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Tribunales

Las condenas a los altos cargos de la Junta es la punta del iceberg del caso de los ERE

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El exdirector de Trabajo Javier Guerrero tras recoger la sentencia.
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La sentencia de la denominada pieza política de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía es solo la primera meta volante de la carrera de fondo en que se convirtió una larga instrucción que comenzó en enero de 2011 y que se reveló como una de las mayores causas por corrupción del país a tenor del volumen defraudado y el número de implicados. Según fuentes judiciales, todavía siguen «vivas» o en fase de instrucción 120 piezas correspondientes a las ayudas directas a empresas, intrusos o sobrecomisiones. Otras cuatro esperan ya en la Audiencia Provincial de Sevilla a que se señale fecha de juicio, entre ellas la más escabrosa, la del que fuera chofer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que percibió 1,4 millones de fondos públicos que se gastó en parte en fiestas y drogas.

El dato más claro que permite apreciar la ingente labor judicial que supuso este caso lo facilitó la juez instructora María Núñez Bolaños en el auto con el que cerró la pieza matriz de los ERE, la que abrió su antecesora Mercedes Alaya en enero de 2011 al tirar del hilo de las supuestas irregularidades en las prejubilaciones de la empresa mixta Mercasevilla. Tras una batalla judicial entre fiscal y juez, y para evitar la prescripción de delitos sepultados por una mastodóntica investigación, en 2015 se optó por desgajar esa pieza central en decenas de causas separadas, una por cada ayuda irregular concedida, de ahí que esa diligencia inicial se cerrara al quedar sin contenido. En ese auto, fechado en diciembre de 2018, la jueza explicó que se habían abierto un total de 187 piezas separadas de investigación, de las que continuaban en ese momento en fase de instrucción 146 piezas con un total de 507 imputados.

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Las 41 restantes eran causas ya finalizadas, divididas entre aquellas sobreseídas o archivadas al no apreciarse existencia de los delitos de malversación o prevaricación que se investigaban, unas 36, o bien aquellas que habían iniciado ya el procedimiento de enjuiciamiento. Entre estas últimas se encontraba la pieza política, cuya sentencia se acaba de conocer, y otras cuatro que aguardan en la Audiencia. El colapso de la Audiencia Provincial provoca que la primera de ellas, conocida como Acyco, no vaya a ser juzgada antes del último trimestre de 2020. Será la segunda vista oral de la macro causa, y en ella estaban inicialmente implicados cinco ex altos cargos ya juzgados por la pieza política, y que por tanto serán excluidos.

Pisar el acelerador

En su denuncia contra la «parálisis del caso ERE» que vivía el caso ERE desde que lo asumió la juez Núñez, la Fiscalía Anticorrupción actualizó esos datos a mediados de 2019. Según sus cálculos, las piezas archivadas o cerradas se elevaban de 36 a 48 (el 26,4%), y que las que estaban en trámite «o acumuladas a otros procedimientos» eran 129 (el 70,8% del total), reduciendo así la cifra de 146. No obstante, el último juez instructor de los siete que ha tenido la causa desde sus orígenes ha pisado el acelerador y en los últimos meses varias investigaciones están ya en trámite de procedimiento abreviado y a la espera de pasar a la Audiencia para ir a juicio.

¿Y qué es lo que aguarda en esas piezas que aún siguen investigándose? La más llamativa es la pieza de las sobrecomisiones que las empresas aseguradoras pagaron a una serie de entidades que mediaron en la confección de los expedientes de regulación de empleo que pagó la Junta de Andalucía. Solo en esta causa hay una veintena de imputados. Los peritos de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía cifraron ese dinero cobrado de más en 66 millones de euros, ya que las comisiones llegaron a estar un 550% por encima de la media habitual del mercado. En esta causa se encuentra implicado el ‘conseguidor’ y exsindicalista Juan Lanzas, que actuó como mediador «logrando la financiación de la Junta» y que gracias a «la influencia ejercida sobre los directores generales de Trabajo, lograba que se suscribiesen pólizas con sobrecostes de cuantía injustificada».

Junto a la pieza política y las sobrecomisiones, el tercer grupo en el que se dividió la causa lo conforman un centenar de piezas referidas a los intrusos o cada ayuda concreta que la Junta dio a empresas que se beneficiaron del sistema ilegal, y en las que se investigan de nuevo prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Muchas de esas empresas siquiera tenían un objeto social o acreditaron los requisitos necesarios, y aun así percibieron fondos públicos sin que se hiciera seguimiento sobre el destino de la ayuda.


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España

Justicia de chiringuito en Cataluña: La ciudad de la justicia de Barcelona convertida en 13, Rue del Percebe

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Barcelona, Juzgado de lo Penal número 8. 29 de Octubre de 2020.

Tras la llamativa, injusta y bárbara acusación contra D. Manuel Andrino y D. Pedro Pablo Peña por parte de la «Fiscalía del Odio», citándoles en los juzgados descritos más arriba, el sainete de la justicia escribe un nuevo episodio de disparate y esperpento.

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Tras tener a dos personas inocentes esperando en el opresivo y malsano ambiente de un Juzgado Catalán durante horas, se ha suspendido el Juicio por la incomparecencia del «testigo estrella» de la Fiscalía, un «Mozo de Cuadra» (traducción libre) al parecer testigo del libre ejercicio de la libertad de expresión que estas dos personas tuvieron la osadía de intentar ejercer en los dominios de la Generalidad, esa generalidad convertida desde hace muchos años en cueva de ladrones, cubil de criminales, madriguera de golpìstas y nido de carroñeros cretinoides.

Según se ha explicado a los dos comparecientes, el mozo en cuestión se encuentra aislado por ser «semoviente conviviente» de su esposa, enferma o infectada de SARS-Covid19. Cosa que por supuesto lamentamos en grado sumo.

Que la condición de «aislado» es evidente que se conocía desde hace días y se podía haber anulado el juicio sin perjuicio de hacer viajar a dos personas a Barcelona, es una reflexión que en el enrarecido ambiente de la «cosa» catalana obviamente no se ha podido concebir, debido, sin duda, a su permanente carencia de personal resuelto e inteligente, que logre hacer sinapsis con lo que en otras personas se encuentra dentro del cráneo y que en los patanes indepes sembrados a lo largo y ancho de la administración catalana se encuentra vacío.

El hecho cierto es que ahora mismo la (in)justicia catalana reflexiona con gran esfuerzo y aplomo para atinar con el dedo en el calendario y fijar otra fecha que pueda convenir y sea aceptada por las partes.

No hace falta decir que tanto D. Manuel Andrino, Jefe Nacional de La Falange, como D. Pedro Pablo Peña, Jefe Nacional de Alianza Nacional, grandes hombres de España, patriotas, y figuras ejemplares de nuestra Patria, cuentan con la total adhesión de ALERTA NACIONAL, así como con la admiración profesional y personal que tanto Carlota Sales, corresponsal de ALERTA NACIONAL en Cataluña, como la Dirección de este diario digital, les profesan.

Y tomando como propias las palabras finales de su comunicado, afirmamos:

CAMARADAS, NO ESTÁIS SOLOS.

CON NOSOTROS, QUIEN QUIERA. CONTRA NOSOTROS, QUIEN PUEDA.

ARRIBA ESPAÑA


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Sociedad

La Justicia ratifica la condena a Pablo Echenique por la contratación irregular de su asistente

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Al haber retirado el recurso ante el Supremo, el portavoz de Unidas Podemos tendrá que pagar a la Seguridad Social una sanción de 11.040 euros

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, tendrá que pagar definitivamente 11.040 euros de sanción a la Seguridad Social por la contratación irregular de su asistente.

Echenique ha desistido del recurso de casación que presentó en el Supremo a finales de 2019 contra la sentencia dictada meses antes por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Fuentes oficiales del Tribunal Supremo, que este martes cita Heraldo.es, han confirmado que el político ha tomado dicha decisión antes de que se hubiera dictaminado sobre la admisión o no a trámite del recurso.

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De esta forma, Echenique tendrá que hacer frente a la sanción económica que le impuso la Seguridad Social, que constató que hubo una relación laboral entre el político y el trabajador y, por tanto, incumplió la ley al no haberle dado de alta.

El expediente que se le abrió acabó con un acta de liquidación por 1.039 euros, a la que se le sumó una multa de 10.001 de la Inspección de Trabajo por considerar que cometió una infracción muy grave.

PAGOS EN NEGRO

Se confirmó que Echenique pagó “en negro” a su asistente en dos periodos, desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 y desde marzo de 2015 hasta abril de 2016.

La mencionada sanción se circunscribe a la segunda etapa, ya que habían transcurrido más de cuatro años desde el primer incumplimiento legal, que había prescrito.

En octubre de 2017 la Tesorería General de la Seguridad Social recurrió a los tribunales y el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza le dio la razón en primera instancia en enero de 2019.

Entendía el juzgado que de haberse tratado de una prestación de servicios entre Echenique y su asistente se deberían haber emitido facturas, pero el político no aportó ninguna.

Por ello, la jueza sentenció que debería haber dado de alta a su asistente en el régimen de empleados de hogar, en el que cotizan los trabajadores que asumen el cuidado de dependientes.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos recurrió entonces ante el TSJA que en septiembre de 2019 desestimó todos los motivos de su impugnación.

A través de su recurso de casación ante el Supremo, el político solicitó la “unificación de doctrina”, dado que su defensa argumentó que había otra sentencia del Tribunal Superior de Madrid de distinto signo sobre un caso que entiende que es similar. Sin embargo, ahora ha desistido de continuar con el recurso.

“UNA OBVIA INJUSTICIA”

Desde el equipo de Pablo Echenique justifican su forma de proceder, argumentando que la mayor parte de las Leyes de Dependencia, la estatal y la de muchas comunidades autónomas, así como las guías de asociaciones y entidades del sector, indican que la contratación de asistentes personales de personas dependientes puede llevarse a cabo mediante la figura del autónomo. “Sin embargo, se multa a Pablo Echenique por hacer precisamente eso, incurriendo en una obvia injusticia y situando en una grave inseguridad jurídica a miles de familias con dependientes que seguramente se encuentran en la misma situación”, exponen fuentes próximas al portavoz de Unidas Podemos.

Esgrimen que sus sospechas de que “se actúa contra Pablo Echenique por ser quien es” residen en que no se ha encontrado jurisprudencia, sentencias similares previas. “Posiblemente Pablo Echenique sea la primera persona dependiente contra la que se actúa de esta manera en España. Por eso se ha decidido retirar el recurso de casación. Por no hallarse precedentes. Por supuesto, Pablo Echenique sigue estudiando las vías jurídicas posibles para revertir esta injusticia, que además de contra él, abre la puerta a causar mucho daño a las personas con dependencia y sus familias”.


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España

La Justicia, babeante y aquiescente, exculpa a Trapero y a la cúpula de Interior: Ni sedición ni desobediencia: Trapero es un patriota español

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La Audiencia Nacional ha absuelto al mayor de los MossosJosep Lluís Trapero, al considerar que no queda acreditado que diera apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 organizado por el Govern de la Generalitat en contra del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Las partes del juicio habían sido citadas mañana a las 9:30 en la Audiencia Nacional para que les fuera notificada la sentencia, aunque se ha conocido previamente, tal y como han confirmado fuentes jurídicas a La Vanguardia.

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La sentencia ha salido adelante con dos votos a favor y uno en contra, el de la magistrada Concepción Espejel, que ha defendido la existencia de un delito de sedición. El tribunal, con la ponencia de Ramon Sáez, no ha contemplado tan siquiera a alternativa de la desobediencia, que solo lleva aparejada una pena de inhabilitación.

Sáez siempre defendió que no se podía hacer responsable a Trapero por el referéndum del 1-O. El voto decisivo ha sido el de Francisco Vieira, quien inicialmente se inclinó por la desobediencia pero finalmente ha optado por acercarse a la tesis del ponente. Viera junto a Espejel son magistrados de corte conservador mientras que Sáez es progresista.

Voto particular por sedición

Según estas mismas fuentes, ante esta sentencia, Espejel ha formulado un voto particular en el que mantiene que Trapero ha cometido un delito de sedición, haciendo suya la tesis de la Guardia Civil, sobre todo del coronel Diego Pérez de los Cobos, quien sostuvo que los mossos actuaron pasivamente el 1-O para permitir y facilitar la votación que había sido prohibida judicialmente

La Audiencia también ha absuelto al exdirector de los Mossos, Pere Soler, al que fue segundo en Interior, César Puig, y a la intendente Teresa Laplana. El contenido íntegro de la sentencia se conocerá mañana y cuenta con un voto particular de la magistrada Concepción Espejel.

La Fiscalía solicitaba para Trapero diez años de prisión por un delito de sedición con la alternativa del delito de desobediencia, que no acarreaba pena de cárcel sino una mera inhabilitación. El Ministerio Público sostenía que los Mossos, bajo las órdenes de Trapero, colaboraron para facilitar que el 1-O se celebrara, como paso previo e indispensable para declarar la independencia de Catalunya.

El ministerio público también hacía responsable a Trapero por no frenar las concentraciones del 20 de septiembre de ese año ante varios organismos públicos, principalmente ante la Conselleria d’Economia, mientras la Guardia Civil realizaba un registro para frenar la organización del 1-O. Por estos hechos, el Tribunal Supremo condenó a diversos dirigentes políticos a penas de hasta 13 años de prisión por sedición.

El conseller de Interior del Govern, Miquel Sàmper, señaló ayer lunes en una entrevista que en caso de absolución le ofrecería al mayor que vuelva a ser un dirigente del cuerpo de la policía autonómica catalana, aunque él mismo ya había declinado esa opción. “Parto de un no, pero tengo la obligación de hablar con Soler, Puig, Laplana y Trapero”, afirmó Sàmper en Ràdio 4.


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España

¡Tiembla el Gobierno rojo! Marlaska, al borde de la imputación judicial: El Supremo estudia abrir una investigación por el cese de Pérez de los Cobos

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La querella presentada por Ramón Trillo sigue avanzando y poniendo en ‘jaque’ al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior.

Fernando Grande-Marlaska está a un paso de ser imputado, siguiendo los pasos del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

J.A. Puglisi.- El Tribunal Supremo solicitó al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre si se debe o no investigar al Ministro de Interior como presunto autor de los delitos de encubrimiento y abandono de destino durante el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

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A favor de Grande-Marlaska está que la Fiscalía General del Estado está en manos de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

Sin embargo, en contra tiene que la querella en su contra fue presentada por Ramón Trillo, un empresario que, además, es el hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Es importante recordar que, hace un mes, el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, preparó un informe en el que instaba al tribunal a rechazar todas las querellas que se presentasen contra el Gobierno por su gestión de la pandemia.

A pesar de que Navajas aludía a querellas presentadas contra Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos, pero en ningún momento hace referencia a la presentada por Trillo, que por ahora sigue tramitándose, como indica Vozpópuli.

El polémico cese de Pérez de los Cobos se produjo después de que el coronel se negase a informar sobre el contenido del informe que preparaba la Guardia Civil sobre José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, por su actuación en el 8-M.

Según Ramón Trillo, Pérez de los Cobos fue cesado por cumplir las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez-Medel y no trasladar a sus superiores el desarrollo y las conclusiones del citado informe.

El Estado de Derecho

“Soy consciente de que nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España”. Así de contundente fue Diego Pérez de los Cobos en junio de 2020.

Para defenderse de la ‘purga’ de Grande-Marlaska, Pérez de los Cobos interpuso un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior y acudió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El coronel está convencido de que la investigación del 8-M llevó a su cese.

Pérez de los Cobos desveló, en el recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese, cómo fueron sus últimas horas frente a la jefatura de la Comandancia de Madrid.

Pérez de los Cobos afirmó que recibió un ‘tsunami’ de llamadas y reuniones, además que existía una verdadera preocupación del Gobierno por el ‘caso del 8-M’.

En el recurso, el coronel denunció que el Ministerio de Interior tenía firmada su destitución antes incluso de darle la posibilidad de explicarse.

Sin embargo, el guardia civil está convencido de cuál fue el motivo de su fulminante cese: no informar a sus superiores de la investigación del 8-M que mortificaba el Gobierno.

Pérez de los Cobos detalla que, en la noche del domingo 24 de mayo, recibe la llamada de una persona que le pasa al teléfono con la directora general María Gámez.

Es María Gámez quien le informa de que es la dirección del Ministerio del Interior la que ha decidido su cese por no informar de la investigación judicial que seguían sus subordinados en torno a las manifestaciones autorizadas en Madrid antes del estado de alarma, en especial la marcha feminista del 8-M.

Como si fuera poco, el coronel adelantó que Gámez admitió que eran unas pesquisas sensibles y que interesaban al Gobierno.

Además, la directora general dio muestras tener conocimiento de los trabajos realizados por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. En concreto, mencionó el número concreto de folios y tomos de las pesquisas.

Es importante recordar que Pérez de los Cobos cuenta con un ‘as’ bajo la manga:

La nota de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, donde reconoció que el mando fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Una situación que apunta a una violación de la separación de poderes y que podrá dar al coronel su cargo de vuelta.

Irónicamente, Gámez intentó ‘hacer borrón y cuenta nueva’ dentro de la Benemérita. El 1 de junio la directora general pidió a la nueva cúpula de la Guardia Civil “mirar hacia adelante”, tras las ‘purgas’ de Marlaska.


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