Todo empezó el pasado 11 de abril cuando la profesora de la guardería de uno de los hijos de Juana Rivas decide llevar al pequeño al pediatra tras quejarse de manera reiterada de dolor en el ‘culete’. ¿Por qué Juana Rivas no se apercibió de ese problema de su hijo?, ¿por qué no fue ella quien le llevó al médico?

En un primer informe la misma Juana reconoce que el niño le dice que alguien le ha metido algo por el ano. “Reinterrogado el niño dice que alguien le ha hecho daño en el ano”, señala el informe. 

Primer informe forense preliminar

Le remiten al pediatra con la policía local por:

 “dilatación anal con estrías y mucosa friable”.

El informe forense provisional del Instituto Medicina Legal de Granada concluye que el niño tiene el ano dilatado con bordes enrojecidos y lesión en la parte anterior en forma de V cicatrizada y brillante” y que el niño refiere dolor.

El informe señala “dolor y espasmo voluntario al intentar hacer la toma rectal”. Recomienda hacer la prueba de semen aparentemente detectado y el ingreso hospitalario para pruebas complementarias, pero parece que el informe definitivo nunca llegó.

El mismo 12 de abril la delegación de Granada de la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales pide la apertura de informaciones previas. Se suma la fiscalía del menor y se pone en marcha todo el protocolo de abuso sexual de menores.

El 2 de mayo se emite providencia para que el menor fuera a ser evaluado psicológicamente por Márgenes y Vínculos, una fundación a la que la consejería encarga el análisis de los presuntos abusos sexuales. ¿Por qué no el Instituto de Medicina Legal o los psicólogos forenses?

La fecha para el examen se fija el 12 de mayo a las 13:00. Y aquí se produce un apagón informativo hasta que el 24 de agosto la juez le pide a Márgenes y Vínculos que resuelvan “inmediatamente” habiendo pasado tres meses para un tema urgente. El mismo día Márgenes y Vínculos responden diciendo que han tenido mucho trabajo y que responderán “a la mayor brevedad posible”.

El mismo 24 el juzgado responde dándoles un plazo máximo de 15 días para emitir su informe, pero al día siguiente, la juez ordena a la Guardia Civil que investigue qué está pasando.

El 28 de agosto el fiscal pide todo el expediente del caso y se lo dan pero la jueza pregunta a la fiscal de menores si piensa hacer algo con el testimonio solicitado.

Al día siguiente, el 29 de agosto, la magistrada pregunta al Instituto de Medicina Legal de Granada por el asunto y le pide intervenir. Inopinadamente el IML de Granada responde preguntando si existe el informe definitivo. ¿Pregunta sobre un informe que deberían de haber hecho ellos mismos?, ¿en qué quedaron las pruebas adicionales que recomendaron hacer?, ¿y el análisis del ADN del semen detectado en la exploración inicial?

Finalmente, el 30 de agosto, ante el ‘mosqueo’ de la jueza, Márgenes y Vínculos emite -por fin- su informe en donde concluye que “no se han detectado indicadores psicológicos” de abuso sexual. Recomiendan seguir la vía médica y en todo caso, seguir monitoreando el caso. 

El informe también dice que mantuvo con el hijo de Juana Rivas tres reuniones, el 12 de mayo, el 16 de mayo y el 26 de mayo.

El chaval se muestra “esquivo” en un primer momento a hablar del tema. Luego, cada vez más cansado y finalmente, “cierta evitación” de preguntas directas sobre la zona del ano “ignorando las preguntas”. ¿No es indicio de abuso?

Por su parte, el informe de Márgenes y Vínculos señala que también entrevistó a la madre en esas tres fechas, informando que acudió acompañada de su abogado en un primer momento. También afirma que  la madre no supo señalar un posible agresor para después señalar que podrían ser otras causas y que ella también tiene problemas médicos en la misma zona que podría haber heredado el hijo.

Conclusiones del informe de Márgenes y Vínculos

Con este informe la causa fue archivada, pero los interrogantes permanecen. ¿Por qué fue la maestra y no la madre quien detecta el problema?, ¿por qué la madre reconoce en primer instante que estuvo en una casa rural con un hombre de su edad y no lo señala como posible agresor?, ¿por qué acude a una exploración psicológica con un abogado?, ¿por qué Márgenes y Vínculos sugieren seguir monitoreando el caso pero descartan evidencia psicológica de abuso sexual?, ¿por qué el Instituto de Medicina Legal no concluye su trabajo cuando ellos mismos encargan la prueba de semen y de ADN?

Muchas preguntas y pocas respuestas. Lo que es seguro es que la Junta de Andalucía, y la Fiscalía conocían perfectamente estas circunstancias -que por cierto se producen en plena sustracción de los menores- y aún así forzaron un juicio mediático en defensa de Juana.

Dolores Delgado es corresponsable. E Irene Montero, también.