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Sucesos

Demandado el padre del alumno de un instituto de Marbella que gritó ‘Viva España’ en un acto escolar: «Amenazan a mi hijo y nos denuncian»

Redacción

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La cadena Cope contó el pasado mes de diciembre el expediente de convivencia que habían abierto a Joaquín, un joven de 17 años que cursaba Segundo de Bachillerato en el instituto ‘Guadaiza’ de Marbella por gritar ‘¡Viva España!’ en un acto de conmemoración de la Constitución Española.

Un gesto que fue aplaudido por buena parte de sus compañeros, pero que no sentó nada bien a los docentes y director del centro, tal y como relataba por aquel entonces a esta casa el padre de Joaquín, Jacinto Requena.

Aquella polémica tuvo repercusión mediática en los medios de comunicación, pero más de medio año después de aquello, es ahora cuando el director del ‘Guadaiza’, de nacionalidad francesa, ha interpuesto una demanda al padre del alumno por considerar vulnerado su derecho al honor. Demanda que conlleva una petición de indemnización de 12.000 euros: “Me pide 12.000 euros por vulnerar su honor. A eso súmale las costas del proceso, que será de unos 5.000 euros. Y todo por gritar ‘Viva España’ en un acto de la Constitución”, lamenta Requena.

Jacinto Requena: «Mi hijo volvería a hacerlo»

El director del instituto malagueño justificaba esta denuncia porque, en reiteradas entrevistas, Requena había subrayado su nacionalidad francesa, además de haber dejado entrever que el parte impuesto a su hijo no fue a instancia de la profesora de Educación para la Ciudadanía, que fue en el marco donde se celebró aquel acto, sino del propio director: “Lo dejé en el aire, pero no puedo demostrarlo porque no estaba allí. Y por ello el director, de manera pícara, se acogió al derecho de rectificación de la información por verse afectado en la noticia”, explica.

Sin embargo, el director ha optado por el silencio estos meses sin reclamar dicha rectificación, que ahora sí exige. En cualquier caso, Jacinto apunta que ni él ni su hijo Joaquín se van a achantar, y apunta que lo volverían a hacer: “Mi hijo volvería a hacerlo. Yo le advertí a Joaquín que, si denunciamos todo esto, posiblemente tendría repercusión en las notas, como así ha sido, pero decía que su honor estaba por encima de las notas”.

Ahora, la justicia se tendrá que pronunciar. Y aunque Jacinto espera que el juez desestime la demanda, reconoce la relación asimétrica entre el director del centro y el alumno, ya que el primero recibió todo el apoyo de los profesores y personal no docente.

El acoso de algunos compañeros de clase a Joaquín Requena

De hecho, Jacinto Requena denuncia también el daño que algunos compañeros han hecho a su hijo en este tiempo: “Algunos alumnos filtraron al director por Whatsapp mensajes donde daban a entender que mi hijo era un gamberro. ¿Y todo por un grito patriótico?” se cuestiona Jacinto.

Pero lo que más duele a la familia de Joaquín es la pasividad del centro educativo cuando el menor sufrió el ciberacoso de un compañero de clase de 21 años, en el que llegó a haber una sentencia firme por el que se condenaba a este último a una multa y una orden de alejamiento de tres meses: “El director pudo tomar medidas por acoso y no hizo nada. Mantuvo en un primer momento al alumno en la misma clase que mi hijo. Es indignante”.

Así las cosas, Jacinto espera que la demanda se desestime, que el director tenga que asumir las costas del proceso judicial y que la Consejería de Educación también reaccione: “Esto tiene que servir de llamada de atención de que los alumnos menores de edad son objeto de derecho. No siempre el director lleva la razón. Estamos en un estado democrático, y los menores tienen libertad de expresión y derecho de manifestar el amor a la patria. En caso de que la sentencia no sea favorable llevaré este caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”, advierte Jacinto Requena.

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Sucesos

El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano

Redacción

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El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.

Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.

Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.

Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.

Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.

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ALERTA NACIONAL