Connect with us

Europa

En Bélgica caen como moscas: “Coronavirus: la masacre belga”

Published

on

Ministro belga (el que protege a Puigdemont, por cierto) demuestra su absoluta incapacidad para ponerse una mascarilla.
Comparta este artículo.

 

 

Loading...

Por Drieu Godefridi.- (*)

Aún es muy pronto para hacer una evaluación definitiva sobre la gestión del covid-19 en cada país, pero una cosa está clara: Bélgica está viviendo una auténtica masacre.

Todo empezó en 2015, cuando el Gobierno del primer ministro Charles Michel (actual presidente del Consejo Europeo) decidió destruir todo el ‘stock estratégico’ del país –63 millones de mascarillas, entre las cuales figuraban las tan valiosas FFP2–, cuidadosamente almacenado por el Ejército en un cuartel de Belgrade (Namur), porque estaba «desfasado», según declaró la ministra de Sanidad, Maggie de Block, que aún sigue en el cargo. «Para nada», afirmó el principal sindicato del Ejército; «esas máscaras fueron incineradas… para hacer sitio a los refugiados». En 2015, Bélgica y Europa se vieron inundadas de inmigrantes por la invitación a acudir al continente que les cursó la canciller alemana, Angela Merkel, y tanto las leyes de la UE como la Convención Europea de Derechos humanos hicieron materialmente imposible rechazarlos.

Todo el stock estratégico fue incinerado, sí; y nunca fue reemplazado, otra decisión de De Block que, dada la frecuencia con que se producen epidemias y pandemias, equivale a un crimen. «Gobernar es prever», que dijo Emile de Girardin.

Así que cuando la pandemia del coronavirus se extendió por Bélgica, este desgraciado país apenas tenía máscaras: ninguna para los ciudadanos, ninguna para la Policía, ninguna para las residencias de ancianos y casi ninguna para los hospitales.

La pandemia hizo erupción mucho antes en Italia que en Bélgica. El norte de Italia, tan ligado a China por medio de las industrias textil y de la moda, fue el epicentro de la pandemia en Europa. El 31 de enero Italia prohibió los vuelos procedentes de China, decisión lamentablemente tardía, y el 21 de febrero varias localidades del país transalpino quedaron completamente confinadas.

Muchos belgas tienen raíces italianas, especialmente en el sur (Valonia), y muchos más adoran Italia. De ahí que, pese al brote, entre el 22 y el 23 de febrero decenas de miles de belgas partieran a Italia para festejar el Carnaval. Y el Gobierno belga no abrió la boca.

Cuando esa gente regresó, principalmente por los dos mayores aeropuertos del país –el de Bruselas Sur (Charleroi) y el de Bruselas (Zaventem)–, no fue sometida a ningún chequeo. Sí lo fue cuando arribó a Italia, pero no cuando regresó a Bélgica. En ese entonces la ministra De Block manifestó que tomar la temperatura a la gente era inútil, y que cerrar la frontera no tenía sentido: «Un virus no se detiene en una frontera», dijo. Cuando el doctor Marc Wathelet trató de advertirle de los riesgos, De Block le llamó, en un tuit que posteriormente borró, «histérico».

Parece que la epidemia hizo eclosión en Bélgica, mayormente, de la mano de esos viajeros no chequeados.

A primeros de marzo, el Gobierno de la primera ministra Sophie Wilmès –del mismo Movimiento Reformador centro-izquierdista que su predecesor, Charles Michel– no veía problema en que los belgas asistieran a acontecimientos de masas, como el Salón Batibouw (una feria inmobiliaria), la Feria del Libro y, por supuesto, la manifestación por el Día de la Mujer del 8 de marzo. Para ese día, en Italia ya habían muerto 366 personas como consecuencia del virus.

Cuando Wilmès decidió finalmente ponerse en acción, por medio de unas directivas fechadas el 23 de marzo, lo hizo principalmente para proscribir cualquier iniciativa privada relacionada con las mascarillas y los medicamentos: el Gobierno se iba a hacer cargo.

Por desgracia, esos políticos profesionales y sus expertos no tenían la experiencia necesaria en el campo del comercio internacional. El primer cargamento de mascarillas solicitado por el Gobierno belga jamás llegó; las mascarillas del segundo cargamento eran muy eficaces… para hacer cafés, y cuando un emprendedor local tomó la iniciativa y encargó millones de mascarillas para que les fueran entregadas a las autoridades, fue demonizado –sin la menor justificación– como un «bandido». Pero, «hey, esto es una emergencia, ¡no tenemos tiempo para aportar pruebas!».

A principios de abril, dos meses después de que la pandemia se extendiera por Europa, en Bélgica aún no había mascarillas prácticamente, ni siquiera para los profesionales sanitarios que se exponen a diario al contagio, así que imagínense para el ciudadano del común.

Como no había máscaras, el Gobierno decidió anunciar que las máscaras no eran necesarias. La muestra suprema de la ineptitud gubernamental aún se puede ver en la web personal de la ministra de Sanidad: «Llevar máscaras para protegerse del coronavirus no tiene demasiado sentido».

Junto con las máscaras, el otro elemento imperativo para combatir al virus son los tests; hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha reconocido. Los tests son bastante sencillos de producir y el primer requisito para una respuesta eficiente ante cualquier pandemia. Los recursos sanitarios belgas son notables –hospitales, médicos, laboratorios públicos y privados, una enorme cantidad de compañías químicas privadas–, y el gasto público en sanidad belga es uno de los más elevados del mundo. Así las cosas, el Gobierno tenía la oportunidad de maquillar su ineptitud criminal con los tests.

Por desgracia, ocurrió todo lo contrario. Premió con el monopolio de facto sobre los tests al laboratorio de un tal Marc van Ranst, de la Universidad Católica de Lovaina. No hay razón concebible alguna para esa decisión, y las consecuencias fueron exactamente las mismas que con las mascarillas: la exclusión del sector privado y el racionamiento de los tests, de los que ha habido una cruel carestía desde el primer día.

La decisión es aún más sorprendente cuando uno se entera de que Van Ranst es no sólo médico sino un activista político. Declarado comunista e israelófobo, llegó a hablar un día del «Gazacausto», y se quedó tan a gusto con la palabreja. Este es el tipo al que se ha coronado Míster Test de toda Bélgica.

Cuando compañías privadas desarrollaron nuevos métodos de chequeo, el Gobierno belga publicó inmediatamente una nueva orden para proscribirlos, con el pretexto de que quizá no fueran 100% fiables.

Sin máscaras, rastreos y con apenas tests: esta viene siendo la situación en Bélgica en medio de la peor pandemia desde la gripe española de 1918. Es una situación dramática enteramente debida a las ominosas decisiones del Gobierno. Cuando Wilmès rompió el monopolio de facto que ella misma había creado, permitiendo tests de empresas privadas como GSK, ya era demasiado tarde.

Desafortunadamente, no acaba aquí esta triste historia de incompetencia criminal. Lo peor estaba aún por llegar. En vista de lo que sucedía en Italia y Alsacia (Francia), donde algunos hospitales se han visto temporalmente desbordados con los pacientes del coronavirus, el Gobierno belga tomó la que, en perspectiva, puede que sea la peor decisión adoptada desde 1945: los residentes en residencias de ancianos infectados tendrían que permanecer en las propias residencias. Así pues, no hubo hospitalización para esa pobre gente anciana.

Junto con la práctica total ausencia de máscaras y tests, esta directiva tuvo consecuencias cataclísmicas: muertes, muertes y más muertes. Bélgica habla ahora no de una sino de dos epidemias: la de la población en general y la de las residencias de ancianos. Trágicamente, prácticamente la mitad de las muertes por coronavirus en Bélgica han tenido lugar en asilos. Pese a los esfuerzos heroicos de sus trabajadores, los asilos belgas son de hecho trampas mortales. Para evitar contagios, a los moribundos que yacen en sus habitaciones no se les permite siquiera ver a sus familias una última vez; otra decisión del Gobierno belga que se ha proclamado, cancelado y vuelto a proclamar.

Sin máscaras, sin tests y con los asilos convertidos en trampas mortales: ahora entiende uno por qué Bélgica es el país del mundo con más muertes por coronavirus per cápita, con una cifra diez veces superior a la de Alemania [1].

La masacre belga es completamente debida a la trágica incompetencia de las elites gobernantes, y era completamente evitable.

NOTA:

[1] La inefable Maggie de Block ha anunciado que «recontará» las muertes en las residencias de ancianos porque algunos de los incluidos en las estadísticas sólo eran «sospechosos» de tener el coronavirus. Ahora bien, numerosos países, empezando por EEUU, han incluido los casos sospechosos en sus conteos.

(Gatestone Institute) Drieu Godefridi, escritor liberal, es el fundador del Instituto Hayek de Bruselas. Tiene un doctorado en Filosofía por la Sorbona de París y gestiona inversiones en varios países europeos.


Comparta este artículo.
Advertisement
Deje aquí su propio comentario

Europa

La determinación francesa para poner fin a la libertad de expresión

Published

on

Por medio de una nueva ley, el Gobierno francés ha decidido delegar la censura estatal en plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat. De ahora en adelante, unas compañías privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de fuertes multas.
Comparta este artículo.

Por Judith Bergman.- El 13 de mayo, el Parlamento francés adoptó una ley que requiere a plataformas online como Facebook, Google, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat[1] que retiren el contenido reportado como «promotor del odio» en 24 horas y en una hora el reportado como «terrorista». De no hacerlo, podrían ser objeto de multas exorbitantes, de hasta 1,25 millones de dólares o del 4% de los ingresos globales de la plataforma en caso de que persista en su negativa.

Como es frecuente en las leyes europeas sobre los discursos de odio, el espectro del contenido online considerado «odioso» bajo la denominada Ley Avia (en referencia a la legisladora que la promovió) es muy amplio e incluye «la incitación al odio, o el insulto discriminatorio en función de la raza, la religión, la etnia, el género, la orientación sexual o la discapacidad».

Loading...

Esta norma francesa está directamente inspirada en la controvertida ley alemana NetzDG, adoptada en octubre de 2017 y explícitamente mencionada en el preámbulo de aquélla.

«Este proyecto de ley pretende combatir la difusión del discurso del odio en internet», se lee en la introducción de la Ley Avia.

Nadie puede discutir la exacerbación del discurso del odio en nuestra sociedad (…) los ataques al otro por lo que es, por sus orígenes, sus creencias religiosas, su sexo o su orientación sexual (…) remiten (…) [a] las épocas más oscuras de nuestra historia (…) la lucha contra el odio, el racismo y el antisemitismo en internet es un objetivo de interés público que justifica (…) provisiones efectivas y poderosas (…) esta herramienta de apertura al mundo, de acceso a la información, a la cultura, a la comunicación [está haciendo referencia a internet], puede convertirse en un auténtico infierno para quienes se convierten en objetivo de ‘haters’ o de acosadores ocultos tras las pantallas y los pseudónimos. Según una encuesta llevada a cabo en mayo de 2016, el 58% de nuestros conciudadanos consideran internet el nodo principal del discurso del odio. Más del 70% dicen habérselas visto con el discurso del odio en las redes sociales. El ciberacoso puede ser devastador, sobre todo para la gente joven (…) Sin embargo (…) se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias: todo esto crea un círculo vicioso (…)

Tras reconocer que el «odio» online es complicado de perseguir con la legislación existente, porque «se presentan pocas denuncias, pocas investigaciones concluyen exitosamente y se dictan pocas sentencias», pero aún así confiado en que la censura es la panacea para los problemas percibidos, el Gobierno francés decidió delegar la tarea de la censura estatal en las propias plataformas online. De ahora en adelante, unas empresas privadas se verán obligadas a actuar como policía del pensamiento por cuenta del Estado francés so pena de exponerse a fuertes multas. Como en Alemania, esa ley hará que las plataformas exhiban un celo desusado en la eliminación o bloqueo de todo lo que pueda ser percibido como odioso, para evitar las sanciones.

El propósito de la ley parece ser doble: a la censura efectiva mediante la eliminación o el bloqueo de comentarios hay que sumar las (inevitables) consecuencias de la censura sobre el debate online en general. «La gente se lo pensará dos veces antes de cruzar la línea roja si sabe que es muy probable que se le pidan cuentas», afirmó la ministra francesa de Justicia, Nicole Belloubet, en unas declaraciones que sonaron ominosas en boca de un miembro de un Gobierno de un país que aún se sigue proclamando democrático.

Desde el primer momento, cuando el presidente del país, Emmanuel Macron, encargó a un grupo liderado por Laetitia Avia que confeccionara la ley, ésta ha sido objeto de críticas. Así, la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos la criticó por incrementar el riesgo de censura, y la La Quadrature du Net, organización que lucha contra la censura y la vigilancia online, advirtió de que «los breves plazos para la retirada y las cuantiosas multas incentivarán a las plataformas a hiper-eliminar contenido». La organización en defensa de la libertad de expresión Article 19, con sede en Londres, afirmó que la ley representa una amenaza para la libertad de expresión en Francia. Gabrielle Guillemin, de dicha organización, sostiene:

La Ley Avia permitirá en la práctica al Estado francés delegar la censura online en las compañías tecnológicas dominantes, de las que se esperará que actúen como juez y parte a la hora de determinar qué es un contenido ‘manifiestamente ilegal’. La Ley atañe a una amplia gama de contenidos, así que no siempre tomarán la decisión correcta.

El Gobierno francés ha ignorado las preocupaciones manifestadas por grupos en defensa de la libertad de expresión y de los ciberderechos, y el efecto será demoledor para la libertad de expresión online en Francia.

Dados los plazos de que dispondrán las compañías para responder, hemos de esperar que pequen de exceso de precaución cuando tengan que decidir si un contenido es legal o no. Igualmente, habrán de emplear filtros que, inevitablemente, les llevarán a una sobre-retirada de contenido.

La ley también ha topado con rechazo en Francia. El 22 de mayo, Guillaume Roquette, director editorial de Le Figaro Magazine, escribió:

«Con el pretexto de combatir el contenido ‘odioso’ en internet, [la Ley Avia] implanta un sistema de censura que es tan eficaz como peligroso (…) el ‘odio’ es el pretexto al que recurren sistemáticamente quienes quieren silenciar las opiniones disidentes.

Este texto [la ley] es peligroso porque, según el abogado François Sureau, «introduce la penalización criminal de… la conciencia». Es peligroso (…) porque delega la regulación del debate público (…) en internet en multinacionales norteamericanas (…) Una democracia digna de tal nombre debería aceptar la libertad de expresión».

Jean Yves Camus, de Charlie Hebdo, ha dicho que se trata de «un placebo para combatir el odio» y señalado que «hiperenfocarse en el odio online» enmascara el auténtico peligro:

«No fue el odio online lo que mató a Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, las víctimas de Bataclan, el Hyper Cacher y Charlie; fue una ideología denominada antisemitismo y/o islamismo (…) ¿Quién determina qué es odio y qué es crítica? Acaban de abrir la caja de Pandora (…) Hay un riesgo de una lenta pero inexorable marcha hacia un lenguaje digital hiperregulado por la corrección política, tal y como la definen minorías activas».

«¿Qué es el odio?», se pregunta retóricamente el escritor francés Éric Zemmour. «¡No sabemos! Tienes el derecho a no amar… tienes el derecho a amar, tienes el derecho a odiar. Es un sentimiento… No puede judicializarse, legislarse».

Pues bien, eso es lo que las leyes sobre el discurso del odio hacen, ya sea en la web o en el mundo no digital. Exigir a compañías privadas –o al Gobierno–que actúen como una policía del pensamiento no es propio de un Estado que dice conducirse según el imperio democrático de la ley.

Por desgracia, la pregunta no es si Francia será el último país europeo en introducir leyes así de censoras, sino cuáles le seguirán.

[1] Así como otras plataformas online y motores de búsqueda que alcancen un cierto nivel de actividad en Francia (nivel que será especificado en un decreto posterior).

(Gatestone)


Comparta este artículo.
Continue Reading

Europa

(VÍDEO BRUTAL) “¡Pedazo de mierda! ¡Vete a tu país! ¡Que vergüenza! ¡Que le estás haciendo a la criatura!”

Published

on

Comparta este artículo.

… En estos términos, y otros varios, se expresa en el siguiente vídeo la indignada ciudadana italiana que grita valientemente al hombre negro que, en medio de la calle de una ciudad anónima, -por lo que hemos entendido, cerca de una estación- está nada menos que desollando a un gato encima de un improvisado montón de leña para cocinarlo y, suponemos, comérselo después.

La señora, con mascarilla, repite que es una vergüenza, y que se vaya a su país, cosa que nos tememos que no hará.

Bienvenidos todos ustedes a la “Nueva Normalidad”

Disfruten lo votado.

Gato desollado. Italia

Comparta este artículo.
Continue Reading

Europa

La izquierda pedófila y su Nuevo Orden Pederasta: Abusos infantiles masivos en Alemania: políticos y psicólogos de izquierdas daban la custodia de niños a pedófilos

Published

on

Comparta este artículo.

Este miércoles, el Partido Verde de Berlín pidió que se abra una investigación sobre un escándalo de abusos infantiles masivos que durante más de tres décadas, hasta 2003, involucró a niños adoptivos cuya custodia fue concedida a pedófilos con el conocimiento de las autoridades.

Según un nuevo informe publicado el lunes, las autoridades de educación y el Senado de Berlín occidental estaban al tanto de esa práctica, que fue «aceptada, apoyada y defendida» por políticos y académicos de izquierdas a lo largo de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado.

Loading...

«Había y hay redes», dijo la política Marianne Burkert-Eulitz a Berliner Zeitung, que pide al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y al Partido Democrático Libre (FDP) que se responsabilicen del escándalo.

En uno de los casos, entre los años 1970 y 2003 las autoridades de bienestar infantil de la ciudad en repetidas ocasiones concedieron la custodia de niños al pedófilo Fritz H., que vivía solo, pese a sus antecedentes penales. Los niños, algunos de apenas seis años, sufrieron horrores indescriptibles, violaciones y maltratos. Un niño discapacitado incluso murió estando bajo la custodia de Fritz.

Dos de las víctimas del hombre han demandado al Estado por el trauma que vivieron, pero el Senado de Berlín hasta ahora les ha negado un juicio, argumentando que los delitos habrían prescrito.

«Una red entre instituciones educativas»

Fritz no fue el único pedófilo al que le fue confiado el cuidado de niños. El informe, compilado por investigadores de la Universidad de Hildesheim, descubrió que al menos tres pedófilos más recibieron la custodia de menores, mientras que una red de miembros de alto rango del Instituto Max Planck, la Universidad Libre de Berlín y la escuela Odenwald en Hesse supervisó el programa.

Los investigadores describieron el esquema como una «red entre instituciones educativas». Todavía se desconoce el número exacto de víctimas, y muchos archivos relacionados con la red siguen clasificados por las autoridades municipales y estatales, pero los investigadores afirman que los servicios sociales permitieron a los pedófilos ‘cazar’ con impunidad «en toda Alemania».

 

Un psicólogo que abogaba por la pedosexualidad


El psicólogo Helmut Kentler, cuyo Centro Pedagógico de Berlín se encargaba de buscar padres adoptivos para los niños, se encuentra en el centro del escándalo. La institución de Kentler fue apoyada a finales de la década de 1960 por el alcalde Willy Brandt, miembro del SPD. En sus cartas al Senado, Kentler avaló a Fritz como un «experto» en el cuidado de niños. El psicólogo también visitaba regularmente a los menores a los que cuidaban Fritz y otros pedófilos.

Sin embargo, Kentler difícilmente puede ser acusado de engañar a los políticos. El psicólogo fue un defensor abierto de la «pedosexualidad», y durante toda su carrera profesional abogó por la normalización del sexo con niños. En 1999 declaró que la pedofilia «puede tener un efecto muy positivo en el desarrollo de la personalidad de un niño».

Además, Kentler sabía que los padres adoptivos pedófilos probablemente tenían «una relación sexual» con los niños cuya custodia les encargaba, declarando explícitamente este hecho en un informe al Senado. Sus declaraciones al respecto no fueron cuestionadas por otros políticos. Los políticos que apoyaron a Kentler y a su institución podrían haber puesto fin a esta horrible práctica en cualquier momento, pero en lugar de ello la apoyaron, la promovieron y la defendieron.

Tanto Kentler como Fritz, así como los políticos que los apoyaron, ya murieron. Los documentos que detallan el alcance total de los abusos todavía están bajo llave en el archivo del Departamento de Educación de Berlín. Los legisladores verdes exigen que sean revelados y que el escándalo de abusos se haga público en toda su depravación.


Comparta este artículo.
Continue Reading

Elija el idioma / Choose your language

ArabicBulgarianChinese (Simplified)DanishEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianNorwegianPortugueseRomanianRussianSpanishTurkish

¿Quiere recibir las últimas noticias en TELEGRAM?

HIJAS DE EUROPA

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Copyright © 2019 all rights reserved alertanacional.es

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
ArabicBulgarianChinese (Simplified)DanishEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianNorwegianPortugueseRomanianRussianSpanishTurkish
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com