La carrera por los reactores modulares (SMR), la demanda imparable de los centros de datos y el único plan de cierres nucleares del continente occidental: el español.

Hay decisiones políticas que se explican con datos y decisiones que solo se explican con fe. El cierre programado del parque nuclear español pertenece a la segunda categoría, y la comparación con el resto del continente ya no deja resquicio para la duda. En marzo de 2026, mientras la Cumbre sobre Energía Nuclear de París vinculaba solemnemente la energía atómica con la autonomía estratégica, la competitividad industrial y el precio de la electricidad^[1], la Comisión Europea adoptaba una estrategia específica para acelerar los reactores modulares pequeños (SMR) y situar los primeros proyectos europeos a comienzos de la década de 2030^[1]. Sus propias proyecciones oficiales contemplan entre 17 y 53 gigavatios de capacidad SMR en la Unión para 2050^[1]. ¿Y España? Pues España confirma, con calendario incluido, el cierre de sus cinco centrales nucleares —siete reactores— entre 2027 y 2035^[2], mientras Tarragona, una de las provincias que más va a perder con ello, obtiene hoy el 82% de su energía de sus tres centrales^[3]. El resto del mundo desarrollado ha entendido algo que nuestro Gobierno se niega a admitir: que la soberanía, en el siglo XXI, se mide en megavatios firmes. Y que hay dos maneras de tenerlos: producirlos o pedirlos prestados. España ha elegido, por decreto, la segunda.

La paradoja española: cerrar lo que Europa abre

Empecemos por el panorama continental, porque el contraste es ya material de archivo. Europa prepara la apertura de una veintena de reactores nucleares y se desmarca explícitamente del plan de cierres español^[1]. Al cierre de 2025, la Unión Europea operaba 98 reactores con 96,2 gigavatios de potencia —162 en todo el continente—^[1], y la tendencia no es exactamente la de un sector en extinción: Países Bajos, Suecia, Bélgica, Chequia, Hungría y Polonia, entre otros, están invirtiendo en nuclear, al igual que el Reino Unido^[3]. En la COP28, una veintena de países se comprometió a triplicar su capacidad nuclear; la lista de ausentes tenía dos nombres, y uno era España^[2]. Y hasta Alemania —la Alemania que apagó sus últimos reactores en 2023 como ofrenda culminaria al ecologismo— tiene de vuelta el debate nuclear en primera línea política, tras comprobar que su matriz queda en un 26% eólica, un 18% solar, un 17% de gas y un 14,6% de lignito: el país que cerró la nuclear para salvar el clima, quemando carbón para encender las luces^[3].

La pregunta que ningún responsable ministerial ha respondido con cifras es sencilla: si la nuclear es suficientemente limpia, segura y estratégica para checos, polacos, suecos, holandeses, británicos y franceses, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros? O al revés: ¿qué sabemos nosotros que justifique pagar el precio de ser la excepción? Porque la excepción tiene precio, y lo está pagando ya el consumidor.

Anatomía de un SMR: la fábrica contra el megaproyecto

Conviene explicar la tecnología, porque detrás del siglas hay una revolución industrial tan poco glamourosa como decisiva. El Organismo Internacional de Energía Atómica define los SMR como reactores de potencia reducida, desde los microrreactores de menos de 10 megavatios hasta la capacidad estandarizada de 300^[4]. La clave no es el tamaño en sí, sino el método: componentes estandarizados fabricados en fábrica y transportados al emplazamiento, en lugar del proyecto faraónico construido in situ durante una década^[5]. Es, literalmente, el mismo enfoque que hizo predecibles los reactores de los submarinos durante medio siglo^[5].

Las ventajas operativas son sustanciosas: requieren menos terreno y menos agua de refrigeración que una central grande, y mientras las convencionales recargan combustible cada uno o dos años, en los SMR el ciclo puede alargarse hasta siete^[6]. Una instalación de este tipo produce más de siete millones de kilovatios-hora al día^[6], y un reactor modular de 300 megavatios basta para abastecer sin interrupciones a una ciudad de unos 600.000 habitantes, funcionando 24/7 sin pedir permiso a la meteorología^[7]. Y la clave financiera, que era la asignatura pendiente de la nuclear clásica: los desarrolladores calculan que comprometer la producción de seis a diez unidades del mismo diseño abarataría los costes hasta un 40% respecto al primer prototipo — la curva de aprendizaje de toda industria seriada^[5]. En la nuclear tradicional, la mitad del coste energético proviene de la deuda; la modularidad reduce el riesgo de obra, agiliza los plazos y abre la puerta a un abanico de clientes que jamás podría financiar un gigavatio a la vieja usanza^[4].

El cliente que lo cambió todo: los centros de datos

Si los SMR han pasado del papel a las carteras de inversión, ha sido por la aparición de un cliente nuevo con una necesidad vieja: potencia firme. El entrenamiento y la inferencia de la inteligencia artificial exigen energía continua, 24 horas al día, no generación intermitente: el sol y el viento, por sí solos, no pueden cubrir ese hueco^[5]. De ahí que el mercado esté tomando la forma que nadie preveía hace una década: los gigantes tecnológicos invierten directamente en reactores modulares^[8], Estados Unidos ha firmado una orden ejecutiva que fija el objetivo de cuadruplicar su capacidad nuclear para 2050^[8], y la Agencia Internacional de Energía identifica planes de hasta 25 gigavatios de capacidad SMR a escala global, impulsados en gran medida por los centros de datos^[8]. La propia Siemens Energy resume el nuevo dogma industrial: ante el consumo eléctrico creciente de los centros de datos de IA, la nuclear emerge como pilar crítico de potencia firme, baja en carbono y seguridad energética para la infraestructura digital^[9].

La ventaja decisiva de los SMR es de geografía: pueden instalarse junto a la carga —en el campus de un centro de datos, en una fábrica, en el solar de una central de carbón que ya tiene conexión a red y aceptación social—^[8], y la Comisión Europea los respalda precisamente porque permiten llevar capacidad nuclear a lugares donde una gran central jamás sería viable: industrias de alto consumo, islas, y sí, data centers^[7]. El mercado, mientras tanto, madura: las bases de datos especializadas ya rastrean más de un centenar de proyectos SMR en desarrollo, con previsiones a veinte años por tecnología y región^[10]. Y en España, el tándem ya tiene nombres propios: la apuesta por los reactores modulares une a Madrid y a Google en la misma cartera de proyectos^[6].

La ironía histórica es exquisita: la digitalización que este Gobierno celebra en cada comparecencia es, en términos eléctricos, una demanda de potencia nuclear. No hay tercera vía: o se encienden reactores o se encienden turbinas de gas —de gas de terceros, recordemos.

La geografía del desastre: quién apuesta y quién se queda fuera

Miremos el mapa, porque la geografía energética es la geografía del poder. Francia produce el 68% de su energía en reactores nucleares, ha embarcado su presupuesto en nuevas inversiones y en la apuesta por los minirreactores, y sus primeros reactores modulares estarán a 250 kilómetros de la frontera española^[3]. La conclusión práctica la dibuja sola la crónica sectorial: cuando Cataluña —hoy al 59% de energía nuclear, con Ascó I prevista para cerrar en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellós en 2035— haya desmantelado su parque, no quedará otra que importar energía de otros territorios, incluso nuclear… de Francia^[3]. España cerrará sus reactores para acabar comprando electricidad de los reactores franceses: la soberanía energética convertida en factura de importación con acento galo.

Mientras tanto, Polonia, la República Checa y Eslovaquia avanzan contratos de reactores^[8]; Estados Unidos, Canadá y China desarrollan proyectos piloto de SMR^[7]; y el Consejo Europeo ha incluido la energía nuclear entre las tecnologías estratégicas de la Net Zero Industry Act — la propia ley estrella de la descarbonización comunitaria da por buena la nuclear que España desecha^[7]. ¿Y la industria española? Existe, y es buena: en noviembre se constituyó el grupo de Reactores Nucleares Modulares dentro de la plataforma CEIDEN, con 21 entidades entre eléctricas, ingenierías e instituciones públicas, decididas a «capitalizar la experiencia» del país pese al calendario de cierres^[2]. Setenta diseños de minirreactores se desarrollan hoy en 18 países^[2], y España tiene el talento para estar en esa carrera. Lo que no tiene es un Gobierno que quiera correrla: el grupo CEIDEN trabaja, según sus propias palabras, para «estar preparados para cualquier escenario, desde desmantelamientos agresivos hasta la construcción de nuevos reactores»^[2]. Un país entero haciendo los deberes de una asignatura que su Gobierno ha decidido suspender.

La factura de la ideología

Porque al final, como siempre, la factura la pagan los españoles de a pie. Red Eléctrica mantiene la «operación reforzada» del sistema hasta 2026 —herencia del apagón—, encareciendo el precio de la luz^[6]. Cada reactor que se apaga es potencia firme que hay que sustituir con gas de terceros, con carbón importado o con la caridad eléctrica de los vecinos; y cada uno de esos sustitutos llega con su precio, su volatilidad y su dependencia incorporados. La experiencia alemana debería bastar como espantapájaros: la política de cierre más celebrada por el ecologismo mundial ha dejado a la primera economía de Europa atada al gas y al lignito^[3], es decir, exactamente a lo que decía combatir. Cerrar la nuclear no descarboniza: descarboniza el discurso, y carboniza la matriz.

Y convenga decirlo con nuestro vocabulario de siempre: la prudencia es una virtud cardinal, no un capricho reaccionario. Un Estado que entrega su potencia firme en plena carrera tecnológica y crisis energética geopolítica no es valiente: es temerario, que es la caricatura de la valentía. La doctrina social más elemental —el bien común, la protección de las familias, el cuidado de los más pobres, que son quienes más padecen cada subida de la luz— exige lo contrario de lo que este Gobierno ha decretado. No se necesita ser pronuclear para entenderlo: basta ser proespañol y saber sumar.

Conclusión: la soberanía se mide en megavatios

La carrera de los reactores modulares no es una moda tecnológica: es la respuesta industrial del mundo desarrollado a dos realidades que nadie ha logrado conjurar — la demanda imparable de potencia firme de la economía digital y la volatilidad geopolítica del gas. Europa la ha entendido y legisla en consecuencia^[1]; Estados Unidos la ha entendido y cuadruplica objetivos^[8]; hasta Alemania la está entendiendo a base de facturas de lignito^[3]. España, en cambio, ha decidido responder a la mayor carrera energética del siglo con el único plan de cierres del continente occidental^[2], confiando el futuro eléctrico de Tarragona y Cataluña a la bondad de las redes francesas^[3].

La soberanía energética no es un eslogan de feria: es la capacidad de una nación de decidir su propio consumo sin pedir permiso a nadie. Esa capacidad se construye con reactores, redes y talento — y España tiene redes, tiene talento industrial de primer nivel agazapado en CEIDEN^[7] y tuvo reactores, que es precisamente lo que ha decidido demoler. El día que el último ascense se apague, en 2035, habrá en el mundo decenas de SMR funcionando junto a centros de datos, fábricas y ciudades que supieron leer la década. Los españoles de entonces podrán preguntarse por qué su país, que tenía asiento en esa mesa, eligió levantarse de ella. Y la respuesta estará en el acta notarial de los cierres: firmada por decreto, pagada en la factura de la luz, y justificada por una fe que ni siquiera sus propios correligionarios europeos comparten ya. La luz de España no se apagará sola. La están apagando por decreto — y con ella, un trozo de soberanía que no van a devolvernos ni el viento, ni el sol, ni la generosidad de las redes francesas.