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El Gobierno aprueba la exhumación “urgente” de Franco y da 15 días a la familia para decidir el destino de los restos

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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha informado de la aprobación del decreto ley para modificar dos puntos de la Ley de Memoria histórica para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos porque “no se puede perder ni un solo instante” para esta tarea.

El Ejecutivo calcula que con los plazos de tiempo establecidos por el real decreto ley para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se irá a “final de año” para realizar esta tarea en un tiempo máximo de doce meses, tal y como establece la normativa aprobada.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, los doce meses establecidos de caducidad, tras la convalidación del decreto en el Congreso, es “un tiempo máximo” pero que la previsión es que no tenga que agotarse.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el decreto ley para realizar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, Calvo ha explicado que el decreto añade un párrafo al artículo 16 de la ley que indica el “carácter urgente” de hacer esta exhumación e indica al Gobierno “el procedimiento para hacerlo”.

El ejecutivo decidirá dónde se entierran los restos del dictador, “asegurando una digna sepultura”, si la familia no manifiesta su voluntad sobre su destino final “en tiempo y forma”, así lo asegura el decreto ley.

Calvo ha explicado que la familia Franco “podrá ser escuchada” y dispondrá de quince días, a partir del 31 de agosto, para decidir a qué lugar quieren que sean trasladados los restos.

Para ello, la familia deberá aportar dentro de ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias.

No obstante, Calvo ha precisado que el Gobierno en el decreto plantea “todos los escenarios posibles, en los que la familia será escuchada” pero en el caso de que ésta “no se pronuncie o discrepe del lugar” será el Gobierno quien decida a qué lugar “digno y respetuoso se trasladen los restos”.

Calvo ha explicado que el Gobierno podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación y realizar el resto de actuaciones que procedan.

La vicepresidenta ha explicado que, como no puede ser de otra manera, el Gobierno está obligado “en un Estado garantista” a buscar un lugar digno.

A partir de ese momento, Calvo ha comentado el Valle de los Caídos cumplirá una primera función, recogida en la ley de Memoria Histórica, el “respeto de las víctimas que están de ambos bandos y naturalmente la paz, algo que no es posible estando los restos del dictador en el mismo lugar”.

Un lugar de recuerdo a las víctimas

El real decreto ley aprobado introduce un apartado 3º al artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que consagra el Valle de los Caídos como “un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje de los fallecidos en la guerra civil”, disponiendo que sólo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto.

“En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”, rezará el texto.

El Gobierno asegura que el procedimiento diseñado prevé expresamente “las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares”, que podrán disponer sobre su destino “si lo desean”.

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