El gasto social en España, aquel destinado a sanidad, educación y protección social, tiende a favorecer en mayor medida a pensionistas y clases medias, frente a los jóvenes y la población más vulnerable, según reflejan las conclusiones de un estudio de la economista senior del Fondo Monetario Internacional (FMI) Svetlana Vtyurina, que advierte también de que la sostenibilidad del sistema de pensiones corre peligro en ausencia de medidas.

Los resultados del estudio, que no reflejan la postura oficial de la institución internacional, sino únicamente de su autora, apuntan a que existe margen de mejora en el aspecto redistributivo del gasto en protección social en España, que debería enfocarse hacia los más vulnerables.

El desembolso de las medidas de protección social en España, que incluyen las pensiones, representa aproximadamente la mitad del gasto público total, aunque en relación al PIB, España gasta menos que la media de la UE.

En el caso de las pensiones contributivas, la mayor proporción de gasto social, el estudio destaca que cuentan con una tasa de reemplazo «considerablemente superior» a la media de la UE y unas prestaciones por viudedad mucho mayores que la media, lo que implica que la tasa de pobreza entre la tercera edad en España sea relativamente baja y los pensionistas hayan estado bien protegidos frente a la crisis financiera.

Sin embargo, la autora advierte de que «la sostenibilidad del sistema de pensiones está en peligro a menos que se tomen medidas» y señala que la no implementación de las reformas aprobadas, en caso de convertirse en algo permanente, supondrá un gasto adicional en pensiones de entre 3 o 4 puntos porcentuales.

«Para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones se necesita un amplio programa de reformas», entre las que se deberían incluir incentivos para alargar la vida laboral, aumentar los recursos sin elevar las tasas de contribución y estimular el ahorro privado.

Menos redistribución en España

Por otra parte, el estudio subraya el menor nivel de redistribución de ingresos en España, incluyendo gasto social, en comparación con la media de la UE y destaca que «los hogares de clase media tienden a beneficiarse en la misma proporción o incluso más de la redistribución que los hogares de bajos ingresos».

«Los programas de asistencia social no cumplen plenamente sus objetivos. Hay lagunas en la adecuación y la cobertura, debido principalmente a ineficiencias en los sistemas administrativos, los umbrales de bajos ingresos y la comprobación de recursos, y la falta de coordinación», asegura Vtyurina, para quien esto obstaculiza la reducción de los niveles de riesgo de pobreza, desigualdad de ingresos y exclusión.

En este sentido, los datos señalan que España está alrededor de un 15% por debajo en el poder redistributivo promedio del gasto social respecto de la UE. «Después de la redistribución fiscal, la desigualdad de ingresos disponibles sigue siendo alta», advierte.

Asimismo, la economista del FMI advierte de que la proporción de prestaciones familiares en efectivo que se destina a los hogares con menor renta «es bastante baja, poco más del 30%», significativamente por debajo del promedio de la UE.

«Esto implica que los hogares más acomodados reciben una parte sustancial de las ayudas», añade.
Reformas laborales contra la inequidad

De este modo, el análisis concluye que sería necesario mejorar el acceso a las ayudas de las familias necesitadas, así como calibrar mejor los niveles de ingresos sostenibles, aumentar la comprobación de medios para acceder a prestaciones como guarderías o becas, además de aumentar la financiación de programas seleccionados.

Asimismo, la economista considera que la educación, la formación y las políticas activas del mercado laboral deben garantizar una mejor correspondencia con las necesidades del mercado.

En cualquier caso, la economista del FMI afirma que un gasto social más efectivo «no puede ser la única herramienta para elevar el nivel de vida y reducir la desigualdad» en España, por lo que recomienda acometer reformas del mercado laboral para hacerlo «más inclusivo», abordando la alta proporción de empleo temporal, que se asocia con un bajo crecimiento de la productividad y una creciente desigualdad de ingresos.

A este respecto, sostiene que la gran brecha en los costes de despido entre trabajadores fijos y temporales sigue siendo la causa principal de que los empleadores ofrezcan muy pocos contratos indefinidos, por lo que para incentivar la contratación permanente sin aumentar necesariamente los costes de despido y reducir la protección del empleo defiende la introducción de un contrato único acompañado de un fondo de separación.