No por previsible deja de ser menos llamativo. El agujero de las arcas de la Seguridad Social, en términos de endeudamiento, roza ya los 50.000 millones de euros (en concreto, 49.944 millones según los últimos datos publicados ayer por el Banco de España) una vez computados los siete primeros meses del año. Se trata de un nuevo récord histórico, achacable en gran medida a las necesidades financieras del sistema, insuficiente por sus propios medios para abonar las pagas extra.

Los préstamos sucesivos que durante los tres últimos ejercicios viene concediendo el Estado a la Seguridad Social (10.192 millones en 2017, 13.830 millones en 2018 y 15.164 millones en 2019) han tenido como contrapartida negativa que han disparado su pasivo hasta niveles nunca vistos. Solo en lo que va de año ese débito se ha incrementado un 43% (un 2,5% de alza en julio, último mes computado), lo que supone otros 15.056 millones más pendientes de abonar a sus acreedores.

Si trasladamos esa realidad numérica –que incluye los más de 17.000 millones de la deuda histórica de la Seguridad Social con el Estado a cuenta del traspaso de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas– a las estadísticas de población, cada uno de los casi 47 millones de habitantes del país debería aportar 1.064 euros para saldar el pasivo existente hoy en día. Pero si circunscribimos el problema a la población activa –esto es, en disposición de trabajar–, el saldo a repartir por persona se duplicaría hasta 2.168 euros.

La bola, en cualquier caso, seguirá creciendo dado que el gasto ordinario en pensiones cada mes asciende a 9.644 millones en promedio, casi el doble de los poco más de 5.000 millones que quedan en la llamada ‘hucha’ del sistema. Hablamos del Fondo de Reserva que se creó hace más de dos décadas para hacer frente al fuerte incremento de jubilaciones que se preveía con la generación del denominado ‘baby boom’.

Y dado que este Gobierno, como tampoco el gabinete anterior de Mariano Rajoy, quieren asumir la impopular imagen de agotar dicho Fondo seguirán recurriendo a los préstamos por tiempo indefinido. De hecho, la intención del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez es que esa línea de crédito (sin intereses y a devolver en diez años) sea permanente, pudiendo disponerse de ella «a lo largo de cada ejercicio presupuestario».

Las pagas obligan

Es lo que viene pasando cuando la Seguridad Social ha de abonar las dos pagas extra anuales, a finales de junio y diciembre respectivamente, puesto que el gasto mensual se duplica en dichos períodos. Así, en junio utilizó 7.500 millones del préstamo de 2019 para cumplir con los 8,8 millones de pensionistas, mientras que el resto (hasta cubrir una suma de algo más de 19.000 millones) lo obtuvo gracias al incremento en las cotizaciones al sistema, que suben una media anual del 8%.

Pese a todo la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, sostuvo hace pocas semanas que en España «no hay un elevado gasto en pensiones» y, por tanto, la Seguridad Social «no tiene un problema» en ese aspecto aunque sí lo sufre en «déficit de ingresos». Por eso, hasta que se puedan ver otras medidas –la reforma del sistema sigue congelada desde hace más de un año y medio en el Parlamento ante la falta de consenso suficiente y, a priori, sería una de las prioridades del nuevo Gobierno–, admitió resignada que, «por ahora, no hay más remedio que seguir tirando de los préstamos».

La otra cara de las cuentas públicas la refleja el Estado, que en julio redujo su pasivo en 13.042 millones y fue el gran responsable de que la deuda del conjunto de las administraciones bajase un punto respecto al mes anterior –pero en tasa interanual subió un 3%–, lo que la aleja del máximo histórico alcanzado en junio. Su saldo, al cierre de los siete primeros meses del año, se situaba en 1,19 billones de euros y bajaba su peso hasta el 97,61 del Producto Interior Bruto (PIB), aunque aún está casi dos puntos por encima del objetivo planteado por el Ejecutivo para el cierre anual (95,8% del PIB).

Los ayuntamientos, pese a aumentar su pasivo respecto a junio, fueron los que más lo redujeron durante los últimos doce meses: un 8% hasta quedar en 26.468 millones frente a los 299.504 millones de las comunidades autónomas (un 2,6% más).