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Tribunales

Un negocio mafioso de los jueces

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Manifestación frente al Tribunal Supremo.
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Por Javier Marzal.- Esta semana, el Tribunal Supremo nos ha hecho recordar publicaciones de los medios que informaron del turismo sexual de los magistrados de los más altos tribunales, que incluía club de alterne con pederastia. También nos informaron de su dinero negro en paraísos fiscales, conferencias y seminarios pagados por la banca y otras formas de vender sus sentencias.

Pero ninguno ha informado de que los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad).

Este negocio fue creado por el Partido Popular con la reforma del Código Penal de 2003, cambiando el Código Penal para que las injurias y calumnias fueran perseguibles de oficio cuando el ofendido sea un funcionario público, a diferencia del resto de las personas que tienen que interponer una querella, con abogado y procurador.

Para un funcionario público, es tan sencillo como remitir los documentos, del procedimiento donde según ellos se les injuria o calumnia, a la fiscalía o al juzgado decano, para que se inicie la causa penal.

Si la denuncia llega a la fiscalía, allí se redacta una querella simple que se remite al juzgado decano que corresponda. Los fiscales suelen querellarse porque los fiscales jefe les obligan a tener una actitud represora contra quien se enfrenta a las autoridades públicas, aunque sea para defenderse del abuso de éstas. En los gobiernos del PP y del PSOE, el ministerio fiscal siempre impulsa el autoritarismo.

Generalmente, los fiscales descartan bastante denuncias de las autoridades públicas, salvo que sean de otros fiscales, jueces o magistrados, en este caso es rara la vez que un fiscal no interpone la querella o pide la condena y una indemnización para esta autoridad judicial.

El monopolio judicial, hace que sean otros jueces quienes resuelvan estas querellas. Estos jueces pertenecen a los mismos juzgados que el denunciante.

Una vez que te condenan, no sirve de nada recurrir porque todas las instancias, incluyendo el Tribunal Constitucional, desestiman sistemáticamente los recursos.

En resumen, un justiciable o un abogado se quejan de que el Juez no cumpla la ley, recurriendo su resolución, y el juez le denuncia para que aquéllos le indemnicen. Este es el negocio y no hace falta que sea verdad para que el juez cobre del denunciado. Es un negocio fácil. El Juez sólo tiene que denunciarle en la misma resolución que deniega el recurso del abogado y la corrupta maquinaria judicial se pone en funcionamiento para que este juez cobre la indemnización que decida otro juez.

El abuso de este negocio por parte de los jueces ha sido tan excesivo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tenido que intervenir, mediante el caso del abogado Ravelo que fue condenado por calumniar a un Juez, desestimando sus recursos todas las instancias españolas, hasta que el TEDH condenó a España por esta condena sobre la que dijo que es propia de un “Estado poco democrático” y que era una condena “disuasoria” contra todos los abogados, violando el derecho a la libertad de expresión, además del derecho de defensa.

Este negocio tiene las principales características de un negocio mafioso, según wikipedia: “es una clase especial de crimen organizado” (es especial porque utiliza las propias instituciones para su actividad), “Sus miembros se denominaban a sí mismos «mafiosos», es decir, ‘hombres de honor’” (en el caso de los referidos funcionarios judiciales, éstos afirman que son honorables, por tanto “mafiosos”), es lucrativo, ilegal y utiliza el abuso de poder.

Este mismo negocio se utiliza contra los dirigentes y abogados de las asociaciones de víctimas judiciales, para intimidarlas de forma que abandonen a sus defendidos o para que cierren las asociaciones.

En 2016 y 2017, remití una denuncia contra estos abusos de fiscales, jueces y magistrados, donde se acreditan denuncias, querellas de los fiscales, sanciones y condenas a tres dirigentes de tres asociaciones de víctimas judiciales y a tres abogados de estas asociaciones. En 2016, la denuncia la dirigí al Fiscal General del Estado y nunca recibí respuesta. En 2017, la remití a todos los miembros del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado, incluyendo al propio Fiscal General. En pocas semanas me respondió la Fiscalía Anticorrupción que no había indicio alguno de delito, como suelen decir cuando el denunciado es una autoridad pública, salvo orden en contrario del gobierno.
En 2018, la prensa ha publicado el caso de otro dirigente y de otro abogado de otra asociación de víctimas judiciales denunciado por un juez.

Soy Presidente de la Asociación ANVIPED, la más afectada por estos abusos (el abuso de las autoridades públicas es un delito en Francia). Durante el primer trimestre de este año, me dirigí al Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, para informarle que un Juzgado de Barcelona había condenado a un abogado por este inexistente delito, según la referida jurisprudencia del TEDH y la Audiencia anuló la condena.

También como Presidente de ANVIPED, en este verano solicité una reunión urgente con la Ministra de Justicia y con la Fiscal General del Estado, para que detuvieran este negocio mafioso. El Fiscal de la Unidad de Apoyo de la FGE, me respondió informándome de dónde presentar una denuncia y “que la agenda de la Fiscal General está completa para los próximos meses”. El 2 de agosto, la Secretaria de la Ministra me remitió un mensaje de correo electrónico, donde se decía: “les rogamos nos indiquen un número de teléfono para que un Asesor de la Ministra les pueda llamar y concertar la cita”. Respondí con mi número de teléfono, pero el Asesor aún no me ha telefoneado y los fiscales y los jueces siguen haciendo denuncias falsas, por lo que cabe decir que este negocio está promovido y encubierto desde la Fiscalía General del Estado.

Estas actividades en todo el territorio nacional, acreditan que en España no tenemos un Estado de Derecho, no sólo un “Estado poco democrático” y “disuasorio”, como ha dicho el TEDH, sino un peligroso Estado autoritario que impulsa que las autoridades públicas realicen este negocio mafioso para lucrarse y para instaurar un Estado autoritario, donde sus funcionarios atentan contra la libertad de expresión, el derecho de defensa y el derecho de asociación.

El problema raíz consiste en la IMPUNIDAD de los jueces que crea la corrupción judicial que es el cáncer de las democracias que extiende la impunidad y la corrupción al resto de las autoridades públicas y de las organizaciones privadas y personas poderosas, creando una abusocracia con forma de democracia.

*Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED). Autor del Manifiesto sobre la corrupción judicial

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Tribunales

Investigan a tres menores por agredir sexualmente a un niño de 9 años en Valencia

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Tres niños de once, trece y catorce años agredieron sexualmente a otro menor de nueve en una urbanización de un pueblo de la comarca valenciana de La Ribera. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de junio, pero fueron avanzados ayer por el diario Levante.

El juez de menores de la capital del Turia ha ordenado el ingreso del mayor de los investigados en un centro en régimen cerrado y terapéutico por un periodo de seis meses. Los otros dos presuntos autores de la agresión son inimputables al no tener 14 años. El caso fue destapado por un familiar de la víctima, que se enteró que el pequeño de 9 años había practicado felaciones a otros menores de la urbanización.

La agresión ocurrió hace dos meses en una urbanización de la Ribera, cuando el grupo de tres menores instó a otro, más pequeño que ellos con nueve años, a que les hiciera felaciones a todos ellos. La idea se le había ocurrido al adolescente de 13 años, quién grabó las imágenes de las agresiones sexuales, según declararon posteriormente los menores.

No obstante, al ser menores de 14 años, la Fiscalía de Menores de Valencia no ha podido solicitar medidas de internamiento contra el presunto instigador, inimputable con las leyes actuales. En la misma situación está otro de los autores, de 11 años, que fue identificado por la Guardia Civil, pero que también ha quedado en libertad sin medida cautelar.

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Tribunales

La “jueza pitonisa” expedientada por conceder indultos

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Folletos que supuestamente repartía la «jueza pitonisa»
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Nuevo expediente para la «jueza pitonisa». El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha arrancado una investigación a María Jesús García Pérez por conceder tres indultos en el centro penitenciario de Monterroso (Lugo). Antes, se habían abierto diligencias contra ella por dedicarse a echar cartas del tarot.

El expediente, adelantado por El País, se cierne sobre la concesión de indultos parciales a tres internos en la cárcel de Monterroso (Lugo) que ya tenían más de la mitad de su condena cumplida y ostentaban el tercer grado penitenciario. El problema se produce ya que como jueza solo puede tramitar los expedientes con las peticiones, lo que provocó que el Ministerio Fiscal tuviese que recurrir para anular la medida.

La investigación del CGPJ tiene que complementarse con un informe de la comisión disciplinaria, además del contenido principal del mismo, donde investiga la actividad como jueza de vigilancia penitenciaria y su presunta injerencia en una decisión que debe tomar el Gobierno de forma exclusiva.

En este momento, la jueza tiene plaza como titular en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de La Coruña, un puesto parecido al que ya había ocupado entre 2006 y 2009 en Santander -Juzgado de Violencia de Género-. En ese tiempo en la ciudad cántabra había sido sancionada con 3.000 euros por falta grave al afirmar que estaba en contra de la Ley Integral sobre Violencia de Género que aplicaba.

Además, se hizo conocida por el expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial al hacerse público que se dedicaba a echar cartas del tarot. Fue archivado por el órgano de gobierno del poder judicial pues las pruebas -una grabación con cámara oculta en su domicilio- fueron consideradas ilícitas.

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Tribunales

El Ministerio de Justicia pide a la Fiscalía que investigue a las agencias de gestación subrogada

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El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de que facilitan la gestación subrogada (o vientres de alquiler) que operan en España.

Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

La legislación española declara «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero».

Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

Polémica

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría «a las mafias» que trafican con los vientres de las mujeres «aquí y dónde sea», mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con «la compra venta de niños».

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada «solo hay amor, vida, libertad y respeto» y que recurrir a los vientres de alquiler es «un derecho».

Ciudadanos rechaza que se criminalice a las familias que recurren a esté método, por el que llegan a España unos mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

En la elaboración de este documento sobre los «vientres de alquiler» participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó a Efe que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España «se penaliza el tráfico de personas».

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