Roberto Centeno.- España tiene un problema político estructural que nos ha llevado a crecer muy por debajo de nuestro potencial en el pasado y nos llevará a la ruina sin la menor sombra de duda en el futuro. Cualquier análisis económico sobre España que no empiece por tener en cuenta que el actual modelo de Estado, que representa un despilfarro anual en relación a un Estado descentralizado equivalente al 10% del PIB, es una estafa intelectual incapaz de explicar nuestro futuro. Y esto no es un juicio de valor: son matemáticas. El problema de España, el futuro de nuestros hijos, es un modelo de Estado tan disparatado que es único en el mundo, y donde los dos tercios de gasto público –excluida la Seguridad Social– son descentralizados; que compara con solo un tercio del gasto descentralizado en los Estados federales, algo que España ni siquiera es.

Pero no solo se trata de un modelo de Estado imposible de financiar, es que su ineficiencia de gestión resulta abrumadora. Donde antes había una persona hoy hay 17; en lugar de caminar todos en la misma dirección se camina en direcciones opuestas. Es más fácil mover productos e instalar empresas entre países de la UE que entre CCAA, donde existen 300.000 empleados públicos dedicados a tiempo completo a inventar, implantar y vigilar el cumplimiento de normativas destinadas a destruir el mercado único, a fragmentar España. La insolidaridad entre comunidades es total. ¡Se blindan hasta los ríos! Los proyectos más absurdos, las inversiones más disparatadas, las duplicidades de todo tipo, el nepotismo y la corrupción, tanto institucional como personal, encuentran el entorno más favorable que pueda imaginarse para crecer sin límite ni control. No hacen falta muchos cálculos para ver que el Estado autonómico será la ruina de España.

El modelo de Estado debe ser sometido a referéndum

El origen del Estado de las autonomías es claro e inequívoco: una imposición a los españoles derivada de las ansias de enriquecimiento y relevancia social de los “padres” de la Transición, unos irresponsables sin el menor sentido del Estado, cuyo pistoletazo de salida fue el “café para todos” del mediocre Suárez, uno de los mayores desatinos de la historia de España. Este grupo de insensatos, de los que Camilo José Cela dijo que, “si tuvieran honor se habrían pegado un tiro”, puso en marcha un mecanismo infernal único en el mundo, económicamente inviable e intrínsecamente corrupto, en el que se inventaron diecisiete autonomías contrarias a la realidad histórica y objetiva de España, y una partitocracia totalitaria que somete al Ejecutivo el resto de poderes del Estado e impone un sistema electoral no representativo de listas cerradas que además prima a los partidos nacionalistas y separatistas, cuyos votos valen hasta cinco veces los del resto de los españoles.

Para entender los graves problemas estructurales que este modelo de Estado representa, hay que tener un mínimo de conocimientos económicos, que parecen inexistentes en la gran mayoría de tertulianos, analistas y políticos en general. El primero es que, tal y como se demuestra en la estructura económica de España, cada puesto creado en el sector público destruye 2,5 puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, si se eliminan todos los empleados públicos nombrados a dedo o con oposiciones a medida, que son unos dos millones, eso crearía 5 millones de puestos de trabajo en el sector privado, lo que significa una creación neta de 3 millones de empleos. Y, sin embargo, una de las estupideces más repetidas es que, si se eliminan empleos públicos innecesarios, subirá el paro. El paro juvenil es el mayor del mundo desarrollado, peor incluso que en Grecia –el 53% frente a una media del 15%–, y esto es consecuencia directa del modelo de Estado.

Otro hecho estructural que agrava lo anterior es que España no solo es uno de los pocos países de la OCDE en los que la media salarial del sector público supera a la del sector privado, es que la diferencia es la más elevada. El sueldo medio en el sector público en 2013 fue de 39.907 euros brutos anuales (1) frente a 25.983 en el sector privado (2). Las CCAA son las que tienen los sueldos más elevados, particularmente en las empresas públicas. La Administración Central, la que de verdad lleva España, es la que tiene sueldos más bajos, entre 1.217 y 2.160 euros mensuales. Y si vamos a los 20.000 asesores a dedo estamos hablando de 7.500 euros mensuales, o por ejemplo, los chóferes de los concejales del Ayuntamiento de Madrid, absolutamente innecesarios, 3.750 euros. La relación entre empleados públicos y privados el del 20,4% (la más alta de la OCDE), pero la relación entre masa salarial pública y privada es del 31%. No hay forma de justificar esto ni ante el pueblo español ni ante nadie.

Pero no solo hablamos de salarios, hablamos también de lujos disparatados que no existen en ningún otro lugar. Los más claros son los coches oficiales, las oficinas de lujo y las inversiones injustificadas, un coste adicional que no solo carece de justificación alguna, sino que es un auténtico insulto en un país con 5 millones de parados.

Y finalmente, el colmo de lo inaudito, Cataluña, donde un presidente de gobierno permite el incumplimiento diario de la Constitución y de la Ley, permite utilizar la sede de la Generalitat como centro de mando y de operaciones del proceso independentista, financia con nuestro dinero la secesión, tanto que se ha convertido con su dejadez y su cobardía en el colaborador necesario más importante en el proceso de ruptura de España, algo que está penado con cárcel en el Código Penal.

(1). La masa salarial de los empleados públicos fue de 116.090 millones de euros, y su número 2,9 millones.
(2). La remuneración de los asalariados en España fue de 490.253 millones de euros, por tanto la correspondiente al sector privado de 374.163 millones, y los ocupados 14,4 millones.