La fulminante destitución del jefe de la Comandancia de Madrid, coronel Pérez de los Cobos, después de que la Guardia Civil atendiese las órdenes de una juez que ordenó investigar la autorización gubernamental de la manifestación del 8-M cuando ya existía una alerta sanitaria internacional, vuelve a poner en el foco la utilización partidista que el Ejecutivo de Sánchez hace de la Benemérita.

La excusa para quitarse de encima a De los Cobos es una «pérdida de confianza», supuestamente por no haber informado al ministro Grande-Marlaska de que investigaba un asunto que ha terminado con la imputación judicial del delegado del Gobierno en Madrid. Ni el coronel estaba obligado legalmente a hacerlo ni parece prudente que lo hiciera estando bajo investigación representantes del Gobierno, como lo son José Manuel Franco y otros altos cargos del Ejecutivo en Sanidad. E hizo bien Pérez de los Cobos en desatender la petición que le hizo Marlaska de ver el informe, para eludir cualquier posible injerencia ministerial en el mismo, toda vez que la juez advirtió al coronel de que fuera cuidadoso con las filtraciones.

La petición del ministro era inadmisible. Esta purga de quien investiga (por orden judicial, insistimos) la negligencia del Gobierno en la expansión de la pandemia se une al desafortunadísimo episodio de Interior ordenando a la Guardia Civil que impidiera las críticas al Ejecutivo, alejándola de su misión constitucional («proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana», artículo 104) y endilgándole funciones de «policía política».

La destitución de Pérez de los Cobos cumple además una demanda de ERC, pues era una de las cabezas que el nacionalismo quería cobrarse como responsable del dispositivo policial contra el referéndum ilegal del 1-O. Es hora de que el Gobierno saque sus sectarias manos de la Guardia Civil y deje de juguetear irresponsablemente con el prestigio de una institución con 176 años de servicio ejemplar a los españoles.

La juez advierte a Interior

La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.

El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo con la jornada en la que se ha conocido la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar «por pérdida de confianza» al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de Covid-19.