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Economía

IRPF, pensiones, autónomos, alquiler… todos los cambios de los Presupuestos de 2019

Redacción

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han firmado este jueves en el Palacio de la Moncloa el acuerdo sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2019, que incluye diversas novedades:

Aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019. Actualmente el SMI está situado en 735,9 euros mensuales, por lo que elevarlo a 900 euros supone un incremento porcentual del 22,3%, el equivalente a 164,1 euros más. El pacto que tenía el anterior Gobierno (cuando Mariano Rajoy era presidente) incluía un incremento continuado hasta que en 2020 se alcanzaran los 850 euros. Esta medida implica 50 euros más y se pondrá en marcha un año antes.

Reforma de la cotización de los autónomos. El objetivo es que aquellos que tengan unos ingresos menores, cuenten con una cotización más baja. También se pretende poner coto a la proliferación de los llamados ‘falsos autónomos’, además de evaluar y revisar el régimen especial de criterio de caja en el IVA.

Modificación del IRPF para las rentas más elevadas. El tipo máximo del este impuesto se elevará dos puntos para las rentas a partir de 130.000 euros en 2019 y aumentará cuatros puntos para los ingresos superiores a 300.000 euros. Actualmente, se sitúa en el 45% en el tramo estatal. Asimismo, está revisto que se incremente hasta cuatro puntos porcentuales la fiscalidad del ahorro para rentas superiores a los 140.000 euros, hasta el 27%.

Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2019. El resto de las pensiones aumentarán un 1,6%, según el IPC previsto para el año que viene.

Dos nuevos tramos de cotización en el sistema especial de empleadas del hogar. Esta modificación en materia de Seguridad Social es un paso previo a una plena integración en el Régimen General, que no podrá demorarse más allá de 2021.

Subida del Impuesto de Patrimonio. En concreto, el acuerdo alcanzado implica que se incremente en un 1% a las fortunas de más de 10 millones de euros.

Nuevo mínimo en el Impuesto de Sociedades. Se creará un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros. No afectará a Pymes.

Otras modificaciones de impuestos. Adicionalmente, para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de gravamen será del 18%, dado que cuentan con un tipo nominal incrementando del 30%, frente al 25% general. También se limitan las exenciones por dividendos y plusvalías generados en el exterior. Por su parte, las Pymes que facturen menos de un millón de euros se reduce el tipo nominal del 25% al 23%.

Las Sicavs, bajo el control de la Agencia Tributaria (AEAT). Las operaciones de este instrumento de inversión colectiva exigen un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes. Aparte del control por la AEAT, se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las Sicav del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva.

Cambios en el alquiler de viviendas. Entre las novedades destaca que los ayuntamientos podrán declarar la existencia de una zona tensionada (de manera temporal y excepcional) por tener precios abusivos. Además, se incrementará en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles a lo largo de un plan a cuatro años. Está previsto que se modifiquen los plazos mínimos de arrendamiento, las prórrogas o las garantías o la revisión de renta. Por último, los residentes podrán prohibir el alquiler turístico en la comunidad de vecinos. Todo esto se llevará a cabo con un aumento presupuestario del 38% hasta 2020.

Incremento de la prestación por hijo a cargo. El acuerdo de los Presupuestos incluye que se llegue a los 473 euros para combatir la pobreza infantil severa. Esta medida tendrá un impacto de 180 millones de euros el próximo año. Posteriormente, está previsto que se cree un programa de garantía de renta para familias sin ingresos, o con ingresos muy bajos.

Eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas. Se llevará a cabo de forma progresiva, empezando en 2019 por los pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad de 800 euros mensuales, en 14 pagas, lo que afectaría a unos 5 millones de personas. También para pensionistas que pertenecen a familias con renta anual inferior a 9.000 euros con un hijo o más a cargo y que representa a 1,8 millones de personas.

Más inversión en I+D+i. Subirá la partida de proyectos de investigación y facilidades para contratar gente a cargo de ellos y la destinada a la convocatoria regular de proyectos de I+D+i de ámbito estatal se incrementará en 85 millones más respecto a los 393,7 de 2018. Se aumentarán los contratos predoctorales y posdoctorales.

Reducción de la deuda para entrar en la lista de morosos. Este importe pasará del millón de euros a 600.000. Al mismo tiempo, se reducirá a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales pueden realizar en efectivo en el seno de su actividad. Actualmente la limitación se sitúa en 2.500 euros para todos los ciudadanos.

Prohibición de las amnistías fiscales. Se imposibilitará por ley expresamente la posibilidad de realizar amnistías fiscales en el futuro debido a la «gran injusticia social» que suponen. La última amnistía fiscal fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012. Además, se estudiará modificar el umbral de punibilidad por fraude en 50.000 euros.

Desarrollo del modelo de transición energética. Se presentará un proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética antes de final de año. Además, se revisarán los «beneficios caídos» de las eléctricas y nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Impulso al vehículo eléctrico. El plan de ayudas, que será estable e ininterrumpido hasta 2020, contará en ese momento con al menos el 30% de la mayor recaudación del impuesto del combustible de los vehículos diésel producida por el cambio normativo para dichas actuaciones.

Aumento de las ayudas a la dependencia. Se destinarán 515 millones de euros más para mejorar las cuantías del Sistema de Dependencia, hasta los 1.800 millones, un 40% más respecto al ejercicio anterior, así como 315 millones de euros para recuperar las cuotas de la Seguridad Social de 180.000 cuidadores familiares de los dependientes.

Los permisos de paternidad y maternidad serán iguales, intransferibles y estarán remunerados por ley. Esta equiparación se llevará a cabo de acuerdo con un calendario: 8 semanas en 2019, 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021. La regulación actual de los permisos de paternidad y maternidad establece 16 semanas para la madre y cinco para el padre.

Reforma del bono social. Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación. También se pondrán en marcha diversas medidas que favorezcan el autoconsumo y la creación de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas (con una duración de cuatro años y con una movilización de 400 millones cada año).
Las horas extras volverán a cotizar.

Mejoras en las becas y reducción de las tasas universitarias. El sistema de becas para el curso 2019-2020 se simplificará para hacerlo más transparente, priorizando las ayudas concedidas por razones socioeconómicas. El acuerdo incluye una dotación de 50 millones de euros para material escolar gratuito en las etapas obligatorias y la reducción de las tasas universitarias a los niveles previos a 2012.

Universalización de la escuela entre 0 y 3 años. Para ello, se facilitará que las corporaciones locales puedan destinar parte de su superávit a financiar a las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones, lo que supone un impacto de 300 millones de euros. Asimismo, habrá una partida de 30 millones para los municipios que, no contando con superávit, planifiquen inversión en escuelas infantiles.

Reforma de la ley electoral. Las novedades son: un ‘mailing’ electoral único (para evitar gastos innecesarios y garantice un auténtico pluralismo e igualdad entre los partidos políticos concurrentes a las elecciones), establecimiento de ‘listas cremallera’, eliminación de las trabas del voto rogado y la búsqueda de una fórmula para mejorar la proporcionalidad del sistema electoral.

Modificación de varios artículos del Código Penal. Los mayores cambios se encuentran en la regulación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona y del 315, que castiga los piquetes de huelga. El texto pactado incluye también importantes modificaciones en la denominada «ley mordaza».

Delitos sexuales y violencia de género. Se impulsará una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación. El objetivo es eliminar la diferenciación entre delito de abuso sexual y el de agresión. Con estos prepuestos, se aumentará un 10% la dotación presupuestaria para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

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Economía

La apuesta de la libertad regulada

Redacción

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La apuesta de la libertad regulada

El auge de las plataformas digitales de entretenimiento plantea la tensión permanente entre la libertad individual y la tentación regulatoria del Estado

El mercado digital ha transformado industrias enteras, y el ocio no es excepción. Lo que décadas atrás requería desplazamiento físico, inversión temporal y mediación institucional, hoy ocurre en pantallas con velocidad asombrosa. Entre estos fenómenos, el auge de las plataformas de entretenimiento en línea —incluidas las de juegos de azar— plantea interrogantes que trascienden la mera tecnología: tocan la tensión permanente entre la libertad individual y la tentación regulatoria del Estado.

En economías como la chilena, donde la tradición liberal convive con intervencionismos cíclicos, este debate adquiere matices particulares. Según datos recientes recogidos por analistas del sector, el ecosistema de casino online chile gratis representa un segmento creciente que opera en los intersticios de la regulación vigente, ofreciendo a usuarios adultos alternativas de entretenimiento sin la intermediación tradicional de establecimientos físicos.

La postura conservadora clásica —que Alerta Nacional defiende— no consiste en prohibir los vicios ajenos, sino en exigir que cada adulto asuma la responsabilidad de sus elecciones sin que el Estado asuma el rol de tutor omnipresente. La Doctrina Social de la Iglesia distingue prudentemente entre el juego como distracción ocasional y la adicción como enfermedad; entre la libertad económica legítima y la explotación de la vulnerabilidad. Esta distinción es crucial: no es lo mismo defender el mercado que celebrar la decadencia.

El problema, como suele ocurrir, no es la existencia de la oferta, sino la ausencia de marcos claros. Cuando la regulación es excesiva, genera mercados negros. Cuando es insuficiente, expone a los más vulnerables. La solución liberal no es la abolición ni la permisividad total, sino la transparencia: que el adulto informado decida, que el proveedor honesto compita, y que el fraude sea castigado con el peso de la ley.

Lo que observamos en el desarrollo de plataformas digitales —ya sean de videojuegos, streaming o entretenimiento interactivo— es una tendencia irreversible hacia la desintermediación. El consumidor quiere acceso directo, control de sus decisiones, libertad para elegir. El Estado, por su parte, tiende a preferir la intermediación, el control, la recaudación. Esta tensión define buena parte de la política económica contemporánea.

El desafío para el pensamiento conservador es mantener la coherencia: defender la libertad de mercado sin caer en el libertinaje, exigir responsabilidad individual sin abandonar la protección del débil, celebrar la innovación sin idolatrar la novedad. Las plataformas digitales de entretenimiento, con sus riesgos y oportunidades, ponen a prueba este equilibrio.

La pregunta no es si el mercado digital debe existir —ya existe y crecerá— sino si seremos capaces de regirlo con principios que respeten tanto la dignidad humana como la libertad económica. O si, una vez más, dejaremos que la urgencia regulatoria imponga soluciones que terminen restringiendo al responsable para castigar al irresponsable.

El juego, en última instancia, no está en las pantallas. Está en decidir qué sociedad queremos ser.

Alerta Nacional | Economía, libertad y responsabilidad

 

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ALERTA NACIONAL