El relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la ONU, Philip Alston, ha presentado sus conclusiones sobre la situación de la pobreza en España tras doce días de reuniones con personas y colectivos invisibilizados en seis comunidades autónomas diferentes. «En España hay familias que tienen un dilema: o poner la calefacción o comprar comida», ha dicho Alston en relación a la alarmante pobreza que alcanza al 26% de los españoles.

El relator ha confesado que se ha encontrado «las peores condiciones» que haya visto nunca. El australiano, experto en derecho internacional y derechos humanos, ha visitado antes otros diez países para realizar el mismo informe que será presentado en junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En relación al salario mínimo, Alston ha explicado que en España «los niveles existentes están muy por debajo del nivel de vida razonable». También ha denunciado las dificultades para el desplazamiento de una comunidad autónoma a otra para trabajar sin perder la ayuda estatal de la Renta Mínima de Inserción (RMI). «Si vives en una zona rural, por ejemplo en Galicia, y encuentras un empleo en el sur no te puedes mudar a no ser que estés preparado para dejar de percibir la ayuda del gobierno», ha dicho el relator.

«La burocracia es del siglo XIX», ha explicado Alston al referirse a la deshumanización de las administraciones públicas en el ámbito social. «Hay peticiones infinitas de documentos», ha recordado el relator de Naciones Unidas, a lo que ha sumado la falta de sentido común en los plazos y, sobre todo, que no se tenga tanto en cuenta a la persona como a sus requisitos.

«Muchos países han invertido en bases de datos y España está muy detrás en esto», ha asegurado el australiano haciendo hincapié en que no se trata sólo de infraestructuras sino también «de mentalidad».

El relator también ha puesto sobre la mesa que «los alquileres de vivienda son cada vez más altos y los desahucios se han disparado en los últimos años». Pero es que, además, «España no ha invertido en vivienda social o ha vendido la que tenía», ha denunciado durante la presentación de su informe ante los medios.

En este campo ha comentado que la Constitución española contempla el derecho a la vivienda, pero en la realidad «esto no significa nada» y ha pedido a los legisladores que empiecen a «tomarse en serio» este problema.

Los números de la pobreza

Beggars are begging for money on the street

En España hay un 26% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, un 14% de paro y la mitad de la población tiene problemas para llegar a fin de mes. Para una persona sola, esto supone no llegar a los 8.871 euros anuales. El umbral es de 18.629 euros para dos adultos y dos niños.

Cerca de siete millones de personas padecen la pobreza energética. No pueden permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada o sufren retrasos en el pago de recibos, según el Informe de Pobreza Energética en España 2018, de la Asociación de Ciencias Ambientales. Son más del 14% de la población.

En España hay unas 33.000 personas sin hogar, según la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020.

Durante su estancia en España, Alston se ha reunido en seis comunidades autónomas con trabajadoras del hogar, gitanos, familias desahuciadas, chabolistas, temporeros, inmigrantes, afectados por la pobreza energética, gente que solo cobra la Renta Mínima de Inserción y demás grupos invisibilizados.

Alston ya traía en la maleta las contribuciones de 40 asociaciones y entidades españolas que trabajan en el mundo de la pobreza, «pero he querido venir a conocer sus historias de cerca», declaraba en una entrevista concedida al semanario Alfa y Omega.

El australiano Philip Alston llegó al cargo en 2014 y ya ha visitado diez países, desde Mozambique hasta Arabia Saudí pasando por China o Mauritania. El informe que elabore sobre España llegará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio.

Aterrizó en nuestro país el pasado 27 de enero, en el que será su último viaje a un estado como relator: en 2018 visitó Reino Unido y Estados Unidos y sus duros informes sobre la falta de políticas sociales levantaron ampollas en ambos gobiernos.