Luis Bárcenas ha remitido un documento a la Fiscalía Anticorrupción en el que se muestra dispuesto a colaborar con la Justicia.

De nuevo vuelven a la escena informativa y política en España las cloacas del Estado, la financiación ilegal del Partido Popular (PP), las comisiones también ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública, el espionaje político, la manipulación del mayor atentado ocurrido en suelo español e, incluso, el secuestro de una familia pagado con fondos públicos.

Lo hace de la mano del extesorero de esa formación, Luis Bárcenas, que esta semana ha remitido un documento a la Fiscalía Anticorrupción confesando todos estos actos que ya se están instruyendo en diferentes juzgados. Su intención, según asevera, es colaborar con la Justicia después de llevar cuatro años y medio privado de libertad, en los que ha pensado «en los errores» que ha podido cometer y «el mal» que ha podido inferir «a la sociedad fruto de una España en la que todo valía».

¿Quién es Bárcenas?

Luis Bárcenas fue gerente del Partido Popular (PP) entre 1990 y 2008 y tesorero de esa formación desde ese año hasta 2013, cuando dimitió tras ser imputado. Entre 2004 y 2010 fue senador. En la última década se ha visto envuelto en multitud de procesos judiciales relacionados con corrupción, como el caso Gürtel, el caso Kitchen, el caso Bárcenas y el caso Púnica, entre otros.

Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular (PP), abandonando el Tribunal Supremo, Madrid, 13 de febrero de 2015.
Juan Medina / Sputnik

Su relación con la que fue su formación política ha cambiado radicalmente en este tiempo. En un inicio guardó silencio en sus comparecencias en los tribunales, en la época en la que se filtraron los famosos mensajes del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy en los que le decía: «Luis. Lo entiendo. Sé fuerte» o «Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo», en una clara muestra de apoyo al imputado.

¿Por qué vuelve al foco de la actualidad?

La semana que viene comienza el juicio por la financiación ilegal del Partido Popular y la remodelación de su sede en la calle Génova, en el centro de Madrid, que habría sido pagada supuestamente con dinero negro. En el conocido como ‘juicio de la caja B’ se juzga a Luis Bárcenas por apropiación indebida y falsedad documental; a su segundo en la gerencia, Cristóbal Páez; y al arquitecto que habría cobrado trabajos con dinero negro. Por su parte, la formación política se enfrenta a una nueva condena como responsable civil.

En el escrito que ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción, que pide para él cinco años de cárcel en ese proceso, ratifica todas las sospechas que se han vertido durante los últimos dos lustros sobre las actividades del PP y asegura que está dispuesto a colaborar con la Justicia, no solo en lo que respecta a este caso, sino en las instrucciones del resto de causas abiertas, en las que está dispuesto a aportar más información.

¿Por qué ahora?

Ahora, Bárcenas, que ya se encuentra condenado a 29 años de cárcel por el caso Gürtel, afirma que el Partido Popular se ha financiado de forma ilegal y acusa a los más altos dirigentes de su partido en la época en la que él fue gerente y tesorero.

El extesorero reafirma que ha recibido presiones «con el fin de guardar silencio y no incriminar, ni manchar el buen nombre» del que era su partido. «Si hablas, tu mujer irá a prisión: si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso», contó que le hicieron llegar dos abogados tras entrar en prisión por primera vez en 2013.

Aunque el PP intentó anular pruebas, así como la condena de la Gürtel, finalmente acabó dándole la espalda e, incluso, como se está juzgando en una pieza separada, presuntamente llegó a utilizar fondos públicos para espiar a su familia, hacerse con pruebas que el exgerente tenía en su poder y encargar el secuestro de su mujer y su hijo, en la conocida como Operación Kitchen.

Cuando su partido le dio la espalda amenazó con ‘tirar de la manta’ si su mujer, Rosalía Iglesias, entraba en prisión, cosa que parece que ha empezado a hacer después de que Iglesias entrara en la cárcel el pasado 8 de noviembre, en cumplimiento de una condena de 12 años y 11 meses de reclusión.

¿27 años de financiación ilegal?

«Desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones en B que se realizaban a través de donativos», afirma el exsenador en su escrito. «Esos fondos se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas«, relata Bárcenas.

Con respecto al caso que se empieza a juzgar este lunes, el extesorero recoge que en torno a 900.000 euros de esos fondos B se destinaron a la reforma de la sede del Partido Popular.

¿Está Mariano Rajoy implicado?

El extesorero asegura que en 2009 se reunió con Mariano Rajoy, en ese entonces presidente del Gobierno, y le enseñó los documentos que recogían la financiación ilegal del partido. Afirma que Rajoy se extrañó de que conservara una documentación tan comprometedora y, acto seguido, los destruyó personalmente en una trituradora de papel.

Pero no solo Rajoy es nombrado como conocedor y participante en la recepción de cantidades en B, sino que también los son el expresidente de la región de Navarra Jaime Ignacio del Burgo; la secretaria general del PP entre 2008 y 2018, María Dolores de Cospedal; el exministro de Defensa Federico Trillo; el exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos; el secretario general del PP entre 2004 y 2008, Ángel Acebes; el exvicepresidente Rodrigo Rato; el exministro Javier Arenas; y el expresidente del Senado Pío García Escudero. Los dos últimos aún tienen una vida política activa: ambos son senadores.

Bárcenas sostiene que a todas estas personas les realizaba entregas periódicas de sobres con dinero negro en metálico procedente de la caja fuerte situada en su despacho, lo que se ha conocido como los ‘sobresueldos’ del PP.

En 2013, tanto del Burgo, como Santiago Abascal, ahora líder del partido de ultraderecha Vox y entonces concejal en un municipio del Partido Popular, reconocieron haber recibido sobres con dinero en efectivo: seis o siete sobres en el caso de del Burgo y 12.000 euros en el caso de Abascal.

Contratos públicos a cambio de financiar al partido

Bárcenas relata que las empresas beneficiarias de adjudicaciones públicas que realizaban esos donativos era básicamente Sando, Azvi, OHL, Sacyr-Vallehermoso, Constructora Hispánica, Aldesa Construcciones, FCC, Construcciones Rubau, Degremont Ibérica, Cyopsa-Sisocia, Romero Polo, Copasa, Licuas, Bruesa, Urazca, Sorigue-Acsa y Sedesa.

Álvaro Lapuerta (fallecido en 2018), extesorero del PP, saliendo del Tribunal Supremo tras comparecer ante un juez, Madrid, 14 julio 2014.
Andrea Comas / Reuters

Las personas vinculadas a esas compañías efectuaban la entrega en metálico a Álvaro Lapuerta –tesorero del PP mientras Bárcenas era gerente–, que era «la persona designada de poner en conocimiento al ministro que fuera competente en razón de la obra y servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública», según el escrito remitido a la Fiscalía.

El conjunto de los constructores que aparecen en los papeles de Bárcenas –la contabilidad B del PP– recibieron más de 6.600 millones de euros por adjudicaciones de contratos públicos durante los años que se investigan, que coincidieron con los donativos a la caja B de la formación política.

Según confesó Francisco Correa, empresario condenado por la trama Gürtel, cuando se producía una adjudicación de un contrato público, los empresarios le entregaban la comisión en efectivo, que se elevaba al 2 o 3 % del importe de la adjudicación, que él entregaba a Bárcenas. Durante las investigaciones judiciales se encontraron en Suiza 18 millones de euros a Correa y 48 millones a Bárcenas sin justificación.

Dinero negro para medios que culpaban a ETA del 11M

Bárcenas también cuenta que a finales de 2004 Álvaro Lapuerta realizó la subscripción de acciones del medio Libertad Digital S.A. por valor de 140.000 euros procedentes de la caja B y detalla cuál fue el motivo: «Por razón de que este medio de comunicación resultaba afín a las ideas del Partido Popular, y especialmente, a las tesis de autoría de ETA en los atentados del 11 M que tuvieron lugar unos meses antes de la suscripción de estas acciones».

Los atentados yihadistas ocurridos en Madrid el 11 de marzo de 2004, donde se produjeron 192 muertes y casi 2.000 heridos, tuvieron lugar tan solo tres días antes de las elecciones generales en las que el Partido Popular perdió el Gobierno. Durante esos días, los líderes conservadores se esforzaron en trasladar la idea de que la tragedia era responsabilidad de ETA, en la creencia de que esa tesis les era más beneficiosa electoralmente. Medios como Libertad Digital fueron claves para trasladar a la ciudadanía la conocida como ‘teoría de la conspiración’.

Las maniobras del Partido Popular

Desde que se destaparon las informaciones relativas a su financiación ilegal, el Partido Popular ha maniobrado en varios sentidos. En un primer lugar se pretendió defender a Bárcenas negando cualquier acusación, pero, posteriormente, la estrategia cambió, ante el temor de que el extesorero pudiera desvelar información comprometedora.

Así, presuntamente, con el fin de destruir pruebas a instancias del Partido Popular, el comisario Gómez Gordo, que era asesor de la secretaria general de la formación política, María Dolores de Cospedal, y el comisario Villarejo, encarcelado y relacionado con actividades ilegales del Gobierno de Rajoy, lograron robar una parte de la información sensible que Bárcenas poseía sobre su antiguo partido.

Parte de la información sustraída es la copia de la documentación que Mariano Rajoy destruyó personalmente en su despacho en 2009, según la versión del extesorero del PP.

Estas maniobras de espionaje político se habrían sufragado con fondos públicos y están siendo investigadas en otra causa judicial aparte. Se habría espiado a la familia del exgerente y se habría llegado a infiltrar a un agente como chófer de la familia.

También se indaga si se pagó con dinero público al falso cura (que fue condenado a 22 años de prisión), que en realidad era un confidente policial, que secuestró a la familia de Bárcenas a punta de pistola en busca de un pen drive en 2013.

Asimismo, el PP también fue acusado (y finalmente absuelto) de destrucción de pruebas, cuando el juez Ruz pidió que se le entregaran los dos ordenadores que Bárcenas usaba en la sede del PP y que fueron enviados después de que los informáticos del partido destruyeran los discos duros, formateándolos 35 veces, rayándolos y golpeándolos.

Nuria López (RT)