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Reino de Valencia

El cuñado del alcalde de Valencia es socio del bufete que ha facturado 220.000 euros a la EMT

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El alcalde de Valencia, Joan Ribó. Arriba: El equipo profesional de Abastos Abogados con Daniel Pérez y Salvador Martínez. / web abastos abogados / Signes
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La EMT, presidida por el concejal Giuseppe Grezzi, sabía que no contrataba sin concurso público a un desconocido para ejercer las labores de secretario del consejo de administración y asesorar a la empresa municipal. El abogado Salvador Martínez Tarín, elegido a dedo para el puesto y administrador único del despacho SMT Asesores, tiene un estrecho vínculo laboral con un familiar del alcalde de Valencia, Joan Ribó. Daniel Pérez Fernández, hermano de la pareja de Ribó, es presidente del bufete Abastos Abogados, que posee actualmente el 32% de las participaciones del despacho de abogados del secretario de la EMT.

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La clave de todo este asunto se cuece en el entresuelo de la calle Palleter, 9 de Valencia, donde comparten las oficiales los bufetes SMT Asesores y Abastos Abogados.

El alcalde ha defendido en todo momento y sin fisuras la labor de su concejal de confianza en una empresa que vive un auténtico terremoto tras detectarse un fraude de cuatro millones de euros. Una estafa a través de correos electrónicos que ha puesto al descubierto el día a día de una sociedad pública que ha externalizado por decenas de miles de euros y sin concurso servicios que se pueden cubrir desde la propia entidad. El abogado Salvador Martínez Tarín, socio en el despacho del cuñado de Ribó, está considerado desde su llegada como uno de los hombres fuertes de la empresa que preside Grezzi.

El secretario del consejo de administración, que tenía una asignación fija de 600 euros al mes por su labor en la empresa municipal hasta que le han subido el sueldo, ha facturado entre noviembre de 2015 y octubre de 2019 más de 178.000 euros por los trabajos de asesoramiento de su bufete de abogados al organismo público. Además, uno de sus letrados -forma parte de la empresa del cuñado de Ribó- facturó 44.679 euros más por trabajos de consultoría y asesoramiento. En total, el bufete SMT Asesores ha cobrado más de 220.000 euros.

La EMT adjudicó sin concurso público el servicio jurídico a SMT Asesores

El despacho de Martínez Tarín siguió desarrollando trabajos jurídicos para la EMT incluso después de que la empresa contratara a través de un proceso de selección a dos abogadas especialistas en marzo de 2018. Desde esa fecha el bufete cobró más de 78.000 euros.

SMT Asesores tiene su sede en la calle Palleter, 9 de Valencia. En esta dirección también está ubicado el bufete Abastos Abogados. Del primero, el administrador único es Salvador Martínez Tarín; en el segundo, Daniel Pérez Fernández es su presidente. En su día fueron compañeros en la universidad y ahora son socios. Martínez Tarín es el secretario del consejo de la EMT y Pérez Fernández es el cuñado del alcalde de Valencia. Daniel es el hermano de Mari Carmen Pérez Fernández, pareja de Joan Ribó.

Las sociedades de Martínez Tarín y del cuñado de Ribó están cruzadas desde hace años. Además de estar ubicadas en el mismo domicilio -antes en la calle Héroe Romeu, 16- también tienen a la misma apoderada, María Teresa Rocher Mengual. Esta economista forma parte del equipo de SMT Asesores y es especialista en asesoría fiscal y contable, como se puede comprobar en la web del bufete. Además, SMT Asesores ocupa el cargo de consejero delegado de Abastos Abogados. La empresa de Salvador Martínez Tarín posee desde el 31 de diciembre de 2018 el 32% de las acciones del despacho que preside el cuñado de Joan Ribó. Abastos Abogados participa con el mismo porcentaje y desde la misma fecha del bufete de abogados en el que Salvador Martínez Tarín es el administrador único.

El secretario del consejo de la EMT se incorporó como socio a Abastos Abogados a principios de 2009, como publicó el Boletín Oficial del Estado del lunes 12 de enero de 2009. Además, el 21 de diciembre de 2010 el BOE publicó el nombramiento como socio profesional del letrado J. A. P., que como se puede ver en la página web de Abastos Abogados forma parte del equipo del bufete y que figura en varias de las facturas presentadas por SMT Asesores para cobrar importes de la EMT. En la web de Abastos se puede ver a los dos socios en varias imágenes.

Subida de sueldo

En plena polémica por la estafa de cuatro millones a la empresa municipal, el concejal Grezzi decidió subir el sueldo a varios de los miembros de la dirección de la EMT. Entre los afortunados está Salvador Martínez Tarín que vio cómo sus emolumentos fijos de 600 euros al mes serán a partir de la renovación de 3.000 euros, por lo que ha multiplicado por cinco los ingresos. En los últimos cuatro años, SMT Asesores cobró 34.000 euros por esta labor, por lo que la cantidad a partir de ahora se disparará de manera evidente.

Este periódico se puso en contacto ayer con alcaldía para conocer la opinión de Ribó sobre este asunto y cómo valoraba que un familiar suyo sea socio de bufete del secretario del consejo de la administración de la EMT. A la pregunta no hubo una respuesta oficial por parte de la alcaldía de Valencia.

Fuente: Las Provincias


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Una niña de Alicante no puede ir de excursión escolar al Oceanográfico de Valencia porque su padre habla en castellano»

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Imagen de Joaquín y su hija Nuria tomada este miércoles en Valencia - ABC
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«No puedo firmar una autorización para mi hija si no la entiendo». Con este argumento, Joaquín, padre de un niña de ocho años alumna de un colegio público de la ciudad de Alicante, ha presentado una denuncia ante la Inspección Territorial de la Conselleria de Educaciónen la que solicita que «garantice el derecho a recibir comunicaciones también en lengua castellana sin que, para ello, haya que pedirlo expresamente», según cuenta ABC.

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Este miércoles, el colegio en el que Nuria cursa tercero de Primaria (cuyo nombre  se omite para preservar la intimidad de la menor) había programado como actividad complementaria extraescolar una excursión por el centro de Alicante.

El formulario que recibió Joaquín para otorgar su autorización para que su hija pudiera asistir a la visita guiada estaba escrito correctamente en valenciano mientras que la versión «castellana» estaba trufada de errores y palabras que no se corresponden con el español. El centro le trasladó que se había producido un «error en la redacción no bilingüe de la comunicación».

Ante esta situación, el padre solicitó al centro que se le remitiera la circular en castellano para poderla firmar. Joaquín denuncia que el colegio le trasladó a su hija, de ocho años, que no iba a mandar un nuevo formulario y que, en consecuencia, si su progrenitor no lo rubricaba «tendría que quedarse toda la jornada de hoy en otra clase». Al respecto, Joaquín lamenta que «mi hija no ha podido ir de excursión escolar porque su padre habla en castellano».

Este miércoles, padre e hija han visitado el Oceanográfico de Valencia mientras el resto de compañeros de Nuria tenían previsto participar en la actividad extraescolar que su progenitor no ha podido autorizar porque, insiste, «no puedo firmar un documento que no entiendo».

Mientras, la actividad del colegio finalmente se ha suspendido por la lluvia, conforme le ha comunicado el centro por correo electrónico esta misma mañana, en esta ocasión en las dos lenguas oficiales. A esas horas, Joaquín y su hija ya estaban en Valencia porque «he tenido que planificar mi propia excursión».

La asociación Hablamos Español se ha hecho eco de su problemática y ha anunciado que trasladará los hechos de «discriminación lingüística» sucedidos en este colegio público de Alicante a la Fiscalía de Menores para que «investigue si se han vulnerado los derechos de la menor y si se ha incurrido en prevaricación».

Para la presidenta de la asociación, Gloria Lago, se trata de un caso «paradigmático del desprecio a la cooficialidad y a los derechos lingüísticos de las personas».

De hecho, los problemas de Joaquín para recibir en castellano las comunicaciones oficiales del colegio público en el que estudia su hija vienen de lejos. Según consta en la denuncia presentada ante la Inspección Territorial de Educación, con anterioridad había recibido una convocatoria para una reunión trimestral escrita únicamente en valenciano. En ese caso, un día antes de la convocatoria se le entregó a la alumna la citación en castellano.

Joaquín, que forma parte del Consejo Escolar del centro, también solicitó una copia del Proyecto Lingüístico del colegio, toda vez que se trata de un documento público. El padre estaba interesado en conocer «la proporción de horas lectivas y la distribución de las asignaturas en relación a con la aplicación de las lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana: el español y el valenciano».

«La lengua oficial de la Generalitat»

Según consta en la denuncia, la jefa de estudios del colegio le enseñó una copia redactada en valenciano con el argumento de que «es la lengua oficial de la Generalitat», de acuerdo con la versión del padre.

Joaquín explica que, además, «en las celebraciones de Navidad ya se excluyó por completo el castellano». Ante este cúmulo de situaciones, ha solicitado formalmente a la Inspección Educativa que, además de asegurar que los padres reciban las comunicaciones en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, garantice que «los niños no sean el instrumento de presión para conseguir los fines de una imposición lingüística a la comunidad educativa, de la que los padres también formamos parte».

Al respecto, explica que respalda la decisión de Hablamos Español de denunciar los hechos ante la Fiscalía de Menores tras haber agotado «todos los cauces de diálogo posibles».

«Utilización de menores»

La asociación cree que este caso de una alumna alicantina es el ejemplo de «la utilización de menores para hacer claudicar a sus padres en la exigencia de cumplimiento de su derecho a comunicarse con la escuela en español».

En ese sentido, la asociación explica que «cada vez más personas están solicitando que las Administraciones Públicas usen también el español en las comunidades autónomas siguiendo la campaña “Pídelo en Español”». Para Lago, «la presencia de nuestra lengua común no solo está siendo cada vez más limitada en la enseñanza, sino también en ayuntamientos, hospitales, y dependencias de gobiernos autonómicos».

(ABC)


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Una ex diputada de Podemos pide una calle y una estatua para una mujer detenida por robar 40 vibradores

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Una de las noticias más comentadas de la semana ha sido el robo perpetrado por una mujer en una tienda de Callosa de Segura (Alicante). La mujer fue detenida por robar 40 unidades de una vibradores femeninos Satisfyer en una empresa comercializadora de la localidad. La presunta ladrona explicó a los agentes de la Guardia Civil que repartió los juguetes eróticos entre sus vecinas, aunque también entregó algunos a un negocio de masajes. La Guardia Civil recuperó y devolvió a la compañía alicantina algo más de la mitad de estos artículos utilizados para la estimulación del clítoris.

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Sin embargo, lo más surrealista de esta noticia ha llegado de la mano de Clara Serra. La política vinculada a Podemos y Más Madrid ha justificado el robo de esta mujer, a la que califica de “Robin Hood del feminismo” y ha pedido una estatua y una calle para ella.

El “tuit” ha indignado a los usuarios de redes sociales que consideran una vergüenza que Serra justifique un robo en aras del feminismo. “Robar esta mal salvo que los hagan los progres”, “Clara, respétate, tienes más nivel que estas gilipolleces”,“Gracias por explicarnos los que es el feminismo” o “Lástima que la crema de Cifuentes no tuviera un fin sexual” son algunos de los mensajes que pueden leerse en “Twitter”.

El mensaje de Serra arrasa en redes y cuenta ya con casi 9.000 “retweets” 46.000 “Me Gusta” y más de 2.600 comentarios.

Esta no es la primera vez que Clara Serra provoca un incendio con palabras pronunciadas en aras de la defensa de la mujer. La ex diputada de Podemos y ex presidenta de la Comisión de la Mujer en la Comunidad de Madrid llegó a afirmar que «la humillación es una cosa que las mujeres pueden desear, así como la fantasía de violación y el sexo con violencia».

“Por humillación quiero decir que existe la fantasía de violación, de sexo con violencia y esto no es una cuestión marginal”, declaró en un programa de Televisión. Esta afirm


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Retiran la bandera española de un edificio municipal en Crevillent (Alicante) para un acto de Rufián

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Un acto de Gabriel Rufián en un edificio público en Crevillente (Alicante) llevó a los organizadores a retirar la bandera española y mantener únicamente la de la Comunidad Valenciana y la de la localidad.

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Así lo ha denunciado el portavoz del PP en esta localidad Miguel Ángel Sánchez. Su formación ha pedido explicaciones al alcalde de Compromís José Manuel Penalva por la retirada de la enseña nacional en el Centro Joven Juan Antonio Cebrián durante la participación del diputado de ERC Gabriel Rufián. Según el PP, en el acto en cuestión se hizo “defensa y apología de quienes han atentado contra el Estado Español y apoyan el separatismo de Cataluña, consecuentemente se han defendido los actos delictivos de sedición ocurridos en Cataluña, además de apoyar las actuaciones violentas en las calles”.

Miguel Ángel Sánchez considera también que la retirada de la bandera nacional “es una falta de respeto institucional y claudicación”. También pregunta a PSOE e IU, que apoyan al alcalde Compromís, si están de acuerdo con esta decisión. Además, en el pasillo del edificio público también se pudo ver carteles con el lema “llibertat presos políticos” (“Libertad presos políticos”).

Por su parte, Esquerra Republicana de Crevillent ha querido “agradecer a todo el pueblo su apoyo y participación en el acto, afirmando que no aflojará en la defensa de los derechos democráticos, de la libertad y de la justicia”. Rufián anunció su intervención con un tuit en el que se podía leer “¡vivan los Países Catalanes!”, que englobaba también a la Comunidad Valenciana.


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