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Hispanoamérica

Un coche bomba deja 21 muertos y 68 heridos en la Escuela de Policía de Bogotá

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La camioneta entró en la Escuela de Cadetes y segundos después voló por los aires.
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Un atentado terrorista en la capital colombiana con una camioneta cargada con 80 kilos de explosivos, dejó 21 muertos y 68 heridos en la Escuela de Policías de Bogotá.

Aunque las primeras informaciones apuntaban a un saldo de 10 fallecidos, las autoridades informaron este viernes de el aumento de esta cifra. “Lamentablemente, el saldo preliminar es de 21 personas fallecidas, incluyendo al responsable del hecho, y de 68 heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales con el apoyo de organismos de socorro y emergencia del Distrito” de Bogotá, señala el comunicado divulgado por la Policía.

El nuevo balance duplica la cifra de muertos manejada a lo largo del día, que daba cuenta de 10 fallecidos, aunque esta noche la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, habló de 11 víctimas mortales.

Pasadas las 9.30 hora local (14.30 GMT), la camioneta, del año 1993 y cargada con el explosivo pentolita, ingresó en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, situada en el sur de Bogotá, y segundos después voló por los aires.

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que “en una acción de reacción inmediata” de distintos organismos del Estado se logró establecer que el vehículo era conducido por un hombre identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, de quien no ha trascendido más información.

Martínez no detalló si Rojas Rodríguez, que murió en la explosión, formaba parte de algún grupo armado ilegal, ni tampoco si se trató de una acción suicida o si los 80 kilos de pentolita fueron detonados a distancia sin darle tiempo de escapar, como ha ocurrido en otras ocasiones en el país.

“Hemos logrado establecer la autoría material de este execrable crimen, de este acto terrorista”, dijo el fiscal en una declaración a la prensa junto con el presidente colombiano, Iván Duque, desde el lugar del atentado.

El ataque ha sido ampliamente condenado por gobiernos de distintas partes del mundo y por organismos internacionales como la ONU y la OEA.

El fiscal añadió que Rojas Rodríguez “fue quien ingresó a la escuela a las 9.30 de la mañana de este jueves en una camioneta gris Nissan Patrol” que, según datos de las autoridades de tránsito, pasó por controles técnicos y mecánicos por última vez en Arauca, que forma parte del departamento homónimo, fronterizo con Venezuela.

El último registro ante las autoridades de tránsito del vehículo usado en el atentado se llevó a cabo el 27 de julio de 2018, cuando se le hizo una revisión técnico-mecánica en Arauca, capital del departamento del mismo nombre, situado en el este del país, en la frontera con Venezuela.

Arauca es un selvático departamento en el que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene uno de sus bastiones y en el que al también hay disidentes de las FARC.

A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, las autoridades no han señalado a ningún grupo como responsable del ataque de este jueves y el fiscal manifestó que en las próximas horas podrán “dar mayor información” sobre “quienes son los determinadores o actores intelectuales de este acto terrorista”.

El último atentado de este tipo en la capital colombiana era el 17 de junio de 2017, cuando un explosivo que estalló en un baño de mujeres del Centro Comercial Andino segó la vida de tres personas, incluida una francesa, y causó heridas a nueve más.

Ese atentado fue atribuido al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), un grupo poco conocido que se define como “guerrilla urbana” y que en ocasiones ha sido vinculado con el ELN.

Por su parte, el presidente Duque, que junto con el fiscal y otras autoridades recorrió las instalaciones de la Escuela de Cadetes, explicó que ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía que con sus organismos de inteligencia ayuden a esclarecer “quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal”.

“Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo; siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción. No nos doblegarán”, subrayó Duque quien regresó en forma apresurada de Quibdó, capital del departamento del Chocó (oeste), donde este jueves tenía previsto celebrar un consejo de seguridad regional.

Los colombianos esperan que la Fiscalía no solo aclare quiénes encomendaron el atentado a Rojas Rodríguez sino también como fue que éste logró ingresar con la camioneta llena de explosivos a la escuela policial.

Una funcionaria de los organismos de salud de las Fuerzas Militares que no se identificó relató a Caracol Radio que la camioneta llegó a los controles de seguridad de la escuela y “mientras le hacían el registro un perro detectó el explosivo”.

Según la versión de la mujer, al verse descubierto, el conductor “arrancó” el vehículo y “pasó por encima de un policía de la guardia”.

Enseguida otros policías corrieron detrás de la camioneta para tratar de detenerla pero ésta se estrelló contra un alojamiento femenino de la escuela y se produjo la detonación, de tal magnitud que partió árboles por la mitad y dejó una escena dantesca, con restos humanos esparcidos por el piso.

Entre los diez fallecidos la única persona identificada hasta el momento es la cadete ecuatoriana Erika Chicó, cuya muerte fue confirmada por el presidente de su país, Lenín Moreno.

También resultó herida su compatriota Carolina Sanango, así como el panameño Kevin Madrid, quienes fueron trasladados al igual que los otros lesionados a diversos hospitales bogotanos.

La presencia de los cadetes extranjeros en la escuela atacada se debe a que miembros de las fuerzas de seguridad de distintos países latinoamericanos reciben instrucción en centros militares y de policía colombianos.

La Policía indicó además que de los 68 heridos 58 han recibido el alta médica y que las autoridades llevan a cabo “los correspondientes procesos de identificación de las víctimas” mortales.


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Hispanoamérica

(IMÁGENES DE VIOLENCIA EXTREMA) El nuevo sistema de justicia que triunfa entre la policía mexicana

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Es curioso (lo de curioso es un decir) que podamos encontrar tantas similitudes entre el oficio de político y el de “chorizo” de poca monta. En ambos casos, los sujetos de nuestro análisis claman por su inocencia, se justifican diciendo que se vieron obligados, y culpan a la sociedad y a las circunstancias.

No me digan que no es cierto.

También resulta llamativa la propensión de los legisladores a ir ablandando las leyes que se aplican a estos criminales que tanto daño hacen, sobre todo, a las personas más humildes de la sociedad. Reconozcámoslo: que nos roben el móvil a nosotros nos descabala el presupuesto de seis meses y nos hunde en una depresión. Que se lo roben a -un político, verbigracia- implica la molestia de pedir otro al personal del Congreso de los Diputados. Y rezar para que no se difundan “aquellas” fotos con la señorita XXX… o esas otras con los amigotes preparando XXX sobre un cristal.

Quizá también el subconsciente -o el consciente- de estos legisladores les haga pensar que, oye, que en cualquier momento pueden sufrir los rigores de la justicia, y mejor que ésta sea benevolente.

Seguramente, por todo lo anterior, hace ya tiempo que el chorizo de poca monta roba sin freno ni medida porque aunque lo hayan pillado 10, 20, o más de 300 veces (no exagero, se dan casos) lo van a soltar en 24 horas.

El caso es que en México parece que han encontrado una solución sencilla, práctica y realmente efectiva: apelando a los instintos más fuertes del ser humano, unos policías castigan a un ladrón confeso con un sistema que no por arcaico deja de ser muy efectivo.

Pasen y vean.

Y si les han robado alguna vez, disfruten estas imágenes.

 


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Hispanoamérica

Venezuela: el 94% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y el 70% de los niños no va al colegio

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El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que muestra su profunda inquietud ante la “grave situación de emergencia” en Venezuela y culpa a Nicolás Maduro de la feroz represión y la violencia indiscriminada existente en el país.

En línea con el informe preparado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras visitar el país, los eurodiputados subrayan la “responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de las fuerzas armadas y de inteligencia en el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y la reinstauración del Estado de derecho en el país”.

El texto, que fue aprobado con 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, reitera el apoyo total al presidente interino legítimo, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional, y respalda el proceso de facilitación impulsado por Noruega, “que debería conducir a la celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles”.

La Cámara pide al Consejo que adopte sanciones adicionales contra los responsables de las vulneraciones de los derechos humanos y la represión en Venezuela. “La UE debe restringir sus movimientos, congelar visados y activos y extender el castigo a sus familiares cercanos”, insisten los eurodiputados.

Represión y ejecuciones extrajudiciales

El Parlamento Europeo condena la feroz represión y la violencia, que incluye el uso de detenciones arbitrarias, tortura sistemática y ejecuciones extrajudiciales, y demanda el establecimiento de un mecanismo independiente, con apoyo internacional, para investigar los asesinatos perpetrados en operaciones de seguridad (más de 7.000 en el último año y medio, según cálculos de la ONU).
La resolución destaca también el caso reciente de Rafael Acosta, el capitán de corbeta que fue arrestado y torturado por su supuesta implicación en un complot para asesinar al presidente Maduro y que murió en prisión.

Crisis humanitaria y migratoria

Los eurodiputados subrayan que más de siete millones de personas en Venezuela requieren asistencia humanitaria, el 94% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y el 70% de los niños no van al colegio. Ante la escasez de alimentos y medicinas, instan al régimen a garantizar la distribución de ayuda humanitaria entre toda la población, sin sesgo político.

Respecto a la crisis migratoria y de refugiados, inciden en que más de 3,4 millones de venezolanos han abandonado el país y advierten de que la cifra puede llegar a 5 millones a final de este año. El Parlamento valora los esfuerzos y solidaridad demostrados por los países vecinos, en particular Colombia, Ecuador y Perú, y pide a la Comisión Europea que continúe cooperando con estos países.

(La Tribuna del País Vasco)


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Hispanoamérica

El Gobierno concedió la residencia a 7.623 venezolanos por “razones humanitarias” en solo seis meses

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España ha concedido la estancia legal de 7.623 ciudadanos de Venezuela en los primeros seis meses de junio 2019 bajo la premisa de la ‘ayuda humanitaria’, según datos del Ministerio del Interior facilitados a Europa Press.

El pasado mes de enero, el Gobierno informó de su intención de conceder la ‘ayuda humanitaria’, que es una figura contemplada en la Ley de Asilo y Refugio, a aquellos venezolanos a los que se les denegase la protección internacional desde 2014. Desde que se puso en marcha esta medida, se ha autorizado a más de 7.600 venezolanos la residencia temporal, cuya duración es de un año y será prorrogable, tal y como han señalado fuentes de Interior.

Esos 7.623 venezolanos que hasta el momento han sido beneficiarios de la ‘ayuda humanitaria’ vieron rechazada su petición de asilo entre febrero y junio de 2019, teniendo en cuenta que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) no se reunió el mes de enero.

La CIAR es la que se encarga de elevar las propuestas de resolución de las peticiones de asilo, previamente analizadas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que es el órgano que instruye el procedimiento para la concesión de protección internacional. La concesión o denegación se hace tras un análisis individualizado de todo solicitante de asilo.

Entre febrero y mayo, la CIAR ha resuelto en total 14.933 expedientes, de los cuales más de la mitad (esos 7.623) son de ciudadanos venezolanos a los que finalmente se les ha denegado el asilo, aunque se les ha otorgado la ‘ayuda humanitaria’.

La cifra de casi 15.000 expedientes elevados a la CIAR supone que en los seis primeros meses de 2019 ya se han superado los 12.889 expedientes que se resolvieron durante todo 2018, según recalcan desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

De acuerdo a los datos facilitados a Europa Press, en febrero se elevaron a la CIAR 1.645 expedientes; en marzo, 1.654; en abril, 2.819; en mayo, 2.834; y en junio, 5.981. De esos casi 6.000 expedientes resueltos en la última CIAR de junio, 4.300 (es decir, el 71,9%) eran de venezolanos a los que, tras serle denegado el asilo, se les ha concedido el permiso temporal de residencia por razones humanitarias.

Según precisan fuentes de Interior a Europa Press, en julio y agosto está previsto que este órgano colegiado se reúna de nuevo y siga resolviendo más expedientes a un ritmo “muy superior” al del año pasado. En 2018, se determinaron entre enero y diciembre un total de 12.899 solicitudes, es decir, de media al mes unas 1.074 resoluciones de peticiones de asilo.

De acuerdo a datos oficiales, durante todo 2018, un total de 20.015 ciudadanos venezolanos pidieron protección internacional en España, encabezando el ranking de las nacionalidades de los solicitantes de asilo en España. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2019, unos 19.729 venezolanos han solicitado protección internacional en España, y sigue siendo la nacionalidad mayoritaria, según cifras provisionales del Ministerio del Interior.

Debido a que desde el año 2011 se ha producido un aumento sostenido en el tiempo de las peticiones de venezolanos, el Gobierno decidió concederles la estancia legal en España a través de la “ayuda humanitaria” prevista en la Ley de Asilo y Refugio, teniendo en cuenta que Venezuela no está entre los países que tienen mayores tasas de resoluciones favorables.

Recientemente la secretaria de Estado de Migraciones en funciones, Consuelo Rumí, defendió la necesidad de abordar una reforma integral del sistema de acogida a solicitantes de protección internacional en España “que permita proteger a quienes tienen derecho a la protección internacional”.

En este contexto, advirtió de la falta de plazas y del “colapso” del sistema de acogida por parte de aquellos que piden asilo, sabiendo no son beneficiarios de dicha protección internacional.

“Las personas que emigran porque quieren una vida mejor, que es lícito, no son usuarias ni beneficiarias de protección internacional. Entre todos debemos darles salida y soluciones, pero la solución no es solicitar asilo, porque lo que hacen, además, es colapsar un sistema que está diseñado para quienes verdaderamente tienen ese derecho”, aseveró en un acto público con motivo del Día Mundial del Refugiado que se celebra el 20 de junio.


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