José Luis Rodríguez Zapatero deberá reflexionar sobre su labor como «mediador» con el régimen bolivariano de Venezuela.

El fiscal general de Trump podría presentar oficialmente cargos contra al menos cincuenta ex altos cargos del ex presidente socialista por su presunta relación con la narcodictadura venezolana, informan medios de la región.

Según la acusación dada a conocer recientemente por el fiscal general, William Barr, Maduro «ha permitido usar Venezuela como un lugar seguro para el narcotráfico» en la región. Tras meses de investigación en estrecho consorcio con el CNI, la DEA apunta a la embajada venezolana en Madrid como uno de los ejes de la red de blanqueo de capitales provenientes del régimen de Maduro.

De acuerdo a las mismas fuentes, los ex mandatarios españoles sobre los que podría actuar la justicia norteamericana incluirían, además de Zapatero, a ex altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores y también a miembros de la Fundación CEPS.

Hugo Chávez bromea con Zapatero en el Palacio del Pardo, durante su viaje oficial a España en noviembre de 2004

Pieza clave de toda la investigación llevada a cabo ha sido la detención en Madrid del general Hugo Carvajal. Antes, concretamente en julio de 2014, fue arrestado en Aruba en cuanto pisó esa isla del Caribe perteneciente a Holanda, a la que se había desplazado con pasaporte falso. A pesar de reclamar inmunidad diplomática por su nombramiento como cónsul en la isla por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, la guardia fronteriza le denegó ese estatus, puesto que su designación aún no había sido acreditada por las autoridades holandesas.

Estas actuaron a petición de Estados Unidos, que previamente había desvelado a Holanda el contenido de una acusación que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mantenía en secreto («sealed indictment») contra Hugo Carvajal. El general ya fue incluido en 2008 en la lista negra del Tesoro de EE.UU., por «asistencia» a las FARC, la guerrilla colombiana. Se le acusaba de «proteger de las autoridades antinarcóticos venezolanas los envíos de droga y proveer armas a las FARC».

Hugo Carvajal, junto a Nicolás Maduro.

Fuentes en Washington implicadas en recoger evidencias contra Carvajal, destacaron ya entonces que el general, llamado por muchos con el alias de «el Pollo», era la figura más central en la trama de narcotráfico puesta en marcha por el propio Hugo Chávez y cuyas actividades han llevado a cabo varios generales, conocidos como el «cartel de los Soles».

Sin embargo, las autoridades holandesas dejaron en libertad a Hugo Carvajal poco después al considerar que gozaba de inmunidad diplomática.

«Carvajal se encargaba de la recogida de la droga de las FARC y controlaba todo el proceso de distribución a Estados Unidos y Europa, y también se ocupaba del lavado de dinero a través de la petrolera PDVSA», afirmaban esas fuentes.

Aunque la Audiencia Nacional denegó su extradición cinco meses después al considerar que EE.UU. la pedía «por una motivación política», finalmente cambió su decisión inicial y autorizó la extradición a Estados Unidos de «el Pollo». Al parecer, la Fiscalía de Estados Unidos pactado con Carvajal beneficios legales a cambio de que revele los pormenores del gran lavado de dinero llevado a cabo por PDVSA y que incluiría a nuestros país.

El pasado febrero, Carvajal difundió un vídeo en el que declaraba su ruptura con el régimen de Nicolás Maduro y se ponía a disposición del presidente interino, Juan Guaidó. «Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez: aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar elecciones libres», aseguraba.

La DEA y la conexión bolivariana de España

‘El Chapo’ Guzmán, en una imagen de archivo durante su traslado de prisión.

Según información del medio Cubanet, el Cártel de los Sapos (aquella suerte de junta militar narcochavista), se alió con el Chapo Guzmán bajo el amparo de Nicolás Maduro. Asimismo, Jaime Bayly, periodista peruano afincado en Miami, apunta a su vez a la conexión del Chapo Guzmán con Evo Morales. Luego de haberse descubierto su enésimo y definitivo fraude en Bolivia, Evo huyó a México buscando el favor de los narcos con los que lleva años haciendo pingües negocios. Con todo, quizá la cercanía de los Estados Unidos le acabó impulsando a trasladarse a la Argentina, recorriendo todo el continente entre contactos narcos y socialistas.

No obstante, el paso de Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Barajas, cuando tenía prohibido ingresar a territorio de la Unión Europea, y además con 40 maletas cuyo contenido se desconoce, ha sido una de las gotas que ha colmado el vaso de la paciencia estadounidense, y así, la DEA ya da nombres propios en España.

Bolivia y Ecuador dan nombres propios

Juan Carlos Monedero y el ex juez prevaricador Baltasar Garzón

En ese sentido, tanto Bolivia como Ecuador dieron nombres propios españoles con supuestas implicaciones en desvíos de dinero que habrían ido a parar tanto a las arcas del PSOE como a las de Podemos, coincidiendo los nombres de Zapatero y Monedero, así como los de Pablo Iglesias, líder de Podemos y actual vicepresidente del gobierno español; Baltasar Garzón, el exjuez prevaricador (antaño ligado al PSOE) que ahora anda alentando subversiones comunistas en Chile; e Íñigo Errejón, antiguo cabecilla de Podemos, ahora con marca política propia.

Repasemos: Zapatero visitando campos cocaleros en Bolivia y yendo y viniendo a Venezuela; Baltasar Garzón “trabajando” por Argentina (con los Kirchner) y Colombia y ahora en Chile; Juan Carlos Monedero, asesor de Chávez (¿o fue a asesorarse?); Pablo Iglesias, “viajero” por la Venezuela de Chávez, el Ecuador de Rafael Correa y la Bolivia de Evo Morales; Íñigo Errejón, estudiante en la Bolivia de Evo Morales… Las piezas del rompecabezas van encajando. Por ello, Bolivia, Ecuador y la DEA ya dieron el paso de reportar nombres concretos de cara a posibles/futuros requerimientos de la justicia.

Habrá que esperar los movimientos de Estados Unidos. En cualquier caso, la Administración Trump ha destacado la colaboración del servicio español de inteligencia con los investigadores de aquel país. Es por ello que Estados Unidos observa con desconfianza y recelo que el vicepresidente Pablo Iglesias forme parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, el organismo que supervisa y regula los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Delcy Rodríguez

El control sobre los servicios de información fue una de las primeras exigencias que el líder de Podemos puso sobre la mesa para acceder a un acuerdo de Gobierno con el PSOE. Las relaciones de simpatía y proximidad de Iglesias con regímenes como el venezolano o el iraní son una pésima carta de presentación ante muchos de esos otros servicios con los que ha de colaborar España en temas clave para el Estado como inmigración, terrorismo, ciberseguridad o relaciones geopolíticas al más alto nivel. Siempre puede existir el temor a lo que es la peor amenaza en términos de inteligencia: la filtración de un asunto o una estrategia de calado.

CEPS

Rafael Isea

Rafael Isea, ministro del Poder Popular para las Finanzas en el Gobierno de Hugo Chávez, ratificó en una declaración ante agentes de la UDEF la veracidad del documento en el que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez aprobó destinar siete millones de euros a crear en España «fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano», una clara referencia al nacimiento de Podemos.’

Se trata de un documento elaborado por el propio Isea, quien ha identificado la firma de Hugo Chávez «sin ningún tipo de duda». Los pagos iban destinados a la fundación CEPS, a la que pertenecían toda la cúpula de Podemos, empezando por el propio Pablo Iglesias y siguiendo por Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y Luis Alegre, entre otros.

Isea también señaló un dato importante que confirmaron fuentes de la oposición venezolana: el no pago de impuestos por parte de la fundación CEPS. Los agentes de la Udef le preguntaron si existió «algún tipo de retención fiscal en este tipo de contratos», respondió: «Dudo que lo haya habido».

La fundación CEPS repatriaba los beneficios a España, pero aquí estaban exentos de tributación porque, teóricamente, como ONG, no tenía ánimo de lucro, pese a que realizaban tareas de consultoría política propias de una empresa.

En cuanto a la cantidad total que percibió CEPS, el germen de Podemos, por las asesorías prestadas a los gobiernos de Chávez y Maduro, es una incógnita.

El documento que firmó el «comandante presidente» liberaba un partida presupuestaria para este fin de 7,1 millones de euros, de los que ya se había pagado una parte. Las memorias de la Fundación CEPS reconocen el pago de 4,2 millones de euros de Caracas, pero Isea declaró ante la Udef que es «altamente probable» que «otros ministerios u organismos públicos dependientes del Gobierno de Venezuela hayan podido transferir cantidades de dinero a estas personas por conceptos análogos». De hecho, en el caso de Juan Carlos Monedero, el profesor también cobraba a título personal, al margen de CEPS, hasta el punto de que recibió más de 400.000 euros por un «informe fantasma» encargado por el banco del ALBA, controlado por el gobierno chavista.

Isea sostienen que los pagos de las asesorías se realizaban «normalmente» con «moneda extranjera, euros o dólares». Pero, el gran objetivo no eran las asesorías, sino la influencia política en España.

El dinero pagado a la fundación afín a Podemos serviría, según Chávez, para «estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano».