La libertad de enseñanza no consiste en defender a los empresarios del sector, sino en defender el derecho de los padres para decidir qué educación quieren para sus hijos.

La Comunidad de Madrid fue protagonista de la ballata educativa contra la ley Celáa por el golpe de mano de Isabel Díaz Ayuso, que meses atrás anunció que blindaría la enseñanza concertada en Madrid, «al menos hasta 2027».

Ahora, se conocen más detalles sobre el borrador del anteproyecto de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid que -según publica El Mundo- condensa toda la rebelión frente a Celaá. Según explican en la Consejería de Educación, se encuentra en fase de estudio de las alegaciones recibidas y a la espera de ser aprobado por el Consejo de Gobierno. La idea es remitirlo a la Asamblea regional para que esté listo antes de final de año.

Estos son los puntos de la norma autonómica que chocan con la Ley Celaá:

–La Lomloe quitó la «demanda social» que protegía a los centros concertados en los tribunales ante posibles cierres de unidades por la Administración autonómica. La Ley Ayuso recupera esa coraza al señalar que se «garantizará en cualquier caso la existencia de plazas suficientes para las enseñanzas declaradas gratuitas por la ley, teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social».

–La Ley Celaá apuesta por la escolarización de proximidad y lo considera un criterio prioritario frente a otros a la hora de la admisión. La Ley Ayuso aboga precisamente por lo contrario: que los alumnos puedan escoger cualquier colegio del municipio aunque vivan lejos. Es lo que llama el distrito único, enmarcado dentro de «la libertad de las familias para elegir sin que el lugar de residencia sea una limitación para el ejercicio de esa libertad».

-La Lomloe acaba con las subvenciones a los colegios que separan por sexos. Es un punto de controversia claro con las regiones gobernadas por el PP, que defienden que este modelo tiene derecho a existir; entre otras cosas, porque está avalado por el Tribunal Constitucional.

Respecto a la educación especial, recoge El Mundo, si la Lomloe declara que es la Administración la que decide a qué tipo de colegio va el alumno, tras ser «preceptivamente oídos e informados los padres», la Ley Ayuso incide en que esta decisión sólo podrá tomarse «previo acuerdo con la familia». En la ley estatal los padres son escuchados pero la última decisión la tiene la comunidad autónoma. En la ley autonómica, nada puede hacerse sin la «autorización» de los progenitores.

Además, según el mismo diario, esta ley podría ser fuente de inspiración del resto de regiones gobernadas por el PP, dado que la influencia de Ayuso ha pasado ahora a ser determinante en el rumbo político de este partido, tras su victoria en las elecciones del 4-M. Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia aglutinan el 47% del alumnado. Si todas siguen el modelo Ayuso, la Lomloe quedaría prácticamente sin efecto en la mitad de la escuela española.

Pero hay un aspecto de la Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid que se olvida, precisamente, de garantizar esa libertad educativa.

Y es que Díaz Ayuso no es partidaria del pin parental y no va a usar esta herramienta para vetar contenidos LGTBI en las escuelas. «Creemos que se trata de una medida que se entromete en la labor y la autoridad del profesor, así como con la autonomía de los centros educativos»,

valoran fuentes de la Consejería de Educación, que lidera Enrique Ossorio. «Además, seguimos pensando que se trata de una polémica innecesaria, como demuestra que no se hayan registrado de manera oficial quejas sobre posible adoctrinamiento en las aulas de los centros educativos madrileños», añaden las mismas fuentes.

Por eso, tal y como viene recogido en la Ley Ayuso, el curso que viene los centros públicos y concertados harán lo mismo que éste: deberán anunciar, antes de iniciar el proceso de escolarización, tanto el proyecto educativo como las temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas. De esta manera, los padres pueden conocer esta información y tomar una decisión sobre la elección del centro que consideren más adecuado. Las familias, una vez que se matriculen en el colegio elegido, tendrán que comprometerse al «respeto» de estas actividades y de las «normas de funcionamiento», de tal forma que no podrán escabullirse de estas charlas.¿Y si los padres no tienen derecho a elegir qué contenidos -en este caso hablamos, por ejemplo, de charlas afectivo sexuales- se les imparten a sus hijos? ¿Dónde está esa pretendida libertad de educación?

Lo que se observa en la ley que pretende impulsar Ayuso es que se protege la pervivencia económica de los centros concertados, pero lo de la libertad educativa es otro tema. Señora Ayuso, ¿si usted no es partidaria de un pin parental? ¿qué le parecería implantar un cheque escolar, es decir que a los padres se les entregue el importe total del coste del puesto de enseñanza de su hijo y así serán ellos, de verdad, quienes elijan el colegio al que acuden sus hijos.? Eso sí sería libertad educativa.

En resumen: la libertad de enseñanza no consiste en defender a los empresarios del sector, sino en defender el derecho de los padres para decidir qué educación quieren para sus hijos.