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Internacional

Daniel Ortega nombra a su suegro como jefe de la policía.

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Un mes y medio después de lo establecido por la ley, el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, nombra de forma oficial a su consuegro Francisco Díaz en el cargo de titular de la Policía, que ya había asumido desde hace mucho tiempo. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 872, Ortega debió nombrar a Díaz el 5 de julio pasado.

A su vez Ortega pasa por alto las sanciones establecidas justamente el mismo 5 de julio pasado por el Gobierno de Estados Unidos, que incluyó a Díaz entre los allegados al régimen sancionados con la Ley Magnitsky, la cual castiga a personas señaladas de incurrir en actos de corrupción o involucradas en violaciones a los derechos humanos.

Human Rights Watch además expuso que “estas promociones demuestran que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para frenar la represión del régimen de Ortega, incluyendo a través de una sesión especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

El nuevo director de la Policía fue señalado de que bajo su mando se han cometido graves violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses que se han manifestado en contra del Gobierno de Nicaragua desde el 18 de abril.

De esta manera, el 5 de septiembre próximo, Díaz deberá recibir el bastón de mando de manos de la primera comisionada Aminta Granera, quien según un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta fue pasada a retiro, aunque desde el pasado 27 de abril se conoció su renuncia, sobre la cual el Gobierno guardó silencio y que con esto concluyó un período de siete años de dirigir de facto y a medias la Policía Nacional y que avaló muchos abusos policiales.

” Si bien en la última década la Policía Nacional ha presentado un grave deterioro en su institucionalidad, la reforma legal que sufrió esta institución y la promoción de Francisco Díaz y Ramón Avellán significan que esta institución funcionará principalmente para defender los intereses del régimen”. Uriel Pineda, especialista en derechos humanos.
Para la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra, “su salida silenciosa no evade la responsabilidad que tiene sobre las actuaciones de la institución durante su mandato”.

En el diario oficial de Nicaragua, La Gaceta, además son confirmados en sus cargos como subdirectores generales de esa institución el comisionado general Adolfo Noel Marenco y el comisionado general Ramón Avellán, quien lideró los ataques a los manifestantes en Masaya.

La organización Human Rights Watch reaccionó este jueves a la decisión de Ortega, de ascender oficialmente como director a Díaz y confirmar como subdirector al comisionado general Avellán.

“La decisión de Ortega de ascender a estos dos oficiales es otra evidencia de la brutalidad de su gobierno”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.


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Europa

Cuatro de cada diez mujeres suecas temen salir libremente a la calle por miedo a ser violadas

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Por Judith Bergman.- En la pintoresca ciudad universitaria sueca de Uppsala, el 80% de las chicas no se sienten seguras en el centro de la ciudad. Una adolescente de 14 años, que temió revelar su identidad, dijo a los medios suecos que siempre lleva zapatillas deportivas para poder “correr más rápido” si la atacan:

“Me senté en un banco e inmediatamente vinieron unos tipos y se sentaron a cada lado de mí. Después llegaron más y se quedaron de pie delante de mí. Empezaron a agarrarme del pelo y las piernas y decían cosas que no entendía. Me asusté tanto que les dije muchas veces que pararan, pero no me hacían caso… Todo es muy horrible. Está muy mal. Quiero poder sentirme segura”, dijo, sobre coger el momento de coger el autobús para ir a casa.

Una reciente encuesta realizada en la región de Uppsala muestra que sólo el 19% de las alumnas de instituto se sienten seguras en el centro de Uppsala. En 2013, esa cifra era del 45%. Los hombres y los jóvenes de las pandas que acosan a las muchachas suecas de Uppsala son con frecuencia inmigrantes recién llegados.

En respuesta, las autoridades de Uppsala, según dijeron a la prensa sueca: “Solemos animar a las jóvenes que no se sienten seguras que piensen en qué necesitan hacer para sentirse seguras, como no ir solas por la calle, y asegurarse de que las recoja otra persona para que puedan reducir su sensación de inseguridad”. Es decir, que las autoridades están dejando la responsabilidad de abordar este crucial problema de seguridad a las propias jóvenes.

Las jóvenes que pasan miedo en Uppsala son sólo una pequeña parte de toda la historia. Según el último Informe Nacional de Seguridad, publicado por el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen de Suecia (Brottsförebyggande Rådet o Brå), 4 de cada 10 mujeres temen salir libremente a la calle. Casi una cuarta parte de la población elige un camino distinto u otro medio de transporte como consecuencia de la ansiedad por los crímenes. Entre las mujeres de entre 20 y 24 años, el 42% afirma que han solido escoger otra ruta u otro medio de transporte porque se sentían inseguras y preocupadas por la posibilidad de ser víctimas de un crimen. La proporción correspondiente entre los hombres del mismo grupo de edad es el 16%, según el Brå.

Sin embargo, el Gobierno está recortando los recursos de la policía. En el nuevo cambio presupuestario de primavera del Gobierno, la policía se enfrenta a un recorte de 232 millones de coronas suecas (24,5 millones de dólares). “Las propuestas del cambio presupuestario de primavera tendrán consecuencias para las actividades de la policía, pero en este momento es muy pronto para responder qué impacto tendrán. Ahora vamos a analizar cómo vamos a manejar las nuevas condiciones económicas”, dijo la policía en respuesta a la propuesta de recorte de presupuesto, mientras que el jefe de policía, Anders Thornberg, criticó los recortes.

Tal como están, la policía ya está desbordada con tareas que no puede llevar a cabo en condiciones, como resolver los casos de violación. Un reciente informe de Amnistía Internacional, “Es hora de un cambio: justicia para las supervivientes de violaciones en los países nórdicos”, hecho público en abril, criticó duramente a los suecos por no abordar debidamente los casos de violación. Según el informe de Amnistía Internacional, algunos de los problemas son que a las investigaciones sobre violaciones se les da menos prioridad de la debida, “los tiempos de espera para los resultados de los análisis del ADN son demasiado largos”, no hay suficiente apoyo a las víctimas de violaciones y no se hace suficiente trabajo con propósito preventivo.

El informe de Amnistía dice:

“En 2017, se reportaron a la policía 5.236 violaciones que afectaban a personas de 15 años o más: el 95% de las víctimas eran mujeres o niñas. Las estadísticas preliminares de 2018 indican 5.593 violaciones: el 96% de las víctimas fueron mujeres o niñas. Sin embargo, que no se denuncien todas las violaciones u otros delitos sexuales significa que esas cifras no dan una imagen realista de la magnitud del problema. En un estudio de 2017, el 1,4% de la población afirmó que había sido sometido a violaciones o abusos sexuales, lo que representa una cifra de aproximadamente 112.000 personas. La inmensa mayoría de las víctimas de violación nunca denunciará el crimen a la policía. De las que sí lo hacen, serán pocas las que consigan que su caso llegue a los tribunales. En 2017, se iniciaron procesos en el 11% de los casos relacionados con menores de entre 15 y 17 años, y en el 6% de los casos para los adultos”.

Los delitos sexuales no son los únicos que las autoridades suecas se ven incapaces de afrontar. En 2018, Suecia experimentó una cifra récord de muertes por disparos: 45 personas fueron asesinadas en el país. La mayoría tuvieron lugar en el área de Estocolmo, y la mayoría de las muertes se produjeron en la región del sur, donde está Malmo. “Es un nivel terriblemente alto”, dijo el comisario de la policía de Estocolmo, Gunnar Appelgren, sobre los tiroteos. Antes, era 2017 el año récord, con 43 muertes por disparos. Sin embargo, la cifra de tiroteos reportados en general sí descendió ligeramente: de los 324 en 2017 a los 306 en 2018. El número de personas heridas también es ligeramente menor: 135 personas en 2018, frente a las 139 en 2017.

Según la policía, muchos de los disparos están vinculados a conflictos entre delincuentes y las llamadas “áreas vulnerables” (utsatta områden, conocidas popularmente como “zonas de exclusión” o zonas sin ley). En los primeros seis meses de 2018, según la policía, casi todos los tiroteos tuvieron lugar en un “área vulnerable”. En 2017, un informe de la policía sueca “Utsatta områden 2017” (“Áreas vulnerables 2017”), indicó que hay 61 áreas de ese tipo en Suecia. Abarcan 200 redes criminales y se calcula que están compuestas por 5.000 delincuentes. Veintitrés de esas áreas eran especialmente críticas: niños de tan sólo 10 años se han visto involucrados en delitos graves allí, incluidos los relacionados con armas y drogas. La mayoría de los habitantes eran no occidentales, y principal y lamentablemente, inmigrantes musulmanes.

Para agravar estos problemas, la ministra de Exteriores, Margot Wallström, parece estar planeando el retorno de los hijos de los terroristas del Estado Islámico (ISIS) que están viviendo en los campos de refugiados en Siria. “Es complejo y por eso ha llevado tiempo desarrollar una medida y un mensaje claros, pero trabajamos en ello cada día. No soporto ver que los niños lo pasen tan mal”, dijo hace poco. En un mensaje en Facebook del 12 de abril, Wallström escribió:

“El Gobierno está trabajando intensivamente para asegurar que los niños con vínculos con Suecia y que estén en Siria reciban la ayuda que necesitan. No debería haber dudas de que el Gobierno hace lo que puede por esos niños, y si es posible, deberían poder volver a Suecia. Se debe tratar cada caso por separado. Los niños están en distintas situaciones, algunos son quizá huérfanos, y otros tienen padres detenidos por actos que perpetraron para el ISIS. Es difícil identificar a los suecos que puedan haber nacido en [Siria o Irak]. En el campo más grande hay unas 76.000 personas. Estamos en contacto con Cruz Roja Internacional en los campos. Es de máxima importancia que la situación de los niños se maneje con seguridad jurídica y se priorice lo que más beneficie a los niños. Los actores internacionales, las autoridades suecas y los ayuntamientos suecos pueden recibir a los niños, deben cooperar”

Por desgracia, el terrible destino de los niños yazidíes esclavizados no parece ser algo que Wallström “no puede soportar”.

Además, 41 de los 291 ayuntamientos suecos podrían ser obligados, o ya lo son, a acoger a los terroristas retornados del ISIS en el futuro próximo, según un reciente reportaje de SVT Nyheter. Los terroristas del ISIS o están aún en Siria o ya están volviendo a Suecia. Para “preparar” a los ayuntamientos, el Centro contra el Extremismo Violento sueco los invitó a una “jornada de aprendizaje” sobre los retornados del ISIS el 24 de abril. El propósito era “dar apoyo a los ayuntamientos que hayan recibido o vayan a recibir a los niños y adultos retornados de áreas antes controladas por el Estado Islámico”. Los ayuntamientos implicados son los de las localidades donde los terroristas vivían antes de ser reclutados por el ISIS.

En total, se espera que 150 miembros del ISIS, hombres y mujeres, vuelvan a Suecia, así como 80 niños que viajan con sus padres.

Según el primer ministro Stefan Löfven, los terroristas retornados del ISIS tienen “derecho”, como ciudadanos suecos, a volver a Suecia. Löfven afirmó que iría contra la Constitución sueca privarlos de su ciudadanía, pero que los que hayan cometido crímenes serían juzgados. El experto sueco en terrorismo, Magnus Ranstorp, en cambio, ha advertido a Suecia contra el retorno no sólo de los terroristas del ISIS, sino también a sus esposas y sus hijos, que también representan una amenaza a la seguridad:

Las mujeres no son víctimas inocentes, y también hay un grupo grande de hijos del ISIS […]. Desde los ocho o nueve años los han mandado a campos de adoctrinamiento donde han aprendido técnicas de combate y el manejo de armas. Algunos han aprendido a matar […]. Sus identidades estarán siempre vinculadas a su temporada en el ISIS, y al hecho de que tengan un padre o una madre del ISIS.

Suecia parece querer importar aún más problemas.

Fuente: Gatestone Institute


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Hispanoamérica

Dos representantes de Guaidó se apropiaron de 90 mil dólares destinados a ayuda humanitaria

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Juan Guaidó
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Los dos representantes del gobierno interino de Venezuela en Colombia se apropiaron de 90 mil dólares de donaciones particulares destinadas a cubrir los gastos de la ayuda humanitaria y para atender los 1.600 militares que están en situación de refugio en Cúcuta. Así lo reconoció Juan Guaidó al asegurar que ambos casos serán investigados por la Fiscalía colombiana.

La tarde de este lunes, Guaidó salió al paso después de que se publicara la denuncia en el portal «Panam Post» y ha dicho que «no permitiré que ningún mal empañará lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos», al tiempo que insistió que no detendrá sus trabajos por este caso.

Los recursos se desviaron para financiar la vida de lujo de los dos enviados por Guaidó y ha hecho tambalear los apoyos internacionales del hombre que aspira a desalojar a Nicolás Maduro de poder.

Guaidó ha explicado también que el embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, lleva una gestión administrativa y que la apropiación «no son fondos del Estado venezolano, mucho menos de organismos multilaterales; los fondos eran para el hospedaje, transparencia internacional para darle seguimiento», precisó Guaidó.

«Tres personas han sido separadas de sus cargos, deberán rendir cuentas de los fondos que con mucho esfuerzo se han conseguido para la crisis venezolana (…) Para nosotros la simple denuncia sirve para investigar, para denunciar y para hacer un seguimiento», subrayó.

Según la investigación de «Panam Post», Rossana Barrera y Kevin Rojas, militantes del partido político de Guaidó, Voluntad Popular, estaban al frente de la atención a los emigrantes venezolanos en Colombia, usaron para su propio beneficio los miles de dólares de las ayudas que gestionó la oposición para paliar la severa crisis humanitaria que atraviesa el país sudamericano.

Sobreprecios en facturas de hoteles, gastos no relacionados, alquileres innecesarios de vehículos y hasta inflados gastos en costosos restaurantes forman parte del desvío de los fondos que en Venezuela millones de personas esperan para mitigar el hambre y otras consecuencias de la crisis.

 


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Hispanoamérica

Una de cada tres personas que han pedido asilo este año en España son venezolanas

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Miles de venezolanos se manifiestan en Caracas en apoyo a Guaidó
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Una auténtica democracia no es un traje a medida de cualquier país y sólo puede ser posible sobre la base de unas condiciones que no se dan en todas las sociedades. Venezuela, como la mayoría de los países centro y sudamericanos, no ha conocido otra forma de existencia que la destrucción acelerada de la dignidad humana, inmoralidad rampante, sincretismo racial, aniquilación de la convivencia, sublimación del plebeyismo, corrupción sin freno, violencia descarnada y deshumanización en suma.

No debemos ignorar que la tiranía chavista fue refrendada en las urnas, no una, sino varias veces, de forma abrumadoramente mayoritaria. Un orden económico, social, moral y político destinado a embrutecer a las masas ha dejado como resultado esto de lo que ahora muchos que nunca se imaginaron que se verían afectados ahora se lamentan, dejando la temible herencia de centenares de muertos, miles de encarcelados, millones de exiliados económicos, la pobreza avanzando en oleadas, una nación que ha perdido su soberanía y un futuro más bien negro.

Si la crisis económica es verdaderamente espantosa, el desplome moral no es menos alarmante. Quienes ahora apoyan entusiásticamente a Guaidó, son los mismos que apoyaron de la forma más fanatizada a los dirigentes chavistas; son los mismos que batían palmas cada vez que Hugo Chávez humillaba públicamente a un representante de la prensa, de la oposición, de la banca…; son los mismos que cerraban los ojos cuando se comenzó a asesinar y encarcelar a los primeros líderes opositores; son los mismos que daban la espalda a los pocos venezolanos que hace casi veinte años tuvieron el coraje y la dignidad de jugárselo todo para evitar llegar a la situación a la que se ha llegado; son los mismos que se opusieron con saña a cualquier iniciativa que clamara contra contra la inmoralidad y defendiera la rectitud, el compromiso personal y la ética; son los mismos que en las instancias internacionales les hacía gracia el revólver humeante en las manos de un niño.

Los males de los pueblos no tienen solución mientras no desaparezca el nutriente de que brotan esos mismos males. Eso lo ha comprendido Trump y por eso se opone con firmeza a que su país acoja a millones de personas que han sido incapaces de sacar a flote a sus propias naciones, habiéndolas convertido en focos de injusticia, pobreza, criminalidad, corrupción, basura cultural y putrefacción moral. Sostener por todo ello que el responsable de la situación que vive Venezuela es solamente su presidente, supone sobre todo una afrenta a la historia y un insulto a la inteligencia.

Si muchos venezolanos que hoy piden asilo en España, ejercieran la necesaria autocrítica, tendrían que avergonzarse por haber colaborado en algún momento con un régimen comunista que ha convertido en un erial una de las naciones más ricas del planeta, que transformó a la mayor parte de los venezolanos en un rebaño bien compacto conducido al precipicio a ritmo de reggaeton, como no podía ser de otra manera con asesores como los de Podemos, que establecieron las directrices a cambio de un inmenso botín.

46.596 solicitudes de asilo

España ha recibido en los primeros cinco meses de este año un total de 46.596 solicitudes de asilo, y una de cada tres, casi 17.000, son de personas procedentes de Venezuela, una cifra que supera ya el 80% de todas las que se contabilizaron el año pasado.

En concreto, según los últimos datos del Ministerio del Interior, hasta 16.846 de los demandantes de protección internacional son de Venezuela, frente a los 20.015 registrados en 2018, con lo que se coloca como tercer año consecutivo como la primera nacionalidad en reclamar protección, y en aumento.

Y es que en 2016 pidieron asilo 4.195 ciudadanos de Venezuela frente a los 596 del año anterior, lo que supuso un incremento del 603 %; en 2017 lo hicieron 10.627 (un 153 % más).

En marzo, el Gobierno concedió a 400 venezolanos los primeros permisos de residencia por razones humanitarias, una medida prevista en la ley y que puede otorgarse cuando no se concede el asilo a los solicitantes. Se trata de permisos individualizados y por un año prorrogable.

También han aumentado las solicitudes de colombianos, que hasta el 31 de mayo se mantiene en el segundo lugar con 10.122, cuando en todo 2018 lo hicieron 8.811; les siguen Nicaragua (2.698); Honduras (2.666) y El Salvador (2.078) y desaparece del ránking Siria, que el año pasado ocupó el tercer lugar con 2.901 peticiones.

Del total de 46.596 solicitudes de este año, más de la mitad (25.602) son hombres y 20.994, mujeres.

Por edades, la mayor parte se encuentra en la franja 18-34 años (23.729) y 35-64 (13.545), aunque también las hay de menores de 0 a 13 años (7.186), de 14 a 17 (1.533) y mayores de 65 (603).

Y, por comunidades, Madrid fue la destinataria de la gran mayoría, con 20.395, muy por encima de Cataluña (6.059), Andalucía (4.298), la Comunidad Valenciana (3.063) y el País Vasco (2.075).

Asimismo, 42.955 se presentaron en el territorio nacional, 2.690 en puestos fronterizos, 805 en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y 146 en embajadas.

El 2018 fue un año récord en el número de peticiones de asilo contabilizadas en España que, según Interior, ascendieron a 55.668; de ellas, se admitieron 47.748, 25 no y 2.220 fueron denegadas; se resolvieron 3.173, en su inmensa mayoría solicitudes de ciudadanos sirios (2.027).


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