El informe del CENIF de la Policía Nacional documenta la planificación marroquí del asalto, el guiado activo de sus agentes y las alertas previas que el Gobierno ignoró.
Hay documentos que cambian una crisis y documentos que cambian un país. El informe de 55 páginas que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional ha remitido a la magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, pertenece a los segundos[1][4]. Y tiene un autor especialmente incómodo para Moncloa: no es un medio adverso, no es una fuente anónima, no es Alerta Nacional. Es la Policía del propio Pedro Sánchez. Su conclusión, categórica: la entrada de entre 75.000 y 85.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio no fue un fenómeno migratorio espontáneo, sino un proceso planificado, escalonado y coordinado desde Marruecos, con participación activa de las Fuerzas de Seguridad del país vecino —uniformados guiando a la masa por el agua y «agentes dinamizadores» dirigiendo la operación sobre el terreno—, y con una finalidad que el propio informe despoja de todo disfraz humanitario: colapsar el sistema fronterizo español y vulnerar masivamente la soberanía territorial de España[1][2][5]. El presidente negó esa coordinación palabra por palabra en la SER — «no hay ninguna información», dijo el 31 de agosto[15] — y la negó en sede parlamentaria. Su propia Policía lo desmiente por escrito desde cinco días antes de esa entrevista: con fotografías, con transcripciones de mensajes y con imágenes satelitales. Mientras tanto, la ciudad secuestrada sigue pagando el precio de la mentira: un menú halal impuesto sin consulta en sus colegios, una fauna saqueada, 82 muertos en el agua que nadie en el Gobierno menciona y una población que ha salido a la calle en toda España para pedir lo que Moncloa no está dispuesta a dar: la verdad.
Un proceso, no una marea
El informe, elaborado a requerimiento de la jueza en el marco de las diligencias abiertas tras la querella de Iustitia Europa[1][4], parte de una premisa que derriba sola el relato oficial: lo de Ceuta «no puede considerarse como un hecho aislado ni casual», no se puede hablar de «generación espontánea», y solo admite análisis como lo que es: un proceso con un antes, un durante y un después[1][5]. La Policía española describe, con un vocabulario que más bien se espera de un estado mayor que de una comisaría, una operación de «estrategias de zona gris»: ambigüedad calculada, avance gradual, actividad intermitente desde al menos 2021 y un aprendizaje evidente entre episodios —el de 2021 movió a unas 10.000 personas; el de 2026, a entre 75.000 y 85.000— que el documento califica literalmente de «depuración o mejora»[1][5].
¿Y cómo se moviliza a una masa semejante sin dejar huella de mando? Con una campaña de viralización que el informe compara con el método SPREAD —el estándar de diseño de contenidos virales desarrollado en la Escuela de Negocios de Harvard— y cuyo ajuste al modelo «llama mucho la atención» a los analistas: el pico de mensajes llegó el propio 30 de julio, con 1.574 en un solo día, un 3.363% por encima del máximo anterior; el 90,8% de los teléfonos dinamizadores tenía prefijo marroquí; y los mensajes evolucionaron por fases con una disciplina propia de una agencia de publicidad[1][6]. Primero el ánimo abierto en TikTok e Instagram («el 30 de julio vamos a llamar un ataque contra Ceuta»); luego la coordinación operativa en grupos cerrados de WhatsApp («que cada grupo se comunique mediante escritura a mano, ya que está monitoreado»); después el grito durante el asalto («Hermanos, bajad, la aduana se ha abierto», «Atacadles. Avanzad contra ellos»); y, finalmente, el posgrado en fraude de asilo para los que quedaban dentro: «en cuanto pises Ceuta di que no puedes volver a Marruecos por problemas políticos», «esconderse en una alcantarilla o donde sea»[1]. Eso no lo improvisa un adolescente con un móvil: eso lo diseña alguien que sabe exactamente lo que está haciendo.
El guiado activo: gendarmes de servicio
Si la viralización preparó el terreno, el terreno lo gestionaron profesionales. El informe habla de una permisividad que no fue pasividad: la respuesta marroquí los días 30 y 31 de julio fue «cuando menos de total permisividad», sin que se registrara «ninguna tentativa seria de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo»[3][6]. Las imágenes satelitales del día 30 muestran una presencia policial marroquí reducida exclusivamente al puesto fronterizo habilitado: nada en la playa, nada en el espigón, nada en las carreteras de acceso, con decenas de taxis aparcados en formación ordenada junto a la rotonda[2]. Y los inmigrantes entrevistados por la Policía lo cuentan con una unanimidad que el documento recoge casi con asombro: los efectivos marroquíes no solo no impedían el paso; les indicaban por dónde cruzar el agua y les derivaban hacia la playa[2][4].
Pero el hallazgo que convierte este informe en documento histórico es otro: los «agentes dinamizadores». Varones de 30 a 50 años, complexión fuerte, pelo corto, vestidos con colores neutros —algunos con gorras con logotipos policiales—, zapatillas deportivas cerradas donde la masa llevaba chanclas, mochilas y riñoneras, caminando en sentido contrario al flujo de la multitud, arengando, grabando el discurrir del acontecimiento, hablando permanentemente por teléfono «como si registrasen o monitorizasen» la operación e, incluso, impartiendo instrucciones al personal uniformado desplegado en la zona[3][7][4]. El informe adjunta sus fotografías —diez fichas de uniformados, veinticuatro de dinamizadores— y una certeza técnica demoledora: un flujo de 75.000-85.000 personas hacia un embudo, sin atascos, sin bloqueos, sin un solo incidente logístico, es «incompatible con un grupo de origen espontáneo»[1]. Organizar el acceso ordenado de una ciudad en movimiento exige lo que exige todo evento multitudinario: personal de organización. Ceuta lo tuvo. Y era marroquí.
Y el remate que demuestra que Rabat controla su frontera exactamente cuando quiere: la segunda convocatoria, la del 15 de agosto, fue desactivada con una «respuesta operacional de control absoluto» —294 detenidos, 248 de ellos subsaharianos, y la prensa española expulsada de la zona por las fuerzas de seguridad marroquíes—, hasta el punto de que el propio informe plantea la hipótesis de que aquella convocatoria, artificialmente más visible y detectable, sirviera precisamente para «blanquear» la gestión precedente[1][7]. El 30 de julio no pudieron contener a nadie; el 15 de agosto contuvieron todo. La diferencia entre ambas fechas no es la capacidad, que constatada está: es la decisión.
Tres oleadas y un cálculo de estado mayor
El diseño táctico de la entrada merece leerse dos veces, porque es lo más parecido a un plan militar que ha caído nunca sobre un juzgado español. Primera oleada: varones de 15 a 25 años, con trajes de neopreno, aletas y flotadores, casi todos marroquíes —entre el 95 y el 98%—, con una misión clara: saturar físicamente los medios de contención y forzar la apertura de los accesos[3][4]. Segunda oleada, desde las 11.00: grupos familiares completos, mujeres y niños de corta edad, con ropa deportiva y chanletas, sin equipamiento alguno. Y aquí está el cálculo que helaría la sangre a cualquier analista si no la tuviera ya hielo el Gobierno: la presencia de núcleos familiares «desactiva la posibilidad de emplear medios coercitivos o usar la fuerza reactiva para restablecer el control»[1][3]. Tradúzcase: mujeres y niños desplegados como escudo táctico de una operación contra la frontera española. Eso no lo decide una mafia: eso lo decide alguien con doctrina. Tercera oleada, desde las 22.00: de nuevo varones jóvenes con neopreno, marroquíes casi en exclusiva[4].
¿Y el objetivo? El informe lo dice sin rodeos: la finalidad migratoria «opera solo como una cobertura formal»[5]. Solo entre un 5 y un 10% de quienes entraron tenía voluntad de quedarse; el resto —alrededor del 90%— cruzó, participó de la «ocasión histórica» con «cierta sensación de impunidad» y regresó a Marruecos casi de paseo, en flujos cruzados de entrada y salida que el propio documento describe[6][8]. No emigraron: ejecutaron. Y para que nadie busque culpables cómodos, la Policía descarta expresamente a las mafias: las organizaciones criminales de la zona, con 2.983 operaciones policiales encima desde 2024, carecen de toda capacidad para convocar a 85.000 personas, y no consta «ni una sola referencia» a su participación en la convocatoria; su único papel fue el oportunista de siempre —mover a la Península a unos 150 de los que se quedaron, a un precio medio de unos 5.000 euros, muy por debajo de las tarifas habituales—[1][6][7]. El informe lo firma con una frase que debería enmarcarse: todo apunta a «un alto nivel de especialización que no está al alcance de ninguna estructura criminal de las conocidas por la Policía en esa zona»[5][6].
Las alertas que existieron y el presidente que las negó
Y ahora, la parte que convierte la negligencia en mentira. El Gobierno ha sostenido desde el 30 de julio que la avalancha fue un fenómeno imprevisto, generado por redes de desinformación, sin alerta previa de los servicios de inteligencia del Estado[9]. El informe de su propia Policía documenta exactamente lo contrario. El 27 de julio, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta comunicaba al Centro Nacional de Comunicaciones el riesgo de «entrada masiva a nado» al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo[1]. El 28 de julio, el CENIF fechaba un informe cuyo asunto era, textualmente, «Análisis de riesgo sobre posibles entradas irregulares en Ceuta el 30/07/2026», advirtiendo del «riesgo actual» de un salto masivo en la valla o un cruce a nado[8]. Y el 29 de julio, víspera del asalto, se remitía al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Estado de Seguridad una alerta con las expresiones «riesgo extremo», «entrada masiva de inmigrantes», la fecha exacta del 30 de julio y la previsión de que «entrarán miles de migrantes», «a nado y bordeando la valla», «de forma coordinada»[8]. Entre el 29 de julio y el 4 de agosto se emitieron hasta ocho alertas a Ceuta, Melilla, Algeciras, Cádiz y Canarias[2]. Dos informes de inteligencia avisaron a los ministros Robles y Marlaska de una «entrada masiva» y un «colapso inmediato»[8].
El Gobierno sabía el día, sabía el método, sabía la forma y sabía la coordinación. Y el presidente fue a la SER, el pasado 31 de agosto, a decir que no — con fecha, en directo y ante millones de oyentes. Interrogado por Aimar Bretos sobre si descartaba completamente a Marruecos, Sánchez respondió, literalmente: «No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia […] que alumbre alguna duda sobre la participación, de una u otra forma, por parte de las autoridades marroquíes»[15]. Léanla despacio, porque la cronología la convierte en la frase más grave de esta crisis: el informe del CENIF —que es, recordémoslo, la Policía Nacional, una de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que el presidente acababa de citar— estaba ya redactado, con su propio texto fechado a 26 de agosto, con sus fotografías de gendarmes guiando el cruce, sus veinticuatro fichas de dinamizadores y su conclusión de «guiado activo»[1][4]. Cuando el presidente dijo «no hay ninguna información», la información existía por escrito desde cinco días antes, con el sello de su propio departamento. Caben exactamente dos lecturas: o sabía que el informe existía y negó su existencia en antena, o no sabía que su propia Policía había redactado el documento más importante de la legislatura. Que elija cada lector la opción que le resulte más tranquilizadora. Ninguna de las dos es compatible con la presidencia del Gobierno.
Y en la misma entrevista, más munición, porque el guion oficial se rompió en directo dos veces. La primera: el presidente atribuyó la avalancha a una sentencia tergiversada, «expandida por las redes sociales a través de bulos, de desinformación, también de organizaciones criminales que tratan con seres humanos»[15]. Su propio informe descarta a esas organizaciones con una crudeza administrativa insuperable: no consta «ni una sola referencia» a su participación en la convocatoria; su capacidad real de movilización —20.924 personas transportadas en dos años y medio— es una fracción ínfima de lo que se movió en 48 horas; y el nivel de especialización detectado «no está al alcance de ninguna estructura criminal»[1][6]. Nótese que ni el entrevistador se creyó el relato: fue el propio Bretos quien le espetó cómo ganan dinero las mafias con una avalancha de 80.000 personas que entran «sin utilizar esas mafias» — y la respuesta del presidente fue, literalmente, otra pregunta[15]. La segunda: su «garantía» de que «no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31»[15]. La alerta que su propio Ministerio recibió el 29 de julio hablaba de «riesgo extremo» — esa es la gravedad —, de que «entrarán miles de migrantes» — esa es la magnitud — y de que lo harían «de forma coordinada» — exactamente la coordinación que el presidente llevaba toda la entrevista negando[8]. El Gobierno sabía el día, sabía el método y sabía que iba a ser coordinado: lo tenía por escrito, con acuse de recibo, en el despacho que ahora nadie quiere firmar.
Quedan los detalles institucionales que redondean el cuadro. El director de la Policía llegó a reprender a los responsables del informe por no habérselo hecho llegar antes, según ha publicado la cobertura del caso[3]: cuando el escalón más alto del cuerpo prefiere no conocer lo que sus analistas han descubierto, es porque lo descubierto incomoda a alguien por encima de él. El propio informe, en su análisis de efectos, va más lejos todavía: la escalada de la cuestión se ha convertido, dice, en «una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual», con el CNI cuestionado por su fallo en la detección[1]. Una precisión de rigor, que este medio incluye porque su fuerza está en la exactitud: son las conclusiones de un informe policial en el marco de una investigación judicial en curso, no hechos declarados probados[7]. Dicho lo cual: cuando la Policía de un país escribe que la frontera de ese país fue atacada por una operación planificada con guiado activo de efectivos del país vecino, y el presidente responde en antena que «no hay ninguna información» de sus fuerzas de seguridad, la carga de la prueba ya no la soporta quien lo dice. La soporta quien lo niega. Y quien lo niega habló el 31 de agosto: cinco días después de que la información que negaba estuviera fechada, sellada y redactada a requerimiento de un juzgado.
Los 82 muertos que este Gobierno no cuenta
Hay una cifra en el informe que ningún responsable ha pronunciado en rueda de prensa y que debería encabezar todas: 82 cadáveres recuperados en aguas españolas vinculados directamente al cruce masivo, frente a los 14 fallecidos que Marruecos ha reconocido oficialmente[3]. Ochenta y dos personas ahogadas en una operación que, recuerden, no perseguía emigrar sino colapsar. Ningún minuto de silencio, ninguna cifra en el Congreso, ninguna respuesta a la pregunta elemental: ¿murieron por una marea espontánea o murieron porque alguien los convocó, los equipó con neopreno y los guió hacia el espigón? El informe también documenta algo que en cualquier país serio costaría una comparecencia: a día de hoy no existe cifra oficial fiable de entradas, salidas ni permanencias —49.200 según Guardia Civil, 72.000 según Marlaska, 78.000 según el presidente ceutí, entre 75.000 y 85.000 según la estimación del propio CENIF— y el documento lo califica con una frialdad escalofriante: «imposibilidad de dimensionado de la amenaza»[1][3]. Un Estado que no puede ni contar a quienes rompieron su frontera no puede proteger a quienes viven dentro de ella. Eso no es una crisis de gestión: es la definición técnica de un Estado ciego.
El menú halal: la rendición servida en bandeja
Mientras la jueza Tardón abre el expediente, el Gobierno sigue administrando la rendición. El 5 de agosto —seis días después del asalto—, el Ministerio de Educación de Milagros Tolón formalizó un contrato de 1.024.548 euros con Vivera Atlántico Mediterráneo S.L. para el comedor de los colegios de Ceuta, cuya titularidad no está traspasada y depende directamente de Madrid. El pliego de prescripciones es de una claridad exquisita: la carne del menú escolar «será Hal-al (sic) y no se utilizará carne de cerdo». Los colegios afectados —Santiago Ramón y Cajal, Federico García Lorca y el CEE San Antonio— se suman a otros seis a los que ya se impuso este menú en el curso anterior, según ha documentado El Debate. Y no es un episodio local: el Ejecutivo prepara un decreto para imponer por ley opciones halal —junto a veganas y sin gluten, «sin sobrecoste»— en todos los comedores escolares y hospitales públicos de España.
Detallen el momento y el lugar. Una ciudad con los colegios ocupados por la avalancha —la ministra Sira Rego cifra en 1.478 los menores inmigrantes actualmente en la ciudad, tras contabilizar 2.900 y corregir después a la baja por expedientes duplicados, lo que dice mucho del caos administrativo—, una población secular llevada al límite, y la respuesta del Estado: cambiar el menú de los niños ceutíes para acomodar la precepta religiosa, sin preguntar a nadie, seis días después de que la frontera que protege a esos niños dejara de existir. En un Estado aconfesional, la ley de comedor la escribe la Constitución o la escribe el Corán; lo que no puede hacer este Gobierno es escribirla el 5 de agosto mirando a Rabat. Y rematen con la cifra hermana: seis millones de euros en un nuevo menú halal para el centro de acogida de los inmigrantes. Para los ceutíes secuestrados, ni un comunicado. Para la operación que los secuestró, catering.
La fauna de una ciudad saqueada
Y luego está el saqueo menudo, el que no sale en los informes pero sale en los vídeos. Como ha documentado Libertad Digital, un inmigrante fue sorprendido intentando llevarse una oca del pantano de Ceuta, atada ya por las patas y metida en una bolsa —con la más que evidente intención de matarla y comérsela: ¿para qué, si no?—[10]. Y el delfín merece párrafo propio: como ha documentado El Faro de Ceuta, unos inmigrantes fueron grabados sacando del agua una cría de delfín y golpeándola; las imágenes, que recorren las redes, muestran después a uno de ellos portando el animal muerto en dirección al campamento[11]. Quien lea estas páginas sabe que no es la primera vez: ya documentamos el exterminio silencioso de las colonias felinas de la ciudad. Una ciudad donde desaparecen los gatos, se cazan las ocas del pantano y se golpean delfines vivos en la orilla no es una ciudad con un problema de convivencia: es una ciudad saqueada, con su fauna incluida, mientras el Gobierno discute si llamar a eso «situación» o «cuestión».
Un país despierta, un Gobierno que se esconde
Ayer, decenas de miles de españoles salieron a la calle en toda España para ponerse del lado de Ceuta y en contra del Gobierno, y esta vez no hubo manera de reducirlo a un comunicado: la BBC y Reuters dedicaron sus crónicas internacionales a las movilizaciones[12][13], y la prensa conservadora europea tituló ya en clave de respuesta del pueblo español a Sánchez y a la invasión marroquí[14]. Nótese el matiz de Reuters, que encabeza su información con la llamada a la calma de los propios ceutíes: hasta la agencia que busca el tono templado tiene ya que contar la movilización como noticia mundial[13]. El despertar es transversal y ya no depende de consignas de partido: depende de un informe de 55 páginas que cualquiera puede leer[1]. Hasta el Parlamento Europeo, cuya resolución de junio de 2021 sobre la crisis de Ceuta el propio informe incorpora como antecedente, lleva años viendo el patrón que Moncloa se empeña en no ver[1].
Lo que viene ahora es responsabilidad política, y conviene enumerarla sin rodeos. Fernando Grande-Marlaska debe explicar por qué su Ministerio recibió alertas con la palabra «extremo» y la fecha exacta del asalto y no movió un efectivo que lo impidiera[2][8]. Pedro Sánchez debe explicar por qué negó en la SER y en el Congreso una coordinación marroquí que su propia Policía documenta con fotografías[1][5]. Y el CNI debe explicar qué estaba mirando mientras Marruecos ensayaba, desde 2021, la tercera y definitiva edición de su operación[1]. La negligencia ya está documentada con un nivel de detalle que no admite réplica; que la Audiencia Nacional determine si hay algo más[7]. Lo que ningún español serio puede aceptar ya es la continuación del decorado: un presidente que llama mentira al informe de sus propios policías, un ministro que discute cifras sobre 82 ahogados y un Gobierno que, entre alerta y alerta, se dedica a imponer el menú halal en los colegios de la ciudad invadida. Ceuta no cayó por sorpresa: la avisaron por escrito, con fecha y hora, y la dejaron caer. Ahora el país sabe quién firmó las alertas. Le toca saber quién decidió ignorarlas. Y eso, sepanlo desde Moncloa, no lo va a decidir la vicepresidenta en una rueda de prensa: lo va a decidir un juzgado de la Audiencia Nacional, con un informe de la Policía Nacional encima de la mesa que ya no pueden callar, porque ya lo hemos leído todos.
Referencias
[11] El Faro de Ceuta — Inmigrantes grabados con una cría de delfín que sacaron del agua y golpearon
Alerta Nacional | Investigación