Connect with us

Economía

El programa económico de Vox: limitar el derecho a huelga, pensiones semiprivadas y el desguace del sistema fiscal

Published

on

Comparta este artículo.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ED (Reproducido) Vox ha optado por camuflar sus propuestas más neoliberales mediante iniciativas políticas sin concretar y simplificar al máximo los mensajes en su programa económico para las elecciones del 10 de noviembre. Si en los pasados comicios de abril la propuesta del partido verde consistía en un documento de 76 páginas, donde desarrollaban sus postulados económicos, y otro documento de 52 páginas, donde describían su política fiscal, para estas elecciones la formación que lidera Santiago Abascal ha rebajado su programa económico a un documento que no llega a las 20 páginas y una serie de propuestas recogidas en 100 medidas para la España Viva, que es presentado como su programa electoral.

De cara al 10N, Vox ha eliminado o suavizado las propuestas más polémicas en su programa económico: ya no aparece el abaratamiento del despido a los 20 días por año trabajado, ni limitar el derecho de huelga como tampoco aparece la posibilidad de rebajar con acuerdos individuales las condiciones laborales plasmadas en un convenio colectivo o las privatizaciones masivas que propugnaban en abril, cuando decían que «el Estado accionista ha de desaparecer del panorama empresarial español». Ahora en lugar de imponer un sistema de pensiones semiprivado se plantea como «voluntario» e incluso se recoge «garantizar el sistema público de pensiones».

Loading...

La líder de Vox, Rocío Monasterio, con casco de obra, en una imagen de un vídeo de su partido. Vox

Frente a la contundencia y el supuesto bagaje teórico (desde la curva de Laffer a interpretaciones partidistas del Informe Mirrless) que trataron de desplegar en las propuestas económicas en las anteriores elecciones, en esta ocasión han optado por lanzar un chorro de medidas repletas de errores, contradicciones, que chocan con varias legislaciones vigentes tanto en España como a nivel europeo y que en el programa general se recoge de una manera y en el programa económico de otra.

Así, en su competición con PP y Ciudadanos por bajar impuestos, Vox en un programa pone que bajará Sociedades al 22% y en otro al 20%, al igual que les ocurre con el tramo del IRPF con ingresos de menos de 60.000 euros, que en un documento tiene un gravamen del 22% y en otro, del 20%. Otro ejemplo del desorden, para acabar con la «excesiva regulación», Vox en un párrafo propone que «por cada nueva normativa, eliminaremos diez», pero unas páginas después cambian la insólita medida a «por cada nueva norma que se legisle, eliminaremos cinco».

Estas son las medidas económicas que ahora propone Vox:

Sangría en las cotizaciones a la Seguridad Social

El programa económico de Vox recoge que «España necesita más y mejores empleos», para lo que se centra casi en exclusiva en una ristra de rebajas en las cotizaciones sociales que se pagan a la Seguridad Social. Estas contribuciones son las que luego financian a los ciudadanos el cobro de prestaciones como el desempleo y las pensiones. El sistema público de pensiones tiene en la actualidad un déficit de unos 16.000 millones de euros.

Entre las medidas, Vox propone que los autónomos que ingresen menos del salario mínimo interprofesional no paguen nada a la Seguridad Social y «superado dicho umbral, una cuota progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos»; que tampoco se pague nada a la Seguridad Social «en la primera contratación de jóvenes menores de 24 años» durante hasta dos años; y reducir las cotizaciones que paga la empresa por los contratos indefinidos a desempleados de larga duración y aquellos de más de 50 años. Además, el partido de ultraderecha defiende una rebaja específica para las empresas que contraten a desempleados «de nacionalidad española».

En lo que puede ser un nuevo guiño al electorado joven, que no estaba contemplado en el programa de las últimas generales, Vox propone en su programa económico la «inclusión de las prácticas y becas de los estudiantes entre los contratos laborales». Destacan las ausencias de algunas de las medidas más destacadas para los comicios de abril, como el abaratamiento del despido a los 20 días por año trabajado, limitar el derecho de huelga y la posibilidad de rebajar con acuerdos individuales las condiciones laborales plasmadas en un convenio colectivo.

Rebaja del tono contra las pensiones públicas

El presidente de Vox en Málaga, José Enrique Lara, junto al líder nacional del partido, Santiago Abascal / Cadena SER

El escueto documento económico de Vox para el 10N vuelve a recoger la apuesta del partido de Santiago Abascal por un sistema de pensiones semiprivado, pero en esta ocasión lo plantea como «voluntario». En el programa electoral del 28A se explicaba un detallado proceso de transición, en el que los jóvenes entrarían de forma automática, para pasar del actual sistema de reparto de pensiones públicas a otro mixto con parte de la pensión del trabajador depositada en cuentas individuales en manos de fondos privados.

De cara a los pasados comicios, Vox utilizó un mensaje duro sobre las pensiones públicas y las prestaciones que reciben los jubilados, con menciones a la «avalancha de pensionistas» y al «lastre para el crecimiento económico» que supone el actual modelo de jubilación. En seis meses, la formación ha rebajado el tono y ahora habla de «garantizar el sistema público de pensiones» aunque se impulse el modelo semiprivado «voluntario». Además, entre las ‘100 medidas para la España viva’ la formación incluye la exención del pago del IRPF a las pensiones contributivas.

Por otro lado, el partido apuesta por tener en cuenta toda la vida laboral del trabajador para el cálculo de la pensión (ahora computan los últimos 22 años, que suelen elevar la futura pensión porque generalmente se alcanzan mayores salarios al final de las carreras profesionales). Vox no ha vuelto a plasmar la medida de «retrasar la edad de jubilación» y ahora recoge que existan «mayores incentivos» para su retraso. Además, propone mejorar la compatibilidad de recibir la jubilación y realizar actividades profesionales o laborales reducidas y «ampliar los beneficios fiscales de los fondos de pensiones a otro tipo de activos» para el ahorro de cara a la jubilación.

Impuestos para favorecer a las rentas altas

El grueso del programa de Vox respecto a impuestos es muy similar al del pasado abril, que estaba dirigido sobre todo a favorecer a las rentas altas, con una gran rebaja para las mayores rentas (por encima de 60.000 euros), así como la eliminación total «de la doble imposición de los dividendos» y de impuestos como Plusvalías municipales, Sucesiones y Patrimonio «porque atacan los patrimonios familiares».

Respecto al IRPF, se mantienen dos tramos: por encima (30%) y por debajo de 60.000 euros de ingresos, pero dependiendo del programa, el tipo que se propone por debajo de 60.000 euros varía: en el programa económico es del 22%, pero en las ‘100 medidas para la España viva’ es del 20%.

Teniendo en cuenta que el programa económico de las anteriores elecciones ocupaba decenas de páginas y a estos comicios presentan un resumen de quince páginas, hay detalles que necesariamente no se han incluido. Entre ellos, por ejemplo, que Vox cree que debe subirse el IVA reducido (4% y 10%) hasta el general del 21%, salvo para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos (se mantendría al 4%). Esta idea concuerda con su opinión de que son los impuestos indirectos (que se pagan con independencia de la riqueza y la renta de la que se disfrute) los que se deben ir subiendo mientras se reducen aquellos vinculados a los patrimonios e ingresos preexistentes. No en vano, el gurú económico de la formación, el inspector de Banco de España en excedencia Rubén Manso, madrileño y número dos del partido por Málaga, considera que «discriminar a los individuos en función de sus ingresos conduce a que desiguales niveles de esfuerzo y mérito, que generan diferentes niveles de ingresos, produzcan iguales niveles de consumo y ahorro».

Mientras tanto, se introduce una novedad respecto a hace unos meses: proponen que no se pague IVA en la adquisición de primera vivienda. En Sociedades hablan de ir hacia un tipo reducido del 12,5% a medio plazo, un 22% de inmediato, aunque en el documento de las 100 medidas apuntan a la reducción del tipo para las pymes al 15% y el tipo general «al 20% con una reducción del 5% en el caso que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas», con la eliminación de beneficios fiscales para las empresas.

Como ocurre con el IRPF dependiendo de qué programa para las elecciones del 10 de noviembre se consulte, el tipo que se propone para Sociedades varía: en el llamado «programa económico» es del 22%, pero en las ‘100 medidas para la España viva’ es del 20%. Ha desaparecido además toda mención a la desaparición de beneficios fiscales para pymes que en abril sí recogían.

Hablan también de la eliminación de la doble imposición en la repatriación de dividendos en Impuesto sobre Sociedades, pero ésta ya existe en la normativa actual. De hecho, hay exención hasta cuando no existe una verdadera doble imposición por mor de la aplicación de las presunciones de tributación en países con convenio de doble imposición.

Liberalización del suelo

También en las ‘100 medidas para la España viva’ aparece la propuesta de «convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados». A juicio de Vox «el mercado del suelo es especialmente rígido su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio». Esta medida es casi un calco de la famosa ley de liberalización del suelo de Aznar que en 1998 declaraba urbanizable todo terreno excepto que se dijera lo contrario, y que muchos expertos sitúan entre las causas de la burbuja inmobiliaria que estalló una década después.

Aplicar la regla de gasto cuando ya se aplica

Iván Espinosa de los Monteros, junto a Macarena Olona, ambos de Vox, en el Congreso

Una de las propuestas de Vox en su programa económico es la «aplicación inmediata de la Regla de Gasto vigente para los Ayuntamientos a las Comunidades Autónomas». Lo chocante de esta idea es que dicha norma presupuestaria ya se aplica en la actualidad a las autonomías, al igual que al Estado central. Por ello, no tiene ningún sentido semejante promesa electoral, en apariencia novedosa respecto al pasado abril, basada en la falsedad de que la regla de gasto solo se aplica a los ayuntamientos, y que la formación no llega a detallar más.

La regla de gasto se introdujo en 2013 en la normativa española por requerimiento de Bruselas. Es un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. Para ello impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, siendo posible superarla, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente.

Eliminar las autonomías

Como en su programa para las últimas generales, Vox dedica un apartado a reducir el «gasto público superfluo». La formación asegura haber «hecho cuentas» y concluye que se puede reducir en hasta 40.000 millones de euros anuales. La cifra ha mutado sobremanera en apenas ocho meses, porque en abril cifraban este ahorro en 24.236 millones de euros anuales.

Estas cuentas van en la línea de lo expresado por Santiago Abascal durante el debate del lunes, donde afirmó que «el coste del funcionamiento del Estado de las Autonomías, según distintos estudios, es de entre 60.000 y 90.000 euros al año». El dato procede de una estimación que hizo UPyD en 2011 y que cifraba el supuesto sobrecoste en «70.000 millones de euros en cuatro años», es decir, 17.500 millones anuales. Distintos estudios aseguran, sin embargo, que la los sistemas federales son más eficientes que los centralistas.

Las medidas de Vox siguen encaminadas a eliminar las autonomías, considerando que «desconocen sus funciones» o que «dedican recursos públicos a tareas indebidas». Así, proponen integrar la sanidad, la educación y la justicia en la estructura central del Estado, además de eliminar todos los organismos autonómicos de ayuda a la cooperación internacional. También quieren cargarse los de promoción empresarial – que los paguen las empresas – y eliminar los «aparatos de propaganda pública», esto es, las radios y televisiones públicas. El documento menciona a los Ayuntamientos, a los que Vox eliminaría toda «competencia impropia de la que se han adueñado». En sus ‘100 medidas para una España Viva’, la formación da un paso más y propone la «fusión de Ayuntamientos» y la «reducción en el número de representantes locales».

Acabar con las subvenciones a partidos políticos

El líder de Vox en Barcelona

Otro de los «gastos superfluos» identificado por Vox es la financiación a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos. El partido ultraderechista siempre se ha mostrado en contra de las subvenciones electorales, pero en cuanto ha accedido a ellas no las ha rechazado. Tras los comicios de abril, Vox recibió 2,6 millones de euros por gastos electorales y pasó a cobrar 68.088 euros al mes del Congreso de los Diputados, retribuciones de sus parlamentarios aparte.

«Patrimonialización de las familias»

El escueto documento de medidas económicas de Vox apuesta por una «patrimonialización de las familias» para crear «condiciones que les permitan crear patrimonio y sistemas de previsión para los momentos incertidumbre al margen del Estado», porque depender de él, dicen, «es el camino más corto hacia la tiranía».

La primera medida de este apartado es apostar por la educación privada con un «cheque escolar que favorecerá la libre elección de centro por parte de los padres», con el argumento de que «los más favorecidos también tienen derecho a elegir la educación que quieran para sus hijos». No hay más detalles, pero en las anteriores elecciones la formación de Abascal lo explicaba así: «Los padres recibirían del Gobierno un trozo de papel» que tendría «un importe equivalente al coste medio de un puesto escolar en un centro público» y con el que decidirían «a qué colegio público o privado quieren llevar a sus hijos. Pagan sus estudios con ese cheque y pueden complementarlo con contribuciones personales si el precio de la escuela elegida fuese más elevado que el cubierto por el bono escolar».

El documento, que propone ligar las becas «al esfuerzo del estudiante» y plantea «estabilidad en los planes de estudio» para facilitar «el reaprovechamiento» del material escolar, contiene algunas diferencias respecto a otro similar difundido en octubre, cuando apostaban por definir un «estatuto del patrimonio familiar que permita identificar bienes y derechos de primera necesidad al servicio de las familias que estarán exentos de impuestos» y eliminar «impuestos y gravámenes que pesan sobre las compraventas de activos familiares de primera necesidad (primera vivienda y dos automóviles)».

Ahora, la explicación se complica un poco: hablan de determinar lo que llaman «Necesidades Básicas del Contribuyente» en función del tamaño, composición «y los consumos a escala derivados de la vida en común de las familias», de forma que «el contribuyente» solo tribute «por su renta discrecional, es decir, la renta disponible después de cubrir sus necesidades básicas». En el documento de las 100 medidas sí especifican con una reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias numerosas.

Sí mantienen su propuesta de «deducción de los gastos de asistencia en el hogar y personal sanitario» y una «reducción progresiva de impuestos y gravámenes que pesan sobre los suministros del hogar familiar y, especialmente, sobre las familias numerosas: electricidad, agua y gas». Cabe recordar que las familias numerosas (no importa su renta) siguen disfrutando a día de hoy del denominado bono social de la luz y para calefacción, por lo que sería un descuento adicional para este colectivo.

Como ya hicieron de cara a las elecciones de abril, Vox plantea un «reconocimiento de la compensación de bases liquidables negativas del IRPF hacia atrás», esto es, permitir que te devuelvan impuestos de dos años anteriores por pérdidas en un ejercicio posterior, algo que, según fiscalistas consultados, no se hace en ningún país del mundo para personas físicas (solo se aplica a empresas en algunos países, como Reino Unido y Alemania). Asimismo, insisten en gravar las plusvalías personales «solo por su componente real», esto es, actualizar el valor de adquisición de un activo que se vende con el IPC para calcular las ganancias.

Reindustrializar España contraviniendo a la UE

El programa de 100 medidas urgentes de Vox omite la batería de medidas para «el renacimiento tecno industrial de España» que plantearon de cara a abril. Ahora, se queda en una medida que podría contravenir la normativa europea: para favorecer «la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación empresa – estado y así aumentar el peso de la industria en el PIB», plantean «apoyar a las empresas españolas incorporando como computable, en los criterios de evaluación de los concursos públicos, que la empresa tenga su sede y que tribute en España».

El listado de 100 medidas olvida las iniciativas de apoyo al vehículo eléctrico que incluyó Vox de cara a las elecciones de abril. En materia energética, propone «un Plan de la Energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia». Apuestan por las renovables sin nombrarlas, dado que España carece de recursos fósiles.

En electricidad, reclaman «menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los culpables de que paguemos uno de los recibos más caros de Europa». Los datos de la Agencia Europea de Reguladores (ACER) dicen que el principal componente en el recibo de los hogares españoles no son los costes regulados, sino la energía, que pesa un 44% (la media comunitaria es del 37%). Los apoyos a las energías limpias suponen el 14% (un punto por encima de la media de la UE); los pagos regulados a las redes (transporte y distribución), el 21% (25% en Europa) y los impuestos, otro 21% (25% en la UE).

Los documentos de Vox para estas elecciones ya no hacen ninguna mención a las privatizaciones masivas que propugnaban en abril, cuando decían que «el Estado accionista ha de desaparecer del panorama empresarial español».

Unidad de mercado pero con requisitos

En su afán por destruir el Estado de las autonomías, el programa de Vox tiene un apartado dedicado a la unidad de mercado en el que presentan un escenario irreal en el que dan a entender que un ciudadano de Murcia no puede montar una empresa en Galicia. Como en la mayoría de las propuestas de su programa económico la formación de ultraderecha propone medidas sin concretar y contradictorias.

Tras alegar que las Comunidades Autónomas «han reducido la libertad económica de los españoles», los voxistas proponen la recuperación «de la unidad de mercado» y «de competencias económicas del Estado», pero a la vez proponen que «los españoles podrán realizar sus actividades económicas y profesionales en cualquier Comunidad Autónoma de España si cumplen con los requisitos de aquélla donde establezcan su residencia».

Vox denuncia «el exceso de regulación» en una cabriola en la que apuntan que «no sólo es un coste, sino que crea inseguridad jurídica». Para reducir la regulación, Vox pone sobre la mesa una insólita medida: «por cada nueva norma que se legisle, eliminaremos cinco», sin concretar cómo y olvidando el actual entramado legislativo amparado por la Constitución española o las obligaciones de transposición de normativas comunitarias que tiene España por pertenecer a la Unión Europea. En la confusión continua del programa en la introducción la propuesta es «Desregulación: por cada nueva normativa, eliminaremos diez».

Quizás el objetivo de Vox con este punto es facilitar la vida a sus dirigentes, Rosario Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, que achacaban a la burocracia las ilegalidades cometidas en su casa y en otras edificaciones.

En esta obsesión por eliminar leyes, Vox utiliza el concepto de desregulación competitiva, que igual le sirve para hacer más competitivos los productos españoles en los mercados exteriores que como atracción de inversión extranjera. Para los empresarios extranjeros además proponen un «marco legal estable», una rebaja de impuestos que no llegan a concretar y que tributen dónde consiguen sus beneficios. Como si ahora hubiera trabas legales para que un empresario de fuera de España pueda establecerse en nuestro país exigen «libertad de entrada y salida para los inversores extranjeros».

Esta libertad de entrada y salida en nuestro país es solo para los más ricos, ya que en caso de los trabajadores, la formación verde aboga por el «otorgamiento de permisos de residencia sólo a quien pueda acreditar medios de vida para sostenerse en España», de manera que pretenden «favorecer la entrada del capital extranjero para crear empleos, para los españoles primero, y para aquellos que quieran llegar a ser uno de nosotros, después. Nuestros recursos pueden crecer, pero siempre serán limitados».

 


Comparta este artículo.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement
1 COMENTARIO

Economía

¡ESPAÑA EN LA RUINA TOTAL!: El Gobierno desvela que el déficit cerró 2020 en el 11,3% del PIB, el peor dato de la historia

Published

on

Comparta este artículo.
  •  
  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    13
    Compartidos

De confirmarse la cifra adelantada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se trataría del mayor agujero en las cuentas públicas españolas en toda la democracia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este domingo que el déficit público cerró 2020 «en torno al 11,3% del PIB», con una caída de los ingresos públicos cercana al 7,6% como consecuencia de la crisis del coronavirus. De confirmarse ese dato, se trataría del mayor agujero en las cuentas públicas de toda la democracia, ya que sólo en 2009 se registró una cifra similar (11,28%).

Loading...

La portavoz del Gobierno ha adelantado esa cifra en una entrevista con Europa Press, en la que ha apuntado que aunque el Ejecutivo trabajará por la consolidación fiscal, continuará con políticas «anticíclicas» y confía en contar con unos Presupuestos de nuevo «expansivos» en 2022, postergando el plan de ajuste a cuando haya recuperación y así «lo exija la Comisión Europea».

La responsable de la cartera de Hacienda ha asegurado que las cifras previstas por el Gobierno de déficit público y caída de recaudación se situarán en los entornos estimados, pero ha matizado que a lo largo del mes de enero se tendrá una aproximación más clara, una vez se cierre la contabilidad y las comunidades autónomas y entidades locales informen sobre sus finanzas públicas.

Montero ha subrayado que el Gobierno «nunca» ha abandonado la senda de consolidación fiscal y ha recordado que para el año 2021 está prevista la mayor caída en términos de porcentaje de déficit registrada en un solo ejercicio, de en torno a 3 puntos, pasando del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, tras haber sido «prudentes» en la elaboración de las cuentas públicas.

«Todas las administraciones tienen que tener presente el ir en una curva descendente, pero nos tiene que acompañar la situación económica», ha indicado Montero, para asegurar que el Ejecutivo no repetirá los «errores» del pasado implementando políticas de recortes que se tradujeron en desigualdad.

Por ello, ha explicado que la hoja de ruta es seguir estimulando el crecimiento con una política «anticíclica» para «no dejar a nadie atrás» y mantener el tejido productivo y los empleos, al tiempo que se acomete una revisión del gasto público para que sea más eficiente.

De hecho, ha dicho esperar que los Presupuestos del ejercicio 2022 sean también «expansivos», como los de este año, aunque ha recordado que por ahora la Comisión Europea no ha anunciado ningún compromiso al respecto de una posible nueva suspensión de las reglas fiscales ese año.

De esta forma, ha aplazado el plan de reequilibrio cuyo diseño vienen demandando instituciones como la AIReF o el Banco de España a cuando «las circunstancias económicas así lo aconsejen y cuando Bruselas lo plantee», con el fin de continuar con la senda de consolidación fiscal. «Tiempo habrá», ha dicho.

Reforma del sistema de financiación autonómica

La portavoz del Gobierno se ha referido también a la reforma del sistema de financiación autonómica, que será una «prioridad» del Gobierno para 2021 y cuyos trabajos podrían iniciarse a partir del mes de febrero, con el fin de abordar la «infrafinanciación» de algunas regiones, pero ha avisado de que el Ejecutivo garantizará cierta «armonización» fiscal para garantizar unos recursos por habitantes suficientes que permitan una buena provisión de servicios públicos.

Así, ha asegurado que el sistema será «justo» con todos los territorios, si bien ha apostillado que «nunca» un sistema de financiación puede responder en su totalidad al requerimiento de un territorio en concreto, porque iría en detrimento de otro, por lo que hay que buscar un «común denominador» para que «todos» reciban recursos adecuados y «no convertir el debate de la financiación autonómica en uno de agravios territoriales».

En ese punto, ha denunciado las «campañas interesadas de cuestionamiento» de determinadas figuras tributarias, como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio para deteriorarlas en la percepción social «casualmente» cuando esas figuras están vinculadas a la riqueza y «curiosamente» cuando afecta a un menor volumen de ciudadanos, utilizando «falsedades» como que se paga dos veces por el mismo hecho imponible.

A su juicio, España y la sociedad necesitan una «reflexión» sobre las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza, por lo que ha abogado por «legitimar aquello que permite ser más iguales» y por preservar la justicia fiscal.

A expensas de contar con la opinión del comité de expertos que designará el Gobierno para evaluar el sistema tributario y acometer la reforma fiscal en profundidad, ha vuelto a defender que «no tiene sentido» que figuras como Sucesiones y Donaciones registren una diferencia «tan obvia» respecto a otros territorios.

En este sentido, ha adelantado que se establecerán «horquillas razonables», pero no «idénticas ni absolutamente miméticas», para lograr un «Estado de bienestar razonable respetando la autonomía de cada comunidad».

En su opinión, el «equilibrio» se rompió cuando algunas comunidades dejaron «prácticamente nulas» figuras tributarias como Patrimonio o Sucesiones, en referencia a la Comunidad de Madrid, lo que dejó estos tributos como algo «testimonial» y provocó una «suerte de desequilibrio en el resto de CCAA.

Estas, «con menos capacidad recaudatoria por una menor renta por habitante o por no tener sedes fiscales, se ven obligadas para tener una misma recaudación se ven obligadas a subir mucho la presión fiscal o a renunciar a un volumen de recursos para que no se vayan a otras capitales o poder fidelizar a sus habitantes», ha añadido.

En cualquier caso, ha aclarado que «no se trata de ir contra nadie» sino de «reflexionar» para alcanzar un acuerdo en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica y que el rendimiento de esas figuras u «otras que puedan sustituirlas» sea el que se espera y no que algunos aprovechen la caída por tener una situación de «ventaja» respecto a otras zonas.

«Intentar hacer de la política fiscal una política diferenciadora de agresión al Gobierno no tiene ningún sentido», ha agregado, defendiendo el principio constitucional de que «cada uno recibe según su necesidad en forma de servicios, pero contribuye según su capacidad», algo que «no depende solo del trabajo y las rentas del trabajo, sino de lo que se hereda u obtiene por el simple hecho de haber nacido en una situación ventajosa». Descarta, por tanto, la supresión del Impuesto de Patrimonio.

Variación del Salario Mínimo Interprofesional

Por otra parte, sobre el Salario Mínimo Interprofesional, que el Gobierno ha mantenido en 950 euros para 2021, ha indicado que el Ejecutivo habría legislado con arreglo a lo que se hubiese acordado en el marco del diálogo social, tal y como se hará en el segundo semestre.

La portavoz del Gobierno ha indicado que el primer trimestre del año será aún de «sufrimiento» hasta que se llegue a una cobertura poblacional suficiente con la vacuna contra el covid, pero ha apuntado que se seguirá con el diálogo social, y «una vez pase el primer semestre» habrá una situación «más estable» para valorar los indicadores que marquen en qué medida se actualiza el SMI.

Tras aprobar un paquete de más de 4.200 millones para afrontar el «importante» daño del tejido productivo, especialmente para hoteles, restaurantes o comercios, ha abogado por «ser prudentes y cautelosos y darse el primer semestre para poder evaluar las cosas en el marco del diálogo social con mucho mejor criterio que el de ahora».


Comparta este artículo.
  •  
  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    13
    Compartidos
Continue Reading

Economía

Pablo Iglesias, alias «El Chepas», gasta 14.999 euros en 50 sillas de oficina, que permanecen guardadas en un almacén

Published

on

Comparta este artículo.
  •  
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    18
    Compartidos

Termina un año complicado en el que se han librado muchas batallas, no solo políticas sino personales. Un año en el que la economía española ha sufrido un duro varapalo y son muchos los que han tenido que cerrar sus negocios por la crisis de la Covid-19. Y en medio de esta situación y con muchos hogares sin ingresos, hay que destacar los elevados gastos del Ministerio que dirige el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Y es que, más allá de las cuantiosas inversiones que ha destinado a remodelar la sede que tiene en el Paseo del Prado 18-20, el vicepresidente segundo del Gobierno ha destinado 14.999 euros a comprar una partida de 50 sillas de oficina con destino a un almacén.

Desde el PP, pidieron al ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 una explicación por este gasto de casi 15.000 euros en unas sillas que no tendrían, de momento, utilidad alguna, por lo que no existiría urgencia. Asimismo, hay que destacar que esa compra asciende a “casi 15.000″ euros, en concreto 14.999, la cantidad mínima para poder conceder el “contrato a dedo” y no tener que sacar a concurso la licitación. Es lo que se denomina, un contrato menor.

Loading...

La explicación llegó a través de una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados, el pasado 14 de diciembre. “En relación con la información interesada cabe señalar que, periódicamente, la Subdirección General de Oficialía Mayor tiene que renovar el inventario de sillas de trabajo y adquirir nuevas unidades dado que todas, en mayor o menor medida, se van deteriorando con el uso”, señalan desde el Gobierno, que añade que se trata de un “elemento fundamental para la salud laboral de los empleados”.

Tal y como consta en la respuesta parlamentaria, en el año 2019 se compraron 100 sillas de trabajo, se desafectaron 117 unidades y únicamente quedaron 5 sillas disponibles. A mediados del pasado mes de junio, dada la escasez de sillas, la incorporación de nuevo personal y la obligación de dar servicio a los tres departamentos ministeriales (Derechos Sociales y Agenda 2030, Sanidad y Consumo), se planteó el inicio de un expediente de contratación para la adquisición de 50 sillas de oficina que, curiosamente, tendrían como destino el almacén Departamento ubicado en el Paseo del Prado 18-20.

El hecho de que vayan a un almacén pone en tela de juicio la “urgencia” del asunto y su tramitación, ya que la Subdirección General de Oficialía Mayor justifica esta necesidad para iniciar un expediente de contratación bajo la modalidad de contrato menor de suministros. Este tipo de contratos, de acuerdo con la normativa vigente, establece que el presupuesto de licitación debe ser inferior a 15.000 euros (IVA excluido), por lo que el importe de licitación se fija en 14.999,00 euros (IVA excluido) y esto conlleva la limitación del número de unidades que se pueden adquirir, que se concretan en 50 sillas de trabajo de oficina. También hay que señalar que, al tratarse de un contrato menor, la adjudicación del proyecto no necesita autorización alguna y puede ser otorgado “a dedo”.

El contrato fue adjudicado a GIL ESTEVEZ, S.A y las sillas fueron suministradas el pasado 7 de septiembre. En la actualidad siguen en los almacenes del edificio de Paseo del Prado 18-20, pendientes de distribuirse entre el personal de cualquiera de los tres Ministerios, cuando se incorpore nuevo personal o cuando se deteriore alguna silla y se requiera su sustitución, tal y como explican desde la cartera que dirige Pablo Iglesias.


Comparta este artículo.
  •  
  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    18
    Compartidos
Continue Reading

Economía

Pablo Iglesias e Irene Montero gastan 400 veces más que Santiago Abascal en promocionarse en Facebook… Porque el dinero público «No es de nadie»

Published

on

Comparta este artículo.
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Compartidos

Podemos y Vox son las formaciones políticas que más y menos invierten en anuncios en Facebook respectivamente.

Marcos Sierra.- Pablo Iglesias e Irene Montero llevan gastados en publicidad en Facebook 84.171 euros y 75.816 euros respectivamente. Los líderes de Podemos suman en total 159.987 euros desde el pasado 28 de marzo de 2019, momento en que la plataforma decidió hacer público el gasto en anuncios referentes a temas sociales, elecciones o política.

Pedro Sánchez, Pablo Casado e Inés Arrimadas no aparecen en el registro de transparencia de anuncios facilitado por la red social fundada por Mark Zuckerberg. Se desprende de ello que no invierten dinero en promocionarse en esta plataforma. Sí lo hizo en su día Albert Rivera, con unos 5.000 euros gastados en más de 400 anuncios.

Loading...

Por su parte Santiago Abascal lleva gastados 372 euros en Facebook para dar visibilidad a su imagen. Si se compara con el volumen total de anuncios contratados por Irene Montero y Pablo Iglesias, líderes de este ranking, la cantidad es 429 veces menor. En concreto, ha gastado 226 veces menos que Pablo Iglesias y 203 veces menos que Irene Montero.

Podemos ha gastado 1,6 millones en anuncios, Ciudadanos 575.000 euros, el PP 508.000 euros, el PSOE 348.000 euros, y Vox 13.000 euros

Inversión por partidos

Si hablamos de inversión por partidos, la cosa no cambia tampoco demasiado. Podemos es el partido que más invierte en anuncios en Facebook. La formación morada lleva gastados más de 1,6 millones de euros en unos 4.000 anuncios.

En el polo opuesto, una vez más, se encuentra Vox. El partido de Abascal es el que menos apuesta por la red social norteamericana para difundir sus mensajes, con un gasto de unos 13.000 euros desde el pasado mes de marzo de 2019.

Ciudadanos es la segunda formación por inversión en publicidad en Facebook. El partido fundado por Albert Rivera se ha dejado unos 575.000 euros en cerca de 20.000 anuncios. El PP, por su parte, ha gastado aproximadamente 508.000 euros en al menos 1.100 anuncios, mientras el PSOE ha invertido unos 348.000 euros en cerca de 12.000 anuncios.

La ventaja de Facebook como plataforma publicitaria es que permite segmentar las audiencias. La red social posee información de los usuarios como sus preferencias, edad, sexo o zona en la que vive. Con estos y otros datos es posible realizar perfilados de usuarios para que los anuncios sean más efectivos.

En cuanto a la facturación de los anuncios, la red social explica que cuando se publican se deberá «definir un presupuesto para cada uno de ellos. Luego, nosotros intentaremos gastar ese presupuesto de forma uniforme durante el tiempo que el anuncio esté en circulación (a menos que uses la entrega acelerada). No se te cobrará más que el presupuesto definido. Recuerda que siempre tendrás el control de cuánto gastas».

El contratante paga en función de un sistema de subasta -similar al de Google- por el cual los anuncios compiten por las impresiones -los visionados de los usuarios-, sobre la base de la puja -las palabras o conceptos que se desean usar para el perfilado- y el rendimiento. Cuando se pone el anuncio en circulación. Facebook cobra por la cantidad de clics o impresiones recibidos por cada anuncio. Es decir, un anuncio con el mismo presupuesto que otro puede tener más o menos visionados.


Comparta este artículo.
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Compartidos
Continue Reading

Economía

¡APLAUDAN! ¡APLAUDAN! ¡NO DEJEN DE APLAUDIR! RUINA TOTAL: España cerrará el 2020 con la segunda recesión más grande del mundo, sólo por detrás de Argentina, según la OCDE

Published

on

Comparta este artículo.
  •  
  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    17
    Compartidos

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) volvió a ajustar sus estimaciones anuales para el crecimiento entre los distritos países relevados. Según las cifras, España tendrá la segunda mayor caída dentro de los países estudiados por el organismo.

Se estima que, para este año, la economía española se derrumbará un 11,6% con respecto a 2019. Esta caída solamente fue superada por Argentina, que representa el modelo de cuarentena más extensa y rígida del mundo.

Loading...

Para el 2021 y 2022, se estiman rebotes anuales de 5% y 4% respectivamente, también ligeramente por encima de Argentina, pero demostrando un desempeño poco alentador teniendo en cuenta la caída del 2020.

La OCDE estima una caída de 12,9% anual para Argentina, ligeramente superior a lo que espera el equipo económico de Martín Guzmán, y cómodamente superior a lo que estiman las consultoras privadas.

Las medidas de Pedro Sánchez y los nuevos planteamientos para volver al confinamiento, ponen en jaque a lo que queda de la recuperación española. Se observó una caída interanual de 87,1% en el número de turistas registrados en septiembre, un pésimo dato para la reactivación.

El golpe al sector de los servicios, el principal motor de la economía española, condiciona el panorama económico del país. Nuevamente, España tendrá la segunda mayor tasa de desocupación de la UE, solamente superada por Grecia.

España alcanzaría un nivel de desocupación del 17,4% para fin de año, una cifra relativamente optimista teniendo en cuenta que se había superado el 25% en el 2012, tras la recesión mundial y la crisis de deuda en la eurozona.

Si las previsiones son correctas, el país europeo tendría una recesión que duplicaría en tamaño a la que registra el promedio de la Unión Europea, y muy lejos a lo que se prevé para Alemania, el caso más exitoso dentro de la UE.

Para combatir el desempleo, la OCDE recomendó tomar medidas contundentes para facilitar la flexibilización laboral y proporcionar exenciones impositivas a las empresas, pero el Gobierno de Pedro Sánchez parece decido a avanzar en una dirección radicalmente opuesta.

Con el rescate del Banco Central Europeo, el Gobierno socialista se propone llevar a cabo un gigantesco presupuesto que supone enterrar la prudencia fiscal para el año próximo.

Por su parte, la UE tampoco logró buenos resultados en materia económica, pues tendrá una recesión del doble del tamaño a la que se espera para Estados Unidos, y su recuperación también será más lenta.

Estados Unidos solamente caerá (según la OCDE) un 3,7% este año, y repuntará dos años consecutivos a tasas de 3,2% y 3,5%. De esta forma, la recuperación sería mucho más enérgica que la europea.

La eurozona no solamente será una de las regiones más afectadas por la pandemia, sino que ya registraba «tasas de crecimiento anémicas” aun antes de la llegada del covid-19. Muchos países dentro de la UE ni siquiera habían podido recuperarse de la crisis financiera del 2008.


Comparta este artículo.
  •  
  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    17
    Compartidos
Continue Reading

Radio Cadena Española

¿Quiere recibir las últimas noticias en TELEGRAM?

ALERTA NACIONAL RECOMIENDA:

ESCALPELO LITERARIO Y CINÉFILO

LOS LÍMITES DE LA MENTE

LA BANDERA ESPAÑOLA

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Translate/Traducir »