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Tribunales

‘Alt News’: “Los hombres españoles estamos siendo conducidos al matadero y ninguno tiene el valor de decir ‘basta”

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AD.- “Los hombres españoles estamos siendo conducidos al matadero y ningumo tiene el valor de decir ‘basta'”. La indignación del director de AD, Armando Robles, era bien perceptible durante su intervención de hoy en en ‘Alt News’, el progama de Radio Cadena Española que conduce y dirige Santiago Fontenla. Su indignación vino dada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, comunicada este jueves, que impone a tres exfutbolistas del Arandina penas que suman 38 años de privación de libertad, por un delito de agresión sexual sobre una adolescente y como cooperadores necesarios de los delitos de sus compañeros. La única prueba contra los condenados ha sido el testimonio de la joven, que el día de autos accedió voluntariamente al piso de los futbolistas.

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Robles lamentó que, una vez más, la presión social de las feministas justifique la fumigación de los derechos fundamentales de tres hombres. “Miles de hombres españoles están siendo lentamente aniquilados por el sistema, física y espiritualmente, y ningún partido, ni siquiera Vox, ha tenido el valor de cuestionar la sentencia de ayer, absolutamente descabellada, para no ser apuntados por las feministas”.

“Las claves del funcionamiento de la justicia fundamentalista de género en el siguiente principio: condenar con la simple palabra de la mujer, liquidando de facto la presunción de inocencia. Esta teoría nos recuerda el valor de la palabra del blanco frente a la del negro, o de la del ario frente al judío, para que no nos acusen de políticamente incorrectos. La venganza, el resentimiento y la revancha de género parecen ser la fuente de inspiración de la justicia de género vigente y que progres y feministas defienden tan abiertamente y sin rubor alguno, lo que apunta a una preocupante insensibilidad social en los valores democráticos y de justicia”, señaló Robles.

Y añadió: “Es imperativo acabar con toda esta basura de género, que acabaría con la industria del maltrato, tan necesaria para mantener este estado de persecución del hombre tan rentable políticamente”.

Comparó la sentencia a los jugadores del Arandina “con la pena ridícula que le ha caído al cobarde asesino chileno de un patriota en Zaragoza”. “La alimaña asesina andaba por cierto libre tras dejar tetrapléjico a un mozo de escuadra. ¿Justicia? Van a intentar destruir al varón blanco heterosexual, sin cuartel”, dijo.

También subrayó que la Fiscalía haya solicitado a la Audiencia de Las Palmas 19 años de cárcel para un mujer acusada de haber matado a su pareja para evitar que descubriera las mentiras sobre las que había construido su relación, como un falso embarazo, guardar su cuerpo durante meses en un bidón y luego tirarlo al mar.

“Si una mujer te acusa de violación, 38 años. Si una mujer te acuchilla, te descuartiza y te tira como un desecho al mar la fiscalía pide 19 años. Cuando nos enfrentemos al hecho insólito de que el testimonio falso de una mujer malvada bastaría para que nos cayesen cuarenta años de cárcel, probablemente ya será demasiado tarde. En comparación con este régimen tan hediondo y putrefacto, el de Franco fue plenamente garantista. Los hombres españoles heterosexuales deberían sentirse avegonzados por no hacer nada y aterrados por lo que en cualquier momento les puede caer encima. Insisto, basta el testimonio de cualquier mujer malvada, fría y calculadora, para que les puedan caer 40 años de cárcel. A la condena judicial se añadiría también la condena social agitada por las feministas”.

Tras calificar como “unos pardillos” a los jóvenes condenados en Burgos, Robles calificó de “vergüenza” el fallo del juzgado. Ninguno de los tres exjugadores han hecho nada. Han sido condenados sin una sola prueba incriminatoria. No existen pruebas de AND y hay pruebas en las que la menor asegura que no fue agredida sexualmente.

Por último, Robles reflexionó sobre el diferente rasero en la aplicación de la justicia a los tres jugadores del Arandina y a los encacelados por el procés independentista. Recordó que estos podrían recobrar la libertad en 2020 tras permanecer algo más de dos años en prisión por hechos tan graves como la perpetración de un golpe de estado destinado a romper España y acabar con su institucionaliad democrática.

Recurrirán la sentencia

Los tres exjugadores de la Arandina CF condenados por un delito de agresión sexual a una menor de quince años, Raúl C.C; C.S.S, ‘Lucho’; y V.V.R, ‘Viti’, han asegurado este jueves que recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que les condena a penas de prisión que suman 114 años y han sostenido que se trata de una denuncia “falsa”. A la salida del tribunal, ‘Lucho’ ha calificado de “vergüenza” el fallo de la Audiencia Provincia y ha mostrado su perplejidad por que un sumario con más de 8.000 páginas se haya podido despachar en dos semanas.

El exjugador de la Arandina ha negado los hechos por los que se les considera culpables de agresión sexual y ha insistido en que la presencia del cuarto jugador el club el día de los hechos es clave, ya que estuvo presente en todo momento en el salón de la vivienda, salvo cinco minutos que acudió a su habitación. En este sentido, ha lamentado que el juez haya considerado inválido este testimonio y ha desvelado que existe un vídeo en que el que se ve a ese cuarto jugador en la vivienda, así como mensajes de texto de la menor en los que asegura que no había sido violada y apostillaba, en relación a ellos tres, que “se van a cagar”.

‘Lucho’ ha sostenido que ni él, ni sus excompañeros del club son violadores, sino “unos pardillos” a los que se les está intentando “joder la vida” y ha remarcado que se les acusa de cosas que nunca sucedieron.

Por su parte, ‘Viti’ también ha calificado de “vergüenza” el fallo del juzgado y ha animado a que quien tenga pruebas contra ellos que las enseñe, a la vez que ha matizado que ninguno de los tres exjugadores han hecho nada. ‘Viti’ ha relacionado la denuncia con un posible intento de la menor de conseguir dinero y ha reconocido que está “acojonado” ante una sentencia de 38 años de prisión que achaca al carácter mediático del caso.

Por su parte, la abogada de R.C.H, Olga Navarro, ha asegurado estar “bastante decepcionada” con la sentencia, que ha calificado de “absolutamente incongruente”, y ha insistido en que la menor ha mentido de forma continuada a lo largo de todo el proceso, e incluso la ha acusado de cambiar hasta en cuatro ocasiones su versión.

La letrada ha hecho un llamamiento a la sociedad para que se acabe con las denuncias falsas y ha asegurado que este caso ha “destrozado” la vida a los tres exjugadores, mientras que, por otro lado, ha desmentido que los teléfonos móviles de los jóvenes no tuvieran actividad mientras permanecieron en el piso.

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La familia Pujol Ferrusola es una organización criminal

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.

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En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 considera que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

En la resolución, el juez procede contra el expresidente Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y contra sus siete hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol. Acuerda también el sobreseimiento provisional parcial de la causa en relación con Ramón Gironés Riera, Ana Vidal Maragall y Amelia Barrigón Lafita.

El auto, de 509 páginas, explica que la investigación durante estos años ha acreditado que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Parte de esas actividades, subraya el juez, coincidieron en el tiempo con la Presidencia de Cataluña que ostentó Pujo entre 1980 y 2003.

La procedencia de dicho patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que, en algún caso es desconocida, si bien, incide, no existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente del abuelo Florensi Pujol Brugat.

“A lo largo de la investigación -señala el juez- no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular”.

Así, paradójicamente, explica de la Mata, los investigados niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado; la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado; el momento y forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades).

En ocasiones, continúa De la Mata, el origen de los fondos está en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán.

Otras veces, apunta el magistrado, los pagos a la familia se verificaban simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales.

Todos estos pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, “cuya existencia real no ha quedado acreditada”, señala. De hecho, añade, en múltiples ocasiones ha quedado acreditado exactamente lo contrario, es decir, la inexistencia del supuesto negocio subyacente. En otros casos, los contratos de intermediación o asesoramiento se engranaban en operaciones económicas reales, a las que se agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia Pujol Ferrusola.

Una organización criminal liderada por Jordi Pujol Soley y con reparto de tareas

De la Mata explica que el liderazgo de la organización estaba encarnado en Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola Llados quien, de hecho, se autodenominaba la “madre superiora de la congregación”. Debajo de estos y siguiendo sus instrucciones se encontraba Jordi Pujol Ferrusola (“el capellán de la parroquia”).

El auto indica que Jordi Pujol Ferrusola asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos. El juez considera que este ha admitido que todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra, todos los movimientos que se realizaron en las mismas y buena parte de los “negocios” en que invirtió durante años, estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia. También tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas particulares de cada uno de los miembros de la familia, apunta el juez.

El resto de los hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia), sin perjuicio de su participación individual en determinados “negocios” u operaciones, seguían las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran “distribuidos” por aquel y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito.

No obstante, el rol más preeminente de Jordi Pujol Ferrusola y su carácter de responsable principal de la recepción y distribución de dinero entre los miembros de la familia, en alguna ocasión fueron Josep Pujol Ferrusola, Oleguer Pujol Ferrusola o Pere Pujol Ferrusola los que realizaron las transferencias a sus hermanos.

Otras personas, por último, colaboraron estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y fungiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones.

El instructor explica que en este caso se cumplen los requisitos doctrinales del delito de organización criminal con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.

Una organización con la finalidad de obtener multimillonarios beneficios ilícitos

Esta organización criminal, concluye el juez, tenía finalidad claramente ilícita: “obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas”.

A lo largo de las 509 páginas del escrito, el magistrado detalla todas las operaciones orquestadas por la familia durante estos años y que les reportó cantidades multimillonarias sin razón alguna.

En relación con el delito de blanqueo de capitales, De la Mata sostiene que “es claro que todos estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo así en el circuito económico legal, al que hacían retornar de forma encubierta, ya que esa fue precisamente la finalidad que pretendían conseguir con el sistema que crearon, pues con anterioridad al mismo el dinero se hacía llegar a la familia directamente en “negro», en metálico, por lo que la ejecución de dichos actos fue intencionadamente realizada para buscar la ocultación de la ilicitud de los fondos”.

La resolución del juez advierte de las pautas comunes de actuación en la estrategia defensiva de los investigados en el sentido de negar todos ellos conocer detalles incluso sobre la propia coartada que aportan sobre el origen de los capitales que se repartieron entre todos, “de modo que la confabulación y la organización se extiende hasta el día de hoy”.

 

PD: Dedicado a Victoria Álvarez. 


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España

La Abogacía del Estado (del “estado” bolivariano, se entiende) carga contra la juez del 8-M por abrir una «causa general de la crisis sanitaria»

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Rosa María Seoane, la fiscal que defendió a los acusados de la sublevación catalana
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Se dirige en apelación a la Audiencia Provincial solicitando la nulidad de la instrucción contra el delegado del Gobierno en Madrid

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) –

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La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane – la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el ‘procés’ independentista en Cataluña–, y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

A lo largo de 18 páginas, Seoane denuncia que la instructora ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.

Entre otros aspectos, señala que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados», Rodríguez-Medel ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación de estos hechos -la manifestación del 8 de marzo- y solicita a la Guardia Civil información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Como ejemplo, la Abogacía señala lo solicitado respecto del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, dirigido por Fernando Simón, respecto del cual no se solicita únicamente información acerca de la eventual recepción por la Delegación del Gobierno del informe, que es lo que debería ser objeto de la investigación penal abierta, sino que va más allá al preguntar a la guardia civil qué difusión tuvo el citado informe.

A juicio de los servicios jurídicos del Estado, la jueza ha iniciado este proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino «meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado».

TESIS DE LA DEFENSA

En este punto, la Abogacía del Estado expone su tesis de defensa al considerar que «lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad».

A juicio de la defensa, había recomendaciones sanitarias que fueron intensificándose, sobre todo a partir del día 11 de marzo y a todos los niveles administrativos, pero las mismas, en tanto eran recomendaciones y no prescripciones, no supusieron impedimento alguno para limitar la celebración de eventos deportivos, como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla FC en el estadio del primero con asistencia de unos 60.000 espectadores; además de normal funcionamiento de recintos cerrados, espectáculos públicos, como cines, teatros, etc,

Frente a todo ello, considera que «lo que pretende la instructora, no es verificar si determinados indicios de incumplimiento del ordenamiento son ciertos, sino de encontrar tales indicios. Indicios de que la ausencia de prohibición de actos conmemorativos del 8 de marzo, fue un actuación arbitraria y a sabiendas de su injusticia»

TRAMITACIÓN EN PLENO ESTADO DE ALARMA

Otro de los puntos del informe carga contra la celeridad mostrada por la magistrada de Madrid en este asunto en pleno estado de alarma, cuando los plazos procesales se encuentran suspendidos y la justicia sólo actúa en los denominados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) servicios esenciales, que requieren resolución de urgencia.

Es más, recuerda que el auto del 23 de marzo que se impugna, por el que se incoan las diligencias penales, reconoce de forma expresa que no había urgencia alguna por lo que al dictarlo desatiende todo lo excepcionalmente acordado, como eran razones de salud pública, para favorecer y permitir sin causar indefensión a ninguna parte o el aislamiento social.

«Pues bien, la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma», incide el escrito.


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Salud

Fernando Simón, en el punto de mira de la Guardia Civil: Principal sospechoso en la investigación penal por el aquelarre feminista del 8-M

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La investigación penal sobre la autorización de la manifestación del 8-M y otras concentraciones en plena expansión del coronavirus apunta a Fernando Simón.

Según recoge El Confidencial, las diligencias de la Guardia Civil han acreditado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad manejaba al menos tres días antes del aquelarre feminista datos que evidenciaban la gravedad de la crisis. Pese a ello, no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana.

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Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla, también apuntalan los indicios contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, que está imputado en la causa por un presunto delito de prevaricación por haber permitido las aglomeraciones de esos días previos a la declaración del estado de alarma, obviando las alertas del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso y de las organizaciones sanitarias europeas y mundiales. Otros altos cargos de la delegación y del ministerio pueden seguir ahora los pasos de Franco, según fuentes próximas al caso.

Las indagaciones del instituto armado atribuyen a Simón un papel decisivo en la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo. El 5 de marzo, tres días antes del 8-M, responsables de esa congregación fueron convocados en el ministerio para hablar sobre un brote de Covid-19 en una de sus iglesias y estudiar la anulación del congreso. El propio ministro de Sanidad Salvador Illa y Simón coincidieron en que debía suspenderse por el alto riesgo de propagación del virus.

Los investigadores contraponen las precauciones de Simón por el acto religioso con su actitud permisiva en torno al 8-M y el resto de aglomeraciones de ese fin de semana. También recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia el 14 de febrero sobre el peligro de los actos multitudinarios y que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó una circular aún más contundente que desaconsejaba la autorización de aglomeraciones.


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