La mesa entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Quim Torra ha fructificado hoy en forma de una mayor proximidad en el Congreso de los Diputados de los partidos independentistas, en un día en el que se votaba el techo de gasto y la senda de déficit, primer paso para los Presupuestos de 2020.

El diputado de ERC, Joan Margall, ha señalado en la tribuna que permitirá que salga la senda de déficit. «No nos gusta su techo de gasto ni su senda de déficit, como no nos gusta que no paguen lo más de 400 millones que nos deben de IVA. Pero ERC ha venido a Madrid para resolver un conflicto político», ha arrancado para acabar tal que así: «Hoy con nuestro voto le damos margen político».

Con su abstención, sumada a la de Bildu y los apoyos de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Coalición Canarias, Nueva Canarias y PRC, el Congreso de los Diputados ha aprobado la senda de déficit 2020-2023 y el techo de gasto que permiten iniciar el camino para sacar los Presupuestos de 2020. La votación ha obtenido 164 apoyos, 150 noes y 19 abstenciones. Ahora deberá ser el Senado el que dé el visto bueno a las cuentas.

Previamente, Gabriel Rufián había anticipado, ante la pregunta de si su grupo se abstendría, que «ERC siempre cumple sus acuerdos». Aunque en un segundo plano tras el cónclave de ayer, las cifras tras el techo de gasto fijan un aumento del 3,8% del desembolso no financiero hasta los 127.609 millones de euros, con unas metas de déficit que relajaban la anterior del -0,5% del PIB en 2020 para elevarla al -1,8% este año, el -1,5% en 2021, el -1,1% en 2022 y al -0,9% en 2023.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló que «esta senda de estabilidad es mejor para Cataluña», al suavizar la meta de déficit para las comunidades del 0% vigente al -0,2% del PIB, lo que supone «más de 2.000 millones».

Y más allá de los números la ministra lanzó un mensaje dirigido «sobre todo a JxC». «A JxC se me ocurren muchas razones que decirles para no bloquear esta senda, pero quizá la más importante es que estamos encauzando un problema político pero con la que no podemos afrontar los problemas cotidianos», ha abundado.

Un esfuerzo que no ha sido suficiente para recabar el apoyo del partido de Quim Torra. El portavoz de JxC, Ferrán Bel, ha desvelado que su grupo se opondrá a la senda de déficit y el techo de gasto. «Nuestra posición de hoy no presupone para nada nuestro voto a los Presupuestos Generales del Estado. Se debe desvinuclar de la mesa de diálogo, porque si no alguien puede pensar que para que continúe la mesa debemos votarle todo a favor», ha advertido Bel. También la CUP, a través de la diputada Mireia Vehí, se ha mostrado crítica con la senda de déficit que presentaba el Ejecutivo.

Subida de impuestos

Entrando en los números, Montero ha sacado pecho de la reducción de deuda pública, que acabó 2019 en el 95,5% del PIB. “Este Gobierno ha hecho en un año lo que el de Rajoy hizo en tres”, ha señalado. Sin embargo, la portavoz económica del PP, Elvira Rodríguez le ha afeado que Hacienda no desvele el cierre del déficit de 2019, que organismos como el Banco de España «sitúan en el 2,4% del PIB o el 2,5%», y ha incidido en que el ajuste de siete décimas insinúa «una considerable subida de impuestos». «Nos está pidiendo un acto de fe», ha sentenciado, para anunciar la oposición del PP a la senda.

Relajación de la regla de gasto

«Tampoco se entiende cómo va a reducirse el déficit de la Seguridad Social, que ayer nos señaló la Comisión Europea», ha criticado Rodríguez. Pese a todo, el gasto crece por encima de lo que lo hará la economía, lo que ha sido saludado por el diputado de Podemos, Txema Guijarro, como unos primeros presupuestos «expansivos».

La ministra Montero también ha señalado que aprobará una flexibilización de la regla de gasto, el tope que limita el desembolso a una tasa ligada al crecimiento, permitiendo «más inversiones sostenibles, incorporando los gastos plurianuales y mayores conceptos como gastos para evitar despoblacion o educacion», entre otros. Ello permitirá gastar más a las comunidades y ayuntamientos con superávit, aunque compromete acelerar la reducción del déficit conjunto de las administraciones.