La ministra de Igualdad quiere instaurar el aborto obligatorio en la sanidad pública y privada. Ya saben, ahora es un derecho.

“El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) ante las declaraciones y propuestas efectuadas por la Ministra de Igualdad manifiesta que dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario es una mala solución que resulta inaceptable, ilegal e injusta”, afirma la Organización Médica Colegial (OMC) en un comunicado publicado el lunes.

Los médicos españoles responden así a Irene Montero, que el jueves 8 de julio puso sobre la mesa su intención de obligar a los sanitarios a practicar abortos aunque fuera en contra de su voluntad.

“Es fundamental que cualquier mujer pueda acudir a un hospital público y cercano a su domicilio, y que lo pueda hacer eligiendo el método y con todas las garantías para sus derechos. Para ello, pensamos que es imprescindible regular la objeción de conciencia. El derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos”, declaró.

El objetivo de Montero es lograr que una madre que quiera matar a su hijo no nacido pueda hacerlo en el hospital público más cercano y no tenga que desplazarse porque los médicos se nieguen a ejecutar el aborto.

Ahora bien, la objeción de conciencia es un derecho fundamental recogido en el artículo 30 de la Constitución, algo que, al parecer, no ha tenido en cuenta Montero. En cualquier caso, los médicos argumentan que eliminar este derecho no es la vía adecuada para facilitar que las mujeres puedan matar a sus hijos.

“Mejor sería que los servicios de salud y los servicios sociales hicieran bien su trabajo, y pusieran medios que las mujeres que han de someterse a un IVE (interrupción voluntaria del embarazo), tengan el apoyo apropiado en el caso de que sea necesario desplazarse”, aseguran.

Y añado: en realidad, lo mejor sería proteger al niño no nacido, el ser más indefenso y auténtica víctima del crimen del aborto.