Sucesos
Otra de rojas corruptas. Las Pardo de Vera: El alto cargo investigado por Adif es un hombre de confianza de Pardo de Vera y Ábalos
La trayectoria del director general de Adif-AV está estrechamente ligada a la exsecretaria de Estado, cesada por el fiasco de los trenes en Asturias y Cantabria.
La trayectoria profesional de Juan Pablo Villanueva en Adif está estrechamente ligada a la expresidenta de la empresa pública Isabel Pardo de Vera, recientemente cesada como secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tras el escándalo de los trenes y los túneles en Cantabria y Asturias. Ambos coincidieron desde 2012 como gerentes de área en las obras para la construcción del AVE en Galicia.
Allí forjaron un relación muy cercana, profesional y de amistad. Cuando Pardo de Vera pasó a ocupar la presidencia de Adif, en 2018, Villanueva ascendió a director general de Construcciones del ente público por decisión de la máxima responsable del administrador ferroviario. Y tras el nombramiento de la primera como secretaria de Estado, en julio de 2021, el segundo pasaría a asumir la dirección de Adif-Alta Velocidad.
«Juan Pablo es una de las personas más serias y correctas que hay en el mundo. Un hombre recto que lleva todo a rajatabla, actúa siempre con absoluta pulcritud y jamás habría dado órdenes para favorecer a nadie», indican desde el entorno de la exsecretaria de Estado de Transportes. El alto cargo de Adif está inmerso en una investigación interna para esclarecer si dio órdenes a los técnicos de la empresa pública para, presuntamente, favorecer a la compañía Obras Públicas y Regadíos (OPR) en al menos tres licitaciones.
Investigación de Adif
Los hechos, denunciados a través del canal ético de Adif por trabajadores de la propia empresa pública utilizando un seudónimo, se habrían producido entre 2019 y 2021. Es decir, con José Luis Ábalos como ministro de Transportes y Pardo de Vera como presidenta de Adif. Villanueva y dos técnicos han sido llamados a declarar y han negado «categóricamente» los hechos investigados.
Según documentos a los que ha tenido acceso este diario, Adif está investigando los hechos «de manera detallada» en cumplimiento del procedimiento interno de la entidad. Además del interrogatorio a los tres empleados señalados en la denuncia, entre ellos Villanueva, dos ingenieros externos a la empresa pública y expertos en la materia han evaluado dos de los tres expedientes referidos en la denuncia.
Desde el entorno de Pardo de Vera tachan la denuncia como un intento de «manchar» la reputación de Villanueva y el legado de la expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado. Otras fuentes conocedoras de la investigación coinciden en describir a Villanueva como un técnico íntegro, inteligente y de trayectoria profesional intachable. Sin embargo, también le consideran una persona «influenciable» y plenamente leal a Pardo de Vera.
«Lo que ordenaba Isabel, lo ejecutaba Juan Pablo», añaden otras personas conocedoras del estado de la investigación interna. Las mismas fuentes no descartan que, si hubiese recibido instrucciones de sus superiores, podría haber intercedido en favor de mejorar las valoraciones técnicas de OPR. Extremo que Villanueva ha negado al ser interrogado en la investigación interna abierta por Adif.
‘Número dos’ de Pardo de Vera
Cuando el Consejo de Ministros nombró a Pardo de Vera como secretaria de Estado, a finales de julio de 2021, el nombre de Villanueva estuvo en las quinielas para presidir Adif. Sin embargo, Maria Luisa Domínguez acabó siendo la elegida. Directora general de Planificación Estratégica, su perfil de mujer con experiencia en la casa era un argumento a favor del Gobierno y su apuesta feminista. En Renfe el presidente era un hombre. La paridad acabaría siendo clave en el nombramiento, según fuentes del Ministerio de Transportes.
A Villanueva se le consideraba el número dos en la sombra de Pardo de Vera. Cuando en 2019 la dirección de Adif promovió una recogida de firmas para que la entonces presidenta del ente ferroviario obtuviese una medalla del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Pablo Villanueva fue uno de los primeros en suscribir la petición.
«Y cuando la polémica por los trenes en Extremadura saltó a los medios de comunicación, ante el malestar de Guillermo Fernández Vara, Ábalos dio instrucciones a través del PSOE para que se acelerase y diese prioridad a la construcción de la alta velocidad en esa comunidad autónoma. El elegido para ello fue Juan Pablo. Era la persona de confianza de Isabel», añaden fuentes de la empresa conocedoras de la investigación sobre las adjudicaciones a OPR.
Hombre de confianza
Según una pregunta al Gobierno registrada el pasado mes de junio por el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero en el Congreso, «el dueño de OPR presume ‘en foros públicos’ de que Ábalos les arreglaba las cosas a cambio de que le pagasen sus fiestas». En esa iniciativa parlamentaria de Cambronero, se denunciaban por primera vez las presuntas irregularidades en favor de OPR en tres licitaciones en las que esa empresa obtuvo la valoración técnica más alta. Esto a pesar de que, según fuentes del sector, los proyectos de esa compañía no tienen fama precisamente de destacar por su calidad técnica.
La iniciativa legislativa de Cambronero fue utilizada por empleados y directivos para enviar en septiembre su denuncia al canal ético de Adif y pedir que se abriese una investigación interna, según ha podido confirmar este diario. El escrito aseguraba que los trabajadores de Adif no se atrevían a denunciar los hechos con sus nombres y apellidos por «posibles represalias» por parte de Villanueva y Pardo de Vera. «No se fían de que su identidad esté resguardada a través del buzón ético», indicaba la denuncia, firmada con un seudónimo.
Sucesos
El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano
El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.
Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.
Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.
Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.
Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.
