El Ministerio del Interior ha cesado este lunes al responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por “pérdida de confianza”.

La vorágine judicial en la que está inmersa el Gobierno ha llevado a tomar esta drástica decisión, después de los controvertidos dispositivos de seguridad en Galapagar alrededor de la vivienda del vicepresidente, Pablo Iglesias, y su mujer y también ministra, Irene Montero.

Pero no solo eso, ya que la destitución se produce en plena investigación sobre las consecuencias nefastas que pudo tener el 8-M en cuanto a la propogación del coronavirus. La titular del juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, tiene abiertas diligencias para las que ha precisado de la ayuda de la propia Guardia Civil con el fin de conocer cómo actuaron las autoridades pertinentes en aquellas semanas cruciales, y sobre todo en aquella fecha tan significativa que podría haberlo cambiado todo.

Los informes que apuntan a Simón y que han molestado a Interior

Al parecer, el entorno laboral de Pérez de los Cobos habría remitido a la juez informes que acreditan la asistencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, a reuniones en las que se toma la decisión de aconsejar la cancelación de congresos y eventos por el Covid-19, mientras que otros documentos advierten del propio visto bueno de Simón para todos los eventos del 8-M.

Interior ha defendido que el cese se ha producido por “pérdida de confianza”, y es que la propia juez no encargó las diligencias a la Policía Nacional de los juzgados de Plaza de Castilla como era de esperar, sino directamente a la Guardia Civil de Tres Cantos.

Pérez de los Cobos cuenta con un largo historial profesional en la lucha contra el terrorismo, e incluso fue el mando encargado de dirigir el dispositivo en Cataluña contra el 1-O e incluso acudió como testigo al mediático juicio del ‘Procés’.

La oposición pide explicaciones a Marlaska

Tanto el Partido Popular como Vox no han tardado en pronunciarse tras conocerse la noticia y han exigido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Maslaska, en la comisión del Congreso de los Diputado “a la mayor celeridad”.

Por su parte, el partido de Santiago Abascal ya ha registrado la petición, mientras que el dirigente ‘popular’, Pablo Casado, ha señalado que “no es un cargo menor y puede estar relacionado con la investigación en un juzgado de Madrid de las manifestaciones del 8-M”, por lo que el PP quiere “que no haya arbitrariedad”.

“El Gobierno no puede seguir con estas agresiones al Cuerpo. Este Gobierno no puede ser tan tóxico a la hora de afectar a las instituciones del Estado“, ha zanjado Casado.