La ministra niega el colapso en el Congreso mientras 850.000 españoles esperan una operación. El desastre sanitario, sin anestesia.

Este mismo jueves, la ministra de Sanidad, Mónica García, comparecía ante la Comisión de Sanidad del Congreso para dar cuenta de la crisis de Ceuta, y lo hacía con el descaro estadístico que ya es su firma: no ha habido colapso sanitario, ha dicho, porque no se ha anulado «ni una sola consulta, ni un quirófano» y el hospital dispone de más de «100 camas libres»^[2]. La respuesta del sistema, en su opinión, ha sido «excelente»^[2]. Y por si alguien no había entendido la teoría del desastre, regaló la frase del año: «los migrantes no traen enfermedades, sino que las contraen aquí por las malas condiciones»^[2]. Mientras la anestesióloga jefa negaba la evidencia, los números seguían ahí: cerca de 850.000 españoles esperando una intervención quirúrgica^[5], unos 80.000 migrantes entrados en bloque en Ceuta a finales de julio^[4], dieciséis días tardando la ministra en pisar la ciudad^[7] y su propia compañera de Gobierno, Margarita Robles, reconociendo que el Ejecutivo actuó mal y llegó tarde, hasta pedir disculpas a los ceutíes^[7]. A eso lo llaman gestión. Nosotros lo llamamos anestesia general: adormecen al país mientras lo operan sin su permiso.

«Los migrantes no traen enfermedades»: la frase que se refuta sola

Empecemos por la perla de hoy, porque condensa todo un modo de gobernar. La ministra ha asegurado en el Congreso que «los migrantes no traen enfermedades, sino que las contraen aquí por las malas condiciones»^[2]. Pura culpabilización: si alguien enferma, la culpa es de «aquí», de España, nunca de la situación de partida. Pero he aquí el detalle delicioso: en esa misma comparecencia, García anunció que la semana que viene comenzará a vacunar masivamente a la población migrante con 45.000 dosis cedidas por las comunidades autónomas, porque esa población «viene con unas tasas que no son las mismas que en España»^[1]. Lean despacio: si no traen enfermedades, ¿a qué viene la mayor campaña de vacunación urgente de la década? La ministra se desmiente a sí misma en el mismo discurso, y ni siquiera se da cuenta. Ese es el nivel.

Lo mismo vale para la negación del colapso. «Ni una sola consulta, ni un quirófano» cancelados, «100 camas libres», respuesta «excelente»^[2][3]. ¿Quién dice lo contrario? La consejera de Sanidad de Ceuta, Nabila Benzina, que denunció públicamente que no había refuerzos en hospitales ni centros de salud y que se estaba recurriendo «a la voluntad de los profesionales» para afrontar la emergencia^[6]. Los médicos de la ciudad, que exigieron la presencia de la ministra y esperaron dos semanas a que se dignara a llegar^[6]. Los representantes profesionales, que ya en marzo describían la sanidad ceutí como un sistema «en punto muerto»^[5]. Y el Ministerio de Sanidad mismo, que cifró en 5.800 las atenciones prestadas a migrantes en solo dos semanas y reconoció un incremento cercano al 50% en las urgencias^[9]. Para la ministra, eso no es un colapso: es una «crisis humanitaria inédita» con respuesta «excelente». El diccionario ya no le alcanza.

850.000 españoles esperando, y el Gobierno de récord

Los números del colapso ya no sorprenden a nadie, que es precisamente lo más grave. Al cierre de 2024, cerca de 850.000 personas aguardaban una intervención quirúrgica, la espera media se situaba en 126 días y el 22,9% llevaba más de seis meses esperando^[5]. Personas mayores que tardan semanas en conseguir cita con su médico de cabecera. Familias que llegan a urgencias y encuentran hospitales saturados, con pacientes en camillas de pasillo y profesionales corriendo de un lado a otro como bomberos sin manguera.

Y ante semejante panorama, ¿qué hace la titular de Sanidad? Negar el colapso en el Congreso y calificar la situación de «crisis humanitaria inédita»^[1], que es como llamar «oportunidad de ventilación» a un incendio. Porque hay que tener una cara muy dura, o un despacho muy lejos del quirófano, para presidir el récord de espera quirúrgica y salir a calificar de «excelente» la respuesta del sistema. La sensación general es la de un Gobierno que ha decidido que el colapso no es un problema, sino una circunstancia administrativa.

El «sobreesfuerzo»: la confesión disfrazada de elogio

Aquí está la frase más reveladora de la comparecencia, y la más cruel: según la ministra, el colapso en Ceuta «se ha evitado gracias al sobreesfuerzo que han tenido que hacer los profesionales»^[4]. Traduzcamos: el sistema no colapsó porque los médicos y enfermeros lo sostuvieron con su salud, sus dobles turnos y su vocación. Ella lo dice como elogio; suena a acta de acusación. Un sistema que solo se sostiene sobre el «sobreesfuerzo» de sus profesionales no es un sistema: es una explotación con bata.

Los profesionales ya no pueden más. Se dejan la piel en cada turno, no miran el reloj, atienden paciente tras paciente aunque lleven doce horas sin parar, cubren a compañeros y salen del hospital destrozados para volver al día siguiente como si nada. Y a cambio reciben presión, sueldos indignos para su nivel de responsabilidad y la sensación de que el sistema que sostienen les devuelve migajas. No es extraño que el mandato de García sea uno de los más conflictivos que recuerda el Ministerio: huelgas nacionales, manifestaciones y organizaciones médicas que han llegado a reclamar abiertamente su dimisión^[8]. Este Gobierno, que tanto habla de cuidar a los que cuidan, ha convertido el eslogan en coartada: los aplaude en el Congreso y los abandona en la negociación.

Que haga guardias: la propuesta que la ministra no aceptará

Y aquí viene la propuesta, que se ofrece gratis y con cariño institucional. La señora García se embolsa más de 90.000 euros al año del bolsillo de todos los españoles. Es anestesióloga, y no es un dato menor: llegó al Ministerio presumiendo de una ventaja que muy pocos de sus antecesores podían exhibir — conocer desde dentro los hospitales, las guardias y la presión asistencial^[8]. Pues exactamente por eso: que vuelva a hacer guardias en las condiciones del estatuto que su ministerio administra. Un mes de turnos de noche en un hospital público cualquiera, con la plantilla actual, con los recursos actuales, con las urgencias actuales. Verían ustedes qué rápido se mejoran las condiciones del sector. Verían qué rápido se descubren las soluciones que desde el despacho no aparecen.

Porque esa es la esencia del problema de este Gobierno entero: gestores que administran realidades que no viven. Ministros que teorizan sobre la sanidad pública desde su despacho, que deciden sobre la inmigración desde barrios donde la avalancha no llega y que tardan dieciséis días en pisar la ciudad que la sufre^[7]. La distancia entre quien decide y quien sufre las consecuencias ya no es una metáfora: es una política de Estado.

30.303 homologaciones de golpe: la «justicia» que nadie votó

Y si el cuadro parecía poco, el remate: el Gobierno ha validado en un solo año 65.000 títulos universitarios extranjeros, de los cuales 30.303 son homologaciones de médicos^[10]. La ministra de Educación lo ha defendido como «un acto de justicia» con graduados que llevaban años esperando, celebrando su «incorporación laboral a nuestro día a día»^[10]. Nótese el detalle técnico: al ser una profesión regulada, esos trámites ni siquiera incluyen el reconocimiento de la especialidad, que se tramita después por Sanidad^[10]. Treinta mil títulos de medicina homologados a golpe de firma para vaciar el stock de expedientes, mientras los médicos españoles —esos sí, con MIR, guardias infernales y recertificación continua— llevan meses en huelga pidiendo condiciones dignas. La «justicia» de este Gobierno siempre llega antes a los de fuera que a los de casa. Cuando un español entra en un quirófano, tiene derecho a saber que quien va a operarlo ha superado los mismos controles que exigimos a los nuestros. Todo lo demás es ingeniería política con la salud de la gente.

Ceuta: la factura que nadie quiere presupuestar

Y en el centro de todo, Ceuta. La entrada masiva de finales de julio —más de 70.000 personas según el Ministerio, unos 80.000 según el Gobierno ceutí, de los que aún permanecen en la ciudad alrededor de 9.000^[9]— llevó al límite un sistema que ya arrastraba carencias estructurales^[6]. La ministra presumió hoy de dos circuitos diferenciados para ceutíes y migrantes^[1], pero se olvidó de contar por qué fueron necesarios: porque la avalancha desbordó todo lo previsto, con 5.800 atenciones a migrantes en dos semanas y un 50% más de presión en urgencias^[9]. Y mientras los profesionales sostenían el sistema con su «sobreesfuerzo», Ingesa —el organismo del que depende la sanidad ceutí, directamente dependiente del Ministerio de García— contrataba los servicios de la clínica privada Septem para Psiquiatría^[9]. La misma ministra que lanza la consigna «la sanidad no se vende, se defiende»^[5] comprando asistencia privada en plena crisis. La hipocresía, en estado químicamente puro.

La avalancha del 30 de julio dejó además lo que ya denunciamos en estas páginas: barrios ocupados, recursos públicos desbordados y un silencio institucional cómplice^[11]. La factura sanitaria de aquella semana se paga hoy en tiempo de espera, en camillas y en turnos dobles. Los que aplauden la generosidad no son los que la pagan.

¿Dónde está el dinero?

Queda la última pregunta, la que resume todas: si nuestros impuestos «van para la sanidad», ¿dónde está el dinero cuando faltan médicos, faltan manos y faltan recursos en los hospitales? La respuesta acaba de salir a la luz: Sanidad dejó sin ejecutar alrededor de 504 millones de euros de crédito definitivo entre 2024 y 2025^[7][8]. Para que se hagan una idea: ese dinero equivale a casi 20 unidades completas de protonterapia, o a más de 660 TAC^[7]. Medio millardo sin gastar mientras los españoles esperan 126 días de media para una operación y los profesionales se matan a turnos. No es falta de dinero: es falta de vergüenza.

Los españoles no piden luna. Piden lo elemental: ser atendidos en un plazo decente, que sus médicos trabajen en condiciones dignas, y que su Gobierno tenga la decencia de ponerlos a ellos primero. Eso no es racismo, por mucho que se empeñen en venderlo. Es sentido común. Y mientras la anestesióloga jefa siga durmiendo a este país con estadísticas de feria, nosotros seguiremos despiertos, preguntando dónde están los 504 millones y quiénes son los dueños de la sanidad que pagamos. La respuesta, sepanlo ya, no la van a dar voluntariamente. Tendremos que exigirla.