 personas fallecidas, incluyendo al responsable del hecho, y de 68 heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales con el apoyo de organismos de socorro y emergencia del Distrito” de Bogotá, señala el comunicado divulgado por la Policía.

El nuevo balance duplica la cifra de muertos manejada a lo largo del día, que daba cuenta de 10 fallecidos, aunque esta noche la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, habló de 11 víctimas mortales.

Pasadas las 9.30 hora local (14.30 GMT), la camioneta, del año 1993 y cargada con el explosivo pentolita, ingresó en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, situada en el sur de Bogotá, y segundos después voló por los aires.

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que “en una acción de reacción inmediata” de distintos organismos del Estado se logró establecer que el vehículo era conducido por un hombre identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, de quien no ha trascendido más información.

Martínez no detalló si Rojas Rodríguez, que murió en la explosión, formaba parte de algún grupo armado ilegal, ni tampoco si se trató de una acción suicida o si los 80 kilos de pentolita fueron detonados a distancia sin darle tiempo de escapar, como ha ocurrido en otras ocasiones en el país.

“Hemos logrado establecer la autoría material de este execrable crimen, de este acto terrorista”, dijo el fiscal en una declaración a la prensa junto con el presidente colombiano, Iván Duque, desde el lugar del atentado.

El ataque ha sido ampliamente condenado por gobiernos de distintas partes del mundo y por organismos internacionales como la ONU y la OEA.

El fiscal añadió que Rojas Rodríguez “fue quien ingresó a la escuela a las 9.30 de la mañana de este jueves en una camioneta gris Nissan Patrol” que, según datos de las autoridades de tránsito, pasó por controles técnicos y mecánicos por última vez en Arauca, que forma parte del departamento homónimo, fronterizo con Venezuela.

El último registro ante las autoridades de tránsito del vehículo usado en el atentado se llevó a cabo el 27 de julio de 2018, cuando se le hizo una revisión técnico-mecánica en Arauca, capital del departamento del mismo nombre, situado en el este del país, en la frontera con Venezuela.

Arauca es un selvático departamento en el que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene uno de sus bastiones y en el que al también hay disidentes de las FARC.

A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, las autoridades no han señalado a ningún grupo como responsable del ataque de este jueves y el fiscal manifestó que en las próximas horas podrán “dar mayor información” sobre “quienes son los determinadores o actores intelectuales de este acto terrorista”.

El último atentado de este tipo en la capital colombiana era el 17 de junio de 2017, cuando un explosivo que estalló en un baño de mujeres del Centro Comercial Andino segó la vida de tres personas, incluida una francesa, y causó heridas a nueve más.

Ese atentado fue atribuido al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), un grupo poco conocido que se define como “guerrilla urbana” y que en ocasiones ha sido vinculado con el ELN.

Por su parte, el presidente Duque, que junto con el fiscal y otras autoridades recorrió las instalaciones de la Escuela de Cadetes, explicó que ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía que con sus organismos de inteligencia ayuden a esclarecer “quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal”.

“Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo; siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción. No nos doblegarán”, subrayó Duque quien regresó en forma apresurada de Quibdó, capital del departamento del Chocó (oeste), donde este jueves tenía previsto celebrar un consejo de seguridad regional.

Los colombianos esperan que la Fiscalía no solo aclare quiénes encomendaron el atentado a Rojas Rodríguez sino también como fue que éste logró ingresar con la camioneta llena de explosivos a la escuela policial.

Una funcionaria de los organismos de salud de las Fuerzas Militares que no se identificó relató a Caracol Radio que la camioneta llegó a los controles de seguridad de la escuela y “mientras le hacían el registro un perro detectó el explosivo”.

Según la versión de la mujer, al verse descubierto, el conductor “arrancó” el vehículo y “pasó por encima de un policía de la guardia”.

Enseguida otros policías corrieron detrás de la camioneta para tratar de detenerla pero ésta se estrelló contra un alojamiento femenino de la escuela y se produjo la detonación, de tal magnitud que partió árboles por la mitad y dejó una escena dantesca, con restos humanos esparcidos por el piso.

Entre los diez fallecidos la única persona identificada hasta el momento es la cadete ecuatoriana Erika Chicó, cuya muerte fue confirmada por el presidente de su país, Lenín Moreno.

También resultó herida su compatriota Carolina Sanango, así como el panameño Kevin Madrid, quienes fueron trasladados al igual que los otros lesionados a diversos hospitales bogotanos.

La presencia de los cadetes extranjeros en la escuela atacada se debe a que miembros de las fuerzas de seguridad de distintos países latinoamericanos reciben instrucción en centros militares y de policía colombianos.

La Policía indicó además que de los 68 heridos 58 han recibido el alta médica y que las autoridades llevan a cabo “los correspondientes procesos de identificación de las víctimas” mortales.

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El Parlamento de Ecuador rechaza la propuesta para legalizar el aborto en caso de violación

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Manifestantes protestan este martes tras la negativa del Legislativo ecuatoriano a despenalizar el aborto
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La Asamblea Nacional de Ecuador ha rechazado la propuesta para legalizar el aborto para víctimas de violación en caso de incesto con 65 votos a favor de la propuesta, 59 en contra y seis abstenciones.

La votación no ha alcanzado la cifra de votos necesarios que se encuentra en 70 para que la reforma fuera aprobada, según ha recogido el diario «El Comercio». Curas, monjas y grupos religiosos han protestado este martes frente a las puertas del Congreso para luego celebrar el resultado con alabanzas.

«Se quería legalizar el crimen de un inocente y lo que han hecho los legisladores es respetar el sentir del pueblo», ha señalado Amparo Medina, de la organización Red Pro Vida, según ha recogido la agencia de noticias Reuters. «Es una victoria de los niños por nacer que ahora tienen derecho a vivir».

Por su parte, la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien apoyaba la despenalización del aborto, ha indicado que «la lucha continúa por las miles de mujeres que han sido obligadas a parir de sus agresores, por las que han fallecido en la clandestinidad y por las que aún no nos rendimos».

Cuestión de derechos

«Será ley porque no es un tema de dogmas, es un tema de derechos», ha subrayado Aguiñaga a través de su cuenta en la red social Twitter.

El aborto es legal en el país cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la embarazada o cuando una mujer con discapacidad mental quede embarazada como resultado de una violación.

El país cuenta con unas altas tasas de violencia de género y, según una encuesta de 2012, aproximadamente el 25 por ciento de las mujeres sufre violencia sexual a lo largo de su vida, con una tasa particularmente alta de violaciones de niñas adolescentes. Así, cerca de 2.000 niñas menores de catorce años dan a luz en Ecuador cada año.

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Hispanoamérica

Bolsonaro, contra Bachelet: “Si no fuera por Pinochet, Chile hoy sería una Cuba”

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Combo de imágenes de Jair Bolsonaro y Michelle Bachelet
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El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó este miércoles una durísima crítica a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a quien acusó de defender a “vagabundos” y atacó incluso por el lado personal.

“Señora Michelle Bachelet: Si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba”, dijo Bolsonaro en respuesta a declaraciones de la expresidenta chilena, quien criticó la violencia policial y la situación de los derechos humanos en Brasil.

“Nos acusa de que no estamos castigando a los policías que matan gente en Brasil”, pero “está defendiendo los derechos humanos de los vagabundos”, afirmó el líder de la ultraderecha brasileña en declaraciones ofrecidas a periodistas a las puertas del Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia.

Según Bolsonaro, “lo único” que tiene en común con Bachelet es el nombre Michelle, el mismo de su esposa, pero por lo demás sólo puede expresar sus “pésames” a la expresidenta de Chile.

“Perdió la pelea con la agenda ambiental, igual que Macron, y ahora viene con la agenda de los derechos humanos”, dijo Bolsonaro, en alusión al embate verbal que mantuvo con el presidente galo a causa de sus críticas por los incendios desatados en la Amazonía y la falta de compromiso de Brasil con el medioambiente.

En el mismo tono beligerante, el presidente brasileño agregó que “parece que la gente que no tiene nada que hacer, como Michelle Bachelet, va para la silla de derechos humanos de la ONU”.

Las declaraciones de Bolsonaro fueron una respuesta a algunas críticas que Bachelet hizo a Brasil este mismo miércoles, durante la presentación de un balance de su gestión como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, cargo que ocupa desde hace un año.

“Entre enero y junio de 2019, sólo en Río de Janeiro y Sao Paulo, se nos ha informado de 1.291 personas asesinadas por la policía, un aumento del 12 al 17 % comparado con el mismo periodo del año pasado”, detalló Bachelet en relación a Brasil en ese balance, presentado en Ginebra.

Agregó además que la mayoría de las víctimas fueron habitantes de las favelas y afrodescendientes, todo en un contexto de “un marcado aumento de la violencia policial” y de “discursos que legitiman las ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de rendición de cuentas”.

Ese es precisamente el discurso de Bolsonaro, quien suele decir que “bandido bueno es bandido muerto” y afirma que si un policía mata a un delincuente, cualquier sea la circunstancia, debería recibir una “condecoración” en vez de ser investigado.

La polémica con la funcionaria de la ONU ocurre en vísperas de una visita a Brasil del canciller chileno, Teodoro Ribera, quien será recibido este jueves por su homólogo brasileño, Ernesto Araújo, y reafirmará las excelentes relaciones entre los presidentes Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera, adversario político de Bachelet.

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Hispanoamérica

Un brutal ataque a un local para adultos en México se salda con al menos 26 muertos

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Puerta de entrada de 'El caballo blanco', el local atacado
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La masacre con 26 muertos en un bar nocturno del puerto de Coatzacoalcos, en el oriental estado de Veracruz, exhibe la fuerza del narcotráfico en algunas regiones de México y deja al descubierto una nueva grieta en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

‘El caballo blanco’, un local para adultos, fue atacado el martes a las 22.00 hora local (03.00 GMT) cuando se encontraba repleto de gente, primero con ráfagas de metralleta por individuos que dispararon de forma indiscriminada para después lanzar bombas molotov.

La cifra, todavía preliminar, es de 26 muertos y 11 lesionados que están hospitalizados.

Este día, López Obrador lamentó la masacre y calificó la jornada de “muy difícil” en este puerto de Veracruz, un estado que padece la dura disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Los Zetas desde hace años.

Si bien esta masacre no es el único suceso sangriento de las últimas horas en el país, que acumula 20.135 homicidios de enero a julio.

En Nuevo Laredo, ciudad fronteriza con Estados Unidos, murieron este martes 12 personas en diferentes choques de presuntos sicarios con las fuerzas de seguridad. Y hace unos días, en la también fronteriza Ciudad Juárez mataron a balazos a tres niñas y a su tío en su casa.

En las últimas horas, un vídeo difundido muestra a dos hombres siendo degollados en Coatzacoalcos, uno de ellos supuesto dueño del bar atacado, Agustín Javier Ronson González.

Durante el asesinato, los perpetradores del crimen advierten que “el material (la droga) no se vende sin sello” y que la “la plaza (su área) tiene dueño”.

Cruce de acusaciones

Este martes, López Obrador apuntó a un posible “contubernio” entre autoridades locales y el crimen organizado, que derivó en esta masacre.

De acuerdo con su información, dada a conocer desde Palacio Nacional, uno de los posibles responsables había sido detenido en julio, pero fue puesto en libertad por la Fiscalía General del Estado (FGE) del estado de Veracruz. Además, indicó que se investigaría esta institución.

Según el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, Ricardo “N”, Ricardo “N”, alias La Loca, uno de los presuntos autores materiales de esta masacre, y fue detenido en julio pero liberado “en menos de 48 horas” por la Fiscalía estatal.

Pero horas después, la Fiscalía estatal negó haberlo liberado, exhibiendo un claro choque entre instituciones en un país donde la impunidad en los crímenes es de más del 98 %.

“Absolutamente falso que Ricardo “N” alias La Loca haya estado a disposición de la FGE, fue la FGR (Fiscalía General de la República) quien conoció del asunto y determinó su situación jurídica”, se defendió.

Además, aseguraron que La Loca fue detenido nuevamente el 7 de agosto por la Policía Naval y puesto nuevamente a disposición de la delegación de la FGR.

Grieta en la estrategia de seguridad

Este nuevo acto de violencia sucede cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando su discurso de gobierno el próximo domingo con una gestión en materia de seguridad muy criticada.

Pese a su promesa de reducir la inseguridad, los niveles continúan al alza y en los primeros siete meses de 2019 han ocurrido 20.135 homicidios en todo el país, con un promedio nacional de 95,8 casos por día, según cifras oficiales.

Entre sus acciones para frenar la ola de violencia está atender las causas y, sobre todo, la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y conformado por militares, marinos y policías federales.

Este cuerpo, con decenas de miles de elementos, ha sido criticado por organizaciones civiles y organismos internacionales, preocupados porque solidifica la presencia de militares en las calles.

“No existe una estrategia nacional de seguridad, hay algunos planes y programas, pero no hay una estrategia integral”, dijo este miércoles en entrevista con Efe el especialista en temas de seguridad Javier Oliva.

Para Oliva, la masacre en Coatzacoalcos es un reflejo de la “lógica y dinámica” del crimen organizado y “una clara evidencia de la creciente ola de criminalidad” que se vive en México, que además no entiende de partidos políticos.

El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que los hechos de Veracruz “dejan ver la ausencia de objetivos a nivel de regiones y a nivel estatal”.

Reconoció que los únicos que “están haciendo el trabajo” son los militares y la Guardia Nacional “quienes hacen lo que pueden” pero desafortunadamente son un número reducido y en ocasiones se ven rebasados como se ha podido ver en casos recientes.

Para el especialista, lo ocurrido en Coatzacoalcos es un indicativo de la extorsión de parte del crimen organizado hacia establecimientos, que deben pagar cuotas o vender sus drogas.

Oliva consideró que el posicionamiento en los últimos días del Gobierno mexicano respecto al tema de seguridad no ha sido el mejor.

Primero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó y desmintió que negociara un pacto con el crimen organizado, en unas declaraciones muy confusas.

Y hace unos días, López Obrador dijo que “el Ejército no se usa para reprimir al pueblo”. Y cuestionado sobre si el “narco” también es pueblo, dijo: “Sí, es pueblo, todos son seres humanos”.

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