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Sucesos

El cretinismo insoportable de la derechita cobarde de Pablo Casado y su «troupe»: El PP coloca de forma ilegal una bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza

Redacción

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La Asociación de Abogados Cristianos logra la condena al consistorios gobernado por el Partido Popular por desplegar la bandera LGTBI. El Tribunal Supremo sentenció que «no resulta compatible con el marco constitucional» el uso de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, como la LGTBI.

El Juzgado Contencioso Administrativo número de Zaragoza ha estimado el recurso interpuesto por la Asociación de Abogados Cristianos contra el Ayuntamiento de Zaragoza por colocar una bandera LGTBI en el edificio consistorial el pasado 26 de junio de 2020, en el que se instaba a declarar la nulidad del acto impugnado, por ser contrario al deber de neutralidad y objetividad de las administraciones públicas, a la Constitución, y a las leyes.

La sentencia, de fecha 25 de mayo de 2021, anula y deja sin efecto dicha actuación municipal por considerarla contraria a derecho.

Aún considerando las alegaciones hechas por el Consistorio que sostenía que no se había colocado una «bandera» en un mástil, sino que se había colocado una simple «pancarta», entiende el magistrado que en realidad sí se trata de una bandera, ya que se colocó una tela con los colores de la bandera LGTBI.

El magistrado fundamenta su decisión en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 26 de mayo de 2020, según la cual «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».

Además, entiende que la prohibición, derivada de la legislación vigente y que el Tribunal Supremo delimita en su sentencia, sí abarca la colocación de la bandera, aunque sea en forma de enseña y rodeando el borde de la balconada.

Contra esta sentencia se puede interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de 15 días.

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Sucesos

El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano

Redacción

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El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.

Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.

Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.

Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.

Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.

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