Connect with us

Opinión

La «democracia» ha venido y puede que a la tercera vaya la vencida… o no

Avatar

Published

on

Hace poco más de un año utilizaba este mismo estribillo en un artículo, aplicado entonces a la palabra “dictadura”, que es lo que se veía venir desde la abrupta y a mi juicio ilegítima llegada -por muy revestida de legalidad que estuviera- a la ansiada cabecera del gobierno de Pedro Sánchez, ya Dr. Plagio cum Fraude y, tras los primeros abusos consumados, transfigurado en Mr. Falconeti.

Decía en aquella ocasión, y lo entrecomillaré aunque sea yo el autor para que alguno de esos “amigos” que nunca faltan cuando de crítica insana se trata, me puedan comparar con el “reina por un día” -que ya va por dieciocho meses- de la Moncloa, que “Probablemente, los más veteranos de mis lectores recuerden aquella canción que Luis Mariano cantaba en la película “Violetas imperiales” que coprotagonizaba en 1952 con Carmen Sevilla, que en una de sus primeras estrofas decía “La primavera ha venido y yo sé por qué ha sido…”, que vimos en familia -era bastante normal entonces- algunos años después y de lo que algo, especialmente esa estrofa, recuerdo perfectamente. Por eso he recurrido a ella para titular a modo de triste remedo mi artículo de hoy”. Añadía a continuación que “También una vieja poesía de Antonio Machado respondía a ese título: “La Primavera ha venido…” e incluso me permitía la licencia poética casera de adaptarla a la realidad del potencial frente popular Siglo XXI sobrevenido tras el 1J de 2018.

Y para vestir mejor el muñeco “democrático” que nos viene vendiendo el sistema, vía urnas, desde su consolidación en los primeros ochenta, los que se quieren cargar la Monarquía Parlamentaria que nos dimos los españoles en aquella reforma política que se plasmó en la Constitución -con mi abstención, pero ganó el sí-, hacen gala de algo que se contempla en su artículo 6 y que no se ha respetado nunca pese a algún intento más ficticio que real. Dice ese Art. 6 que “Los partidos políticos expresan el pluralismo político…” y en su último párrafo recalca que “Su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos”, dos “obligaciones” que brillan por su ausencia en los partidos salvo que se quieran utilizar en beneficio propio que compran algunos sin el más mínimo análisis racional.

Recuerdo mi experiencia de haber vivido lo que se vendió como el primer “proceso de primarias” en un partido político, allá por la Primavera de 2014, mediante el que en VOX se “eligió” por la militancia a los componentes de la lista electoral al Parlamento europeo del 25 de mayo siguiente en las que participé, ocupando el número 10 de esa lista. No se me olvidará que a las pocas horas de celebrarse, me llamó Santiago Abascal, al que no le habían gustado del todo los resultados, para decirme que me retrasaba un puesto para que -como en tantas otras cosas- en su desconocimiento del significado de la Ley de Paridad, colocar en mi lugar a una de sus dilectas colaboradoras, hoy parlamentaria europea verde. Me negué, no por el retraso de un puesto, insignificante dado que nuestra esperanza estaba en conseguir un diputado si acaso, sino por su error en la interpretación de la citada ley que ante mi explicación, que no creyó, le tuvo que ser aclarada por el letrado Javier Ortega Smith-Molina, que me dio la razón. Al final las primarias se limitaron a la elección de los doce primeros puestos y el resto hasta 50, sin entrar en detalles, fue decidido de manera unilateral por el que ya manejaba los hilos del partido y a la postre se quedaría con sus restos.

En los últimos días hemos visto otros intentos de escudar en esa supuesta democracia interna la decisión de refrendar uniones contra natura de los diferentes enemigos de España -desde la extrema derecha (PNV y Junts p’el Sí), a la extrema izquierda (ERC, CUP, BILDU y Podemos) pasando por el supuestamente moderada del PSOE- que se alían para consumar sus propósitos de romper España en un Estado Federal al que aspiran los jerarcas de los partidos citados.

El primero en llamar a sus afiliados fue el Partido Siempre Opuesto a España que llama “abrumadora mayoría” al respaldo del abrazo del oso del pasado día 12, que sorprendió al mismo Sánchez ante la entrega rendida de su socio, cual enamorado respondido por su amante imposible. La realidad fue que la participación fue del 63’01 % de los que un 92% dieron el sí a la pregunta «¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?», es decir un escaso 58 % de la supuesta militancia, que si bien es una cifra significativa, está muy lejos de ser abrumadora si se considera que algo más del 42 % de esa base o no fue o votó en contra o nulo. Los que no tienen cargo o relación alguna con los carguillos repartidos, supongo. Menos cuantiosa fue la participación en el PSC -teórica federación catalana del PSOE que parece que es la que lleva la batuta socialista- que no llegó al 50%. Se quedó en un 44,94% del que un 93,64% votó a favor, es decir, un 42’08 % de la militancia socialista catalana. En cualquier caso fue una consulta sesgada porque nada se preguntaba sobre los diez puntos que habría que ver quiénes habían leído y en la que nada se decía sobre la necesidad implícita de pactar con Esquerra Republicana de Cataluña.

Por su parte, la segunda en hacerlo, ERC, también llamó a sus bases para el refrendo de apoyar la posible investidura que encierra ese preacuerdo, y preguntaba este lunes si “¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?”, después de que su secretario general, Pedro Aragonés, dijera que “La campaña del 10N acabó con nuestra confianza en el PSOE. Exigimos garantías”. Mal preámbulo.

La tercera en discordia, en este caso en consulta abierta a la militancia durante varios días, fue la formación de los marqueses de Galapagar que parece que abusan del personal de seguridad, según denuncia una de ellos, que al parecer fue sido utilizada por la “Sra.” Montero de “chica para todo”, calentamiento del coche incluido antes de subirse por las mañanas, dadas las gélidas temperaturas nocturnas de la Sierra madrileña. Podemos preguntó a los suyos -bastante confuso el concepto de suyos- si «¿Estás de acuerdo con que participemos en un Gobierno de coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?» que, según el partido ha sido respondida por el 59 % de los “inscritos activos” sin que se sepa nada de los “no activos” ni esté muy claro a qué se refiere ese concepto de “actividad”. Según han dicho, el 96’84 % de los que respondieron han apoyado el supuesto gobierno de coalición, lo que significa poco más del 57 % de los llamados, de los que el 41 % no los respalda o pasa olímpicamente de lo que sus millonarios jefes le preguntan.

Destacable de este acuerdo a tres bandas -con algunas más implicadas que irán apareciendo- para apoyar la continuidad del candidato socialista en la Moncloa, es la pretensión de ERC de que el PSOE acepte una “negociación bilateral en igualdad de condiciones Estado-Cataluña”, que Miguel Iceta respalda, como si de dos gobiernos equivalentes se tratara. Si tenemos en cuenta que sólo el 41 % de los 7.565.00 catalanes apoya la autodeterminación, es decir, 3.101.650, que realmente representan un 6’5 % de la población de España, concentrados en un territorio de 32.113 Km², un 6’35 % de los 505.990 Km² de la superficie del Estado, parece un tanto pretencioso que esos pocos quieran decidir sobre una parte que pertenece al 93’5 % restante, independientemente de que irían contra los artículos 1 y 2 de la Constitución que no es cosa menor, precisamente. Por cierto que si lo que el máximo representante del socialismo catalán acepta, ya constituye una auténtica aberración, se anima pidiendo a su “jefe” que “el catalán se estudie en toda España” y lo siguiente sería pedir que la ONU implante un sistema de traducción simultánea al igual que, allá por 2010, el Bachiller José Montilla, de Iznájar (Córdoba) impusiera en el Senado para “entenderse“ en su balbuceante catalán con el ceutí Manuel Chaves, pasándose por la entrepierna el Artículo 3 de la citada Constitución aparte del consiguiente costo de personal y pinganillos. Pero el desiderátum político de este pervertido sistema político no repara en superar cotas esperpénticas “sin fecha de caducidad”.

Lo cierto es que, este jueves se iniciarán las conversaciones entre las comisiones negociadoras nombradas al efecto por socialistas y separatistas catalanes, sobre cuyos resultados da miedo pensar teniendo en cuenta que la del PSOE estará integrada por Adriana Lastra, “diplomada en nulidad académica”, el Sec. de Organización del PSC, Salvador Illa, que en palabras de su jefe ya sabemos lo que quiere, y posiblemente el ministro del “hormigón” -ya saben, un caradura- José Luis Ábalos o tal vez la vice Carmen Calvo que rebaja a comisión bilateral la “reunión de gobiernos” de ERC y que para empezar dixit que “El derecho de autodeterminación no existe”, lo que a priori haría inútil cualquier conversación al tratarse de condición sine qua non para los separatistas. Por ERC la composición “negociadora” también se las trae: acompañarán al “erudito” Gabriel Rufián, el “señor de la agenda” en la que aparecían los escenarios para consumar la declaración unilateral de independencia, José Mª Jové, investigado por el TSJ de Cataluña por su implicación en el golpe del 1-O y Marta Villalta, portavoz del partido.

No hace falta mucha imaginación para intuir lo que puede salir de esa mesa y no digamos si entra en la coktelera Junts p’el Sí que además de autodeterminación y amnistía de los políticos presos quiere que sus interlocutores sean el fugado Carlos Puigdemont y su sucesor -hoy en el banquillo- Joaquín Torra -cuya familia son parte activa de los CDR- o PNV y BILDU que a la anexión de Navarra añaden el acercamiento -como primer paso antes de la liberación incondicional- de todos los presos etarras.

Con este panorama y en espera de la constitución del Congreso después de la acreditación de las nuevas “señorías”, que vuelven a recibir los medios y prebendas que les puedan “corresponder” tras una legislatura fallida -digo yo que los que repiten podrían utilizar los iPhones, iPads, etc. de hace seis meses- no sería descartable -y probablemente lo menos malo- la más que posible repetición de elecciones para la que ya suena la fecha del próximo 29 de marzo, para empezar una auténtica semana de pasión que para algunos pudiera ser inolvidable.

Coincido al cien por cien en lo que afirmó hace unos días el presidente de AC Hoteles, Antonio Catalán, de nada dudoso perfil socialista, en que “Lo mejor de esta legislatura es que acabe cuanto antes”, a lo que yo añadiría “con la presencia política del que nos está llevando al desastre” y en la mano de Su Majestad -recuerdo una vez más y no soy el único, aunque posiblemente sí de los primeros, ya que vengo pidiéndoselo desde Enero de 2016- está que la nueva empiece mejor, reconsiderando muy a fondo, y en la conciencia de buen español que le supongo, a quién encomienda la formación de gobierno en los próximos días o lo que le produjera la malísima cara que se le pudo ver en la entrega de la Ensaladera de la Copa Davis al equipo español de tenis no será nada ante la “temporada de pasión” que le espera a la Monarquía Parlamentaria, cada día más palpable. De lo contrario, puede que le queden pocas “ensaladas” en la Zarzuela, Señor.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

España

El Régimen de la Impunidad: Manual de supervivencia del socialista que nunca dimite

Redacción

Published

on

Pedro Sánchez no ha venido a Madrid a gobernar. Ha venido a colonizar. Y lo ha hecho con la misma eficacia metódica con la que el cáncer coloniza un órgano: sin prisa pero sin pausa, destruyendo las defensas institucionales una a una hasta convertir el Estado en un aparato de su supervivencia política. La corrupción, en el sanchismo, no es un accidente del sistema. Es el sistema.

Mientras la izquierda mediática nos vende el relato del progresismo ilustrado que combate la corrupción «de la derecha», el Gobierno más caro de la democracia española —en ministros, en asesores, en chiringuitos institucionales— ha construido una fortaleza de impunidad que haría sonrojar a cualquier república bananera del Caribe. Pero aquí no hay plátanos: hay millones de euros públicos desviados, fondos europeos malversados, y una red clientelar que transforma cada ministerio en una sucursal del Partido Socialista Obrero Español.

La economía de la corrupción: cuando el expolio es política de Estado

Empecemos por lo tangible, porque los progres adoran hablar de «justicia social» mientras vacían las arcas públicas. El impacto económico del sanchismo no se mide solo en la deuda pública desbocada —ya rozamos el 120% del PIB, para alegría de nuestros nietos— sino en el coste oportunidad de una España que podría haber prosperado y, en cambio, se ha convertido en un parque temático de subvenciones a fundaciones afines y chiringuitos ideológicos.

El caso más escandaloso no es uno solo: es la constelación. Los ERE andaluces, que dejaron en evidencia décadas de saqueo sistemático del dinero público para comprar votos y financiar estructuras partidarias, fueron apenas el aperitivo. La trama de los fondos Next Generation, donde el criterio de reparto parece dictado más por la proximidad al PSOE que por la viabilidad empresarial, ha convertido la reconstrucción post-pandemia en un reparto de botín. Mientras tanto, el Banco de España alerta de la inflación galopante y el empobrecimiento de la clase media, Sánchez y su séquito de ministros viven en una realidad paralela donde la corrupción —eso que ellos llaman «presuntas irregularidades» cuando afecta a los suyos— es un mal necesario para mantener el poder.

Pero el daño económico va más allá de los millones desfalcados. Es el efecto crowding-out de la inversión privada que huye de un país donde las reglas del juego se escriben en el despacho de Moncloa según convenga a la agenda del día. Es el cierre de empresas que no pueden competir con los monopolios subvencionados por el Estado amigo. Es la juventud española condenada al exilio laboral porque aquí el mérito ha sido sustituido por el carnet de afiliado.

La hipocresía progre: cuando el anticorrupción es solo un hashtag

Aquí llegamos al núcleo ideológico del engaño. La izquierda española —y su brazo mediático en los grandes periódicos y televisiones públicas— ha construido su identidad moral en torno a la supuesta superioridad ética. Son los «demócratas» contra los «fascistas». Los «honrados» contra la «derecha corrupta». Han llenado espacios televisivos y plataformas digitales con la retórica del «no es no» y la «transparencia radical».

Y luego llega la realidad, incómoda como un invitado no deseado.

Pedro Sánchez, el hombre que prometió «regeneración democrática», ha convertido la Moncloa en un bunker de opacidad. El caso de los fondos reservados de la Casa Real —que el Gobierno se apresuró a destapar para humillar a la monarquía— contrasta obscenamente con el hermetismo absoluto sobre los gastos de la Presidencia del Gobierno, los contratos de emergencia sanitaria sin concurso público, o los informes de inteligencia que convenientemente desaparecen cuando apuntan a altos cargos socialistas.

La contradicción es brutal: exigen la transparencia extrema para el adversario mientras blindan con leyes mordaza y reformas del código penal —sí, esa reforma que rebaja penas para delitos de corrupción justo cuando sus socios del procés y sus propios militantes enfrentan tribunales— la suya propia. El «solo sí es sí» se ha convertido en el chiste legal del año cuando vemos cómo rebajan las penas por malversación mientras envían a la policía a registrar despachos de opositores.

Esta no es hipocresía ingenua. Es estrategia calculada. La izquierda cultural ha comprendido algo que la derecha española tardó en asimilar: el poder no se ejerce solo desde las instituciones, sino desde la narrativa. Si controlas los términos del debate —si puedes llamar «corrupción» a la donación de una empresa privada a un partido conservador pero «gestión necesaria» al desvío millonario de fondos públicos a una fundación afín— no necesitas ser honesto. Necesitas controlar los tribunales, los medios y las universidades.

El coste cultural: la normalización del robo como virtud progresista

Pero quizás el daño más profundo —y este es el que debería mantener despiertos a los españoles que aún creen en la política como servicio público— es la erosión cultural que el sanchismo ha provocado en el tejido moral de España.

Hemos pasado de una democracia donde la corrupción era un escándalo que provocaba dimisiones —recuérdese el caso Filesa o el impacto del caso Gürtel en el Partido Popular— a un régimen donde la impunidad es el precio de la gobernabilidad. Sánchez no dimite. Sus ministros no dimiten. Sus socios —condenados por sedición, por malversación, por terrorismo— no solo no dimiten: son recibidos con alfombra roja y ministerios estratégicos.

Esta normalización del cinismo político tiene un efecto corrosivo en la sociedad civil. Cuando el ciudadano observa que el presidente miente descaradamente sobre su tesis doctoral, sobre su patrimonio, sobre sus pactos con filoetarras, y no solo no paga consecuencias sino que es reelegido con mayorías artificiales, está aprendiendo una lección perversa: la honestidad es para perdedores.

La izquierda cultural —esa que nos sermonea sobre valores, ética y «bien común»— ha construido un sistema donde el fin justifica absolutamente todos los medios. Donde comprar votos con subvenciones es «política social». Donde el clientelismo es «cohesión territorial». Donde la mentira institucionalizada es «narrativa estratégica». Y donde quien señala estas contradicciones es, cómo no, «fascista», «reaccionario» o «negacionista».

Este es el daño cultural más profundo: la transformación de la política española en un mercado de vicios donde la virtud cívica ha sido sustituida por la lealtad tribal. Ya no importa qué se hace, sino para quién se hace. Ya no importa la legalidad, sino la «legitimidad histórica» que se otorgan a sí mismos quienes se consideran herederos de una verdad moral superior.

La resistencia empieza por llamar a las cosas por su nombre

Concluyo donde empecé, pero con la claridad que da el final del texto: España no tiene un problema de corrupción. Tiene un problema de régimen. Un régimen donde la división de poderes es una ficción literaria, donde el Consejo General del Poder Judicial es tomado por asalto, donde la Fiscalía actúa como bufete del partido en el Gobierno, y donde el presidente puede cambiar de opinión sobre la inviolabilidad del Rey, la unidad de España o la naturaleza de la democracia según le convenga para mantenerse una semana más en La Moncloa.

La izquierda española ha construido un sistema donde la corrupción no es un bug. Es una feature. Una herramienta de gobierno tan necesaria como el BOE. Porque cuando tu proyecto político consiste en transformar España en un laboratorio de experimentos identitarios que la mayoría rechaza, necesitas fondos públicos ilimitados, medios de comunicación domesticados y una justicia que mire hacia otro lado.

Pedro Sánchez no es un presidente corrupto por accidente. Es un presidente que ha entendido que en la España de 2024, la impunidad es el último recurso del progresismo cuando el debate de ideas ha fracasado. Y mientras la derecha española siga intentando jugar con reglas democráticas en un tablero donde el adversario ha cambiado las reglas por la pura voluntad de poder, seguiremos perdiendo no solo elecciones, sino el país mismo.

La batalla cultural no es una metáfora. Es la única batalla que queda cuando la corrupción institucionalizada ha reemplazado a la política. Y en esa batalla, la primera arma es la verdad: Sánchez no gobierna. Saquea. Y lo hace con la impunidad de quien sabe que, en su España, los corruptos de izquierdas nunca pagan.

 

Continue Reading
ALERTA NACIONAL