La difícil situación por la que pasa el Estado español es difícil de entender y prácticamente imposible de describir. Existe un síntoma claro que adelanta un diagnóstico de gravedad, no existe la separación de poderes y esta situación lleva un desgaste institucional evidente y al autoritarismo. Quizás el elemento de cohesión nacional que existe, junto a la Historia común, es la igualdad ante la ley. Y la presunción que debe aplicarse es que defendiéndolo se protege a la nación y como efecto, se refuerza el Estado. 

Esta igualdad se ha quebrado. La anomalía que supone que partidos que no respetan la Constitución estén legalizados, es sólo viable si le conviene a otras fuerzas políticas calificadas de constitucionalistas que han dejado de serlo. Es curioso que una competencia autonómica sea la de prisiones si sólo hay un código penal para el Estado. ¿Por qué el garante del cumplimiento de las penas de los terroristas vascos debe ser el Gobierno autonómico de Vitoria?, ¿qué tipo de autonomía es esa?. A qué se debe que se haya efectuado el agrupamiento de presos a dosis cuando es una única decisión política que permitió la formación de Gobierno. ¿Por qué los sediciosos catalanes hacen como si cumpliesen sus penas en cárceles de la Generalitat?

El indulto grupal a los sediciosos catalanes es un hecho social, política y jurídicamente disruptivo porque es una exigencia de los delincuentes para que los partidos de los que proceden sigan prestando apoyo al Gobierno de la nación. Esta causa de apariencia evidencial, es construida con una finalidad como la concordia, concepto social y jurídicamente indeterminado.

Su precedente es muy peligroso para la cohesión nacional porque el principio de igualdad se utiliza como táctica política. Si a esto se le suma el cambio del tipo penal infringido para adecuarlo a un contexto determinado, entonces el fraude legislativo es evidente. Lo más probable en un Estado de Derecho es que los partidos políticos que ha planeado y ejecutado la sedición fuesen ilegalizados. 

Es más que probable que la decisión de la concesión del indulto responda a motivaciones oportunistas pero sus consecuencias son impredecibles y es altamente probable que no serán gestionadas por el actual gobierno. Quiere decirse que una decisión que puede determinar el futuro de España no la debe tomar un Presidente del Gobierno apoyado por una escuálida mayoría parlamentaria basada en los partidos representados por los delincuentes.

De lo que se trata no es de un indulto, para el Presidente es un hecho de renuncia pública a la promesa pública de acatamiento a la Constitución que le permitió acceder al cargo, las explicaciones son meros deseos. Defender la Constitución no admite matices, no se pueden negociar aspectos que atentan contra ella. Si se desean tratar esos temas, el Sr. Sánchez debe convocar elecciones llevando el indulto y la “mesa” en su programa. No es posible otra legitimación. 

Cuando el Gobierno de España está compuesto y legitimado por partidos que anuncian y actúan públicamente en contra del orden constitucional, algo no encaja. Si a ello se le añade la carencia de gobernanza producto de una composición gubernamental cuya virtud es el encaje partidista y no la eficacia, se está ante una mezcla de incompetencia, deslealtad y puro capricho personal. 

La “cogobernanza”, modalidad de gestión descentralizada de asuntos propios del Gobierno que afectan por igual a todos los españoles es, de hecho, un mecanismo que le permite al Gobierno camuflar su falta de capacidad de gestión y evitar tener que darle órdenes a la Generalitat. No existía, ni existe motivo para que con el estado de alarma declarado, no hubiese una gestión centralizada del tratamiento de la pandemia igual para todos los españoles. Resultado: “cogobernanza” igual a otro ámbito de enfrentamiento político.

Una persona con un mínimo de responsabilidad sería consciente de que tomar una medida como el indulto, sin apoyo popular, sin respaldo judicial y sin conocer si puede gestionar sus consecuencias es un precio muy caro para tratar de terminar una legislatura catastrófica, pero el Sr. Sánchez es un “militante” de partido y solo mira por lentes partidistas. Las relaciones PSOE-PSC no han sido siempre buenas para España y ahora el poder de Sánchez dentro del partido depende mucho de los catalanes. En diciembre de 2019, escribí el artículo “Pedro Sánchez, un problema para la Seguridad Nacional”. Ha demostrado claramente su absoluto fracaso como político y como persona, si tuviese un mínimo de dignidad tomaría una decisión. 

Sr. Sánchez convoque elecciones. Usted no aporta soluciones, sólo problemas. No es cuestión de opiniones, los hechos hablan y los pitos pitan.