España
PSOE y Podemos acuerdan despenalizar las ofensas a los católicos y las injurias a la Corona
El Gobierno del PSOE y Unidos Podemos han incluido en su acuerdo presupuestario el compromiso de suavizar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, conocida como ‘ley mordaza’ por sus detractores, y de despenalizar las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos de los católicos.
En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya reforma ya se está tramitando en el Congreso, PSOE y Podemos se comprometen a trabajar sobre la base del texto de modificación que presentó el PNV y descartando la derogación completa que había planteado el Grupo Socialista.
Por un lado, revertirán los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo «desalentar la protesta social» y «limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión». En ese sentido, se comprometen a que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica.
NO MÁS DE DOS HORAS RETENIDOS EN COMISARÍA
Respecto a la actuación policial, subrayan que deberá tener como guía «la dignidad de la persona y los derechos humanos», que los agentes deberán llevar siempre una la identificación una identificación «claramente visible», que el registro corporal sólo se aplicarán en casos de «indicios concretos y comprobables» y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.
El acuerdo contempla también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar «en profundidad» los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad deexpresión, e «introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la leyque lo permitan».
Pero, asimismo, se apuesta por revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran «hiperregulacion» de algunas conductas, y concretamente citan el artículo 315 del Código Penal que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas.
Según se dice en el acuerdo, recogido por Europa Press, «es recomendable restringir al máximo» la posibilidad de que manifestaciones ofensivas puedan ser perseguibles penalmente y por ello se apuesta por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona».
DE PRISIÓN PERMANENTE, NADA
«La democracia española es una democracia madura, que demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del Derecho internacional –sostienen–. Es imprescindible que exista debate público, a través de la discusión libre de diferentes ideas y opiniones, sobre todo de las más minoritarias e incluso excepcionales, basadas en diferentesideologías y concepciones sobre la vida».
En el acuerdo no hay mención a la prisión permanente revisable que estableció el PP y que los socialistas llevaron ante el Tribunal Constitucional al considerarla una «cadena perpetua», y sobre Justicia Universal ambas partes se quedan a expensas del informe encargado por el Ministerio de Justicia a una comisión de expertos.
España
«La ceja» corrupta de la PSOE: El juez señala la intervención de Zapatero en operaciones de oro, petróleo, acciones y divisas
El expresidente del Gobierno está citado en la Audiencia Nacional el 2 de junio como investigado por tres delitos
José Luis Rodríguez Zapatero tenía una «intervención directa» en operaciones internacionales «de alto valor económico». Entre esas operaciones se insertan las relativas a productos petrolíferos, de oro, acciones y divisas. La trama presuntamente liderada por el presidente del Gobierno, citado a declarar el próximo 2 de junio como imputado, operaba tanto en España como en el extranjero. Tenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos, según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El exdirigente socialista niega haber hecho gestiones a favor del rescate de Plus Ultra, aunque las intervenciones telefónicas a los directivos de la aerolínea le mencionan de forma constante.
Calama atribuye a Zapatero el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». El magistrado imputa al expresidente del Gobierno tres delitos: tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
«La operativa de la red presenta rasgos comunes: (creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, uso de administradores testaferros, e intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas», señala el auto.
Los pagos a Zapatero
El juez insiste en que los indicios recabados muestran que los clientes de la red, entre los que se encontrarían Plus Ultra y dos de las empresas registradas este martes, Inteligencia Prospectiva y Softgestor, abonaban cantidades significativas por «servicios de asesoría inexistentes». Estos fondos redistribuidos al entorno de Zapatero, como su amigo Julio Martínez Martínez y las empresas de sus hijas, Whathefav. Calama cifra en casi dos millones de euros la cantidad obtenida de forma ilícita.
Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos, pero también de otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala.
La correspondencia entre Julio Martínez Martínez y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, de Inteligencia Prospectiva, confirma que este último es cliente de la red organizada. La empresa actuaría como vehículo de pago de servicios prestados por la trama. Las comunicaciones intervenidas revelan que el empresario venezolano y el presunto testaferro de Zapatero mantienen una relación mercantil continuada desde al menos septiembre de 2021, vinculada a operaciones internacionales de alto valor económico a las que se refiere Calama en su auto de 85 páginas.
En esas conversaciones, Amaro Chacón remite a Julio Martínez Martínez cartas de intención dirigidas a la Oficina del presidente Zapatero, lo que evidenciaría la conexión directa entre Inteligencia Prospectiva, su administrador y la red organizada para el ejercicio de influencias. La secuencia de comunicaciones muestra que el empresario venezolano actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva se utiliza como canal financiero para efectuar pagos a Análisis Relevante y otras sociedades del entramado.
Fondos extranjeros
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sostiene que Inteligencia Prospectiva es una sociedad instrumental, cuya función es introducir fondos en España y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría. La empresa realizó pagos a Whathefav y Gate Center, entidades vinculadas directamente a Zapatero. Según el auto, esto «refuerza la hipótesis de que la sociedad forma parte del circuito económico de la red organizada, actuando como punto de entrada de fondos extranjeros y como nodo de redistribución hacia los beneficiarios finales».
Calama señala que de los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo en Venezuela, era necesario solicitarlo a la red presuntamente liderada por Zapatero mediante la preceptiva carta de intenciones o Letter of Intent (LOI). Los interlocutores revelan que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir (que precisarán con posterioridad), al señalar que «necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención». Estos identifican a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que denominan La Dama, como la persona que controla la asignación de los buques.
«La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos». Finalmente, remiten la LOI en la que constan los datos de contacto de Zapatero y la dirección postal designada para su envío. «Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante» del expresidente del Gobierno, quien «dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política». Delcy Rodríguez fue ministra de Economía y Comercio de Venezuela entre septiembre de 2020 y agosto de 2024 y desde ese momento hasta el pasado marzo, titular de la cartera de Hidrocarburos.
Los interlocutores insisten en las comunicaciones intervenidas en que se trata de «una empresa que depende del Partido Comunista Chino», que revela la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria. El auto subraya que Gate Center, un think tank sin ánimo de lucro creado en Madrid en 2022, recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva mientras Zapatero era presidente de su consejo asesor.
