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Cartas del Director

La complicidad de Quim Torra

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Como era previsible por la pública y prolongada interacción entre violentos y políticos, las declaraciones judiciales de los detenidos que se integraban el denominado «Equipo de Respuesta Táctica» desarticulado en Cataluña empiezan a arrojar datos de su vinculación con sectores políticos separatistas.

Toda declaración de un sospechoso de terrorismo implicando a terceros debe ser acogida con cautela y puesta en reserva hasta que otras líneas de investigación prueben esas acusaciones. Sin embargo, es imprescindible que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aclare sin género de duda si tenía o no alguna relación directa con los detenidos. Uno de ellos declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que Torra iba a facilitarles la entrada al Parlament el 1-O, para ocuparlo y utilizarlo como escenario para proclamar la república catalana. Esta declaración judicial, cuya veracidad debe ser comprobada con el máximo rigor, se produce después de que el propio presidente catalán haya encabezado, desde el día de la detención misma, la protesta separatista, más como un «hooligan» activo de los Comités para la Defensa de la República que como máximo representante del Estado en Cataluña, en su condición de presidente del Gobierno autonómico.

Tampoco se ha privado Torra de jalear, en cuanto le ha sido posible, la actividad callejera de los CDR. Su famoso «apretad», dirigido a los miembros de los CDR reunidos en el primer aniversario del 1-O, cobra ahora tanto sentido como su empeño en descalificar la actuación de la Audiencia Nacional como de la Guardia Civil. Si realmente Torra se prestó a colaborar con los detenidos, se entiende que los defienda frente a las gravísimas acusaciones de la Fiscalía y que lidere un ataque contra los jueces y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pronto se sabrá si Torra solo quiere apoyar a los «camisas pardas» del separatismo catalán, o busca protegerse a sí mismo. El presidente de la Generalitat debe ser, ante todo, muy sincero con su respuesta, porque al final todo se acaba sabiendo y a los mentirosos se les descubre enseguida.

Ahora bien, cautelas aparte, el más mínimo indicio de cooperación de cualquier dirigente político separatista con los detenidos en la «Operación Judas» debe dar lugar, de forma inmediata, a la correspondiente investigación penal. Esta no era la tramposa «revolución de las sonrisas» que prometía el separatismo, sino la pura y simple campaña coactiva y mafiosa que todo nacionalismo radical y antidemocrático acaba desatando contra la democracia y el imperio de la ley.

Temas
Quim Torra
Generalitat de Cataluña
Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
Cataluña

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Apoyo a la Guardia Civil

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Algunas actuaciones recientes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, están produciendo sorpresa y perplejidad. El ministro ha calificado como “inoportunas y poco idóneas” las palabras del general Pedro Garrido durante la conmemoración de la patrona de la Guardia Civil en Cataluña. También la Delegada del Gobierno en dicha Comunidad acudió prontamente a disculparse ante los Mossos de Escuadra, en su nombre “y en el del Ministerio del Interior”, por el discurso del Jefe de la Guardia Civil en Cataluña.

El general Garrido no hizo más que lo propio de un alto mando, agradecer a los agentes la defensa del orden constitucional y el trabajo de “desenmascarar a personas relevantes de las instituciones autonómicas” que pretenden llevar adelante un proceso que es contrario a la ley. Que el ministro del Interior se muestre receloso por el hecho de que un mando de la Guardia Civil apueste públicamente por el cumplimiento de la ley y la seguridad de los ciudadanos en Cataluña resulta bochornoso.

Intervenciones como la del Ministro pueden provocar desafección y desaliento en un cuerpo que debe afrontar cada día un contexto de hostilidad alimentado desde las propias instituciones catalanas. En todo caso reflejan la actitud de un Gobierno más preocupado por la estrategia electoral que por apoyar a quienes se juegan el tipo para preservar el orden y la pacífica convivencia en un momento decisivo para Cataluña.

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Otro giro de Rivera

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Entre las crisis internas de su partido y la preocupación por lo que en cada momento le pronostican las encuestas (en este momento, nada bueno para Ciudadanos), Albert Rivera discurre por la política española improvisando propuestas y confundiendo a sus electores. Sólo en este año, Rivera ha transitado por el espacio político ofreciéndose a unos y a otros, vetando a unos para La Moncloa y bendiciendo a otros como socios preferentes. Del «no es no» a Sánchez, Rivera pasó, en los últimos minutos de la legislatura anterior, a ofrecer su apoyo a la investidura del candidato socialista si aceptaba unas condiciones que, en una hábil y previsible réplica, el PSOE afirmó que ya cumplía. Y ahí quedó el líder de Ciudadanos, con el efímero protagonismo de una oferta que, en vez de trasladar la carga de la culpa sobre Sánchez, acentuó el sentido oportunista con el que se conduce Rivera. Tampoco asumió la negativa socialista con todas sus consecuencias, porque a continuación rechazó el «España suma» que le ofreció Pablo Casado, al que compensó ungiéndolo como socio preferente de Cs para formar gobierno si entre ambos tienen un escaño más que la izquierda.

Pero este alineamiento con el PP para un gobierno de coalición tampoco ha debido tranquilizarle, porque ayer, sin renunciar al pacto con los populares, lo compensó levantando el veto a Sánchez para la próxima legislatura, siempre que se pacten diez reformas sociales y políticas, que no las planteó como condiciones innegociables ni parecen inasumibles para el PSOE. Los críticos de Rivera que abandonaron el partido o sus cargos directivos se sorprenderán con este nuevo volantazo, aunque suponga darles la razón sobre la conveniencia de que Cs sea un partido disponible a pactos diversos.

La pregunta inevitable es si Rivera ha encontrado ya su sitio con esta propuesta de desbloqueo para la próxima legislatura o si tras ella se esconden más saltos tácticos que, en vez de dar claridad a su nueva oferta, la convertirán en una fuente de mayor incertidumbre sobre el papel de Cs en el presente y futuro de España. En este momento, el votante de Cs ya sabe que su líder está dispuesto a formar gobierno con el PP, pero también a apoyar la investidura de Sánchez, en ambos casos con condiciones, como es lógico. Esta opción puede ser tan rentable electoralmente como desastrosa para recuperar votantes perdidos si es percibida como una incongruencia. Todo dependerá de que Rivera haga una campaña que no transforme a su partido en un comodín del que resulte ganador, porque, para ese viaje, sus votantes pueden preferir directamente al ganador. Corre el riego, en fin, de que con tanta pirueta táctica termine de marear a los españoles.

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Ignorar las crisis solo las agrava

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Al aluvión de datos macroecónomicos publicados ayer, todos indiciarios de la ralentización del crecimiento económico, ABC añade hoy la cifra que documenta el ritmo de la destrucción de empleo en España: las grandes empresas han activado una nueva oleada de despidos y ajustes laborales en un momento en el que la salida de los ERE vuelve a aparecer en el horizonte empresarial.

El primer semestre del año se cerró el pasado junio con un incremento del 40 por ciento de los expedientes de regulación de empleo, herramienta de ajuste laboral cuya aplicación durante el ciclo de la crisis que arrancó hace una década dejó sin empleo a decenas de miles de trabajadores. Ignorar estas señales e insistir en las políticas de gasto no productivo quizás aporte apoyos electorales a la izquierda, pero representa un acto de grave irresponsabilidad, más aún tras la experiencia -y las cuentas- que hace ahora ocho años dejó el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero al equipo de Mariano Rajoy y, más aún, al conjunto de la sociedad española.

El frenazo del PIB, que en el segundo trimestre se quedó en el 0,4 por ciento, el más bajo de los últimos tres años; la baja inflación registrada en septiembre, con un 0,1 por ciento que también es la nota más baja desde 2016, o el aumento de la deuda pública, que en junio marcó un nuevo récord, con 1,21 billones de euros (99 por ciento del PIB) invitan a poner en marcha un programa urgente de reformas, no una política basada en el gasto social y la «reversión» de los ajustes, como anuncia el Gobierno socialista. España está aún lejos de caer en la recesión a la que se dirigen economías como la alemana, la italiana o la británica, pero confiar en la inercia es el camino más fácil para repetir una crisis cuya factura aún no hemos terminado de pagar.

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