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COVID-19: Los médicos ingleses piden una ley de emergencia para protegerlos de los casos de ‘homicidio ilegal’

Redacción

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Los médicos y enfermeras temen las investigaciones penales por las decisiones tomadas sobre los pacientes con COVID-19, ya que los hospitales corren el riesgo de verse sobrepasados por las denuncias.

Los médicos están pidiendo una legislación de emergencia para protegerlos de acciones legales sobre las decisiones de tratamiento de COVID-19 que se consideren «inapropiadas» tomadas bajo la presión de la pandemia.

Un grupo de organizaciones de salud ha escrito al gobierno instándolo a actualizar la ley para garantizar que los trabajadores médicos no se sientan «vulnerables al riesgo de ser procesados por homicidio ilegal» cuando tratan a pacientes con COVID-19 «en circunstancias fuera de su control».

Los hospitales en todas las regiones del NHS en Inglaterra ya están en, o cerca, del 92% de capacidad de camas que NHS Improvement considera como el umbral de seguridad, y las admisiones hospitalarias están aumentando en muchas áreas.

Los médicos han argumentado que no existe protección legal para los problemas relacionados con COVID, como cuando hay «aumentos repentinos en la demanda de recursos que exceden temporalmente la oferta».

La carta está dirigida al Secretario de Salud Matt Hancock y fue coordinada por la Sociedad de Protección Médica (MPS) y firmada por la Asociación Médica Británica, la Asociación de Médicos del Reino Unido, la Asociación de Consultores y Especialistas de Hospitales, el Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo. , la Asociación Británica de Médicos de Origen Indio y Escudo de Defensa Médica.

El primer ministro Boris Johnson advirtió esta semana que existía un riesgo «muy sustancial» de que las unidades de cuidados intensivos de los hospitales se vean abrumadas a medida que ingresan más personas que durante la última ola de casos de coronavirus.

La carta de los médicos dice que Johnson advirtió en noviembre de un «desastre médico y moral» si el NHS estaba abrumado y «los médicos y las enfermeras podrían verse obligados a elegir qué pacientes tratar, quiénes vivirían y quiénes morirían».

Es decir, para traducir todo lo anterior a un lenguaje llano y entendible por el gran público: Los médicos están totalmente muertos de miedo porque ven que muy pronto van a tener que empezar a decidir, debido a la cantidad de enfermos, quien vive y quien muere. Quien recibe medicación, y quien no. Quien disfrutará de respirador, y quien no. Y creen que los familiares de aquellos que, por haber sido dejados de lado, mueran, los denunciarán por homicidio. Y claman por una ley que, como con las vacunas, viva o muera el enfermo, el médico no tendrá culpa de NADA ni tendrá que responder por sus acciones. 

¡Disfruten de la democracia!

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Sucesos

El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano

Redacción

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El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.

Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.

Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.

Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.

Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.

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