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Tribunales

Un negocio mafioso de los jueces

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Manifestación frente al Tribunal Supremo.
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Por Javier Marzal.- Esta semana, el Tribunal Supremo nos ha hecho recordar publicaciones de los medios que informaron del turismo sexual de los magistrados de los más altos tribunales, que incluía club de alterne con pederastia. También nos informaron de su dinero negro en paraísos fiscales, conferencias y seminarios pagados por la banca y otras formas de vender sus sentencias.

Pero ninguno ha informado de que los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad).

Este negocio fue creado por el Partido Popular con la reforma del Código Penal de 2003, cambiando el Código Penal para que las injurias y calumnias fueran perseguibles de oficio cuando el ofendido sea un funcionario público, a diferencia del resto de las personas que tienen que interponer una querella, con abogado y procurador.

Para un funcionario público, es tan sencillo como remitir los documentos, del procedimiento donde según ellos se les injuria o calumnia, a la fiscalía o al juzgado decano, para que se inicie la causa penal.

Si la denuncia llega a la fiscalía, allí se redacta una querella simple que se remite al juzgado decano que corresponda. Los fiscales suelen querellarse porque los fiscales jefe les obligan a tener una actitud represora contra quien se enfrenta a las autoridades públicas, aunque sea para defenderse del abuso de éstas. En los gobiernos del PP y del PSOE, el ministerio fiscal siempre impulsa el autoritarismo.

Generalmente, los fiscales descartan bastante denuncias de las autoridades públicas, salvo que sean de otros fiscales, jueces o magistrados, en este caso es rara la vez que un fiscal no interpone la querella o pide la condena y una indemnización para esta autoridad judicial.

El monopolio judicial, hace que sean otros jueces quienes resuelvan estas querellas. Estos jueces pertenecen a los mismos juzgados que el denunciante.

Una vez que te condenan, no sirve de nada recurrir porque todas las instancias, incluyendo el Tribunal Constitucional, desestiman sistemáticamente los recursos.

En resumen, un justiciable o un abogado se quejan de que el Juez no cumpla la ley, recurriendo su resolución, y el juez le denuncia para que aquéllos le indemnicen. Este es el negocio y no hace falta que sea verdad para que el juez cobre del denunciado. Es un negocio fácil. El Juez sólo tiene que denunciarle en la misma resolución que deniega el recurso del abogado y la corrupta maquinaria judicial se pone en funcionamiento para que este juez cobre la indemnización que decida otro juez.

El abuso de este negocio por parte de los jueces ha sido tan excesivo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tenido que intervenir, mediante el caso del abogado Ravelo que fue condenado por calumniar a un Juez, desestimando sus recursos todas las instancias españolas, hasta que el TEDH condenó a España por esta condena sobre la que dijo que es propia de un “Estado poco democrático” y que era una condena “disuasoria” contra todos los abogados, violando el derecho a la libertad de expresión, además del derecho de defensa.

Este negocio tiene las principales características de un negocio mafioso, según wikipedia: “es una clase especial de crimen organizado” (es especial porque utiliza las propias instituciones para su actividad), “Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es decir, ‘hombres de honor’” (en el caso de los referidos funcionarios judiciales, éstos afirman que son honorables, por tanto “mafiosos”), es lucrativo, ilegal y utiliza el abuso de poder.

Este mismo negocio se utiliza contra los dirigentes y abogados de las asociaciones de víctimas judiciales, para intimidarlas de forma que abandonen a sus defendidos o para que cierren las asociaciones.

En 2016 y 2017, remití una denuncia contra estos abusos de fiscales, jueces y magistrados, donde se acreditan denuncias, querellas de los fiscales, sanciones y condenas a tres dirigentes de tres asociaciones de víctimas judiciales y a tres abogados de estas asociaciones. En 2016, la denuncia la dirigí al Fiscal General del Estado y nunca recibí respuesta. En 2017, la remití a todos los miembros del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado, incluyendo al propio Fiscal General. En pocas semanas me respondió la Fiscalía Anticorrupción que no había indicio alguno de delito, como suelen decir cuando el denunciado es una autoridad pública, salvo orden en contrario del gobierno.
En 2018, la prensa ha publicado el caso de otro dirigente y de otro abogado de otra asociación de víctimas judiciales denunciado por un juez.

Soy Presidente de la Asociación ANVIPED, la más afectada por estos abusos (el abuso de las autoridades públicas es un delito en Francia). Durante el primer trimestre de este año, me dirigí al Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, para informarle que un Juzgado de Barcelona había condenado a un abogado por este inexistente delito, según la referida jurisprudencia del TEDH y la Audiencia anuló la condena.

También como Presidente de ANVIPED, en este verano solicité una reunión urgente con la Ministra de Justicia y con la Fiscal General del Estado, para que detuvieran este negocio mafioso. El Fiscal de la Unidad de Apoyo de la FGE, me respondió informándome de dónde presentar una denuncia y “que la agenda de la Fiscal General está completa para los próximos meses”. El 2 de agosto, la Secretaria de la Ministra me remitió un mensaje de correo electrónico, donde se decía: “les rogamos nos indiquen un número de teléfono para que un Asesor de la Ministra les pueda llamar y concertar la cita”. Respondí con mi número de teléfono, pero el Asesor aún no me ha telefoneado y los fiscales y los jueces siguen haciendo denuncias falsas, por lo que cabe decir que este negocio está promovido y encubierto desde la Fiscalía General del Estado.

Estas actividades en todo el territorio nacional, acreditan que en España no tenemos un Estado de Derecho, no sólo un “Estado poco democrático” y “disuasorio”, como ha dicho el TEDH, sino un peligroso Estado autoritario que impulsa que las autoridades públicas realicen este negocio mafioso para lucrarse y para instaurar un Estado autoritario, donde sus funcionarios atentan contra la libertad de expresión, el derecho de defensa y el derecho de asociación.

El problema raíz consiste en la IMPUNIDAD de los jueces que crea la corrupción judicial que es el cáncer de las democracias que extiende la impunidad y la corrupción al resto de las autoridades públicas y de las organizaciones privadas y personas poderosas, creando una abusocracia con forma de democracia.

*Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED). Autor del Manifiesto sobre la corrupción judicial

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Tribunales

Cayetana Álvarez de Toledo: “Me cuesta disimular mi decepción con algunos aspectos de la sentencia”

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha sido entrevistada este martes en ‘Herrera en COPE’ tras conocerse el fallo del procés. A su juicio, la sentencia representa la “derrota del totalitarismo” y demuestra que “no hay impunidad en España”.

“Estamos en una grandísima democracia y esta gente debería pedir perdón a la sociedad española y a sí mismos y a sus familias y plantearse si valía la pena todo esto: destrozar familias, romper una comunidad política, causar destrozos y devastación económica. Tienen que hacer una profunda reflexión que su entorno no está haciendo”, ha señalado.

Pese a ello, Álvarez de Toledo ha manifestado su disgusto con el fallo. “Me cuesta disimular mi decepción con algunos aspectos de la sentencia”, ha señalado. “Me resulta sorprendente que un golpe a la Constitución pase por una ensoñación para presionar y negociar”, ha justificado. Pese a ello, ha dicho que “esta decepción personal es compatible con la absoluta defensa del Estado de Derecho”.

La popular también ha dicho que tiene “dudas sobre la idoneidad de haber publicado esta sentencia en camapaña electoral”, pese a que era la fecha tope, pues de lo contrario el Supremo debería dejar en libertad a los ‘Jordis’ o ampliar su estancia en prisión provisional, lo que resultaría más difícil de justificar. “No creo que haya sido la mejor idea. Se podría haber postergado un mes”, ha dicho.

Sobre la posibilidad de que Vox capitalice las críticas al fallo, la popular ha dicho que el partido de Abascal “va a lo suyo. Harán sus valoraciones, pero yo no entro a valorar lo que haga para definir mi posición”.

La dirigente ha señalado que “lo que estamos viendo en Cataluña es un espectáculo intolerable. No son solo escuadrones en la calle, sino que esto está siendo jaleado por la autoridad política de la comunidad”. En este sentido, Álvarez de Toledo ha dicho que “el Estado tiene que poner todos los medios al alcance para frenar esto”, lo que implica “romper cualquier acuerdo político con quienes están jaleando la violencia”. Álvarez de Toledo ha dicho que si a Sánchez “le conviene electoralmente y coincide con el interés general”, actuará.

En cuanto a sus propuestas para Cataluña, la diputada ha hablado de “la aplicación de la ley siempre, proyecto político que dé incentivos a los constitucionalistas que se sienten desamparados desde hace 40 años, y unión constitucionalista verdadera, no solamente de boquilla o en momentos de crisis”. Para la popular, el PSC es “cómplice blanqueador del nacionalismo en Cataluña” y Pedro Sánchez es presidente en funciones gracias “a dos partidos cuyos líderes han sido condenados por subvertir el orden público”.

A su juicio, Casado es el candidato ideal para lograr estos, “pero tenemos que gobernar”. “Quizás se produzca la paradoja de que la persona que quiso convocar las elecciones sea la principal derrotada, ha dicho sobre los comicios del 10-N.

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España

Llarena dicta una nueva euroorden de detención y entrega contra Puigdemont

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El juez Pablo Llarena ha decidido cursar una orden europea e internacional de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, por los delitos de sedición y malversación.

Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo notificase la sentencia en la que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes del “procés” por sedición, el juez instructor de la causa Pablo Llarena ha decidido activar el mecanismo para solicitar la entrega del expresident, al que Alemania rechazó en su día extraditar por rebelión durante la instrucción del caso.

El juez ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía, que remitió un escrito al magistrado en este sentido el pasado jueves ante la inminencia de la sentencia.

De esta forma, Llarena solicita “la busca y captura e ingreso en prisión” de Puigdemont a través de una orden nacional, europea e internacional de detención y entrega contra él, que nunca se ha llegado a sentar en el banquillo de los acusados al huir del país en octubre de 2017.

En el mismo auto, Llarena deja sin efecto la suspensión como diputados que decretó contra Puigdemont y el exconseller Toni Comín, también huido en Bélgica, sustentada en que estaban procesados en firme por rebelión.

La decisión del tribunal del “procés” de condenar a nueve líderes independentistas por sedición y no rebelión tiene, según Llarena, “una indudable incidencia respecto del pronóstico de responsabilidad atribuible a los fugados”, por lo que acuerda remitir a la Mesa del Parlament el levantamiento de la suspensión de estos dos procesados.

Precisamente, el juez argumenta su nueva petición de entrega de Puigdemont en las condenas impuestas por el Supremo, que pueden conllevar a su juicio que los “prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea”.

“Los indicios racionales de criminalidad” que pesaban contra Puigdemont en la instrucción “no sólo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad del fugado”, dice Llarena.

Según el juez instructor, la sentencia “parte de los hechos” que él imputó a los procesados en su auto de procesamiento, “lo que se refuerza con una significativa cercanía entre la aportación concreta atribuida al condenado Oriol Junqueras (sobre el que ha recaído mayor pena) y al procesado en rebeldía Carles Puigdemont”.

Además, según Llarena, la sentencia “pone término” a las discrepancias entre los delitos de rebelión, sedición o desobediencia” (ésta asumida únicamente por las defensas) y decanta la balanza en la sedición, delito junto al de malversación por el que reclama a Puigdemont.

Recuerda Llarena que en la Unión Europea rige “el principio de confianza” en el funcionamiento de los tribunales de otros países y se cuenta con un procedimiento judicial simplificado “que facilita la entrega de los presuntos delincuentes que se establezcan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que cometieron el delito”.

Llarena retiró hace meses la euroorden que pesaba contra Puigdemont y otros exconsejeros catalanes después de que el tribunal regional de Schleswig-Holstein (Alemania) rechazase entregar al expresident por rebelión y solo admitió por malversación, una línea roja para Llarena, que lo rechazó de plano.

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Tribunales

El Tribunal Supremo condenará por sedición y malversación a los líderes del «procés»

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Banquillo de los acusados del juicio del «procés»
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Un delito contra el orden público y no contra el orden constitucional. La Sala Penal del Tribunal Supremo va a condenar a los líderes del «procés» por un delito de sedición y no de rebelión. Lo hará por unanimidad, y tras valorar que que si bien hubo violencia en momentos puntuales durante el otoño caliente de 2017, esta no tuvo la suficiente entidad como para poder condenar por rebelión.

La sentencia, que se dará a conocer este lunes, ya con el cuadro de penas de prisión para cada uno de los líderes independentistas, incluye también una condena por malversación para el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros que están presos. No así para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, que serán condenados solo por desobediencia y no malversación.

Se resuelve así la mayor incógnita del juicio: hubo sedición y no rebelión, un tipo delictivo que implicaba violencia. Había varias opciones encima de la mesa. La Fiscalía siempre defendió la rebelión; la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, apostó por la sedición; y las defensas argumentaron la mera desobediencia.

La diferencia entre la rebelión y la sedición es que la primera implica un ataque al orden constitución y la segunda, la sedición, se refiere a un ataque contra el orden público. El factor clave era determinar si hubo violencia y cuantificar en qué grado.

La comunicacion de la sentencia se producirá el próximo lunes, 14 de octubre. Una vez descartada la lectura pública de la sentencia, el tribunal hará llegar su fallo a los acusados a la prisión de Lledoners, donde cumplen prisión preventiva y se comunicará en la sede del Supremo a sus procuradores y a sus abogados, que también podrán recibirla por vía telemática.

Los 12 políticos catalanes acusados en el juicio del «procés», con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a la cabeza, se enfrentan a importantes penas de prisión. La Fiscalía pidió para ellos 177 años de cárcel por los delitos de rebelión y malversación. La Abogacía del Estado rebajó es cifra a 116,5 años al acusarlos de sedición. Por su parte, la acusación popular ejercida por Vox reclamó cerca de 700 años de cárcel. Además, todos ellos podrían quedar inhabilitados para ejercer cargo público, tal y como piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Petición de penas

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, (en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017) se enfrenta a 25 años de cárcel por un delito de rebelión con distracción de caudales públicos según la petición de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel por sedición y malversación de caudales públicos y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) afornta 17 años a la cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita 10 años para ella por sedición y Vox 62 años por rebelión y organización criminal.

Para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresidente de ANC y presidente de Òmnium Cultural, respectivamente (en prisión desde el 16 de octubre de 2017), la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel por sedición y Vox, también 62 años por rebelión y organización criminal.

Para el exconsejero de Interior Joaquim Forn (en prisión desde el 2 de noviembre de 2017), la Fiscalía propone 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos, mientras que la Abogacía del Estado quiere 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Josep Rull, exconsejero de Territorio (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrente al igual que su compañero a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos a solicitud de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, solicita 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

A iguales penas se enfrenta el exconsejero de Presidencia y Portavoz de la Generalitat Jordi Turull (en prisión desde el 23 de marzo de 2018). La Fiscalia le pide 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos. La Abogacía del Estado, 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox,74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que pide la Fiscalía. La Abogacía del Estado propone para él 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox vuelve a pedir 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) tiene que hacer frente a los 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que le pide el ministerio público. La Abogacía del Estado pide para ella 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox reclama 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

El exconsejero de Justicia Carles Mundo (en libertad provisional) podría ser condenado a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia, como pide la Fiscalía y la Abogacía del Estado o a 24 años de cárcel que solicita Vox por malversación, desobediencia y organización criminal.

Para la exconsjera de Gobernación Meritxell Borràs (en libertad provisional) la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 7 años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia y Vox quiere 24 años de cárcel por malversación, desobediencia y organización criminal.

Santiago Vila, exconsejero de Empresa (en libertad provisional), se enfrenta también a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia a petición de la Fiscalía y al Abogacía del Estado, mientras que Vox no solicita pena de prisión al acusarle tan sólo de desobediencia.

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